El gobierno de coalición presidido por Luis Lacalle Pou, al igual que los dos gobiernos de la derecha en los años noventa, arrancó con una reducción del nivel salarial con el objetivo de fortalecer la ganancia empresarial y luego –como sucedió también al final de los otros períodos mencionados– produjo una recuperación salarial especialmente en los dos últimos años, con fines básicamente electorales. Esa lógica se asemeja a una U, tal como muestra la evolución salarial de este período (véase gráfico). Pero quiero poner en debate el significado real y no publicitario de estos efectos, que implicaron largos meses de reducción salarial y una recuperación sobre el final. Recién en diciembre de 2023 el salario real estaba por encima del promedio de 2019.
El primer elemento a destacar es que al final del período (mirando la película y no solo la foto final) los salarios rondarán el nivel de poder de compra que tenían en 2019. Sin embargo, la riqueza del país –que ya está 3,5 por ciento por encima de 2019– seguramente cerrará el quinquenio en el orden de un 6 por ciento por encima del último año de gobierno del Frente Amplio (FA). O sea, los salarios estancados al final del camino, con mayor riqueza: eso se llama concentración del ingreso.
El segundo elemento es que, aun volviendo al nivel de poder de compra de 2019, lo perdido año a año durante 2020, 2021, 2022 y parte de 2023 no se recupera nunca. Estimo dicha cifra para toda la clase trabajadora en 2.100 millones de dólares, alrededor de 3 puntos del PBI, y para cada trabajador particular, en promedio, dos salarios perdidos en los últimos cuatro años.
Pero quisiera profundizar en los daños de esa U, más allá de estos dos relevantes elementos que sintetizan el proceso de concentración del ingreso ocurrido durante este gobierno. Entonces, un tercer elemento se refiere a los impactos que esa pérdida salarial produjo en la vida cotidiana de las familias de 2020 a 2022.
Serían muchos los ejemplos que podría dar y seguramente en cada familia, en cada hogar puede ser distinto. Pero es claro que la caída salarial puede, por ejemplo, haber provocado imposibilidad de seguir pagando un alquiler y tener que mudarse a hogares compuestos con otros familiares. Esto pasó mucho en los setenta, cuando la dictadura redujo los niveles salariales; Cesar Aguiar se refería a estrategias de supervivencia de las familias. Cuando se les «devolvió» el ingreso a los trabajadores, no era tan fácil volver al mercado de alquileres y seguramente sus precios habían aumentado. Quizás muchos trabajadores tenían que hacer arreglos en su casa y no pudieron, y debieron postergarlos. Ahora, cuando se les «devolvió» el nivel de ingresos de 2019, hay mayor deterioro y, por ende, es más caro retomar aquellos planes. Y así podríamos continuar la casuística, pero lo que pretendo mostrar es que el problema no es solo cuantitativo, sino cualitativo.
De allí surge un cuarto elemento. Quizás los trabajadores hayan realizado los gastos mencionados o conservado el alquiler, o comprado calzado, ropa o elementos que eran necesarios, pero para ello es muy probable que se hayan endeudado y hoy enfrenten un problema de deuda, en función del cual buena parte del aumento salarial de fines de 2023 y 2024 será utilizado para saldar cuotas de préstamo, créditos, etcétera. En este sentido se puede afirmar que no es certero que se haya recuperado todo el nivel de consumo.
Un quinto elemento tiene que ver con que los impactos de la inflación son dispares y, en los hogares de menores ingresos, pesan más en proporción de su gasto la compra de alimentos. Desde que asumió este gobierno, los alimentos aumentaron más que la inflación media, con un fuerte impacto en el primer semestre de 2022. Desde febrero de 2020 a abril de 2024, los precios aumentaron 34,6 por ciento y los de los alimentos, 43,6. Esto sin tener en cuenta que algunos alimentos aumentaron aún más, como ya he mostrado en tablas que he presentado con respecto a la evolución del aceite, el arroz, los fideos, el supergás, etcétera. Por ende, para estas trabajadoras y trabajadores, las pérdidas fueron mayores. Y, además, según datos recientes publicados por el Instituto Cuesta Duarte, la recuperación salarial fue dispar, en el sentido de que fue mayor en los salarios más altos (los salarios de hotelería y gastronomía no se recuperan hasta 2026). En suma, hay un mayor impacto en los asalariados de menores ingresos.
Seguramente las familias de menores ingresos, sin mucha espalda para cubrir necesidades, fueron las que más recurrieron al endeudamiento. Por lo tanto, sus problemas se acumulan. Los daños son mayores de los que se publicitan.
Un sexto elemento se refiere a las repercusiones en el terreno del acceso a la salud, la vivienda y la educación, cuyos presupuestos se deterioraron hasta 2023. Entonces, las dificultades asociadas a la suspensión de sorteos de cooperativas, a la falta de medicamentos en policlínicas y hospitales, a los tiempos de espera, a la postergación de intervenciones quirúrgicas, a los grupos superpoblados en escuelas, liceos, etcétera, no se resuelven cuando se «devuelve» a estos organismos el nivel presupuestal de 2019.
Finalmente, un séptimo elemento: entiendo que los problemas no se agotan en el terreno del consumo. Durante los gobiernos del FA se generaron certidumbres y una de ellas era que, año a año, el salario real crecía y se podían proyectar expectativas de mejoras en función de esa realidad. Es decir, saber que los ingresos aumentarían. Los uruguayos, en particular las trabajadoras y los trabajadores, valoran mucho la estabilidad y las certezas. Y desde 2005 se consolidó esta certeza. Hoy, en cambio, campea la incertidumbre, cuesta más construir proyectos porque no se sabe qué pasará al año siguiente. Y esto tiene impactos vivenciales que pegan fuerte en las familias.
