“Estoy contra el divorcio, porque la Iglesia está contra el divorcio.” Tal es la opinión de un hombre que también se ha declarado contrario al aborto, que es un miembro activo de la organización conservadora católica Opus Dei y catedrático de la Universidad de Los Andes, controlada por esa misma organización y financiada generosamente por los sectores de la derecha empresarial. Este “supernumerario” –como se denomina a quienes adquieren un compromiso de servir al Opus Dei en la sociedad civil– encabeza desde el 8 de junio el gabinete de la presidenta chilena Michelle Bachelet; como ministro del Interior, tiene la categoría de vicepresidente de la república y sólo la primera mandataria posee más poder y atribuciones políticas que él.
Mario Fernández, personaje de influencia en la Democracia Cristiana, llega a un gobierno que se dice progresista, muchos de cuyos integrantes, desde la presidenta para abajo, lucharon para que Chile tuviera una ley de divorcio (aprobada hace apenas 12 años) y que en estos días libra otra batalla para lograr la despenalización del aborto. Además, pocos días después de la llegada de Fernández al equipo de gobierno, el poder Ejecutivo hizo un acuerdo con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) para enviar al Congreso un proyecto de ley de matrimonio igualitario. Este acuerdo se realizó porque el Movilh presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a causa de la negativa de la Corte Suprema de reconocer matrimonios de personas del mismo sexo celebrados en el exterior. En la actualidad Chile cuenta solamente con un acuerdo de unión civil para parejas gays y en concubinato.
En ese contexto, la extrañeza ha invadido a los más importantes analistas y comentaristas políticos del país, como el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, quien expresó en su columna del diario El Mercurio: “Salvo que la presidenta Bachelet haya subido de la tierra al cielo, o que el propio Mario Fernández bajado del cielo a la tierra, no hay explicación ideológica para esta designación sorprendente”. La explicación es, a lo menos, compleja si se tiene en cuenta que Fernández sustituye a Jorge Burgos, cuya entrada en marzo de 2014 al palacio de gobierno de La Moneda fue vista como un “golpe blanco” por los partidarios de poner el acelerador a fondo en las varias reformas prometidas por Bachelet en su campaña electoral, como las de la educación y las leyes laborales, que hoy se arrastran por el Parlamento y sufren una zancadilla tras otra, sea de la derecha, sea de los empresarios, o de los políticos democratacristianos más afines al sector de la empresa privada.
Burgos se fue hace poco más que una semana, declarándose con la salud afectada por el ajetreo, pero lo cierto es que tuvo más de un roce con sus colegas por tratar de imponer lo que definió como “moderación y gradualismo” en las reformas. El ex ministro también se quejó de la influencia del grupo de asesores de la presidenta. Esos asesores dejaron a Jorge Burgos fuera de una visita presidencial a la Araucanía, la región del sur con graves problemas de seguridad, que es el centro de una virtual guerrilla indígena mapuche.
Un observador veterano de la escena política de Chile dijo a Brecha que “Bachelet es como el mono del cuento: sube dos metros de día y baja un metro de noche”, en referencia al problema-chiste matemático que pide averiguar cuánto tardará el simio en salir del pozo en que cayó cuando trataba de saciar su sed. A su entender, la presidenta tiende a retroceder en sus principios cuando avanzar demasiado en ponerlos en práctica le crea problemas. Un pequeño ejemplo significativo es el de los embajadores en Uruguay. El comunista Mario Contreras, ocupante anterior de la sede diplomática en Montevideo, dijo varias verdades sobre el ánimo antirreformista del empresariado chileno, que generaron críticas al gobierno en su país provenientes principalmente de la derecha empresarial. Aunque no expresó nada con lo que el gobierno íntimamente no simpatizara, Contreras fue dado de baja como diplomático y se envió al país más laico de América a… Mario Fernández.
Por estos días, ya son casi inocultables las diferencias sobre la profundidad de los cambios que necesita Chile en la alianza gobernante; la reforma educacional se reduce cada vez más y la laboral ha sido echada atrás en sus partes sustanciales por un reclamo de la derecha ante el Tribunal Constitucional, un organismo en el cual Mario Fernández, que lo integraba en 2008, votó a favor de otra demanda de la derecha para prohibir la distribución en el sistema de salud pública de la píldora anticonceptiva de emergencia. Los estudiantes, en tanto, han decidido aumentar sus movilizaciones y en el sur no hay indicios de una solución para el problema del activismo violento indígena. Todo ello mientras diariamente se revelan nuevos detalles de la corrupción entre políticos y empresarios.
Ante las protestas populares, la reacción oficial es permitir la represión por parte de unas fuerzas policiales cuyas acciones tienen poco control de las autoridades civiles.
Óscar Guillermo Garretón, diputado socialista durante el gobierno de Allende y colaborador de los primeros gobiernos de la democracia, opinó, a propósito del nuevo ministro del Interior, que se necesita una forma de gobierno radicalmente distinta a la de los dos años pasados, pero que si Fernández opta por mantener las líneas que han alejado al gobierno de la sintonía con el pueblo “es fácil augurar lo que ocurrirá”. A estas palabras se podrían agregar las dichas a Brecha, poco antes del comienzo del segundo gobierno de Michelle Bachelet, por el sociólogo y autor de Chile: una democracia tutelada, Felipe Portales: “Cambios de fondo hará pocos. Su gobierno se enfrentará a los reclamos sociales e incluso podría llegar a la represión (…), no va a tener otra salida”.
