“Señor/a: como funcionario debo decirle que utilizo este medio anónimo, ya que existe en mí un miedo a represalias en mi Unidad (es conocida la actitud abusiva del jerarca que voy a nombrar en referencia al personal), para hacer llegar a usted mi malestar e incertidumbre.” Así empieza la carta que un supuesto agente de la Guardia Republicana envió, en un sobre sin firma, a la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) días después de la desocupación del Codicen, hecho en el cual el incógnito remitente afirma haber participado. Motivo: denunciar a uno de sus superiores que esgrimió una vara metálica extensible, prohibida por la reglamentación vigente. Según el denunciante: “es una de las causas por las cuales se produjeron heridas tan contundentes en los manifestantes”.
Brecha supo que el denunciado se llama Jorge Washington Solé López, tiene 45 años, y ostenta el grado de capitán de la Republicana, y es actualmente el director del Área Metropolitana de la unidad. La denuncia en su contra aún no se conocía cuando fue indagado en el juzgado. Allí, invitado por el tribunal a describir el equipamiento que la guardia utilizó en el operativo, dijo: “Era básico de protección: casco y escudo. Y el chaleco de protección balística y el bastón policial. (…) Se hizo el mínimo uso de la fuerza al no utilizar otros elementos”. Conocida la denuncia, el capitán fue nuevamente convocado, y no tuvo más remedio que desdecirse. En sus declaraciones, que constan en el expediente al que accedió este semanario, asume haber participado de las detenciones, siendo el segundo con mayor grado luego del máximo director de la unidad, y admite varias veces saber que el arma está prohibida. La misma cantidad de veces fue inquirido sobre por qué la portaba. Sólo ensayó evasivas, alegando que “era lo único que tenía a mano”.
La carta del denunciante llegó acompañada de un video como prueba. La Inddhh optó por encomendárselo al Ministerio del Interior (Mi). Juan Faroppa, presidente de la institución, dijo que desconoce si fue el ministerio el que presentó la denuncia penal. Brecha pudo corroborar que el tema nunca llegó a Asuntos Internos del Mi, y en diálogo con la fiscal Ana María Tellechea, ratificó que la denuncia anónima también llegó a la justicia. Lo cierto es que cuando Solé fue a declarar por segunda vez ya había sido sancionado administrativamente con diez días de arresto, equivalentes a 18 mil pesos de sueldo.
“Resolvimos no enjuiciarlo porque ya estaba más que penado. Entendimos que era demasiado. Además no teníamos ningún delito específico para imputarle más allá del uso del arma”, dijo la fiscal a Brecha. Y agregó: “Le pegué un reto”, al tiempo que opinó que estos casos no ameritan una sanción penal, a pesar del artículo 162 de la ley de procedimiento policial que mandata que “queda prohibido terminantemente el uso de cualquier otra arma contundente, como ser cachiporras de metal (de las llamadas extensibles) con bolas de metal en su extremo y otras”.
En lo que parecen ser consecuencias inevitables de su notorio crecimiento en los últimos años (que despuntaron cuando el asesinato de Sergio Lemos en 2013), la absolución de Solé se da en un contexto en el que la Republicana está en la mira. Este mes Rovert Yroa, su director, y Fabián Severo, subdirector, también fueron denunciados por sus subordinados por abuso de funciones y persecución. Al mismo tiempo, la unidad fue denunciada en la justicia por agredir a adolescentes en el centro Ciedd, del Inau, en agosto, y sus competencias están queriendo ser puestas en cuestión en el Parlamento, a raíz del proyecto de ley presupuestal.
El agente denunciante detalla además que en la última final del torneo clausura, cuando se produjeron incidentes en la tribuna Ámsterdam, el mismo capitán Solé disparó una escopeta de balas de goma, “indiscriminadamente” y “por su iniciativa”, contra los hinchas de Peñarol; “comenzando nuevamente el desorden, el cual culminó con la suspensión de dicho encuentro, esta última provocada por dicha actitud”. Como resultado de un intercambio entre el Mi y la embajada de Estados Unidos, en 2014, Solé había participado, en Washington, de un curso titulado “Reforzamiento de la ley y Policía Comunitaria”.
El expediente abunda en acusaciones de maltrato policial en las detenciones y los traslados. Los policías siguen sin ser inculpados. En tanto, un estudiante del Ipa al que un desconocido garrote policial le fracturó el cráneo se encuentra en estudio por la posibilidad de pérdida de audición de un oído.