Dina Boluarte asumió como presidenta de Perú en diciembre de 2022, sometiéndose al poder de los grupos políticos de derecha y ultraderecha –encabezados por el fujimorismo– que dominan el Congreso, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Desde 2023, esas entidades ya no son contrapesos al Legislativo. Esta semana, la mandataria, con 9 por ciento de aprobación en las encuestas –la más baja comparada con presidentes anteriores–, ha caído en mayor descrédito debido a una investigación fiscal por desbalance patrimonial y falta de declaración de artículos de lujo y joyas por unos 500 mil dólares. Luego de tres semanas de escándalo, Boluarte no explica el origen de tanto blinblín ni el movimiento de 11 cuentas bancarias. Más débil que en los meses de protestas antigubernamentales y masacres de manifestantes, sin bancada, ha endurecido su régimen para seguir en el cargo.
La noche del Viernes Santo, policías de inteligencia especializados en casos de corrupción y el fiscal supremo, Hernán Mendoza, llegaron a casa de Boluarte luego de dos citaciones, del 26 y el 27 de marzo, a las que no asistió y que tenían como objeto que mostrara al fiscal los dos o tres Rolex que usa desde junio de 2023, de acuerdo a una investigación del medio digital La Encerrona. Con una orden judicial de incautación y allanamiento en la mano, tocaron varias veces a la puerta en una zona tranquila de un distrito de clase media. Uno de los hijos de la gobernante respondió por el intercomunicador que en un rato abriría. Después de diez minutos de espera, los agentes forzaron la cerradura. Luego de varias horas de registro, hallaron la tarjeta de identidad de un Rolex, un documento que permite identificar el nombre del comprador. El fiscal tenía urgencia de encontrar la información porque la única vez que la presidenta se refirió a su prenda de lujo, luego de los reportajes, dijo que era un objeto «de antaño» y que ella trabajaba desde los 18 años. Esa versión contradecía lo que Mendoza recogió en la única importadora de Rolex en Perú: que Boluarte no es clienta. El fiscal y los agentes siguieron la búsqueda en la residencia presidencial del Palacio de Gobierno, en el Centro de Lima, hasta las 9.20 del Sábado Santo. Allí hallaron relojes de menos valor.
Boluarte grabó un mensaje a la nación, flanqueada por el gabinete de ministros, se quejó de que la prensa nunca antes se había interesado en lo que usaban otros presidentes y mencionó que, por recomendación de su abogado, primero iba a declarar sobre los relojes a la Fiscalía. No había encontrado una versión verosímil para contar. La prensa antes no ha reportado sobre los Rolex de otros altos funcionarios porque no los exhibieron como ella en actividades oficiales. Boluarte ha recibido críticas no solo por el presunto desbalance patrimonial, o por no haber declarado regalos que la colocan en situación de conflicto de interés, sino por la frivolidad de ataviarse con tanto oro en un país donde la anemia, el dengue y la pobreza aumentan.
Horas después de los allanamientos, los políticos que perdieron las elecciones en 2021 y que pusieron sus condiciones a Boluarte para que asumiera como jefa de Estado en reemplazo de Castillo se decantaron por respaldarla. Anunciaron que no caerían en el juego de quienes, con la denuncia de los artículos de lujo, quieren «desestabilizar el país» y debilitar la confianza de los inversionistas. Y aprovecharon para demandar cambios en el gabinete, cosa que se concretó el lunes con seis nuevos ministros.
La mayoría de los peruanos de a pie entiende que cuando los parlamentarios del régimen mencionan «la gobernabilidad democrática y la estabilidad» para justificar que Boluarte siga en el cargo esconden el real motivo. Si Boluarte renunciara o si el Congreso votara a favor de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, tendrían que convocar a elecciones generales adelantadas y se acabarían los privilegios para los integrantes de un cuerpo parlamentario profundamente impopular.
ROLEX VERSUS CRÍMENES DE DERECHOS HUMANOS
Después del mensaje a la nación de Boluarte del sábado, un grupo de jóvenes feministas apareció frente a su casa con un gran cartel que decía: «Ninguna mujer con Dina asesina». Las activistas llevaron después la banderola a la puerta de la Fiscalía en el Centro de Lima por unos minutos. Fue el primer plantón a raíz de la investigación fiscal abierta el 18 de marzo por los Rolex. Al día siguiente, la presidenta, quien no suele tener actividades los domingos, apareció en el patio del Palacio de Gobierno para observar el cambio de guardia rodeada de los comandantes generales del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, y del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Los analistas hicieron notar que, ante la falta de respaldo ciudadano, solo le quedaba procurar el apoyo de los militares.
El caso ha producido en las élites de Lima mucho más escándalo que los 50 muertos civiles y los más de mil heridos por disparos de la fuerza pública cuando el régimen –entre diciembre de 2022 y marzo de 2023– ordenó sofocar las protestas a cualquier costo. El gobierno puso entonces por escrito el pretexto de que grupos terroristas pretendían desestabilizar el país. La mayoría de las víctimas fueron asesinadas con proyectiles de armas de fuego a corta distancia cuando no representaban ningún peligro para los militares o los policías; varias eran adolescentes que no participaban en las manifestaciones e incluso una de ellas, Marco Samillán, era un joven médico que fue acribillado cuando daba primeros auxilios a un manifestante.
El gobierno de Boluarte nunca tuvo una prueba de que los manifestantes formaran parte de grupos violentos, además, organizaciones como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru fueron derrotadas en los años noventa. Sin embargo, el discurso de los partidos políticos conservadores y de los jefes militares y policiales en el retiro o en actividad insiste hasta ahora en que «el terrorismo y el comunismo» están detrás de las movilizaciones o los pedidos de asamblea constituyente. Ese fue, por ejemplo, el argumento presentado este miércoles por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi cuando felicitó al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, durante el debate en el Congreso para la investidura del gabinete nombrado el lunes último.
Hasta inicios de marzo, Adrianzén había sido el representante del Estado peruano ante la Organización de los Estados Americanos. En ese cargo, durante una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevada adelante en noviembre, el funcionario insultó a familiares de asesinados por el Ejército y la Policía en las manifestaciones de 2022 y 2023. «¡Ellos son los violentos, ellos son los que ocasionaron las muertes!», gritó y se puso de pie cuando una mujer del auditorio dijo en voz alta que él estaba mintiendo. Adrianzén refería que las investigaciones estaban avanzando y que los heridos habían recibido atención médica, lo cual era engañoso –o falso en la mayoría de casos–. Raúl Samillán, presidente de la Organización Nacional de Mártires y Víctimas, le replicó que en su región, Puno, decenas de heridos por los policías no reciben tratamiento ni han recibido reparación alguna. La mayoría son pobres, campesinos, residen en comunidades rurales, hablan quechua o aymara. Algunos de ellos, tras ser heridos y acudir a un establecimiento de salud, recibieron un trato discriminatorio por parte del personal sanitario o, al estar internados, fueron amenazados por la Policía o presionados para firmar papeles que los incriminaban en hechos violentos, como ataques a comisarías u oficinas estatales.
El año pasado, Boluarte y el ex primer ministro Alberto Otárola se negaron a responder las preguntas de la Fiscalía en las pesquisas sobre las masacres en las protestas, y la entonces fiscal general, Patricia Benavides, obstaculizó las investigaciones infringiendo el debido proceso. Quitó las carpetas a los fiscales de cada ciudad donde ocurrieron los hechos y las derivó a un equipo especial de fiscales de Lima que no tenían experiencia en investigar violaciones a los derechos humanos.
Luego de un año, ninguno de los agentes que participaron en la represión letal ha sido sancionado disciplinariamente. El militar que elaboró un informe para exculpar a los soldados que causaron la masacre de diciembre de 2022 en Ayacucho fue ascendido a un cargo en el extranjero. Fueron diez muertos y 72 heridos. Y está prófugo el único policía con orden de prisión preventiva, imputado por el homicidio con alevosía de Rosalino Flórez, un joven de Cusco estudiante de gastronomía, hijo de campesinos. Le disparó más de 30 perdigones al torso a corta distancia.
Boluarte es el rostro de un régimen que ha favorecido la impunidad de los agentes de las fuerzas del orden, alineándose al partido fujimorista Fuerza Popular y el ultraderechista Renovación Popular, que tienen a militares en el retiro entre sus congresistas. «No puedo dejar de felicitar al señor Adrianzén por el desempeño que ha tenido en organismos internacionales al defender al Estado peruano, con energía y firmeza, frente a la mafia caviar y comunista internacional que ha intentado desacreditar a las fuerzas del orden que impusieron el orden como era necesario», señaló este miércoles el fujimorista Rospigliosi en el debate de la investidura del gabinete.
DEBACLE INSTITUCIONAL
Durante la gestión de Boluarte, el Ejecutivo no ha ejercido como contrapeso del Congreso, pero no solo porque la presidenta está subordinada a políticos investigados, acusados o prófugos por delitos de corrupción, organización criminal o lavado de activos en el caso Lava Jato. En 2021, mediante una ley interpretativa de la Constitución, el Legislativo eliminó el mecanismo que daba al presidente la facultad de cerrar el Congreso en el caso de que el pleno le negara el voto de confianza en dos ocasiones consecutivas.
El fujimorismo y sus aliados eligieron en 2022 a los miembros del Tribunal Constitucional, haciendo de este órgano una especie de rama que aprueba lo que pida el Legislativo. En un proceso similar, los congresistas eligieron, en mayo de 2023, a un defensor del pueblo propuesto por Perú Libre, quien ha desmantelado la institución y colocado a funcionarios antiderechos. La Defensoría del Pueblo supervisaba la gestión de las entidades públicas y desarrollaba acciones de defensa de los derechos humanos, los pueblos indígenas y el medioambiente, algo que ya no ocurre desde ese cambio.
Durante la gestión de Boluarte, el Congreso ha emitido normas o modificado ilegalmente la Constitución para favorecer los intereses de políticos poderosos investigados por corrupción. Algunas otras medidas favorecen negocios ilegales. Por ejemplo, eliminaron las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, redujeron los plazos de la ley de colaboración eficaz –una herramienta para las investigaciones fiscales de corrupción y otros delitos– y modificaron recientemente la ley forestal para regularizar la deforestación masiva que causan redes de criminalidad en la Amazonia. Los congresistas reunieron votos suficientes para retirar del cargo a dos miembros del consejo de la judicatura que les incomodaban porque no se alineaban a los intereses de los políticos investigados por corrupción y que desde esa instancia podían influir en la elección de los jefes de los organismos electorales. La presidenta y su gabinete no hicieron nada para evitar estas acciones. Los integrantes de la Junta Nacional de Justicia fueron repuestos por una acción de amparo, provisionalmente.
Este viernes, Boluarte está citada por el fiscal Mendoza y corre el rumor de que ya encontró una coartada. El mismo día, los peruanos recuerdan 32 años del autogolpe del autócrata Alberto Fujimori –excarcelado ilegalmente en diciembre por el Tribunal Constitucional–. Por eso, quienes se manifestaban pidiendo nuevas elecciones y la renuncia de Boluarte saldrán otra vez el 5 de abril a movilizarse. «La dictadura fujimorista no cambia, solo se transforma», dice uno de los volantes de la convocatoria. Otro llama «gabinete de la muerte, gabinete Rolex» al equipo del Ejecutivo.
