Después de agonizar durante algunos años, el Club Neptuno cerró finalmente sus puertas en 2019. Desde entonces el gigante encallado en la Ciudad Vieja yace al lado de otro coloso en problemas, el viejo Hotel Nacional, hoy propiedad de la naviera multinacional Tsakos.
En 2020 un grupo de vecinos y organizaciones sociales de la Ciudad Vieja comenzaron a reunirse para pensar futuros posibles para el espacio del Neptuno, teniendo en cuenta las necesidades del barrio y de sus habitantes.
«La cuestión de qué tipo de ciudad queremos no puede estar divorciada de la que plantea qué tipo de lazos sociales, de relaciones con la naturaleza, de estilos de vida, de tecnologías y de valores estéticos deseamos», planteó hace unos años el geógrafo británico David Harvey, y son ideas como esas las que el colectivo de vecinos organizados de la Ciudad Vieja plantea frente al proyecto de la Intendencia de Montevideo (IM) que propone enajenar 80 por ciento del predio del ex Club Neptuno.
El 13 de mayo de este año la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, anunció en la rendición de cuentas del Municipio B la intención de concesionar «algunos predios con condiciones bien definidas de edificación posible y obligatoriedad de espacios públicos», lo que permitiría reciclar 20 por ciento del club original, lo que equivale a poco más de una piscina de 25 metros y una de las canchas. Ese espacio sería gestionado conjuntamente por el Instituto Superior de Educación Física (ISEF) y «un privado con experiencia en administraciones de este tipo».
Después del anuncio de la IM, los vecinos de la Ciudad Vieja convocaron a una asamblea a la que concurrieron unas 60 personas. A partir de entonces comenzaron a reunirse todos los viernes en la plaza de deportes 1. «Primero empezamos por conversar con la gente y explicarle un poco qué es lo que querían hacer», contó Néstor Episcopo, voluntario del merendero Las Bóvedas, una de las 23 organizaciones comprometidas con elaborar un proyecto alternativo para el predio del Neptuno. «Se presentó como un proyecto en el que hay mucho espacio público para utilizar, pero en última instancia, si de un suelo público vendés 80 por ciento, no veo qué tanto queda», cuestionó.
El 30 de setiembre se reunieron en asamblea 23 organizaciones sociales, sindicales, culturales, educativas y de emprendedores, entre ellos la Orquesta Juvenil del SODRE, la Escuela 65 Portugal,
el colectivo Ni Todo Está Perdido, la Comisión Derecho a la Ciudad, el Mercado Popular de Subsistencia, la Olla Popular Ciudad Vieja, el merendero Las Bóvedas y una cooperativa de viviendas.
El proyecto de la IM establece que del total de la manzana, 80 por ciento será demolido y 65 por ciento se venderá a capitales privados. Existe también una calle semipeatonal, de 901 m², que divide los dos padrones principales y pasaría a ser de dominio público.
Sin embargo, para Valentina Ibarlucea, de la Comisión Derecho a la Ciudad, esta decisión buscaría «fundamentalmente dejarle cuatro frentes libres» a la torre de altura libre que el proyecto de la intendencia habilitaría a construir en el padrón más grande, de 2.438 m².
En efecto, con esas dimensiones de base, allí se podría construir una torre de hasta 45 pisos, dato que puso en alerta al colectivo de vecinos y a urbanistas. En el otro padrón grande, de 595 m², podría alojarse un estacionamiento de diez pisos como el que Tsakos busca edificar hace ya tiempo.
Las organizaciones reclamaron a la IM que «bajara» el proyecto; aunque no lo consiguieron, sí lograron que se instalara una mesa de diálogo entre el ejecutivo departamental, el conjunto de organizaciones y cuatro ediles del Frente Amplio.
«Tratamos de explicarles a las autoridades que su proyecto no responde a las necesidades del barrio y que además nosotros queremos construir una propuesta distinta en todo: en el contenido, en la metodología de construcción, e incluso distinto en la forma de procesar el proyecto y de gestionar el espacio», afirmó Episcopo.
«Lo que pretende la intendencia es más una mesa de negociación que de diálogo, que transemos porcentajes de la manzana», reflexionó por su parte Ibarlucea. «La aceptamos en la medida en que era un freno a que se aprobara [el proyecto de la IM] y saliera de una y nos dieran un tiempo para poder elaborar nuestra propuesta.»
En la junta departamental de Montevideo se conformó un equipo de trabajo con cuatro ediles de la bancada frenteamplista con el propósito de «acercar a las partes». Uno de sus integrantes, Pedro Giudice, edil del sector frenteamplista El Abrazo, afirmó que «las propuestas de los vecinos son razonables y sus preocupaciones, legítimas», y comentó que aunque al principio lograron algún acercamiento, en la última reunión, realizada en octubre, «el nudo» que no logró desatarse fue el de la venta del predio.
Giudice sostiene que «si la venta de parte del predio habilita o viabiliza este nuevo club deportivo social y cultural como un enclave popular y barrial, tiene sentido».
El edil plantea, además, que el dinero sobrante de la enajenación –que calculan en unos 2 millones de dólares– pueda ir al Fondo Especial de Gestión Urbana y Rural (lo que se conoce como la cartera de tierras municipal) para adquirir predios destinados a proyectos de vivienda social o desarrollo comunitario. La cifra permitiría acceder a padrones de zonas intermedias de la ciudad, que, según Giudice, son las que conviene densificar.
«Si los privados están dispuestos a pagar un montón de plata por media manzana aquí y yo con esos recursos puedo viabilizar este emprendimiento [el club deportivo y social] y la compra de otras tierras, a mí me cierra la ecuación», afirmó el edil, y agregó que «no tiene sentido que todo lo que produzca un barrio quede solo en ese barrio; eso genera segregación», argumentó.
Por otra parte, los ediles proponen también la no enajenación de uno de los padrones más pequeños, que se encuentra junto al que se emplearía para las nuevas instalaciones deportivas, lo que permitiría dar una mayor amplitud y más visibilidad al centro barrial.
Respecto de la manera de financiar el funcionamiento del club –que es una de las discusiones clave–, Giudice planteó que podría incluirse en el presupuesto departamental, de la misma manera que se incluye en este a los Centros de Desarrollo Local, ubicados en distintos barrios de Montevideo.
A su vez, el edil comentó que El Abrazo está intentando que –de aprobarse la enajenación– el contrato contenga «garantías contra la especulación», con el objetivo de que el futuro comprador «no se siente sobre una pila de escombros o sobre un espacio vacío a esperar 20 o 30 años hasta que entienda que los réditos de vender son suficientes», explicó Giudice.
PÚBLICO DE VERDAD
La propuesta del colectivo vecinal incluye espacios que sean de usos comunes y compartidos, abiertos a las necesidades de la comunidad y del barrio, e insiste en su carácter público: «Si vos hacés un club y además ese club les cobra una cuota a los asociados, eso ya no es un espacio público», señaló Episcopo.
Sin embargo, la IM sostiene que será un club deportivo «público, para uso de los vecinos del barrio», con «estándares de alta calidad», y que la gestión por parte de la Universidad de la República (Udelar) permitirá que los estudiantes de ISEF hagan sus prácticas y pasantías en él.
Pero Ibarlucea teme que se esté haciendo un uso capcioso de la palabra público. «Nosotros no podemos venir y decir que queremos hacer una asamblea en el salón de actos de la Facultad de Arquitectura», porque aunque la Udelar sea pública, sus espacios no están disponibles de forma libre, graficó.
«Decir público es muy genérico; tienen que ser cosas que les sirvan al barrio y a cualquiera de sus habitantes: viejos, jóvenes, niños, niñas, gente con distintas capacidades, que construyan comunidad», afirmó Episcopo.
Fricciones del mismo orden provoca la idea de ofrecer espacio para un estacionamiento. Giudice explicó que «algunos inversores le han planteado a la intendencia que no tienen cómo generar uno en el edificio del ex Hotel Nacional porque la protección patrimonial de la que goza impide las demoliciones necesarias».
El hecho de que la IM busque espacio para el estacionamiento de Tsakos hace ruido en el colectivo de vecinos. «¿Por qué el esfuerzo colectivo está puesto en que una naviera griega resuelva su negocio?», cuestiona Ibarlucea.
Los vecinos están convencidos de que «lo poco que hay de suelo público no se puede vender». La intención de las organizaciones es «crear un proyecto definitivo en conjunto» con la IM, que se gestione públicamente y con una metodología distinta, porque detrás de las ideas que maneja actualmente el gobierno departamental «lo que hay, declaradamente o no, es un intento de seguir privatizando espacios públicos».
COLECTIVO Y BARRIAL
En la última reunión que los vecinos mantuvieron con la IM, se les pidió que presentaran una propuesta concreta. Pero uno de los aspectos que remarcan las organizaciones implicadas es que no se piensa de la misma manera un proyecto colectivo que un proyecto institucional.
«La intendencia está acostumbrada a que tiene una idea, junta cinco técnicos, los pone a trabajar y a la semana tienen un precioso proyecto para presentar», dijo Episcopo. «Nosotros trabajamos de otra manera: juntamos a los vecinos, dialogamos, discutimos qué queremos, qué necesitamos y a partir de ahí empezamos a construir», explicó.
El colectivo insiste en que estos tipos de proyectos implican un desarrollo a largo plazo. Observa que hay partes del edificio del Neptuno que requieren solo una leve intervención para poder ser utilizadas y que de hecho el edificio se está usando actualmente para actividades como rodajes audiovisuales. Ibarlucea planteó que los tiempos de los gobiernos «están muy marcados por los cinco años de mandato; inaugurar, cortar la cinta, sacarse la foto y listo». En contraste, la idea del colectivo es «poder ir ocupando el edificio de a poco, ver cuáles son las grandes obras para hacer y cómo se pueden hacer e ir haciendo las pequeñas». Además, recordó que el edificio está cerrado hace más de cuatro años sin ningún tipo de mantenimiento y que hacerlo es responsabilidad de la IM, por ser la propietaria del inmueble.
Por su parte, la urbanista Adriana Goñi, consultada por el semanario, planteó que la planificación urbana debe representar una mirada compartida entre varios actores, en la que los vecinos estén realmente implicados, ya que son «los que mantienen las redes de solidaridad y de contención». Desde su perspectiva, es necesario colocarlos en el centro del asunto, consultarles cuáles son los problemas del área y buscar junto con ellos las estrategias. «En Uruguay es insuficiente la participación en el diseño de los instrumentos de ordenamiento territorial y en la definición de la visión de futuro», objetó.
En ese sentido, Goñi lamentó que en Uruguay no exista la obligación legal de «realizar un codiseño, un proceso consensuado» del gobierno con la población, «desde el diagnóstico, la valoración del lugar, la definición de planes, programas y proyectos, hasta la zonificación», que es lo que determina las normas sobre alturas y los usos del suelo.
POR FUERA
El 11 de mayo de 2021 la IM firmó un convenio con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Udelar para revisar el Plan Especial de Ordenación, Protección y Mejora de Ciudad Vieja creado en 2004 por el arquitecto y exintendente de Montevideo Mariano Arana.
El plan tiene por misión la «ordenación del área y sus relaciones con el contexto urbano», la protección del patrimonio, la conservación del área histórica y cultural y la mejora del área a través de la «creación de condiciones» para aumentar la calidad de vida de la población.
El convenio de revisión establece que, además de contratarse con este fin una consultoría privada argentina, se lleven a cabo talleres con participación ciudadana local. Según la IM, «las propuestas que surjan en estas instancias serán de utilidad para avanzar en la transformación del sector urbano de la Ciudad Vieja».
Sin embargo, desde el lanzamiento de la revisión solo se ha llevado a cabo un taller, en octubre de 2021, en el que la participación fue acotada: «Nosotros planteamos el Neptuno y el Late Ciudad Vieja [proyecto de peatonalización de algunas calles del barrio que se encuentra en construcción] como dos temáticas de nuestro interés y nos dijeron que de eso no se iba a hablar, que con eso la intendencia iba a seguir adelante», contó Ibarlucea.
En abril de 2022, la junta departamental facultó a la IM a aplicar medidas cautelares en esa zona de la Ciudad Vieja, específicamente en el área delimitada por las calles Guaraní, Rambla 25 de Agosto, Rambla Ingeniero Juan Monteverde y Rambla Francia.
La justificación de las medidas estuvo en la cantidad de edificios públicos y zonas de interés patrimonial que se aglomeran en esa área; implican «la suspensión de las autorizaciones de usos, fraccionamientos, urbanización, construcción o demolición, en ámbitos territoriales estratégicos o de oportunidad» y están vigentes hasta la aprobación definitiva del Plan Especial.
Recién a finales de 2022 se publicó el informe del taller de octubre del año anterior. En marzo de este año se convocó a otro taller, pero se suspendió por mal tiempo (aunque el lugar donde se haría era techado). Hasta hoy el encuentro no se ha reprogramado. «En ese intervalo entre que se pone en revisión el plan y todavía no están prontos los resultados, aparece este proyecto como descolgado de los planes urbanísticos», explicó Ibarlucea.
Aunque las medidas cautelares no impiden la presentación de propuestas de intervención en la zona, llamó la atención tanto al colectivo de vecinos como a los ediles la contradicción entre la cautela y el proyecto del ejecutivo departamental para el edificio del Neptuno.
A Giudice tampoco le parece lo mejor que la solución buscada para el antiguo club aparezca desvinculada de lo planificado. «Creemos que tendría que haber sido parte del Plan Ciudad Vieja y no estar disociada de los procesos y las herramientas de ordenamiento territorial vigentes», sostuvo.
Para Goñi, el valor histórico de la Ciudad Vieja obliga a resguardarla. Las torres altas en una zona de alto valor patrimonial romperían con esa caracterización. «Eso parece ser una visión no de un plan para un centro histórico, sino de un área de la ciudad en pleno desarrollo, tratada como cualquier otra área de la ciudad, y eso desde el punto de vista urbanístico es bastante contradictorio», enfatizó.
A su vez, Goñi planteó que la construcción de torres de oficinas o estacionamientos «no favorece la generación de una población permanente con números adecuados y tampoco resuelve la precariedad habitacional manifiesta en esa zona, como la que se muestra en las pensiones y las situaciones de hacinamiento».
Para la urbanista, la estrategia del gobierno departamental, lejos de contemplar los problemas de fondo, utiliza el suelo urbano «como moneda de cambio» con los inversores.
