El gobierno demoró unos seis meses en aplicar medidas concretas frente a la crisis de agua potable que afecta el área metropolitana, pero le tomó apenas unas seis horas reaccionar contra un comunicado internacional que dejaba en evidencia el caos hídrico en el país.
Cuando se difundieron declaraciones oficiales del relator especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento en las que, entre otras cosas, señalaba que las raíces de los problemas que atravesamos están en la sobrexplotación del agua y en su privatización de hecho, Presidencia reaccionó con vertiginosa velocidad. En horas dejó clara su molestia: la cancillería emitió un comunicado y se quejó ante el representante de Naciones Unidas en Uruguay. Esa celeridad frente a una crítica que tenía impacto internacional contrasta con la parsimonia para lidiar con la crisis. Por lo menos desde octubre de 2022 era evidente la gravedad del déficit hídrico. El gobierno lo sabía y por ello tomó medidas para el sector agropecuario. Pero nada hizo para gestionar de otro modo el agua potable.
En el inicio del verano, por ejemplo, podría haber comenzado a considerar planes de emergencia para evitar el desplome de las reservas; en febrero, podría haber puesto a punto, por las dudas, una flota de camiones cisterna; en abril, en lugar de dar recomendaciones sobre el cuidado del agua, podría haber implantado racionamientos; en mayo, debía estar ejecutándose un programa intensivo para reparar las cañerías por las que se pierde el agua. La sequía se agravaba, pero el gobierno seguía moviéndose despacito, muy despacito.
Queda en evidencia el contraste entre la búsqueda de anular cuanto antes una crítica internacional que pueda afectar la imagen externa, por un lado, y la parsimonia de acciones dentro del país y la indiferencia ante el descontento local, por el otro. Parecería que el gobierno no entendió que aquel comunicado, elaborado por un relator que informa al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, va más allá de la presente crisis. La sequía se inserta en una problemática mayor que afecta los recursos hídricos y que incluye componentes como la contaminación, el desorden en obras hidráulicas –como represitas y reservorios particulares–, la sobrexplotación del agua subterránea, el desmonte y la inefectividad de la información y participación ciudadanas, entre otros factores. En nuestro país los grandes consumidores corporativos toman enormes volúmenes de agua gratis, mientras que los vecinos en las ciudades deben pagar por cada metro cúbico. La nueva planta de celulosa de UPM, por ejemplo, consume gratuitamente el equivalente a una ciudad de unos 900 mil habitantes.
Por más que el gobierno proteste contra el informe de la ONU, esta crisis es tan seria y su gestión es tan entreverada e inefectiva que no deja de aparecer en los grandes medios de prensa internacionales. En reportes en inglés, francés o alemán, se mencionan todos esos problemas y sus causas. No quedamos bien parados porque, además, se relatan los modos en los que opera el gobierno, como la creación de la categoría de agua bebible para reemplazar la de agua potable, la celebración de la compra de una planta de potabilización que no entra en el avión encargado de traerla al país o la construcción apresurada de diques para que sean derrumbados pocos meses después.
Cuando los jefes de Estado que asistieron a la cumbre de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) arribaron a Bruselas, tenían al alcance de su mano el editorial del prestigioso diario británico The Guardian del domingo 16 de julio. También lo tenía a su alcance el presidente Luis Lacalle Pou. Con argumentos similares a los del comunicado del relator de la ONU, el editorial sostiene que la situación que vivimos se debe en parte a la sequía y que, a su vez, la sequía puede estar enmarcada en el cambio climático. Pero, además, alerta sobre los usos insostenibles del agua, por ejemplo en los sectores forestal y agrícola y en emprendimientos como el que proponía Google. Esos son los problemas de fondo que se deben resolver cuanto antes, y allí sí es legítima y necesaria la celeridad.
