En abril de 2013, alrededor de noventa Estados presentaron ante la Asamblea General de la ONU una resolución en la que proponían un tratado que regulara el comercio de armas. Asociaciones de todo tipo (de defensa de los derechos humanos, anticolonialistas, ecologistas, de lucha contra el hambre) y algunos premios nobel de la paz venían batallando desde el fin de la Guerra Fría para que se le pusiera fin a un tráfico floreciente que entre sus consecuencias tenía hundir más en la miseria a países del Sur global. Dos meses después de presentada, la propuesta fue aprobada por una muy amplia mayoría de 155 países y la ONU abrió entonces el procedimiento de firma del tratado al conjunto de sus países miembros. Se necesitaba que al menos 50 lo ratificaran a nivel nacional para que entrara en vigor y se volviera vinculante. Ese piso se alcanzó en setiembre de 2014, y en la Nochebuena de ese año nacía el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA).
De los 193 integrantes actuales de la ONU, 113 son hoy Estados parte del acuerdo. Entre ellos figuran los diez principales exportadores de armas del planeta –salvo Rusia–, que reúnen alrededor del 90 por ciento del comercio global en el sector, según Amnistía Internacional (AI). «Este tratado va a tener un impacto enorme. Va a salvar millones de vidas», festejó en 2014 Brian Wood, uno de los primeros, sino el primero, en lanzar la idea de un acuerdo de regulación específico promediando los años noventa, cuando estaba al frente del área de transferencias militares, de seguridad y policiales en el Secretariado de AI en Londres. «Si los gobiernos lo aplican bien, va a ser un enorme avance», agregó el investigador, que fue parte también de la Iniciativa Noruega sobre la Transferencia de Armas Pequeñas. Wood pensaba que había buenas razones para ser optimista. Después de todo, el TCA había sido uno de los tratados internacionales suscritos en el marco de las Naciones Unidas adoptados con mayor rapidez –las negociaciones llevaron solo 14 meses–, lo que, a su juicio, hablaba del alto consenso político del que gozaba y de la voluntad de la gran mayoría de los países de hincarle el diente al problema «de manera seria y responsable». El TCA, señalaba en 2014 AI, venía a llenar, aunque fuera parcialmente, un vacío de décadas en materia de regulación de un comercio que crecía año tras año. Los mecanismos internacionales existentes para controlar las armas convencionales eran muy escasos y habían quedado obsoletos. Ni siquiera abarcaban las armas ligeras, que desde fines del siglo XX habían sido protagonistas centrales de matanzas en todos los conflictos.
La esperanza de AI, Oxfam y otras asociaciones era que el TCA cumpliera un papel equivalente al que había tenido la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonales de 1997, materializada en el Tratado de Ottawa. Las minas antipersonales continuaron traficándose, pero mucho menos que en el pasado, y entre 1997 y fines de mediados de la última década el número de muertes que causaron se redujo en dos tercios, según datos de Oxfam.
«CAMBIO DE PARADIGMA»
Dos de las disposiciones principales del TCA son aquellas que prohíben a sus firmantes autorizar transferencias de armas convencionales a países donde «podrían ser empleadas para cometer actos de genocidio, crímenes de lesa humanidad e infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949» o que lleven a cabo «ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales de los que sean parte».
En la visión de las ONG humanitarias, hay allí un «enfoque revolucionario». «Este es el primer tratado de su tipo que establece normas mundiales para regular el comercio internacional de armas y municiones convencionales. La legalidad de una transferencia de armas está ahora explícitamente vinculada a las normas del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario», afirmó recientemente el directivo de AI Patrick Wilcken. Oxfam coincidió. «De ahora en adelante nos vamos a fijar en el destinatario final. Ya no podremos cerrar los ojos sobre las transacciones destinadas a regímenes que las utilizan contra población civil y para perpetrar violaciones a los derechos humanos», afirmaba la asociación basada en Kenia en un documento de 2014.
Un texto publicado en la página web de AI España este 19 de agosto abundaba en el «cambio de paradigma» que supuso el «enfoque preventivo» del TCA, al «pasar del enjuiciamiento retroactivo de personas a obligar a sus firmantes a adoptar un enfoque preventivo y a prestar atención a los factores estructurales que contribuyen a los conflictos armados y las violaciones graves de derechos humanos» y a tomar medidas «antes de que comiencen a llegar los cadáveres».
El acuerdo abarca a las principales armas convencionales ofensivas («desde los carros de combate a los misiles, pasando por los aviones y helicópteros de ataque»), incluidas las armas pequeñas y ligeras («desde las pistolas a las ametralladoras, pasando por los lanzagranadas»), pero no a todas. También queda excluido de su alcance el material policial antidisturbios, cuya regulación está siendo negociada en un tratado específico. Nada dice además el TCA sobre el transporte de armas ni trata a fondo el papel de los intermediarios. Y, sobre todo, no dispone sanciones para quienes incumplan lo pactado. «Hubiéramos querido que el TCA no presentara todas esas carencias. Lo intentamos, pero somos una ONG, no un Estado parte, y, de todas maneras, así como está significa un gran avance», piensan en AI.
DEL DICHO AL HECHO…
En diciembre, el TCA cumplirá su primera década de vigencia. En la décima conferencia internacional de las partes que se desarrolla hasta hoy viernes en Ginebra, a la hora de hacer un balance, las ONG presentes han enfatizado más en el vaso medio vacío que en el vaso medio lleno. «Los Estados parte y signatarios del Tratado sobre el Comercio de Armas no pueden permitirse el lujo de seguir eludiendo sus obligaciones», dijo Patrick Wilcken, que hoy está a cargo del área de Asuntos Militares, de Seguridad y Policiales en AI. La situación en Gaza es una de las que más preocupa a esta y a las demás ONG presentes en Suiza. «Amnistía Internacional lleva mucho tiempo pidiendo un embargo total de armas tanto para Israel como para los grupos armados palestinos, debido a las graves violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que se vienen cometiendo desde hace tiempo, incluidos crímenes de guerra, y que tienen terribles consecuencias para la población civil, incluidos niños, niñas y mujeres», afirmó Wilcken.
Más que a los palestinos, AI apunta a Israel y a quienes colaboran militarmente con la matanza en curso en Gaza. «Los Estados parte y signatarios, incluido Estados Unidos –el mayor proveedor de armas a Israel– siguen autorizando las transferencias de armas a este país a pesar de las abrumadoras pruebas de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas israelíes». En Ginebra se presentaron datos concretos sobre el uso de armamento occidental abarcado por el TCA en los ataques israelíes en Gaza. «Tiene que haber reacciones a esto. No se lo puede tolerar», dijo Wilcken.
Tampoco en Sudán, ni en Myanmar (la antigua Birmania), ni en Yemen, ni en Siria, ni en la República Democrática del Congo, ni en Afganistán el TCA ha sido eficaz para detener o reducir el flujo de armas que han servido para cometer masacres.
El vaso medio lleno: sí habría servido para acusar ante la Justicia a los países que han violado los compromisos asumidos en el marco del TCA, dijo Wilcken. Hoy hay juicios tramitados ante tribunales de Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Francia, Reino Unido y Países Bajos por el suministro ilegal de armamento a Israel. Como producto de iniciativas de ese tipo, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, los principales responsables de los bombardeos en Yemen entre 2015 y 2022, dejaron de recibir armas de algunos de sus proveedores, aunque no de los principales. Hubo también una reducción de las transferencias de armas hacia Sudán y República Centroafricana. No muy considerable, pero suficiente para «salvar miles de vidas», destacan desde las ONG. Como que es mejor tener un tratado que no tenerlo. Y punto.
Los proveedores de Israel
La banda
En la lista de países que venden armas convencionales ofensivas a Israel, Estados Unidos ocupa el primer rango, descolgado del resto. Desde el 7 de octubre pasado, Washington entregó al país gobernado por Benjamin Netanyahu miles de bombas y misiles teleguiados comprendidos en el TCA, de acuerdo al Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por su sigla en inglés), un organismo que es habitualmente reconocido como una autoridad de referencia en materia de investigaciones sobre el comercio de armas. Hasta fines de 2022, según un análisis del SIPRI referido al período 2013-2022, de Estados Unidos provenía el 69 por ciento del total de armas importadas por Israel. La proporción se mantuvo estable durante todo 2023, hasta el 7 de octubre, pero es probable, señala el SIPRI, que haya aumentado desde entonces, a pesar de que no se dispone de un inventario exhaustivo oficial del armamento vendido desde esa fecha. A fines de enero pasado, según consignó el diario israelí Times of Israel, citado por el portal francés Mediapart, 250 aviones y 20 barcos entregaron al país 10.000 millones de toneladas de equipos militares no especificados. The New York Times dio cuenta, a su vez, de la venta por Washington a Tel Aviv, solo en diciembre pasado, de cerca de una tonelada de bombas MK-84 no guiadas que fueron utilizadas por las Fuerzas de Defensa de Israel en Gaza. El «estado de emergencia» decretado por el gobierno de Joe Biden después del 7 de octubre «ha permitido a la Casa Blanca saltearse al Congreso para disponer el envío de municiones al ejército israelí», señaló Mediapart.
A Estados Unidos le sigue Alemania, que entre 2022 y 2023 ha multiplicado por diez las autorizaciones de ventas de armas a Israel, de acuerdo al SIPRI. El grueso de ese aumento se dio después del 7 de octubre. Las armas ofensivas, las únicas abarcadas por el TCA, representarían, sin embargo, solo 6 por ciento del total, una cifra baja, aunque tres veces superior a lo que representaban en 2022. El resto serían vehículos blindados o de transporte de armas. Tampoco el gobierno alemán comunica datos sobre las ventas de armas salidas de sus fronteras.
Según su cancillería, Italia dejó de entregar armas a Israel después del 7 de octubre. No se ha podido comprobar hasta ahora que sea la realidad. Hasta entonces, Roma era el origen de casi el 6 por ciento de las importaciones israelíes de armas convencionales, de acuerdo a datos del SIPRI correspondientes al período 2011-2020.
Gran Bretaña, cuarto exportador de armas convencionales a Israel, no suspendió las ventas después del 7 de octubre, pero en diciembre pasado el secretario de Estado de Relaciones Exteriores y Comercio de entonces dijo que Londres se reservaba el derecho de rechazar nuevos pedidos provenientes de Tel Aviv o de rever otros ya autorizados.
Francia, convertido en 2023 en el segundo exportador mundial global de armas, superando a Rusia, afirma que no le vende armamento «letal» a Israel, solo equipos que le «permitan asegurar su defensa». Sin embargo, una investigación desarrollada por dos medios independientes de Marsella (Marsactu y Disclose) concluyó que en octubre pasado la empresa Eurolinks, basada en esa ciudad del sur de Francia, colocó 800 quilos de material para armas automáticas en Tel Aviv.
Caso similar sería el de España, que niega oficialmente haber establecido contratos de compraventa de armas con Israel desde el 7 de octubre, una versión puesta en entredicho por investigaciones de prensa.
