Cada 8 de marzo emergen las mismas interrogantes: qué ha logrado el movimiento de mujeres organizadas, cuáles han sido los avances que impulsó el feminismo, qué ha cambiado. Cómo evaluar cada presente, cada historia, cada contexto particular, regional y global. Pero es difícil diagnosticar, medir, evaluar y más aún analizar, reflexionar y teorizar con objetividad cuál ha sido el verdadero avance de los movimientos feministas en todo el mundo, ya que se trata de procesos en los que operan variables múltiples y diversas, no solamente por la heterogeneidad que se juega en cada contexto local, sino porque la transversalidad que los atraviesa supone una condición sine qua non. Para responder esas interrogantes, es necesario tener presentes una gran cantidad de campos sociales: la educación; la salud; la vivienda; los derechos sexuales y reproductivos; la economía; la participación política; la cultura; la justicia; los nuevos marcos legales contra la violencia basada en género y sus implementaciones en políticas públicas; la situación de las infancias y adolescencias, y un largo etcétera.
Más que considerar que las transformaciones sociales propiciadas por los feminismos forman parte de una evolución –lo que supone pensar en un tiempo único, una línea a través de la cual la humanidad progresa–, conviene pensarlas sin perder de vista que existe una dialéctica en la que los posibles impulsos hacia la equidad –ya sean reales o percibidos como tales– se encuentran continuamente limitados por barreras de oposición reactiva que los obligan a operar en escenarios de tensión y disputa constantes. Así, la idea clásica de backlash, que entiende esta reacción como un contraataque, como una serie de respuestas de los sectores poderosos contra las victorias de las mujeres,1 y que supone que sus luchas se encuentran sumergidas en ciclos repetitivos de progreso y estancamiento, tal vez resulte insuficiente para explicar la verdadera naturaleza de los embates neoconservadores que se gestaron y vienen desarrollándose en las primeras décadas del siglo XXI.
Según Elizabeth Corredor, hoy en día «los esfuerzos recurrentes de grupos de oposición para resucitar el pasado no son simplemente un ejercicio para retroceder el tiempo, sino que son actos productivos, diseñados para crear versiones alternativas del presente y del futuro».2 En otras palabras, los discursos de odio y acciones políticas coordinadas en contra de los feminismos no solo suponen la voluntad de detener el progreso o volver el tiempo atrás, sino que sirven para producir nuevos efectos acordes a los intereses de los sectores reaccionarios.
LAS PALABRAS Y LAS COSAS
Habitar la conflictividad con los movimientos feministas y de mujeres organizadas ha otorgado a los sectores antiderechos aprendizajes discursivos con los que consiguen construir un corpus que difunden masivamente. Existe un conjunto de postulados, de conceptos resemantizados y de frases hechas que sirven a sus adeptos para responder constantemente cualquier argumentación que consideren feminista, y que están atravesados por sesgos cognitivos, epistémicos e ideológicos. Las investigaciones, proyectos institucionales, iniciativas populares y fundamentaciones con perspectiva de género han resultado de una contundencia tan grande que solo la estrategia de la confusión ha podido detener su efecto en la construcción sociocultural cotidiana; el procedimiento de coartar el diálogo vaciando o invirtiendo el significado de ciertas palabras ha dado sus frutos y se ha instalado en el debate público.
Así, las nuevas derechas y las posiciones antiderechos han puesto en cuestión los paradigmas que solían enmarcar los reclamos del movimiento de mujeres, por ejemplo, los derechos humanos. Si bien el enfoque de derechos tiene un gran consenso político, que está consagrado en pactos y leyes internacionales, ha dejado de ser utilizado solamente por las organizaciones sociales o en favor de las poblaciones vulneradas. Según Clifford Bob,3 los derechos humanos son ahora «almas multiformes […], herramientas efectivas para grupos privilegiados que los usan para promover sus agendas». La confusión ideológica que deriva de este tipo de acciones discursivas ha permitido su utilización política y mediática para justificar la intervención militar internacional, defender el uso de la tortura o fomentar la islamofobia (Corredor, 2021).
Del mismo modo, la expresión ideología de género subvierte el significado de las palabras que la conforman para convertirse en la denuncia indignada de un conjunto de ideas y prácticas políticas que ya no se caracterizan por la búsqueda de la equidad o la emancipación de las mujeres y disidencias sexogenéricas, aspectos netamente justos y positivos de la discursividad feminista, sino por centrarse en una supuesta oposición a la familia heteronormada tradicional y a valores como el nacionalismo y las libertades individuales. La misoginia y la homofobia profundamente arraigadas en la sociedad patriarcal encuentran su vehículo en ese gran significante vacío que refuerza teorías conspiratorias, insinuando que lo que se está atacando es la familia como fundamento afectivo, económico y político de la sociedad. Estas prácticas recuerdan las apelaciones anticomunistas de los años de la Guerra Fría, que operaban para instalar miedos parecidos (que el avance comunista destruiría los hogares, que se llevarían a los hijos, etcétera). El procedimiento discursivo de utilizar la «ideología de género» –del mismo modo que, en otro tiempo, se utilizaba la «ideología marxista»– como una forma de designar el discurso enemigo permite endilgar a los movimientos feministas y de la diversidad la responsabilidad de una supuesta «pérdida de valores» que, según estos sectores, deriva en la crisis de seguridad ciudadana existente en los países latinoamericanos. Así, las redes transnacionales que agrupan al neoconservadurismo católico y evangélico4 aprovechan que esta expresión les ofrece una serie de vasos comunicantes con sus propias causas –pedido de mano dura y más seguridad, anticomunismo, negacionismo del terrorismo de Estado– para enarbolarla como bandera discursiva y erigirse como «defensores de la familia tradicional». Esto les permite contar con un aparato simbólico efectivo para posicionarse en oposición al aborto legal; a la educación sexual integral; al matrimonio igualitario; al reconocimiento de las identidades travas, trans y no binarias, y a los derechos de infancias y adolescencias, todas reivindicaciones contra las que, sin esa estrategia lingüística detrás, resultaría muy difícil estar en contra.
Algo similar ha sucedido recientemente en Uruguay con la presentación en 2020 de proyectos de ley referentes a la «Corresponsabilidad en la crianza» y a la «Tenencia compartida responsable». La expresión interés superior del niño, incluida originalmente en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, significa que todas las decisiones que se tomen en relación con un niño, niña o adolescente deben ir orientadas a su bienestar y al pleno ejercicio de sus derechos. Es una expresión que se encuentra allí para ser encuadre para las autoridades, que deben hacer primar los derechos del niño sobre los de los adultos. Sin embargo, quienes promueven estos proyectos de ley que dan el marco para, por ejemplo, la no suspensión de las visitas de los padres aun en el caso de que existan denuncias de violencia basada en género y abuso –la regla–mentación vigente permite al juez disponer medidas cautelares–, utilizan en sus fundamentaciones e intervenciones públicas esa misma expresión como defensa contra la existencia de una supuesta «ideología de género».5
Otro de los recursos usados a menudo por los sectores antiderechos es hacer de lo singular y específico una muestra universal. La renuncia a la comprensión global y transversal de los temas en favor de la presentación de singularidades y ejemplos concretos –como si basados en ellos fuera posible construir diagnósticos, evaluaciones o reflexiones generales– lleva a que la desigualdad estructural que sufren las mujeres se equipare, en una discusión, con el contenido presuntamente ofensivo de un cartel en una marcha. Para impugnar cualquier iniciativa o derecho conquistado, afirmar que una mujer que muestra los senos como método de protesta «representa la esencia radical del feminismo», que una mancha de pintura en una iglesia «demuestra que son violentas» o que el hecho de que una pareja de lesbianas haya asesinado a su hijo «es una prueba de que las lesbianas no pueden criar niños» implica una forma de razonamiento tan absurda que, por su misma carencia de racionalidad, es imposible de refutar. Lamentablemente, este método de utilización de casos excepcionales para hacer argumentaciones generales está cada vez más presente tanto en las redes sociales de los políticos como en sus exposiciones ministeriales o parlamentarias.
La resemantización como marco discursivo ha logrado vehiculizar el antifeminismo actual, ha servido a las fuerzas neoconservadoras para reaccionar y oponerse a las demandas de las mujeres y la diversidad, y ha trazado alianzas muy heterogéneas en cada región. De hecho, está sirviendo como causa aglutinadora de base para las nuevas derechas partidarias, religiosas y civiles, que utilizan el discurso antiderechos para afianzar su popularidad. En este sentido, un ejemplo claro es lo sucedido recientemente en Estados Unidos alrededor del caso Roe versus Wade; cuando la Constitución fue modificada para proteger la libertad de las mujeres embarazadas y permitirles abortar sin excesivas restricciones gubernamentales, en el año 1973, el presidente era Richard Nixon, perteneciente al Partido Republicano. Las derechas de ese momento no tomaban las causas de las mujeres y la diversidad como luchas contra las que sí o sí tenían que oponerse. Fue gracias a los tres jueces impulsados en la administración de Donald Trump para entrar a la Corte Suprema que, el 24 de junio de 2022, se anuló Roe versus Wade y la Constitución estadounidense dejó de garantizar el acceso al aborto legal en todo el territorio. Cincuenta años después, es imposible pensar en figuras como las de Trump o Jair Bolsonaro sin tomar en cuenta la importancia que tuvieron sus posiciones antiderechos en el aparato simbólico que sirvió para estimular sus procesos de acumulación de poder.
La confusión lingüística, la indeterminación, la apropiación de ciertas palabras y enfoques, y el procedimiento de resemantización por parte de los sectores neoconservadores no se limita solo a discusiones públicas en medios masivos o redes sociales, sino que también penetra en las estructuras formales del Estado para habitar textos y fundamentaciones institucionales. Estos mecanismos se complementan con el aumento sostenido de la violencia digital que, de forma organizada y sistemática, trabaja para amedrentar liderazgos y acallar la fuerza de las voces disidentes.
VIOLENCIA EN ENTORNOS DIGITALES, EFECTOS DE SILENCIAMIENTO
La expansión del acceso a Internet y el desarrollo de distintas plataformas digitales fueron fundamentales para el movimiento de mujeres, especialmente en lo que se refiere a la cultura colaborativa, al intercambio de conocimientos y experiencias más allá de las fronteras territoriales, y, sobre todo, para el fortalecimiento de iniciativas múltiples y heterogéneas. Las redes sociales han sido el terreno para infinidad de alianzas, movimientos, acciones y revueltas, como el Ni Una Menos en Argentina en 2015 y, posteriormente, el Me Too en Estados Unidos. Defensoras de derechos humanos, lideresas, activistas, políticas y periodistas han promovido numerosas discusiones e intercambios que han abierto el debate e impulsado la conversación pública sobre temas que el movimiento de mujeres ha ido construyendo de forma colectiva.
Sin embargo, en los últimos años, esa participación también ha desatado reacciones violentas, especialmente contra aquellas que intervienen en el debate público como periodistas, activistas feministas, defensoras de derechos humanos y mujeres políticas. La violencia de género en entornos digitales y, específicamente, contra mujeres públicas, y su relación con la libertad de expresión, ha sido objeto de investigaciones llevadas adelante tanto por organizaciones de la sociedad civil como por organismos internacionales. Si bien los debates sobre los criterios de la definición y límites de la libertad de expresión en el contexto de las tecnologías digitales y el tecnocapitalismo son cuantiosos y se van transformando rápidamente y a escala, vale señalar algunos datos recientes en relación con el cruce entre violencia de género a mujeres públicas y entornos digitales. El informe de ONU Mujeres y la Alianza Regional por la Libertad de Expresión «Violencia de género en línea hacia mujeres con voz pública. Impacto en la libertad de expresión»,6 del año 2022, caracteriza el problema en América Latina y el Caribe. Sostiene que el crecimiento de este tipo de violencia coincide en el tiempo con la masividad del debate sobre la despenalización y la legalización del aborto, los avances legislativos y las acciones afirmativas de representación política de las mujeres y diversidades en la región. Apunta que, paralelamente, se observan contextos políticos institucionales con crecientes restricciones a la libertad de expresión y persecuciones. Si en estudios previos ya se daba cuenta de que el posicionamiento político y las cuestiones de género son los principales temas con los que las agredidas relacionan los ataques, en América Latina se suman también otras cuestiones, como la socioambiental. El informe hace referencia a las distintas manifestaciones de la violencia digital que sufren las mujeres con voz pública, desde el hostigamiento sincronizado y el doxing (divulgación de información privada), hasta amenazas concretas y offline, y concluye destacando uno de sus principales efectos: la autocensura. «En todos los casos, las mujeres entrevistadas refieren que la amenaza y la agresión están naturalizadas y vistas como “las reglas del juego” […]. Las consecuencias no son exclusivamente individuales, sino que se derraman y generan más repliegues: de colegas y activistas que rehúyen de la visibilidad, y de otras mujeres que no quieren ser entrevistadas o participar de un debate público para no ser hostigadas.»
La reacción violenta en entornos digitales contra mujeres que participan del debate público en cuestiones vinculadas al feminismo ya no puede explicarse solo como una oposición individual de usuarios aislados. En este sentido, según el sociólogo español Bonet-Martí,7 el antifeminismo «se diferencia de la misoginia por su articulación como contramovimiento organizado; del machismo por su mayor sofisticación cognitiva; y del sexismo, por su capacidad de evolución y adaptación al contexto cultural e histórico, así como por la relación dialéctica que establece con las demandas y formas de expresión y movilización del movimiento feminista». Así, se evidencia que tanto los movimientos feministas como los contramovimientos que reaccionan a sus postulados navegan estrategias que se adaptan a cada contexto para intentar acceder a la fuerza de los Estados e incidir en sus políticas institucionales. La reproductibilidad y el carácter masivo de los ataques digitales muestran que no se trata de fenómenos aislados, y que muchas de estas formas de violencia buscan silenciar las voces de aquellas que proponen, motivan y producen opinión y debate a través de ataques que las desacrediten, humillen o disciplinen.
Las preguntas sobre cuánto ha avanzado el movimiento feminista, cuál es su potencia política en la actualidad y cómo será su proyección en el futuro inmediato no pueden responderse sin reflexionar de forma dialéctica acerca de las articulaciones y operaciones de las reacciones en su contra. Se trata de un hostigamiento planificado que no solo ataca y violenta a las individualidades, sino que obliga a los movimientos sociales a retroceder y ha servido para proyectar sobre ellos amenazas simbólicas que, según la politóloga Erica Townsend-Bell,8 muestran «el punto en el que un grupo dominante indica que se ha violado la línea que no se debe cruzar». Así, los sectores neoconservadores que defienden las estructuras sistémicas que garantizan el poder a la hegemonía advierten constantemente a militantes, activistas y luchadores sociales que su participación política «siempre es potencialmente revocable» (Townsend-Bell, 2020).
Y, sin embargo, los feminismos, las luchas LGTBI+ y las socioambientales, en su diversidad, complejidad y heterogeneidad no carente de conflictos, han ganado un espacio político y social en la región muy difícil de borrar. La historia de sus luchas y conquistas, de sus teorías y prácticas, de sus batallas contra las apropiaciones del mercado son condición de posibilidad para pensar el presente. Un presente sostenido en un sistema que legitima violencias para reproducir desigualdades. Un presente marcado por el androcentrismo en el saber y la misoginia en el poder, por la precarización de la vida y la feminización de los cuidados, por las brechas salariales, tecnológicas e informativas, por el acoso y el abuso, por la memoria de las víctimas de homolesbofobia, travesticidio y feminicidio.
- Susan Faludi, Backlash: The Undeclared War Against American Women, Random House, Nueva York, 2006.
- Elizabeth Corredor, «On the Strategic Uses of Women’s Rights: Backlash, Rights-based Framing, and AntiGender Campaigns in Colombia’s 2016 Peace Agreement», Latin American Politics and Society, vol. 63, n.º 3, 2021.
- Clifford Bob, Rights as Weapons: Instruments of Conflict, Tools of Power, Princeton University Press, Nueva Jersey, 2019.
- Nancy Cardoso, teóloga ecofeminista brasileña, explica en detalle, en una entrevista en Brecha (2-VIII-19), los efectos de las alianzas entre sectores políticos y religiosos conservadores en América Latina. Disponible en https://brecha.com.uy/por-una-espiritualidad-de-resistencia/.
- Para comprender este procedimiento en profundidad, se recomienda leer el análisis de ANONG (Asociación Nacional de ONG Orientadas al Desarrollo) Uruguay, del Comité de los Derechos del Niño/a y de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual acerca de estos proyectos. Disponible en https://www.cdnuruguay.org.uy/wp-content/uploads/2021/06/ANALISIS-DE-LOS-PROYECTOS-Corresponsabilidad-y-Tenencia-Octubre-2020-6.pdf.
- Disponible en https://lac.unwomen.org/sites/default/files/2022-11/Informe_ViolenciaEnLinea-25Nov-V2.pdf.
- Jordi Bonet-Martí, «Los antifeminismos como contramovimiento: una revisión bibliográfica de las principales perspectivas teóricas y de los debates actuales», Teknocultura, vol. 18, n.º 1, 2021.
- Erica Townsend-Bell, «Backlash as the Moment of Revelation», Signs: Journal of Women in Culture and Society, vol. 45, 2020.
