Una movilización de vecinos autoconvocados sacudió la calma en el verano fraybentino. Más de 2 mil personas marcharon por el centro de la ciudad en rechazo a la avalancha de multas de tránsito aplicadas por la Intendencia de Río Negro a partir de la instalación de 17 cinemómetros (dispositivos que miden la velocidad de circulación, entre otros aspectos de control vehicular). La molestia tenía un número: 29.601 multas de tránsito en un año, en un departamento que apenas supera los 54 mil habitantes.
En medio del creciente malestar ciudadano y ante las críticas de la oposición frenteamplista y de algunos de sus correligionarios, el intendente de Río Negro, Omar Lafluf, compareció ante la Junta Departamental para informar sobre la actuación de la comuna. En ese ámbito, anunció la baja del contrato con la empresa Teslights International SA, que tenía a su cargo la gestión de los cinemómetros, y la caída de las 11 mil multas, que aún no fueron pagadas ni conveniadas.
La respuesta fue insatisfactoria. Los vecinos y la oposición pretenden que la comuna devuelva el total de las multas cobradas a través del sistema, lo que pone en aprietos a la administración de Lafluf. La comuna ya pagó a Teslights más de 12 millones de pesos por las multas aplicadas durante 2023 y no tiene elementos –al menos a la vista– para reclamar la devolución de esos pagos, que pasarían a integrar el rojo de las arcas comunales.
Sin embargo, la comuna y la empresa enfrentan otro frente. Un exfuncionario de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) afectado por las multas presentó una denuncia penal por presunto delito de contrabando. En su denuncia, alegó que el sistema Lucía –en el que quedan registradas todas las importaciones y exportaciones del país– no registra el ingreso al país de la tecnología utilizada por la empresa en Río Negro. La denuncia, incluso, puede ser ampliada.
SONRÍA
La llegada de Teslights International SA a Río Negro comenzó a gestarse el 17 de junio de 2021. Ese día, la empresa de capitales uruguayos y estadounidenses envió una nota al intendente Lafluf y al director de Tránsito de la intendencia, Nazario Pomi, donde daba cuenta de su oferta de servicios, que incluía cámaras de videovigilancia, cámaras para control de tránsito, radares para control vehicular y exceso de velocidad, y un sistema de estacionamiento tarifado, entre otras.
Dos semanas después, el 1 de julio, Teslights presentó –ya en contacto directo con Pomi– los servicios que estaba en condiciones de ofrecer a la intendencia «en una primera etapa». La oferta incluía: sistema de iluminación por ahorro (3 mil lámparas en Fray Bentos y 1.000 en Young); sistema de gestión inteligente; instalación de baterías de semáforos (12 en Fray Bentos y cuatro en Young); sistema de cartelería dinámica; radares para control vehicular y fotomulta, y circuito de cámaras de seguridad para gestión municipal. En acuerdo con las autoridades, la empresa ofreció –el 9 de julio– hacer una prueba piloto con la instalación de un radar de control de velocidad, uno con display y otro con cámara de luz roja.
Finalmente, llegó la propuesta de una iniciativa privada para la instalación de radares, cámaras, semáforos y cartelería dinámica, en línea con el desarrollo del proyecto de «ciudad inteligente»: «Nuestra propuesta se basa en un proyecto de eficiencia; esa eficiencia genera un ahorro, que es lo que permite el pago de la inversión y el aggiornamiento de la ciudad». En esta instancia, Teslights se presentó como una empresa de concepto vertical, que posee su propia fábrica en China y oficinas en más de diez países, siendo desarrolladores, operadores de las plataformas y fabricantes de los equipos.
En el anexo I de la propuesta se establecían las condiciones básicas del contrato, como el pago de un canon mensual y variable por el uso de los servicios, equivalente «al 50 por ciento de todas las sumas que perciba la intendencia en virtud de las fotomultas generadas a través de los servicios». También que la comuna debía entregar una rendición de cuentas «debidamente documentada» con un detalle de los cobros de multas percibidos durante el mes vencido y autorizar al Sucive (Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares) a depositar directo en la cuenta de la empresa en cada pago efectuado a la intendencia. A esto se le sumaba que todos los equipos afectados al servicio permanecerían en propiedad de la empresa.
La propuesta fue aceptada por la intendencia. «Hoy la problemática del tránsito es complicada y necesitamos elementos tecnológicos que apoyen el trabajo del cuerpo inspectivo para ordenar el tránsito en nuestras ciudades. Con la llegada del verano es evidente el aumento de la circulación y necesario brindar una mayor seguridad. Con los beneficios que brinda esta empresa creo que es imprescindible poder contar con sus servicios y en lo posible antes del comienzo de temporada, por lo menos en los lugares de mayor circulación», expresó Pomi en noviembre de 2021.
Seis meses después, la comuna convocó a una licitación abreviada que atendía la propuesta de iniciativa privada. Solo hubo un oferente: Teslights International SA recibió el máximo puntaje previsto en el proceso –incluso los 30 puntos por experiencia adquirida, pese a que sus únicos negocios en Uruguay referían a la colocación de luminaria– y se quedó con el negocio. La comisión evaluadora estuvo integrada por algunos de los principales referentes de la comuna, entre ellos, Pomi, el director de Jurídica, Pablo Flores, y el secretario ejecutivo Marcelo Linale. Se instalaron 13 radares en Fray Bentos y cuatro en Young.
Sobre fines de diciembre de 2022, comenzaron a aplicarse las multas, y el descontento popular comenzó a crecer. Incluso, el tema llegó a la Junta Departamental en marzo de 2023. Por esos días, Lafluf anunció un acuerdo con la empresa para modificar el contrato: Teslights pasó a facturar el 35 por ciento de las multas aplicadas por la comuna. De acuerdo a una resolución firmada por el intendente, ese monto pasaría a ser de 30 por ciento «a partir del día en que se implemente la unificación de multas de tránsito y hasta la finalización del contrato».
FLOR DE NEGOCIO
Teslights es una empresa creada hace más de diez años por tres socios (Fernando Cancela, un uruguayo que reside hace 20 años en Estados Unidos, Pablo Schoenig y Álvaro Muscio Jover). Tiene su casa matriz en Hong Kong y una planta industrial en Shenzhen (China) y posee sucursales en España, México, Argentina (a través de Teslights Argentina SA) y Estados Unidos. En Uruguay, tiene su sede –según los documentos ingresados en la licitación– en Luis Ponce 1302, oficina 1201, en Montevideo.
Desde hace más de una década, es una de las proveedoras de iluminación especializada para la Marina de Estados Unidos. Además, fue adjudicataria de varias licitaciones en Uruguay para la colocación de luminarias en departamentos como Artigas, Paysandú, Salto, Tacuarembó, Rivera y Montevideo, ninguna tan lucrativa como la que obtuvo en Río Negro: con el acuerdo para un reparto equitativo de la recaudación, la empresa se embolsó más de 12,5 millones de pesos en un año (unos 300 mil dólares).
Esta cifra está dentro de los márgenes previstos por Teslights al presentar la iniciativa privada. Allí se proyectaban dos escenarios sobre la eficiencia del sistema: uno con una postura media y otro una alta. La primera presuponía un escenario de 28 equipos instalados que aplicaran una multa por día cada uno, para un total de 840 multas al mes; esto significaría un ingreso de 4,3 millones de pesos al mes solo para la intendencia.1 La segunda presuponía que cada uno de los 28 equipos instalados registrara cuatro multas por día; con esto, se aplicarían 3.360 fotomultas por mes, con una facturación de 17,5 millones de pesos mensuales para engrosar sus arcas. Como parte del acuerdo de reparto, Teslights cobraría esa cifra más IVA.
El acuerdo definitivo implicó la colocación de 17 radares entre las dos principales ciudades del departamento. Con el comienzo de la fiscalización, el escenario se ubicó por encima de las previsiones máximas: la Intendencia de Río Negro aplicó 29.600 multas en un año, a un promedio de 4,8 multas diarias por radar. De estas, 14 mil eran por exceso de velocidad y unas 5.500 por invasión de la zona peatonal (esto es, pisar la línea blanca que habilita el cruce peatonal en las esquinas). Las fotomultas eran procesadas en un centro de la empresa en Buenos Aires y remitidas a la comuna para su verificación.
El exintendente y presidente del Frente Amplio (FA) de Río Negro, Óscar Terzaghi, aseguró que el reparto del dinero significó uno de los peores aspectos de la licitación. Esta medida supuso, en los hechos, asociar a un privado con un 50 por ciento de la recaudación por multas de la comuna, cuya cifra superaba los 40 millones de pesos, afirmó Terzaghi a Brecha. Además, consideró como un disparate que después la comisión se haya bajado al 35 por ciento, sin ninguna explicación: «¿En quién estaba pensando cuando se hizo un contrato de
50 por ciento?», se preguntó.
Sin embargo, el exjefe comunal explicó que la crítica trasciende el aspecto económico: «Este fue un proceso muy poco transparente, de dudosa legitimidad, en el que la Junta Departamental fue dejada al margen, y que terminó mal. Lo que pretendemos es que [el intendente Lafluf] no se lave las manos, y parar la idea de hacer un nuevo llamado [para instalar radares]. No hay condiciones objetivas ni subjetivas. Este proceso fue un verdadero desastre», aseguró Terzaghi.
SIN LEGALIZAR
La catarata de multas aplicadas por la comuna provocó un creciente malestar entre los habitantes de Río Negro que desencadenó una gran movilización por el centro de Fray Bentos. La movilización de los vecinos autoconvocados buscó enfrentar los «constantes abusos y atropellos» de la administración. «Los aparatos no cumplían con el objeto para el que fueron instalados, no tenían un fin educativo, sino recaudatorio. En una ciudad como Fray Bentos, se instalaron 13 radares, que estaban marcando cualquier cosa», dijo Carlos Laborde, integrante del colectivo de manifestantes, a Brecha.
Para los vecinos, la finalización del contrato era una medida necesaria pero insuficiente, ya que se debería devolver el dinero ya cobrado a los contribuyentes. «Es un tema de justicia tributaria», dijo Laborde, y afirmó que el colectivo no descarta ampliar la denuncia penal en curso contra la intendencia: «Este es un contrato leonino, que está a favor de la empresa. […] Se le sirvió en bandeja la licitación, que ganó, y hubo excesos de todo tipo, forma y medida».
Sin embargo, la situación tuvo un giro significativo sobre principios de año. Jorge Hernández, un exfuncionario de la DNA, presentó una denuncia penal por el presunto ingreso irregular de los cinemómetros al país. El exfuncionario aseguró que la importación de los radares no aparece en el sistema Lucía y que la DNA y el Ministerio de Economía y Finanzas se negaron a aportar información sobre el ingreso de los aparatos, con el argumento de que era información considerada secreta por el Código Aduanero (La Diaria, 9-I-24). A esto se suma la respuesta del LATU (Laboratorio Tecnológico del Uruguay) a un pedido de informes presentado por un edil del FA, que indica que la empresa no informó al organismo sobre la importación de los cinemómetros.
En este marco, en medio de la creciente movilización social, el intendente Lafluf anunció el cierre del contrato con Teslights, con el argumento de que la licitación abreviada quedó «sin objeto», ya que la empresa facturó el máximo previsto en este proceso. Por eso la intendencia y la empresa procedieron a retirar los radares instalados en la ciudad. Sin embargo, el fiscal Joaquín Suárez solicitó la incautación de los aparatos para determinar si ingresaron de contrabando y funcionaron de forma efectiva.
La denuncia penal es seguida con atención por los vecinos autoconvocados, que no descartan otras derivaciones. «Nosotros no buscamos la cabeza de nadie, sino que se asuman responsabilidades. Acá hay una responsabilidad política clara. Hubo falta de contralor, de saber si realmente era necesario, y estos aparatos se transformaron en una verdadera caja registradora inmediata para la intendencia. […] Por eso entendemos que se actuó con desviación de poder; se instalaron con el pretexto de ordenar el tránsito, cuando el objetivo era reacaudar», fustigó Laborde.
1. El cálculo se hizo en un escenario en el que el promedio de la multa cobrada por exceso de velocidad o por cruzar en roja fuera de 7,7 unidades reajustables.
