Si hay un sector político celoso del derecho a la privacidad en materia económica, ese es el Herrerismo. Especialmente cuando se trata de información delicada, como la que tiene en su poder la Dirección General Impositiva (DGI) sobre personas y empresas. Sin embargo, ese derecho pasó a un segundo plano para el exsenador Gustavo Penadés cuando empezaron a acumularse denuncias de abuso sexual de menores en su contra. La fiscalía ya logró determinar que el exlegislador se valió de investigaciones ilegales de policías para intentar identificar a las víctimas que declararon en la causa con identidad protegida. También se comprobó que un funcionario del Parlamento y del Parlasur, Diego Cuiñas, actuó como articulador entre Penadés y los policías, entre quienes estaba el entonces director del ex-Comcar y de inteligencia carcelaria Carlos Taroco.
Pero los chats extraídos del celular del exsenador por disposición judicial –a los que accedió Brecha– indican que Penadés no «tercerizaba» toda la operativa de investigación, sino que tomaba cartas en el asunto directamente, valiéndose de contactos en distintos organismos del Estado. Por ejemplo, el 30 de mayo de 2023 –cinco días después de haber ido a declarar por primera vez y cuando ya se acumulaban al menos ocho testimonios en su contra–, Penadés se comunicó con el director de la División Fiscalización de la DGI, Pablo Chalar.
—Hola, Pablo. Consulta. ¿Podremos averiguar titulares de Danotil SA? Gracias y perdón por la molestia –escribió el exsenador a las 18.47.
—Me encargo, dale. No es molestia. Estamos para eso –respondió Chalar a las 19.04.
La empresa en cuestión es una rentadora de autos, Team Rent a Car, titular del vehículo en el que circula una de las víctimas de la causa, de acuerdo a las averiguaciones realizadas por este semanario. Chalar, en tanto, es funcionario de carrera en la DGI y el Ministerio de Economía y Finanzas y es también un activo militante del Partido Nacional (PN). Al mismo tiempo, es edil por el departamento de Treinta y Tres y lidera la lista 40423 de Maldonado, que en estas elecciones apoya la candidatura de Álvaro Delgado a la presidencia y de Rodrigo Blás a la intendencia fernandina. En mayo de este año, el lanzamiento de su lista contó con la presencia de Blás y de la senadora Graciela Bianchi.
Los chats entre Chalar y Penadés comenzaron el 22 de mayo y terminaron el 8 de agosto de 2023, o al menos ese es el período que abarca la extracción realizada por la Policía Científica. En el intercambio de mensajes hay varias muestras de apoyo de Chalar y agradecimientos de Penadés. Por ejemplo, siete días después del pedido de información sobre la rentadora de autos, Chalar le escribió al entonces legislador: «No conozco ni conoceré a nadie igual de blanco que vos. El país y el partido te deben tanto, hermano. Arriba. ¡Mucha fuerza! Yo estoy». Penadés le agradeció y le mandó un abrazo. En los diálogos no consta si la información sobre la rentadora de autos fue suministrada o no por el director de la División Fiscalización de la DGI, aunque Chalar se mostró claramente dispuesto a cumplir con la tarea.
UNA OFERTA
Más fluida fue la conversación de Penadés con un gerente de Colinas de Garzón, empresa dedicada a la producción de aceite de oliva. El hombre, vinculado también al mundo militar, le manifestó su apoyo a Penadés desde que empezaron las denuncias en su contra. El 30 de marzo de 2023 le escribió: «Gordo, ¿cómo andás? Sé lo que se siente. A mí me denunció una mina (marinero) por acoso sexual solo porque quería el traslado de unidad». «¡Gracias! Abrazo. Todo muy sucio», respondió Penadés.
Tres días después, cuando la fiscalía ya había dispuesto una investigación de oficio, el gerente le escribió: «Gordo… este burro hdp del fiscal de corte instruye una investigación de un delito extinto y sin denuncia formal??», en referencia al fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez. «Hablá con la Bianchi y comentale esto y que le salte a la yugular. Es más, creo que habría que pedir su remoción», opinó el gerente de Colinas de Garzón. Penadés no contestó. El 8 de abril el gerente insistió con sus consejos:
—Estuve analizando las declaraciones del brisco infame este. Reconoce que ejercía la prostitución siendo menor, si bien el delito está extinto él comete apología del delito al reconocerlo
–conjeturó–. Al delito de injurias podrías sumarle ese.
—Gracias, por el apoyo –respondió Penadés, que para ese entonces ya había descartado su idea inicial de denunciar por difamación e injurias a Romina Papasso.
—Vamos a salir con la frente en alto. Y contá conmigo para juntarme con tu abogado y para hacer las pesquisas que haya que hacer, en algunas cosas ando de vuelo –ofreció el gerente de Colinas de Garzón.
La razón social de esa empresa es Agroland SA y pertenece al empresario argentino Alejandro Bulgheroni. Desde su caja y desde otras compañías del grupo de Bulgheroni salieron más de 9 millones de pesos para la campaña del PN en las elecciones pasadas (véase «Mecenazgo electoral», Brecha, 30-IX-22). El amigo de Penadés es además hermano de una exjerarca de un organismo del Estado vinculada a Cabildo Abierto.
CAZA AL AZAR
Otra conversación que evidencia la intención de Penadés de acceder a información reservada involucra a personas que ya han pasado por la fiscalía en el marco de la causa. Se trata de Ximena Portillo, secretaria de Penadés y persona de su estrecha confianza, y Álvaro Viviano, diputado del sector Por la Patria del PN. Portillo ya fue citada a declarar por la fiscal Alicia Ghione a raíz de las escuchas telefónicas en las que habla con dos funcionarios de la Corte Electoral, Graciela Del Vecchio y Horacio Tejera. En las conversaciones entre Del Vecchio y Tejera, dadas a conocer en octubre del año pasado por El Observador, quedó en evidencia que a través de ellos Penadés intentó acceder a información de la Corte Electoral sobre personas que consideraba que podían haber testificado en su contra y sus familiares. Los funcionarios, también militantes de la lista 71, están siendo indagados en la causa que lidera la fiscal Ghione y hay una investigación administrativa en la Corte Electoral para determinar si accedieron al sistema informático interno y extrajeron información.
Portillo, por su parte, solo fue citada a declarar en calidad de testigo. Las escuchas telefónicas que trascendieron el año pasado son del 3 de octubre 2023 y allí la militante nacionalista se muestra indignada con Penadés, que les había pedido a sus colaboradores que borraran el contenido de sus celulares ante la citación de la fiscalía. Sin embargo, de acuerdo con sus conversaciones de WhatsApp, al menos hasta julio de ese 2023 Portillo todavía era una de las más fieles aliadas del exsenador y jugaba un rol importante en su contención afectiva. El 4 de mayo, a un mes de iniciado el caso, le decía: «Como alguien que se crio al lado tuyo y lleva compartidas más de las dos terceras parte mi vida con vos, como amiga estoy al lado tuyo para lo que venga. Con mucha tristeza y con mucho amor a la vez, te mando un abrazo». Luego, el 11 de mayo, la militante le envió a Penadés las declaraciones que el presidente Luis Lacalle Pou dio ese día en rueda de prensa (aquellas de «Me mira a los ojos y me dice: “Yo no fui, no hice nada. No es cierto”. ¿A quién le cree cualquiera? Sería un mal amigo si no le creo»). A Penadés esas declaraciones le cayeron en gracia: «La verdad que se portó como pocos», le respondió a Portillo.
El rastro de posibles pesquisas ilegales que quedó en la conversación entre ambos es del 19 de mayo. Ese día, a las 13.13, Penadés escribió: «Algo muy reservado: ¿podremos a través de Tato averiguar con la directora del INISA [Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente] el nombre del menor de 17 años que cayó en una boca en Maldonado ayer?». Tato es el apodo del diputado Viviano, expareja de Portillo, que se presentó ante la fiscal Ghione cuando su nombre fue vinculado públicamente a la causa, en abril de este año. La fiscal le dijo que no lo estaba indagando. La directora del INISA en cuestión, en tanto, es Rosario Pérez, también perteneciente al sector Por la Patria, liderado por el senador Jorge Gandini.
Ante la pregunta de Penadés sobre el menor detenido en el allanamiento, Portillo respondió: «Dejame ver». «Muy reservado», volvió a advertir Penadés. Su secretaria contestó: «Te podrás imaginar que ya lo sééé. Soy menos tarada de lo que tú pensás». La información requerida estaba vinculada a allanamientos que la Brigada Departamental Antidrogas de Maldonado había realizado el día anterior en dos casas, una en Pan de Azúcar y otra en Pueblo Gerona. Allí cayeron cinco personas, entre ellas un menor de 17 años. Penadés había recibido en su celular la noticia en la que El Observador daba cuenta del operativo. En el chat con Portillo no explicitó motivos para querer acceder a la identidad de ese menor. Tampoco hay indicios que permitan establecer si finalmente obtuvo los datos que pretendía.
Bastante más acá en el tiempo, en abril de 2024, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) presentó una denuncia en la fiscalía tras encontrar información presuntamente vinculada a la causa en una laptop del organismo. La denuncia terminó con la destitución de un psicólogo que para ese entonces ya había dejado el INAU y estaba contratado en el INISA. En ambas instituciones había trabajado como asesor de los representantes cabildantes en los respectivos directorios: Aldo Velázquez en el INAU y Lucía Curbelo en el INISA. En la audiencia en la que se discutió la extensión de la prisión preventiva de Penadés, la defensa del exlegislador argumentó que había contratado a ese psicólogo para una «pericia privada» (La Diaria, 27-IV-24). Sin embargo, de acuerdo a las averiguaciones que pudo hacer este semanario, el asesor habría ingresado al Sistema de Información para la Infancia, una base de datos de acceso restringido de la que hacen uso tanto el INAU como el INISA y que contiene información sobre niños y adolescentes («Toda la información de los gurises: dirección, familiares, actividades que realiza, vulnerabilidad en la que se encuentra», dijo una fuente institucional a Brecha). El nombre del psicólogo es José Luis García Acuña, activo militante antigénero en su cuenta de Facebook. García Acuña supo trabajar en el Ministerio del Interior y la fiscalía sospecha que de ahí podría conocer a Taroco, informó La Diaria (27-IV-24).
Las averiguaciones ilegales posteriores a las denuncias por abuso sexual de menores contra Penadés ya tienen a seis personas condenadas –tres policías y tres civiles–. El exlegislador, sin embargo, aún no ha sido juzgado por la elaboración de la «trama», que podría agregar nuevos delitos a los 22 que ya pesan en su contra.
