La imputación contra el senador desaforado Gustavo Penadés no fue sencilla. El legislador era una pieza clave del engranaje legislativo del gobierno multicolor, principal articulador entre la bancada del Partido Nacional (PN), el Poder Ejecutivo y los socios de la coalición. También con la oposición. Era, a todas luces, un hombre poderoso.
En el otro extremo estaba la denunciante: una mujer trans, militante blanca, dirigente de la lista 2424, más conocida por su tono agresivo y beligerante contra la oposición que por sus propuestas de carácter programático y que, poco tiempo atrás, había sido formalizada por agredir a una funcionaria pública en una movilización a la que había concurrido con ánimo de provocación.
Por eso, la fiscal Alicia Ghione debió transitar la causa con paso cuidadoso, encastrando pieza por pieza, con paciencia, hasta formar el puzle que la hizo estar convencida de que reunía elementos de convicción suficientes para adentrarse en un juicio que –se sabe– se tramitará en los estrados judiciales, pero también en los medios de comunicación. Finalmente, esta semana, Ghione solicitó formalizar la investigación contra Penadés y contra el profesor de Historia Sebastián Mauvezín, por delitos de explotación sexual de menores de edad.
Después de analizar el escueto escrito presentado por la fiscalía especializada, la jueza Marcela Vargas fijó para el próximo 10 de octubre la audiencia de formalización contra ambos imputados. Será allí que Ghione deberá revelar los elementos recabados en la indagatoria contra el legislador y cuáles son los hechos que se le imputan. Será allí que deberá explicitar cuál es el rol que le asigna a Mauvezin, y también qué líneas quedan abiertas, en una investigación cuyas ramificaciones aún se desconocen.
Sin embargo, parte de los argumentos ya están a la vista. La fiscal tuvo que presentarlos ante la Cámara de Senadores, cuando solicitó el desafuero del legislador, y también ante el Poder Judicial, cuando solicitó diversas medidas para garantizar la seguridad de los denunciantes, que tienen la calidad de víctimas en la causa. Además, podrá presentar el resultado de las pericias de los teléfonos celulares de Penadés y Mauvezín, que, según fuentes vinculadas a la causa, permitieron confirmar la veracidad de las denuncias que pesan sobre ambos.
SORPRESA FORZADA
La denuncia pública de Romina Celeste sacudió el sistema político. En marzo, a través de sus redes sociales, la joven aseguró que iba a denunciar a un político blanco –que había negado su vínculo con el PN– por una relación sexual paga cuando era menor de edad. Al otro día, dio su nombre: Gustavo Penadés. Celeste aseguró que cuando tenía 13 años –y aún no había cambiado su identidad de género– fue abordada por el legislador en el parque Batlle, que este le ofreció llevarla y que mantuvo relaciones sexuales con él a cambio de dinero. La denuncia derivó en una investigación de oficio de la fiscalía.
La reacción del sistema político fue una demostración de lo que representaba la denuncia. Por esos días, el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, expresaron el respaldo a su amigo.
Dijeron que confiaban en él, que lo conocían de toda la vida; incluso, Heber se animó a decir que la denuncia era una difamación contra Penadés. Los socios de la coalición gobernante y el propio Frente Amplio (FA) prefirieron el silencio. Se lo consideraba un caso grave que pertenecía a la vida privada del legislador y que la Justicia debía investigar. Incluso, Penadés realizó una conferencia de prensa en pleno edificio anexo del Parlamento, en la que contó con el apoyo del cerno de la Lista 71, del Herrerismo.
Esos apoyos y silencios iniciales comenzaron a resquebrajarse cuando comenzaron a proliferar los testimonios de las víctimas del legislador. Y terminaron de dinamitarse cuando la fiscal Ghione acumuló evidencias para solicitar el desafuero del legislador. El ingreso del pedido de desafuero al Parlamento estuvo signado por una solemnidad inusual en comparación con casos anteriores.
La vicepresidenta Beatriz Argimón informó que, apenas recibió el exhorto del Poder Judicial con el escrito de Ghione, decidió guardarlo en la caja fuerte del Parlamento para garantizar que, si trascendía, no fuera responsabilidad «de esta casa». Recién se extrajo cuando el pedido ingresó formalmente a la Cámara de Senadores y fue remitido a la comisión correspondiente. «Estuve presente cuando se hicieron las fotocopias; va a haber nueve juegos. Se demoró más la realización de las fotocopias porque mantuvimos el cordón y se confirmó que estuvieran perfectamente identificados los folios a efectos de que tuvieran todos los legisladores las garantías de que tal cual se nos envió, ustedes lo están recibiendo», explicó, solemne, Argimón.
La gravedad de las evidencias presentadas por la fiscal determinó que la oposición dejara asentada, por primera vez, la gravedad de las acusaciones contra el legislador. «De la lectura del oficio que nos ha enviado la fiscal […], surge que se trata de una cuestión ética, con consecuencias políticas, sí, pero de una cuestión ética extremadamente grave. Yo no he visto en mi vida política algo de esta envergadura», afirmó el senador Enrique Rubio, en la comisión. Por esas horas, el FA había coartado el intento de las huestes nacionalistas tendiente a que el desafuero fuera votado de forma urgente, sin más trámite, en el plenario.
El pedido de desafuero permitió conocer otros detalles del caso. Los contactos entre Penadés y los jóvenes ocurrían en Montevideo y en Punta del Este. En algunas ocasiones, el vínculo se producía en la calle, cuando los adolescentes estaban jugando a la pelota o iban caminando; otros, en el parque Batlle. Los jóvenes tenían entre 13 y 16 años; los llevaba a un hotel y los convencía de que le practicaran sexo oral y otros actos sexuales, y después les pagaba. También hay relatos de situaciones violentas, sobre todo en casos en que el legislador se encontraba solo en el auto con el adolescente «en la oscuridad de alguna zona de Montevideo», consignaba el escrito de la fiscal. Con el tiempo esos contactos comenzaron a procesarse a través de telefonía móvil o en sitios de internet, con Mauvezín como intermediario.
En este sentido, Ghione aseguró que «la forma de proceder del senador Penadés, respecto a la explotación concreta de los adolescentes, se sostiene a lo largo de los años y el modus operandi o forma de acceso a los adolescentes es similar, con variante en los detalles sexuales según la víctima y las circunstancias del tiempo y el lugar. El relato de las víctimas es claro y contundente, hay víctimas de muy diversas edades a lo largo de los años, lo que le[s] otorga a los relatos mayor grado de certeza».
VULNERABLES
Los delitos de explotación sexual son muy difíciles de investigar. Se trata de casos que tienen en su génesis una marcada asimetría de poder entre el explotador y el explotado. Este caso no fue la excepción. Por eso, Ghione bregó desde el comienzo por la reserva en la identidad de las víctimas. La decisión se fundó en profusa normativa nacional e internacional sobre derechos humanos y en el deber de protección a las víctimas de estos delitos, sobre todo cuando las víctimas son o fueron menores de edad.
Pero este caso tenía otras complejidades: el investigado era un legislador, un hombre con fácil llegada a los círculos de poder, integrante de la misma agrupación política que el ministro del Interior. Así lo dejó consignado la fiscal cuando pidió la reserva de la identidad de las víctimas, pero también cuando solicitó el desafuero: «La presente investigación es sumamente compleja no solo porque los hechos se han hecho públicos desde el inicio, sino obviamente por la investidura del denunciado y el poder que su cargo tiene, y así lo ven las presuntas víctimas».
La reserva tuvo también otro motivo: en estos casos «el relato de la víctima es fundamental» para lograr la condena de los explotadores. En este sentido, Ghione apuntó que durante la investigación administrativa –que se realiza en la fiscalía– las víctimas solicitaron «la reserva total de sus identidades, por temor a posibles amenazas», y planteó el caso de la familia de una víctima que fue identificada a través de los medios de comunicación al inicio de la investigación, que fue amenazada, y que se negó a declarar.
De esta forma, la reserva de identidad de las víctimas era necesaria para garantizar su integridad física y psicológica («la exposición mediática del caso hace que se vuelvan aún más vulnerables, se trata de adolescentes o jóvenes a los cuales la exposición mediática los asusta»), pero también para evitar que la investigación pudiera frustrarse. Incluso, la fiscal planteó las dificultades que tuvo para acceder a las cámaras de seguridad del Ministerio del Interior y a información sobre los ingresos al hotel de alta rotatividad Séptimo Cielo, donde Penadés mantenía los encuentros sexuales con los adolescentes y cuyo propietario es amigo del legislador (véase «Cóctel de campaña», Brecha, 16-VI-23).
En este contexto, la reserva de la identidad de las víctimas fue uno de los puntos cuestionados por los defensores de Penadés y Mauvezín. Se afirmó que esta medida restringía el derecho a defensa de los imputados, que no tenían posibilidades de conocer quiénes los estaban acusando y por qué. Eso fue parte del debate jurídico que tuvo lugar antes de la declaración anticipada de víctimas y testigos.
Y fue saldado por un tribunal de apelaciones: lo que importa es «que las víctimas son todas víctimas durante su infancia». La sala aseguró que esta reserva de identidad está prevista en la ley y que busca la protección integral de la persona con la finalidad de «no producción del daño». En esta línea, se consideró como suficiente que la defensa accediera al contenido de las declaraciones, a los detalles fácticos, a su ubicación en tiempo y espacio.
La declaración anticipada permitió recabar el testimonio de ocho de las nueve víctimas, ya que una se negó a hacerlo. Los testimonios permitieron ampliar los detalles de las denuncias: formas de contacto, lugares, formas de pago. En este sentido,
el abogado Juan Raúl Williman –representante de varias de las víctimas– destacó la estrategia de la fiscalía de realizar estas audiencias, antes de pedir la formalización. Con estas declaraciones, la fiscal ya cuenta con pruebas que pueden ser presentadas en un juicio para fundar la condena de los dos imputados (MVD Noticias, 3-X-23).
CABOS SUELTOS
El caso Penadés puede abrir a la investigación sobre una posible red de explotación sexual de menores de edad. Parte de las medidas adoptadas por la fiscal abarca esa delgada línea entre un caso particular y una organización, con ribetes impensados. En principio, la imputación contra el profesor de Historia dará pistas sobre las líneas que traza la investigación de la fiscalía.
Mauvezín fue señalado por algunas de las víctimas como «el reclutador» de los adolescentes. Si bien la fiscalía estima que algunos chats incorporados a la carpeta de investigación son falsos –lo que terminará de confirmarse o será descartado con la pericia ordenada–, los testimonios ubican al joven militante de la Lista 71 y exdocente del Liceo Militar como el nexo entre Penadés y algunos de los adolescentes. Pero también sería el responsable de contactar a los jóvenes con otros hombres mayores de edad a fin de su explotación sexual, un intermediario.
Por esa labor de reclutamiento, Mauvezín recibiría dinero. Por eso, durante la investigación, la fiscal solicitó el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria del docente en busca de posibles movimientos inusitados en sus cuentas bancarias (por transferencias o transacciones). La fiscal justificó el pedido en que «el seguimiento de la ruta del dinero» es una de las técnicas recomendadas para la investigación de estos delitos. Quiénes son esos «hombres mayores de edad» aún se desconoce.
Ghione también solicitó la incautación de los celulares de Penadés y de Mauvezín para intentar trazar esas líneas aún difusas. Según fuentes de la investigación, las pericias tuvieron resultados positivos, ya que permitieron confirmar algunos testimonios, así como aportar indicios de otras situaciones ilegales, como la posible distribución de material de contenido erótico. Por este motivo, la fiscalía decidió ampliar la indagatoria con la declaración, en calidad de testigos, de tres secretarios del exsenador.
