Use y tire

Envases peligrosos

El explosivo desarrollo agrícola que sacude nuestra campaña también significa una multiplicación exponencial de los residuos que de esa actividad resultan. Entre los más peligrosos están los envases de productos agrotóxicos. El año pasado se habrían descartado mil quinientas toneladas de éstos, pero sólo una parte de modo correcto. Presidencia estudia un decreto para regular el destino final de los recipientes. De aprobarse, productores y comerciantes de agrotóxicos deberán asumir su parte de responsabilidad en la solución.

A cuarenta quilómetros de Guichón está Menafra. Un pueblito de veinte casas y cuarenta personas. Merinos es aun más chiquito. El último censo indica que en esa localidad viven sólo cuatro personas. Es el “hermano menor” de Guichón, al que tomaron como referencia para canalizar sus preocupaciones. Muy juntas, las tres localidades están posadas en el límite entre los departamentos de Paysandú y Río Negro. Son de los uruguayos que han visto avanzar los cultivos de soja a su alrededor. Y también sus desechos.
Con un par de semanas de diferencia –en Menafra fue el 27 de noviembre de 2012 y en Merinos el 5 de diciembre–, los vecinos de estas localidades encontraron envases de agrotóxicos tirados a campo abierto. En el caso de Menafra, estaban en un camino vecinal que conduce al Arroyo Negro. Esa es una de las preocupaciones que tienen: que estos envases contaminen los cursos de agua de la zona. En Merinos se encontraron unos diez envases de Clorpirifos en un camino a un quilómetro del pueblo.
Los vecinos han documentado la quema y el desecho de envases de agrotóxicos en arroyos, caminos vecinales y baldíos de la zona. “Eso pasa por la inconciencia de las empresas y porque el Estado no las obliga a cambiar sus prácticas”, sostuvo Marcelo Fagúndez, vecino de un grupo organizado de Guichón (véase recuadro), y agregó que en la zona no hay un centro de acopio para los recipientes. La reiteración de estas irregularidades ha aceitado el mecanismo. Llegan al lugar donde los envases fueron abandonados, toman fotos, filman y luego denuncian. Primero lo hacían únicamente en los organismos encargados del contralor, pero las respuestas demoraban o nunca llegaban. Notaron que si acudían a la prensa las respuestas se aceleraban.
Son sólo dos ejemplos, los más difundidos, que ponen de manifiesto que el destino final de los envases de agrotóxicos depende por el momento de la voluntad que tengan los productores. El problema crece, porque el volumen de agrotóxicos que se comercializa al año se ha incrementado exponencialmente. Para 2013 se calcula que serán descartadas unas 1.500 toneladas de envases.

LAS PRÁCTICAS. Las malas prácticas referidas al uso de los agroquímicos han llevado a diferentes organizaciones a reclamar que los comerciantes de estos productos se hagan cargo del destino final –y los pasos intermedios– de los envases. Los comerciantes están actualmente desarrollando algunas experiencias a través de centros de acopio donde se los prensa y se gestiona su venta a plantas recicladoras de plástico. Pero estos centros no son suficientes ni de referencia para la mayoría de los productores. En este momento funcionan centros de este tipo en Young, Rivera, Dolores, Lascano y Melilla. Por momentos se ven saturados y dejan de recibir envases, ya que muchas veces no tienen quien adquiera el plástico, que tiene restricciones para su reciclaje en tanto no puede ser usado para contener agua ni alimentos para consumo animal o humano. En este sentido, especialistas consultados por Brecha explicaron que los centros de acopio no reciben envases de más de 20 litros (cuando se comercializan hasta de 200 litros), y que el triple lavado que exigen no es aplicable a los productos que no son solubles en agua. Desde el sector, Enrique Oyharzabal, técnico asesor en pulverizaciones de la Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios, postula que ese trabajo se implemente voluntariamente y, acto seguido, formula que los productores deberían ser quienes se hicieran cargo del desecho en condiciones adecuadas.
No obstante, desde la Dinama se reconoce el trabajo de la Cámara de Agroquímicos (Camagro). “El tema ha sido de nuestra preocupación durante todo el año pasado y lo hemos trabajado con el mgap y Camagro. Por ahora no existe un decreto específico para atender este tema y se trabaja en programas piloto y voluntarios, pero no sobre líneas establecidas que permitan su permanencia en el tiempo y la obligatoriedad”, señaló a Brecha el director de Medio Ambiente, Jorge Rucks.
Ante esta situación, la Dinama elevó a fin de año el texto que consideran debería transformarse en decreto presidencial para cubrir el vacío que dejó la ley de envases de 2004. “Lo que preocupa no es tanto la cantidad de denuncias sino su gravedad, sobre todo por la posible contaminación de cursos de agua o situaciones de vecindad”, aseguró Rucks.

EL DECRETO. La propuesta fue aprobada a principios del mes por la cartera y en este momento se encuentra a consideración de la Presidencia. El principio en que se basa es el de “responsabilidad ampliada”, lo que implica que aquel que produce o importa al país productos agroquímicos debe generar las condiciones para la reutilización o desecho de los envases.
Desde la Dinama se evalúa que la situación actual de “descontrol” dificulta la asignación de “responsabilidades específicas a los diferentes actores involucrados. El salto del sistema piloto a la reglamentación es que se deja de responsabilizar únicamente al productor”. Para eso el sistema prevé establecer la trazabilidad de los productos: en cada recipiente deberá constar quién lo vendió, y si esos envases se encontraran, como ha ocurrido, dispersos en el territorio, el vendedor será sancionado. Asimismo, para que una empresa tenga la habilitación para importar o producir agrotóxicos deberá estar registrada en la Dinama y presentar o integrarse a un plan de manejo de los envases, que también requerirá la habilitación ambiental. En este sentido, desde la Dinama plantean que los centros de acopio se instalen en todos los lugares que se considere necesario, para que funcionen como “un eslabón dentro del plan de gestión. Una corriente que reciban podrá ser la de los recipientes que fueron lavados tres veces. Otra podrá ser de envases contaminados”. Para la última fase del proceso manejan un abanico de posibilidades: “Dependiendo de la naturaleza del producto y del material del recipiente, será su destino final. Eso no se puede prefijar, porque tienen diferentes características. Algunos se puede reutilizarlos, otros podrían incinerarse si no hubiera otra solución. Son alternativas que hay que estudiar”.
Esto sucederá de aprobarse el texto que proponen desde la Dinama. El vacío se llenaría esta vez apelando a que quien genera el problema dé la solución.

Experiencia de un centro de acopio local
Acopiados

En Dolores, Soriano, el centro de acopio empezó a funcionar a fines de 2005 a instancias del programa Campo Abierto. Éste tiene su correlato en el resto de los países del continente donde las principales empresas de agroquímicos están presentes.
En este caso el centro de acopio funciona en el predio de la cooperativa Cadol, y Agronegocios del Plata –adp– es la que se hace cargo de los costos de la operativa del prensado. Ofrece este servicio a los productores a los que les vende agroinsumos para la producción, y lo usa con sus propios envases descartados, ya que esta empresa cultiva unas 90 mil hectáreas.
Primero los envases son revisados para constatar que no contengan restos del químico, y antes de pasar al prensado se les hace una segunda inspección. Francisco Mazzoni, responsable de la unidad de insumos de adp, contó a Brecha que en caso de que los bidones no estén correctamente limpios son devueltos al productor. Los que no pueden ser devueltos, o aquellos que contuvieron productos no solubles en agua y a los que por lo tanto no sirve aplicarles el mecanismo de triple lavado, se los almacena en un silo provisorio. Esta situación es más compleja y costosa, ya que no pueden ser reciclados. Comentó que la última vez debieron esperar un barco que, mediante gestiones con el ministerio, sacara los envases contaminados del país. Insistió, sin embargo, en que los de este tipo representan un 1 por ciento de los envases manejados por este centro de acopio.
El centro de adp prensa unos 10 mil quilos de plástico al mes, lo que genera unas 120 toneladas al año.
Mazzoni afirmó que como vendedores de insumos no obligan a sus compradores a devolver los envases una vez vacíos, “ya que existen otros centros de acopio a donde pueden enviarlos, simplemente ofrecemos este canal como disposición final de los residuos”. Los productores tampoco reciben ninguna contrapartida material por la devolución de los envases.
Mazzoni comentó que los productores se han acogido al sistema porque “se sacan un problema de encima: no los pueden quemar ni amontonar en algún lugar, no pueden hacer nada con esos envases que no sea ilegal, más que mandarlos a un centro de acopio”.

Nube negra en los accesos
La gauchada

Lenguas de fuego rojo intenso se sacudían como bailando enredadas en un espeso humo oscuro. El camión transportaba tarrinas de 20 litros de Clorpirifos –un insecticida organofosforado– en una zorra acoplada. Volcó la mañana del 10 de enero en la curva de la rotonda de las rutas 1 y 5 provocando el incendio. Los vecinos se agolpaban alrededor asombrados por la columna de humo que llegó a alcanzar los cien metros de alto y que la ausencia de viento no extendió. Los primeros en actuar fueron los bomberos del destacamento del Cerro. El fuego hacía detonar las tarrinas que aún contenían el agrotóxico dentro.
El inspector mayor Daniel da Cunha, jefe del departamento de materiales peligrosos de Bomberos, estuvo a cargo del procedimiento y dijo a Brecha que todo vehículo que transporta sustancias tóxicas debe estar señalizado con un panel de seguridad naranja. Según lo establece el acuerdo marco del Mercosur, debe indicarse el número –otorgado por la onu– que identifica la sustancia química transportada, así como otro informando el nivel de riesgo de la misma. Éste no lo tenía. Ni el conductor ni el acompañante pudieron identificar qué era lo que estaban transportando. Tampoco tenían la habilitación para hacerlo, que se consigue asistiendo a un curso de tres días, en el que Bomberos instruye sobre cómo actuar en situaciones como la de esa mañana.
Según pudo saber Brecha, la Dirección de Transporte de mtop está realizando una investigación administrativa sobre estas irregularidades, pero al cierre de esta edición, no se pudo confirmar el grado de avance de la misma. Da Cunha relató a este semanario que el camión pertenecía a la empresa El Desafío que transporta granos. “No transporta mercancías peligrosas, lo hicieron como una ayuda para un tercero”, afirmó el inspector.
Los bomberos intentaron identificar el químico por las etiquetas de los envases que aún no se habían quemado. Fue por eso que la primera versión que surgió en la prensa afirmaba que se trataba de un “pesticida en base a cloro”, inferencia de alguno por el parecido con el nombre del producto. En total, se necesitaron 11 vehículos y 40 efectivos para controlar el incendio, así como el accionar del equipo Hazmat de Bomberos, especializado en el tratamiento de sustancias peligrosas. Finalmente se logró identificar de qué producto se trataba mediante el número de registro cas (que identifica compuestos químicos) en los envases. El Clorpirifos es un insecticida que no es soluble en agua, por lo que “no puede trabajarse como una tarea normal”. Se debió utilizar espuma para alcoholes.
Entrada la tarde del jueves 10, Bomberos mantuvo una reunión con los tres técnicos de la Dinama que se presentaron en el lugar. El ingeniero químico Juan Pablo Peregalli, jefe del Departamento de Emisiones al Ambiente, explicó a Brecha que en el caso se evaluaron tres aspectos ambientales de relevancia. Por un lado, las emisiones generadas por el incendio; por otro, los residuos que quedaron –las tarrinas quemadas y las que no se llegaron a incendiar totalmente, conteniendo restos del pesticida–, y por último, las aguas residuales, una mezcla del químico derramado y el agua y la espuma usados para controlar el incendio.
“En todos los problemas ambientales hay una responsabilidad del generador del impacto o el problema ambiental”, sostuvo Peregalli. En este caso fue de la empresa transportista, que contrató los servicios de la empresa Triex, ubicada en el Polo Tecnológico del Cerro, que trabaja con la disposición final de residuos –incluidos los de este tipo– y cuenta con habilitación de la Dinama. Triex se encargó de retirar los residuos, así como de quitar una capa de tierra superficial de entre tres y quince centímetros en el lugar del accidente, donde el producto se había vertido, y se rellenó con arena, según estableció la Dirección de Medio Ambiente. La tierra extraída, mezclada con arena, fue llevada al vertedero municipal, según se acordó con la Intendencia capitalina.
Peregalli indicó que ahora se encuentran en una fase de investigación, para luego “emprender acciones con respecto a cada uno de los actores que participaron. Este es un producto que se aplica en el suelo de forma habitual, por lo que se dará un proceso de degradación natural. Hay que ver en qué condiciones está ese suelo y cómo va evolucionando en el tiempo”.

Otra fumigación próxima a una escuela
Vecinos que denuncian

Cruzando la calle, a 14 metros de la plantación de soja, hay una escuela, la 51, del Paraje Guayabos. También a pocos metros más hay una capilla, la San Martín de Porres. Eso no evitó que los productores de soja contiguos fumigaran su plantación, obviando las resoluciones del mgap que prohíben la pulverización terrestre con agroquímicos a menos de 300 metros de un centro poblado o centro educativo y la aérea a menos de 500 metros. La denuncia fue presentada el lunes pasado por el Grupo de Vecinos de Guichón en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales a la Dirección General de Servicios Agrícolas (dgsa). Luego fue difundida a la prensa.
El movimiento de vecinos calcula que la plantación tiene dos años, por lo que reprochan “la pasividad de las autoridades, principalmente del mgap, que seguramente han pasado un par de veces por allí y no han hecho nada”, dijo a Brecha el miembro de la agrupación Marcelo Fagúndez. En enero de 2011 el movimiento había realizado un reclamo similar referido a la fumigación de una plantación de soja ubicada a 60 metros de la escuela número 40 de la Colonia Pintos Viana.
El grupo surgió en 2008 cuando se extendió el monocultivo de eucaliptos en la cuenca del arroyo Guayabos, de donde la planta potabilizadora extrae el agua para el consumo de la población de Guichón. La preocupación, que todavía mantienen, radica en la contaminación del agua que generan las sucesivas fumigaciones. En 2009 la llegada de la soja extensiva transgénica los llevó a consolidar sus acciones, y desde ese momento han realizado decenas de denuncias vinculadas a las malas prácticas de los productores de la zona en el uso de agrotóxicos.
En diálogo con Brecha, Rucks dijo que los vecinos de Guichón son “un modelito” de compromiso social que debería ser replicado en otras zonas. El director entiende que es inviable extender el control ambiental del Estado a todo el país sin la colaboración de agrupaciones de este tipo. “Es el ejemplo más organizado y metódico; hay otros casos más casuísticos donde los vecinos se reúnen por un hecho y lo denuncian”, plantean desde la Dinama.
Los mismos vecinos conformaron también el colectivo Tierra Pa Todos, que hace pocos días adquirió 832 hectáreas del Instituto de Colonización en la zona de Cuchilla del Fuego. Allí se proyecta que 23 familias trabajen sobre alternativas al modelo agropecuario dominante para “producir sin envenenar la tierra”.