Vamos a un corte - Semanario Brecha

Vamos a un corte

Una denuncia presentada por la Asociación de la Prensa Uruguaya (Apu) por supuestas irregularidades en la titularidad de las emisoras metropolitanas La Catorce 10 (AM 1410) y FM 89.7 podría culminar en la revocación de las autorizaciones de los titulares, señalados por los trabajadores como los testaferros de Gustavo Yocca. Ambas radios integran el llamado Grupo Multimedio Plural, que también integra La República, medio que el empresario argentino adquirió hace unos años.

Yocca

El escrito fue presentado ante la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) en mayo de 2016 a instancias de los trabajadores de las emisoras y en el marco de un largo conflicto con el escribano Gustavo Yocca, actual dueño y director del diario La República (luego de comprarle el multimedio a Federico Fasano). Uno de los principales argumentos: “no cumple con sus obligaciones con los trabajadores y no les paga en tiempo y forma el salario, aguinaldo o vacacional”. Por estas razones, Apu exige a la Ursec que adopte “medidas ante las prácticas ilegales y abusivas que están minando las fuentes laborales de las trabajadoras y trabajadores y violentan el marco legal vigente”.

LA DENUNCIA. Los representantes de Apu, Daniel Lema y Claudio Veiga, afirman que existiría “una situación grave, manifiesta y continuada de ilegalidad” en estas emisoras porque sus “titulares reales” no son quienes figuran en los registros de la Ursec como autorizados a prestar el servicio de radiodifusión.

En los registros de la Ursec, La Catorce 10 figura a nombre de Somerland SA, cuyos accionistas son Marcelo Ortega Frioni y Gustavo Delfante Irazoqui, y la FM figura en la localidad de La Paz como autorizada por el Ejecutivo a Fernando Aurelio lnvernizzi Bermúdez. Sin embargo, en marzo de 2014 Invernizzi vendió la emisora a Leonard Valentín Acosta Cruz (Sonitum Srl), según consta en un documento privado de cesión de frecuencia agregado al expediente. Esta transferencia, sin embargo, no consta en la Ursec ni fue aprobada por el Poder Ejecutivo.

Apu acusa a todas estas personas de ser “testaferros”. El verdadero dueño y quien tiene “la titularidad real” y el “manejo absoluto de las emisoras sin contar con la autorización previa del Poder Ejecutivo” sería, de acuerdo a la denuncia, Yocca. Como agravantes, señalan que se ha incumplido en forma “reiterada y sistemática” con las leyes laborales, tanto en el “atraso constante en el pago de salarios” como en el “incumplimiento de las obligaciones como empresa, lo cual cuestiona la capacidad económica para mantener el permiso de la radio”. Yocca llegó a estar detenido y con cierre de fronteras en 2015 por varias denuncias presentadas por el Bps por falta del pago de aportes de los trabajadores de La República.

Además, recuerdan que el empresario “no es un ciudadano uruguayo (natural o legal, en ejercicio de nuestra ciudadanía), un requisito mínimo y necesario para administrar un medio radial”, de acuerdo a lo dispuesto en la ley de servicios de comunicación audiovisual (artículos 104 y 106). Por ese motivo, Apu considera que se estaría ante una “clara y reiterada violación de la legislación vigente” que, de confirmarse, debería implicar la revocación de las autorizaciones, en tanto que “la comprobación de la realización de cualquier acto permita que directa o indirectamente la operación, el funcionamiento o la administración del servicio de comunicación audiovisual estén a cargo de persona no autorizada, habilitará la revocación de la autorización o licencia otorgada para prestar el servicio”.

LAS PRUEBAS. El expediente, al que accedió Brecha, incluye los indicios y pruebas que Apu aportó para fundamentar su denuncia: numerosas citas de fuentes periodísticas y del portal web del propio Grupo Multimedio Plural contienen declaraciones de Gustavo Yocca en las que se atribuye la titularidad de las emisoras o indican que, en materia de negociación salarial, era citado por el Ministerio de Trabajo como dueño de la empresa. Además, señalan que ambas radios “forman parte de un mismo grupo económico”, que “funcionan en el mismo sitio”, que “comparten funcionarios”, y que “quienes habrían recibido en forma ilegal la cesión de la onda 89.7 se de-sempeñan en tareas de alta jerarquía en la otra emisora”.

El directorio de la Ursec no se ha expedido aún al respecto, pero Brecha accedió a un informe técnico del departamento jurídico fechado el 14 de diciembre de 2016 y que ha sido dado a conocer a las partes en febrero de este año. El documento enumera los pasos dados por la Ursec, destacándose que todos los nombrados en la denuncia (Ortega, Delfante, Invernizzi, Acosta y Yocca) fueron convocados a asistir al organismo el 9 de setiembre de ese año para dar sus puntos de vista y no comparecieron. Acosta fue la única persona que fundamentó su ausencia, por encontrarse en Argentina. Todos fueron citados nuevamente para el 13 de octubre y tampoco concurrieron.

En el análisis de la denuncia, la asesoría letrada a cargo de Graciela Coronel señala que en el caso de La Catorce 10 “no consta en los registros que se hubieren designado directores, administradores, gerentes o personal similar en quienes se delegue la autoridad y responsabilidad en la conducción y orientación del servicio” por parte de los titulares autorizados. Esto es, decisiones que justificaran las actuaciones de Yocca en funciones con las que se presentara públicamente, como surge, por ejemplo, en actas del Parlamento, según cita la Ursec.

En el caso de la FM 89.7 de La Paz, el informe indica que la emisora funciona efectivamente en Garibaldi 2579 junto a la otra emisora, luego de un traslado autorizado desde su anterior ubicación en Agraciada 3187, y constata que ha habido una transferencia de su titularidad “sin la debida autorización del Poder Ejecutivo”.

En su pronunciamiento final, el informe elevado al directorio de la Ursec señala que en todos los casos se configuró “omisión en su deber de colaboración con la administración” por no haberse presentado. Además concluye que las “constataciones” que ha hecho la Unidad Reguladora “podrían dar lugar a medidas sancionatorias que podrían llegar hasta la revocación de las autorizaciones oportunamente otorgadas para la prestación de los servicios”. La decisión final, más allá de la posición que adopte la Ursec, corresponde exclusivamente al Ejecutivo.

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Yocca, sobre la denuncia

“No soy el dueño de las emisoras”

Consultado por Brecha, Yocca dio su punto de vista sobre la denuncia: “No tiene ningún asidero. Yo no soy el dueño (de AM 1410) y no tengo ningún cargo en la emisora. Cuando me incorporé a este proyecto (Grupo Multimedio Plural) me sumé solamente como propietario del diario. En La República trabajamos en forma conjunta en el mismo lugar con la emisora y colaboramos, trabajamos juntos. Hay, por ejemplo, algunos programas de radio que están hechos por periodistas de la redacción. Hay una sinergia, tal vez más explícita entre los medios (las radios y el diario) con periodistas que trabajan en distintas plataformas como para congeniar la crisis que tenemos los medios hoy, pero no tengo la titularidad de las acciones de las radios”.

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