Todos los abriles, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) –que funciona en el ámbito del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU)– reúne en el anexo del Palacio Legislativo a autoridades y a la prensa para rendir cuentas y dar a conocer su informe de gestión correspondiente al año anterior. Es usual encontrar a autoridades del Ministerio de Salud Pública o de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, pues son varios los entes estatales responsables de detectar situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes (NNA).
Todos los años el número de situaciones de niños víctimas de violencia aumenta. Eso demuestra, en parte, que los dispositivos que trabajan con esta población cuentan cada vez con más capacidad de acción y de detección. Los NNA siempre fueron abusados, maltratados y utilizados por adultos con fines de explotación; lo que cambia es la capacidad de acción que tiene el Estado para detectar estos abusos. El último reporte –referente al año 2023– mostró que hubo un total de 8.157 situaciones detectadas. El mayor salto en estas detecciones se dio en 2021, cuando de casi 5 mil situaciones, pasaron a ser 7 mil las detectadas e intervenidas. Una de las lecturas explicativas tiene que ver con que la pandemia por Covid-19 hizo que los niños estén más tiempo en sus hogares que en centros educativos o de recreación, teniendo en cuenta que la mayor cantidad de vulneraciones se da en ámbitos familiares.
Sin embargo, lo que nunca cambió fue el porcentaje de explotación sexual comercial. A instancias de esta realidad, Brecha solicitó al INAU información más detallada sobre este tipo de situaciones. Es decir, si de 2019 a 2023 se han duplicado los casos de intervención del Estado por violencias hacia menores de edad, ¿cuál es la explicación con relación a que la explotación sexual comercial no evolucione de la misma manera y siga oscilando entre el 2 y el 3 por ciento del total?
Dos registros
Tal como se puede observar en la gráfica, la información entregada por el INAU, a raíz de un pedido de acceso a la información pública realizado por el semanario, los casos de explotación sexual comercial son ostensiblemente superiores a los que el Sipiav declara todos los años en sus informes.
Es importante aclarar que los datos oficiales que maneja el Sipiav, tal como se indica en sus informes anuales, provienen de dos fuentes: «Los datos ingresados en el Sistema de Protección a la Infancia (SIPI) de INAU y, por otra parte, datos recabados sobre las situaciones que se abordan en los CRL [comités de recepción local] del Sipiav en todo el país». El órgano aclara que «se realiza un control previo, a los efectos de no duplicar la información».
Los datos remitidos al semanario a través de la respuesta del INAU, en cambio, provienen de «la oficina de Conapees [Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescencia]», un órgano que –al igual que el Sipiav– funciona en la órbita del INAU. De modo que parecen existir, por lo menos, dos registros paralelos sobre la violencia que se ejerce contra los NNA en casos de explotación sexual.
A la luz de la información proveniente de ambos registros, en 2019, el Sipiav informó de siete casos de explotación sexual comercial, mientras que el Conapees registró 240; en 2020, Sipiav registró 98 contra 410 que tenía contabilizados Conapees; en 2021, fueron 140 en contraposición de los 494 del Conapees; en 2022, fueron 224 y 529, respectivamente; por último, en 2023, Sipiav registró 163, mientras que Conapees calculó un total de 346 casos.
Según queda registrado en la respuesta al pedido de acceso que realizó Brecha, todos los años la mayor cantidad de víctimas son mujeres. En 2022 hubo un pico de 465 casos, a diferencia de los varones, que fueron 54. Por lo demás, ese año se sumó un nuevo ítem en el registro, que se contabilizó como «disidencias»; fueron nueve casos. En lo que respecta a las edades de los NNA víctimas de explotación sexual comercial, hubo un caso de un bebe de 1 año, seguido de niños de 3 años y con un pico máximo a la edad de 16.
Si se observan los departamentos donde más víctimas de explotación sexual se registraron –dejando de lado Montevideo y Canelones a causa de la densidad poblacional–, los más habituales son Colonia, Maldonado, Tacuarembó, Cerro Largo, Rivera, Artigas, Salto, Paysandú, Soriano y Florida. Esto no se traduce directamente en que estos departamentos sean los que más explotación sexual concentran. Según explicó la psicóloga Fabiana Condon –especializada en derechos de la infancia y con amplia trayectoria en el abordaje de situaciones de alto riesgo, además de ser referente de la asociación civil El Paso–, también se puede interpretar que en esos departamentos existen más dispositivos de detección de las víctimas de explotación y trata.
Así y todo, al cierre de esta edición no hubo explicaciones oficiales acerca de estas diferencias entre los datos oficiales. El semanario intentó ponerse en contacto con el Sipiav, aunque no obtuvo respuestas; los responsables de ese servicio sugirieron que las explicaciones deberían ser emitidas por el Conapees. Los responsables del Conapees también declinaron hacer declaraciones, según dijeron, por no haber sido autorizados por los miembros del directorio de la institución. Brecha intentó sin éxito obtener una respuesta del vicepresidente del INAU, el cabildante Aldo Velázquez. Asimismo, al ser consultado por el semanario, el presidente del instituto, Guillermo Fossati, adujo «falta de tiempo» y «una agenda fatal», y se disculpó por no poder hacer declaraciones.
Desorden institucional
Como ya fue dicho, el Sipiav confecciona sus informes con base en los datos que genera el SIPI. El SIPI, a su vez, toma los datos que son ingresados por los equipos territoriales de los diversos programas del INAU (tanto los de los hogares como los de los equipos territoriales o los programas especializados del instituto). El problema radica en que, según explicaron fuentes del INAU, estos casos no siempre son ingresados al SIPI, y por ello el Conapees lleva un registro paralelo para poder detectar números más cercanos a la realidad. A su vez, sucede que estos casos no siempre son ingresados con las carátulas correctas al sistema y las situaciones de explotación quedan enmascaradas como «abuso» o «negligencia».
Por otra parte, el Sipiav se concentra en trabajar intensamente con situaciones de maltratos y abusos contra NNA, y muy pocas veces con situaciones de explotación. Cuando reciben casos por el estilo, a veces los abordan a través de los comités de recepción local o los derivan a los equipos itinerantes o a organizaciones especializadas, como Gurises Unidos o El Paso, algo que aún no está totalmente protocolizado.
Condon –de El Paso– opinó que «es urgente un estudio de prevalencia tanto de abuso como de maltrato contra los NNA», ya que –según entiende– la disponibilidad de datos es lo que hace que luego se puedan pensar los siguientes pasos a dar en materia de políticas públicas. A su vez, la psicóloga dijo que «siguen existiendo deficiencias a la hora de poner claridad a estos tipos de abusos y de quienes deben tener un lugar clave en la prevención y detección temprana de la trata y explotación, como las instituciones de educación y de salud». Condon opinó que hay un tema de «desorden institucional» que atraviesa todos los gobiernos. También indicó que «seguramente» los datos del Conapees respecto a la explotación sexual comercial están subestimados. «Es urgente mejorar el registro, la rendición de cuentas y que esto sea público para poder conocer el verdadero alcance del problema», valoró.
Según la psicóloga, aunque aún falta mucho por trabajar, hubo mejoras que llevaron a que la detección sea cada vez mayor. Según estudios que ha realizado El Paso, se han encontrado casos de trata no solamente internacionales –es decir, que se llevan adolescentes a países vecinos–, sino también dentro del país, donde «van moviendo» a niñas y a adolescentes durante algunos días para luego regresarlas a sus hogares de origen o a los mismos hogares del INAU. «A esto le llamamos microdesapariciones, porque son adolescentes que desaparecen por cortos períodos de tiempo, pero luego regresan. Generalmente, en esos casos se trata de explotación sexual», relató.
