Informe sobre la cuenca del Santa Lucía
Con motivo del Día Internacional del Agua, Brecha recorrió las costas del río Santa Lucía en el departamento de Canelones –que ocupan el 17 por ciento de la cuenca– y encontró algunas situaciones alarmantes. La cobertura narra esos hallazgos. Lo que se está haciendo y lo que falta para revertir los factores que amenazan la potabilidad del agua es luego motivo de una larga conversación con el director de la Dinagua.
Fortunas incomparables
El monte nativo arrasado, la soja y sus agroquímicos en las islas del río cuya agua bebemos, los efluentes sanitarios que contaminan especialmente su desembocadura. El punto de vista de la Comuna Canaria y de los académicos. Trescientos quilómetros de recorrida para comprobar en qué situación estamos.
Un hombre camina entre su maíz criollo, ahí donde los perros ladran celosos la presencia de cualquier elemento extraño y los pavos duermen arriba del techo, evitando a los zorros. Esos pavos que comen, pero que también caminan libremente, a diferencia de la mayoría de los que llegan a nuestras mesas, esos perfectos, escupidos por una enorme maquinaria de producción en serie. Igual que las vacas que pastan pasando el galpón. Adentro los ganchos “pa’ carnear” y afuera una leve llovizna adornada por el croar de las ranas. La radio se enciende de a ratos para pispear el partido que a esa hora se juega en Montevideo, pero está llamada a no interrumpir ninguna conversación y se apaga. La tenue luz del galpón atraviesa el humo del tabaco armado. “En el fondo el ser humano es la pior fiera que hay”, concluye un paisano. Y no es difícil coincidir con él viendo cómo las retroexcavadoras arrancaron árboles de raíz y los apilaron uno tras otro en grandes acopios para aumentar la superficie de cultivo, arrancando de raíz la biodiversidad del monte nativo, esencial para la conservación de la flora y fauna del país. Ese monte aguerrido y áspero donde el canto de los pájaros lo adorna todo y hay cobijo para una infinidad de especies, a la sombra del coronilla y el tala de espina ardorosa. O de plantas como la rama negra, de hermosa flor amarilla, cobijo de mariquitas multicolores y mariposas. La primera denuncia sobre desmonte en esta zona, a pocos quilómetros de San Ramón en Canelones, es de octubre de 2012. La siguiente es de octubre de 2013. Esta última por desmonte de monte nativo, aplicación de herbicidas y quema de recipientes. Según los cálculos de la Intendencia de Canelones, que presentó la denuncia y detuvo la tala, la cantidad de árboles derribados en aquel momento ascendería a 6 mil. Hoy, alrededor de las pilas de árboles asesinados que aún están allí, todo es verde oscuro intenso.
Paró la lluvia y estamos caminando por el campo en dirección al Santa Lucía, y en paralelo hay soja, mucha soja. Y la hay hasta llegar al borde de la barranca, justo antes del río. En realidad hace rato que caminamos por el propio río. Es que cuando las lluvias, todo lo tapa el agua, incluido lo que tenemos por delante y lo que ya dejamos atrás. Ahí todo se convierte en una gran laguna.
En esta zona, donde se separan los ríos Santa Lucía y Santa Lucía Nuevo –para unirse luego llegando a la ciudad de San Ramón–, se han dado y se dan algunas situaciones que la convierten en un punto crítico de presión sobre el río. Por ejemplo, en las islas que delimitan la separación de los ríos, naturalmente zonas con riesgo constante de inundación, se planta soja. Y por ende se fumiga. Y para eso hay que cruzar el “mosquito” por el río.1 Las huellas lo delatan. Algunos vecinos de esta zona y principalmente de otras cercanas, que prefirieron no ser identificados, cuentan las maniobras realizadas por el “mosquito” y que han visto humo negro, que suponen proviene de la quema de las cajas de herbicida. No sería la primera vez que esto ocurre, ya que cuando el episodio de la tala de monte los funcionarios de la Intendencia de Canelones (ic) que estuvieron en el lugar vieron y fotografiaron las cajas de Roundup –el herbicida de Monsanto–, que quedaban tiradas al borde de la laguna o bien eran quemadas. Esto ocurrió a fines de octubre de 2013. Actualmente la soja está presente en ambas márgenes del río. Algo similar ocurre en Paso Barrancas –ubicado a tres quilómetros de la desembocadura del arroyo Casupá, que separa a Lavalleja de Canelones–, donde los cultivos de maíz llegan también hasta el borde de la barranca, bajo la cual corre mansamente el río. Cuando visitamos el lugar quedaban solamente los rastrojos del maíz cosechado, y se podía ver claramente que hace muy poco tiempo se cultivaba en las márgenes del arroyo. La crecida de una cañada que tapó por completo el camino no nos permitió llegar al arroyo La Rambla, centro de otra de las denuncias por desmonte y aplicación de herbicidas. Cabe destacar que en el paquete de medidas denominado “Plan de acción para la protección de la calidad ambiental y la disponibilidad de las fuentes de agua potable”, presentado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (mvotma) en mayo de 2013, se establece: “Instaurar una zona de amortiguación o buffer en la cuenca hidrográfica declarada zona A (a la que pertenecen los sitios recorridos) sin laboreo de la tierra y uso de agroquímicos (para la conservación y restitución del monte ribereño como forma de restablecer la condición hidromorfológica del río) en una franja de 40 metros a ambas márgenes de los cursos principales. Y a 20 metros en los afluentes de primer orden”. Tampoco esto se ha implementado y los casos citados lo demuestran. El secretario general de la ic, Yamandú Orsi, valora de forma positiva estas medidas pero cree que “la dificultad está en la aplicación de lo que decidimos”. Al mismo tiempo, agregó que “si bien existen normas prácticas, es muy difícil saber qué está pasando en cada lugar del territorio. No tenemos dispuestas tecnologías de punta para hacer un monitoreo permanente, y si en el Estado no resolvemos incorporarlas para visualizar lo que está pasando, evidentemente está difícil para monitorear”. Para Orsi es necesario “generar conciencia y un cambio de hábitos”, ya que “siempre fue dificultoso en este país lograr que el manejo de agrotóxicos se hiciera con cuidado y ahora estamos en un pico de mayor vulnerabilidad por los volúmenes y por los precios que están alcanzando algunos productos que surgen del agro”.
Consultado acerca de los riesgos que implica que se desarrolle este tipo de actividades en estas condiciones, el docente e investigador de Facultad de Ciencias especialista en estos temas Luis Aubriot dijo: “Están tirando un herbicida que es perjudicial para la salud y hay muchos estudios de enfermedades que esto provoca, además de que genera efectos directos de toxicidad en el agua y puede causar también problemas en la potabilización”. En esta línea, para el científico es vital la delimitación de esas “zonas buffer en las cuencas”, que forman parte de las medidas planteadas el año pasado. Piensa que la protección debe ir más allá de las áreas de inundación natural del río e incluir zonas de amortiguación. Pero en la propia Aguas Corrientes los cultivos están a poco más de un quilómetro de la toma de agua que abastece a una parte importante de la población del país. Asimismo, la soja rodea una de las cañadas que desembocan finalmente en el río, cercana a las instalaciones de ose. Sobre la situación del río Santa Lucía en general Aubriot afirmó que “las condiciones están dadas para que vuelva ocurrir un episodio como el del año pasado” (véase Brecha, 22-III-13). Aunque en este sentido aclaró que “los organismos que crecieron en ese momento son muy susceptibles al movimiento del agua, por lo que las precipitaciones de los últimos meses mejoraron la situación, ya que al aumentar los caudales se generó una ‘limpieza’ aguas abajo”.
Tal como dijera hace un año a este semanario el biólogo Franco Teixeira de Mello, que la calidad del agua depende de las actividades productivas que se desarrollen en sus alrededores “es un concepto validado por la comunidad científica desde hace una década”. Las actividades industriales y ganaderas, así como los centros poblados que los cursos bordean o atraviesan, son elementos clave a tener en cuenta. Una investigadora de la Facultad de Ciencias, que prefirió reservar su identidad, estudió la calidad del agua en zonas cercanas a Ciudad del Plata, en la desembocadura del río Santa Lucía, donde no existe saneamiento. Allí encontró “altos niveles de nitratos y nitritos que en el estómago se transforman en nitrosaminas y son cancerígenos, altos niveles de fósforo, nitrógeno total y cantidades gigantescas
–muy por encima de lo permitido–, de enterobacterias”. Además del enorme riesgo que esto representa para las familias de la zona, esta situación genera graves problemas en el ecosistema: “Han desaparecido decenas de especies de aves, de invertebrados, de mamíferos y peces y eso es porque el amonio –que es parte de los efluentes cloacales– se transforma en amoníaco cuando cambia el ph del agua y es súper tóxico”. Esto, sumado a las descargas ilegales de barométricas, dibuja un panorama sumamente complejo. Además, “ahí está el acuífero Raigón, muy cercano a la superficie, que por filtración, escorrentía, lixiviado, va escurriendo hasta llegar a las napas y termina en el Santa Lucía también, por lo que estaríamos contaminando ambos”, agregó.
Otro problema que atañe a todo el país y al que la cuenca del Santa Lucía no es ajena es la proliferación de cultivos en las cercanías de las escuelas. Una resolución del mgap firmada por el ministro Tabaré Aguerre del 25 de marzo de 2011 establece: “Prohíbense las aplicaciones terrestres mecanizadas de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 300 metros del límite del predio de centros educativos”. Esto claramente no se respeta. Durante esta recorrida encontramos tres casos que lo demuestran: la escuela 31 de Paso Pache, llamada Guyunusa, está separada de un mar de soja por tan sólo una calle. Algo similar ocurre en la número 68 y la escuela 22 de Bolívar. En estos casos la discusión del carácter urbano o rural de los padrones o los centros queda de lado, y la violación a la normativa es flagrante. Otro capítulo más de una discusión que tiene para rato y nos pone frente a una disyuntiva vacía y perversa: la comparación de dos fortunas incomparables.
1. Tractor usado para la fumigación terrestre.
Con Daniel González, encargado de la Dirección Nacional de Aguas
Aniversario
Eliana Gilet / Betania Núñez
Pasó algo más de un año desde la aparición de las algas en la cuenca del río Santa Lucía, y algo menos de un año desde que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (mvotma) presentara un plan con 12 medidas para atacar el problema. Era predecible que la implementación de algunas medidas llevaría más tiempo y otras menos.
En clave de balance, Brecha conversó con Daniel González, encargado de la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua), para conocer cuáles ya empezaron a implementarse, cuáles están en veremos y cuáles ni siquiera está claro cómo hacerlo.
Desde la Dinagua se señala que la Comisión de la Cuenca del Río Santa Lucía es un espacio vital para lograr acuerdos, en el que participan tanto el gobierno como los usuarios y organizaciones de la sociedad civil con competencia en la materia. Hay 70 voces que opinaron sobre el plan, y básicamente se plantearon dos visiones: que es muy ambicioso y que es muy tibio. Sea cual sea el adjetivo que mejor le calce, todavía le falta.
—¿Qué papel ha tenido ese ámbito en la bajada a tierra de las medidas propuestas?
—El contacto con distintos actores es necesario para llegarle a la gente que está en la cuenca, y existe la ventaja de que muy buena parte de ellos integran alguna asociación, ya sea gremial o zonal. Las asociaciones facilitan un nexo, que de tener que establecerse de forma individual sería mucho más difícil. Ellos nos han ayudado a ajustar medidas. El año pasado se les presentó el plan en términos generales y, más allá de algunos peros, se lo consideró un paso muy positivo.
—¿Es por una mala planificación territorial que la cuenca del Santa Lucía está hoy como está?
—Es como dice Fernando García, el decano de Agronomía. Es la zona de producción del alimento para la metrópolis desde siempre, desde la época de la colonia. Históricamente, el destino que tuvieron las tierras de esa cuenca llevó a que fuera la zona agrícola más fuerte. Se araba a favor de la pendiente y esa es la mejor forma de que se te vaya todo el terreno al agua. Son años y años de fuerte erosión. Se araba de la forma más sencilla y no había siembra directa.
—Pero en la época de la colonia tampoco había tambos ni feedlots, no se usaban agroquímicos…
—No le quito importancia a los agroquímicos, pero se hacen estudios de presencia de glifosato o de atracina en el agua y no sale nada.
—Supongamos que el glifosato no es un problema, pero el avance de los cultivos de soja hasta los bordes de los principales cursos parece serlo. Una de las medidas reconocía este problema y establecía una zona de amortiguación para la recuperación del monte ribereño.
—Esa medida todavía está en discusión. Es compleja. Más allá de situaciones puntales, el monte ribereño del río está bastante entero. Se estimó que esta medida afectaría a un 20 por ciento del área total, porque el 80 por ciento ya tiene monte. No estoy hablando de su protección, porque ya existen disposiciones que prohíben talar el monte.
—Pero lo hacen. En octubre de 2013 se denunció…
—Lo hacen ilegalmente. Recibimos denuncias de la propia Intendencia de Canelones.
—… que se sacaron de raíz 6 mil árboles de monte ribereño de 15 especies diferentes (véase nota de Marcelo Aguilar). ¿Qué se hace en esos casos?
—Se aplican medidas que ya existían y que están en competencia de Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (mgap). Aunque no existiera esta nueva medida, talar el monte no está permitido.
—Parecería que hubo fallas en la fiscalización, porque para levantar 6 mil árboles…
—De hecho ahí hubo una fiscalización que hizo la Intendencia de Canelones, que es uno de los actores que puede intervenir.
—¿Se piensa aplicar de todas formas la medida, o se considera eliminarla del paquete?
—Lo que está en discusión es desde dónde se empieza a contar los metros de amortiguación planteados (20 metros en los afluentes de primer orden, 40 metros en los cursos principales y 100 metros en torno a los embalses). Cómo instrumentar la medida y qué alcance tendría.
La medida planteada afecta solamente al curso principal y los afluentes de primer orden. En ese sentido, la Dirección General de Recursos Naturales del mgap está aplicando un criterio –llamado “zona 5”— que rechaza cualquier pedido de plantación en terrenos inundables. Esa sería una restricción más fuerte porque también afecta a cursos menores, pero en la barranca no aplica porque no es terreno inundable y ahí sí ameritaría la disposición del plan. Una posibilidad es atar ambas disposiciones. Le estamos dando vueltas, estamos viendo cuál es la forma más razonable de aplicarla. Así como está la medida no sería efectiva.
—¿Faltan recursos económicos o humanos para controlar que no ocurran este tipo de irregularidades?
—Probablemente. Un grupo de trabajo está fiscalizando en torno a las líneas de base de las medidas. Eso es importante para después ver qué tan eficaz fue la medida. Otro grupo, que estamos poniendo a trabajar, considera el uso de las tecnologías: imágenes satelitales, la posible utilización de drones, tecnología que permita encarar la fiscalización de un área tan grande como es la de la cuenca. Un hombre en una camioneta no puede fiscalizarlo todo. Ni siquiera teniendo mucha gente y muchos recursos.
Vacas e industrias. Según los estudios realizados en la cuenca –el de la consultora japonesa Jaica es el principal–, las actividades de alto impacto en la calidad de agua del Santa Lucía están asociadas a la ganadería. El plan propone tres medidas para lidiar con esta actividad.
Por un lado, se intimó a los tambos a presentar un plan de manejo de efluentes antes del 30 de abril de este año. Estos planes serán procesados por la Dinama como una solicitud de autorización ambiental. Las otras dos medidas en referencia a las vacas están algo más retrasadas en función del cronograma previsto.
La instalación de nuevos emprendimientos de engorde de ganado a corral, los famosos feedlots, está suspendida hasta que se apruebe una nueva reglamentación para la actividad, que aún no está lista, pero González afirma que existe un proyecto bastante avanzado que se está coordinando con el mgap.
La tercera y última medida restringe el acceso directo del ganado a abrevar en gran parte de la cuenca. En cuanto a los tres embalses existentes –Paso Severino, Canelón Grande y San Francisco–, se proyecta la construcción de un perímetro de restricción, básicamente un alambrado. El director reconoció que además de ser una medida cara, se debe encontrar primero una solución alternativa para los productores, “de lo contrario cortan el alambrado” y el problema persiste. Para esto también se acudió al mgap. Sin embargo, el plazo de concreción es difuso. “Mientras no tengamos metidas buenas prácticas en el uso del campo estamos fritos. No hay fiscalización que valga”, opinó.
El otro ámbito de producción regulado concierne a los vertimientos al cauce del río por parte de las 24 industrias emplazadas en la cuenca. Vencido el plazo, sólo dos empresas –Santorial sa y Dantisul sa– no han presentado el proyecto de regulación. Según el procedimiento habitual, a fines de febrero fueron notificadas de que deben abonar una multa de 250 ur.
El papel de la ose. La ose también tiene a su cargo algunas medidas del plan. Fue intimada a informar sobre su cumplimiento en agosto de 2013 y en setiembre presentó un estado de situación de los efluentes domésticos que está vertiendo a la cuenca, más un plan de inversiones para los próximos diez años.
Sin embargo, según González, el aporte de los efluentes de las ciudades resulta menor en la cuenta total de la contaminación del río. “Lo que se evaluó ante la exigencia, o ante la autoexigencia porque ose participó de la discusión, es que como Estado tenemos que dar el ejemplo.”
—¿Qué ciudades se incluyen en el plan de saneamiento?
—Hay distintas cosas. De las plantas de tratamiento de efluentes que ya están en funcionamiento, la única que cumple con todo es la de Canelones. Esa no hay que tocarla. Contaba la gente de ose que ha tomado muestras aguas arriba y aguas abajo del vertimiento de esa planta y que la calidad del agua mejora después del vertimiento. La planta aporta un caudal importante, con un buen nivel de tratamiento, y como el caudal que viene de aguas arriba tiene peor calidad, el vertido la mejora. Diluye lo que viene.
—¿Qué significa que mejora la calidad? ¿Una baja de los niveles de nitrógeno y fósforo?
—Diluye. Larga un efluente con bajo contenido de nutrientes, y con un caudal de cierta importancia, diluye lo que viene, bajando las concentraciones.
—¿Qué más está previsto?
—A la planta de tratamiento de Florida se le va a agregar algún reactor, pero es bastante sencillo bajarle los niveles. La de Santa Lucía requiere una reforma importante. La de Minas ni tanto ni tan poco. La de San José también cumpliría, con poca modificación. Hay varios centros de mevir con saneamientos alternativos, en los que hay que trabajar el estado de las lagunas en las que desaguan. Después están los casos donde no hay saneamiento o tienen poco y nada, como San Ramón y Fray Marcos, que tienen prioridad en el plan de inversiones que se presentó.
—Parece mucho diez años, teniendo en mente que el plazo máximo que se calculaba era diciembre de 2015.
—No lleva poco tiempo hacer esas cosas y además ellos tienen que acomodar el presupuesto para esta exigencia, que no es poca. Además del saneamiento, relacionado con el tema, está lo de los lodos de la planta de Aguas Corrientes.
También, para mejorar la seguridad del abastecimiento, se está pensando hacer una nueva represa en la cuenca del arroyo Casupá y hay otra prevista en el arroyo El Soldado. Y se pensó en la posibilidad de un by-pass en el Canelón. Entrás a sumar todo eso y te da millones de dólares, pero ose va a dar su máximo esfuerzo. Obviamente, lo que tiene urgencia es generar una nueva reserva de agua.
—¿Qué información tiene el ministerio sobre los cedulones que envió Dinamige para exploración de minerales entorno a la cuenca del Casupá, donde se preveía construir una represa?
—Se ha hablado con Dinamige y en principio lo que habría sería exploración y no otra cosa. Vamos a seguir avanzando en el tema a ver si vale la pena tomar una medida que excluya a la cuenca del Casupá de alguna explotación.
—¿Estaban al tanto de que se estaban mandando cedulones a los productores de la zona?
—No, nos enteramos por la prensa.
—¿La declaración de reserva de esa zona para agua potable no implica restricciones a ninguna actividad?
—No, la reserva que se hizo es la que está prevista en el Código de Aguas. El código es bastante viejo y el tema ambiental está soslayado, allá por los ochenta no era un tema muy de moda. A lo que se refiere la reserva es a la cantidad de agua. Entonces, se reserva la cantidad de agua que ose pretende obtener de esa cuenca, que puede no ser el cien por ciento. No excluye que otro pueda hacer uso.
—¿Más allá del código, que tal vez debería ser actualizado, es compatible la minería con una reserva de agua potable?
—Así no lo puedo contestar, puede que sí, puede que no. Ahora tenemos la minería de hierro en el centro de la atención, pero existen otros tipos de minería. Las canteras siempre han existido. Y en realidad habría que estudiar si es necesario restringir toda la cuenca del Casupá a que no se pueda instalar una cantera.
—Pero en este caso no es para canteras. Según los expedientes a los que accedió Brecha, se trata fundamentalmente de exploración de oro y otros tantos minerales (plata, cobre, platino, paladio, hierro, estaño, titanio, níquel, plomo, zinc y cromo).
—Tenemos que analizarlo con la
Dinamige. En principio, las primeras charlas que tuvimos han ido en el sentido de que por ahora no hay nada que signifique explotación y procesamiento de minerales.
—¿Se eligió esa zona para las represas por la calidad del agua?
—Sí, tiene una buena calidad, es una zona de muy poca actividad, y la intención sería lograr algún tipo de protección para que siga siendo así. Vamos a conversar y ver qué medidas tomar. La represa del Casupá no es nada nuevo. A fines de los sesenta o principios de los setenta ose hizo un estudio de plan director que preveía, después de la de Paso Severino, la construcción de una represa en Casupá. Es algo que está desde hace muchos, muchos años en carpeta.
—Sin embargo, recientemente surgía como “la” solución. Mujica anunció que no se podían dormir con eso, que implicaba una inversión costosa pero era necesaria, parecía una prioridad…
—Hoy en día se revalora. Han cambiado muchas cosas. Uno de los grandes contras es que la represa se hace carísima en parte por el precio que la tierra tiene ahí ahora. Pero, entre los pros está la calidad del agua que se puede recoger en esa cuenca, que era algo en lo que antes no se pensaba, sino que sólo se contemplaba la gran cantidad de agua que posee (150 hectómetros cúbicos). Hoy se piensa en el valor que puede tener para operar sobre la calidad del río. Si yo tengo algún problema aguas abajo, suelto esa agua en buenas condiciones, la diluyo y logro mejores condiciones. En el caso del Casupá la cantidad de agua es muy grande, no así en El Soldado, donde la apuesta es más por el lado de la calidad.
—¿La intención del ministerio es que no conviva con actividad minera?
—No con algo que la afecte
