La ACCU (Asociación de Críticos de Cine del Uruguay) aplaude la intención manifestada por la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU) de tomar medidas para la mejor preservación del patrimonio audiovisual uruguayo. Ya era hora de que el Estado considerara ocuparse de este asunto crucial para la cultura, y es muy positivo que haya movimientos concretos que señalicen que el cuidado del patrimonio es una intención expresa de esa agencia.
Hace unos meses la ACAU difundió un documento titulado, en forma algo equívoca, Creación del Patrimonio Audiovisual del Uruguay –equívoca porque el patrimonio audiovisual del Uruguay ya existe, de lo que se trata es de desarrollar la política y la infraestructura para mejorar su preservación y su difusión–. El documento propone la elaboración de una ley para reorganizar las modalidades de gestión del patrimonio audiovisual y crear una estructura edilicia conveniente para su preservación y digitalización. En una entrevista a La Diaria (12 de agosto), María José Santacreu, directora de Cinemateca Uruguaya, planteó serias críticas al proyecto y estas dieron lugar a un breve debate: en el mismo diario, Facundo Ponce de León, presidente de la ACAU, expresó sus opiniones el 15 de agosto, y recibió una respuesta de Santacreu el 18 de agosto. Además, el asunto fue discutido de manera informal en el medio cinematográfico de Uruguay y algunos de esos intercambios llegaron a las redes sociales.
Lo que hemos notado desde nuestra asociación es que la redacción del texto presentado por la ACAU parece referirse a ciertos procedimientos que permitirían mejorar las condiciones de preservación del patrimonio acumulado por diversas instituciones, pero, a su vez, incluye asuntos delicados que, si no se contemplan desde el inicio, ponen en peligro esos mismos objetivos que se tiene la intención de alcanzar. Lo cierto es que la falta de planificación concreta, explícita, acerca de la puesta en práctica de varios acuerdos logísticos que la unión de los archivos requiere, genera nuevos problemas, que serían –a nuestro entender– evitables si el proyecto se trabajara de manera verdaderamente consensuada entre todos los actores involucrados.
Uno de los problemas es inherente a la propia solución encontrada: se propone crear un depósito común para reunir los principales archivos fílmicos que hay en el país. Eso, que puede tomarse como una forma económica de construcción de un espacio moderno y bien equipado, con criterios actualizados, para la preservación de toda esa masa de películas en fílmico, entraña también un peligro: el que supone dejar todos los materiales en un mismo sitio para que se mantengan bajo el control del Estado y, por lo tanto, de la voluntad de cada gobierno. Es notorio que, hasta hace muy poco, el Estado uruguayo fue totalmente prescindente con respecto al asunto y, en este momento histórico, tenemos demasiados ejemplos en la región de gobiernos que, sin más, pujaron expresamente por deshacer las estructuras que ya existían en sus países para apoyar el cine, incluida la preservación del patrimonio (nos referimos a los flagrantes retrocesos que vive la Argentina de Milei o que tuvo que enfrentar Brasil bajo Bolsonaro). Sería una imprudencia no prever la posibilidad de que eso suceda en Uruguay. ¿Quién podía predecir el presente en los países vecinos? Sin embargo, ahí está.
Es fundamental, entonces, contemplar los complejos aspectos institucionales que entraña reunir archivos que tienen naturalezas jurídicas, historias y cometidos diferentes, asegurar la financiación en el largo plazo de dicho archivo, convertirlo en política de Estado y no de gobierno, y asegurar la preservación de la autonomía de cada uno de los archivos originarios que pueden llegar a reunirse en el llamado PAU. Los detalles no pueden ser discutidos después de la ley: tienen que explicitarse antes de su implementación. La medida, incluida en el documento presentado por la ACAU, de «gestionar los derechos y posibles beneficios asociados a la puesta en recirculación de archivos patrimoniales de diferentes instituciones a partir de su digitalización» implica, para Cinemateca y para la Universidad Católica, que son instituciones privadas, prácticamente una expropiación, y parece poco atenta a ambas instituciones, muy especialmente si tenemos en cuenta que el documento fue elaborado sin su participación. La medida no pone en consideración que el acervo de casi 20 mil películas en fílmico de Cinemateca Uruguaya es el principal y más abultado del país. Cinemateca acumuló el patrimonio, lo resguardó y lo ha puesto al servicio de la cultura nacional en un trabajo persistente de más de medio siglo; durante la mayor parte de ese período no recibió apoyo estatal alguno, y viene contando con un apoyo muy modesto e insuficiente desde 2005. Sería sensato aprovechar los conocimientos de quienes vienen realizando trabajos importantes y cooperar con las instituciones existentes para potenciar los efectos de su acción cultural, aun cuando eso signifique una articulación compleja y trabajosa.
Por otro lado, el documento parece tener en cuenta la digitalización de los materiales en fílmico –que sin duda es importante para su accesibilidad en la actualidad y para garantizar su persistencia en el corto plazo–, pero no toca el tema, nada menor, de la preservación de los archivos digitales en sí mismos, como si la digitalización fuera el término final del proceso de preservación. La preservación digital es muy costosa y es un problema serio en el mundo entero; uno que, además, tiene que ver con la autonomía nacional en torno a nuestros productos audiovisuales. Creemos que sería muy pertinente que la voluntad expresa de cuidar el patrimonio acusara la consciencia de este aspecto y propusiera soluciones que estuvieran a la altura de la compleja realidad tecnológica que estamos viviendo. Estamos hablando de intentar garantizar la situación de preservación de la mayor parte (no en tiempo histórico, pero sí en volumen de producción) del cine y el audiovisual uruguayos. No solo las películas rodadas en fílmico requieren preservación: las películas rodadas en digital también lo requieren, así como las eventuales digitalizaciones de los materiales fílmicos.
Sería muy importante que la ACAU, desde su intención de generar mejores condiciones para la preservación del patrimonio que subsiste gracias a los esfuerzos de distintas instituciones, planteara su plan teniendo en consideración la experiencia y las necesidades de los organismos gracias a los cuales el patrimonio audiovisual uruguayo existe. Claro es que la preservación del patrimonio no puede esperar indefinidamente, pero la urgencia no debería implicar saltearse los meses de trabajo colectivo necesarios para construir un proyecto responsable y consistente. #
Asociación de Críticos de Cine del Uruguay