Es muy difícil saber con exactitud cuántos delitos ocurren en una sociedad, y más difícil aún estimar la cantidad de víctimas que se acumulan año a año. Los esfuerzos de medición –precarios, casi siempre– suelen poner el ojo en los eventos delictivos, y sobre todo en algunos tipos de delitos en particular. Es muy poco frecuente encontrar estadísticas pensadas a partir de la necesidad de contabilizar a las víctimas. Todos los instrumentos de información están diseñados para capturar evidencias sobre los delitos. Aun en esfuerzos como las encuestas de victimización, se suele pasar por alto la medición conjunta de la cantidad y los tipos de víctimas y la prevalencia del delito, de modo de poder precisar cuántos delitos hay por víctimas y qué intensidad tiene, por ejemplo, la victimización repetida. ¿Ha crecido en los últimos años la cantidad de víctimas del delito? ¿Qué tipo de delitos son los más frecuentes? ¿Cuáles son las víctimas predominantes? ¿Es posible trazar algún perfil socioterritorial de las víctimas del delito en Uruguay? ¿Cuál es la percepción de riesgo que existe frente a la eventualidad de ser víctima de un delito? Se trata de un conjunto de preguntas básicas pero exigentes para el calibre de la información disponible.
En este contexto, el Instituto Nacional de Estadística (INE) introdujo una serie de preguntas sobre seguridad y victimización en la Encuesta Continua de Hogares (ECH) y publicó sus primeros resultados, correspondientes al segundo semestre de 2024. La divulgación de este estudio, a 15 días de la asunción de un nuevo gobierno, es una picardía política.
Durante cinco años, la administración saliente hizo un uso de los datos abusivo, sesgado y carente de toda solidez técnica para instalar la idea de que los delitos habían bajado en Uruguay. Hizo caso omiso a los factores institucionales y contextuales. También se ignoraron los datos de las encuestas del Latinobarómetro que señalaban justamente lo contrario. El gobierno se retira con su relato triunfalista, pero le deja al siguiente un instrumento relevante para el monitoreo de la victimización que difícilmente podrá desestimarse y que puede introducir tensiones políticas cada vez que se actualice. Si mañana la victimización crece, pero ese crecimiento se explica dentro del margen de error de una encuesta, las legiones de vociferantes (las que ya salieron a morder al ministro designado solo por decir una verdad grande como una casa) reinstalarán la idea del deterioro y el fracaso de las gestiones progresistas en seguridad. El ensayo general que hemos tenido en estos últimos días con estos asuntos debería servirnos para afinar las estrategias de disputa.
¿Qué dicen los resultados presentados por el INE? Si bien hay que tomar en cuenta el limitado número de preguntas que se pueden hacer sobre estos temas en el marco de una encuesta continua de hogares, hay dos elementos problemáticos del diseño y de las decisiones de medición. En primer lugar, la estimación de la victimización para «personas» y para «hogares» es confusa y tiene una serie de solapamientos, cuya discusión excede el alcance de esta columna. En segundo lugar, del ancho mundo de la victimización se eligen dos figuras: los robos (aquí se suman los hurtos y las rapiñas) y las estafas. Por lo tanto, la incidencia y la prevalencia están recortadas a estas dos figuras, lo que cancela la posibilidad de aproximarse a un valor más global de la victimización. Además, lo que habitualmente aparece separado en los renglones de denuncias (robos con o sin violencia) aquí está indiferenciado. Por si fuera poco, se introduce un delito de alta relevancia, como la estafa, que jamás fue tomado en cuenta en los reportes oficiales del Ministerio del Interior (MI). En definitiva, las decisiones de medición son, al menos, discutibles.
Se relevaron 23.863 personas de 14 años o más y 11.741 hogares. Hay una pregunta sobre percepción de inseguridad («¿cómo se siente al caminar por el barrio?») que indica un 48,1 por ciento de seguridad y un 34,5 por ciento de inseguridad. En este punto, como era de esperarse, las mujeres manifiestan mayores niveles de inseguridad. Por su parte, a la hora de medir la victimización, hay que distinguir entre la «incidencia» (la cantidad de eventos delictivos sufridos por las víctimas) y la «prevalencia» (el porcentaje de personas u hogares que sufrieron al menos un delito). Como novedad, hay que señalar que las preguntas tienen como marco de referencia temporal el «último mes» (lo más habitual aquí es preguntar sobre el último año). Los datos sobre incidencia son elocuentes: hay 55.200 robos mensuales en promedio y 26.900 estafas. De esos hechos, solo se denuncian un 27,5 por ciento de los casos.
Hay tres conclusiones claras: hay una alta incidencia de delitos contra la propiedad en Uruguay, el porcentaje de denuncia es muy bajo y –con base en ciertas proyecciones arriesgadas– podríamos decir que la cantidad de robos mensuales sufridos por las personas y denunciados a la Policía (según la encuesta) es significativamente más alta que la cantidad de denuncias policiales mensuales que informa el MI. Esto ratificaría lo que venimos diciendo hace años: el relato del descenso de los hurtos y las rapiñas es una ficción política carente de toda confiabilidad y validez. El trabajo que hay de aquí en adelante es enorme.
Con relación a la «prevalencia», hay un 3,6 por ciento de personas víctimas de estos delitos y un 5,2 por ciento de hogares. Esto es consistente con estudios anteriores, que siempre ubican la victimización del hogar por encima de la individual, aunque en este caso la distinción genera dudas para la interpretación. Hacer una proyección anual de este valor, para tener algún parámetro de comparabilidad con otros estudios, es muy temerario. Habrá que esperar a la próxima medición para tener algún indicio, aunque tampoco será definitivo para sacar conclusiones sobre cambios de tendencia.
¿Es posible hacer dialogar estos datos con encuestas anteriores? Solo a modo de contexto, señalemos que, entre 1999 y 2017, se han realizado algunos pocos estudios de victimización en Uruguay. Las encuestas han estado marcadas por la discontinuidad y por los saltos en materia de preguntas, cobertura y diseño muestral. Las comparaciones temporales son una tarea muy arriesgada. En este sentido, se dispone de una primera secuencia de encuestas para Montevideo y Canelones (1999-2004) y de tres estudios nacionales, realizados por la Universidad de la República (2007), una empresa encuestadora (2011) y el INE (2017). Por otro lado, la victimización en Uruguay ha sido medida de forma relativamente sistemática por investigaciones regionales e internacionales. Tal es el caso del Latinobarómetro, que dispone de una serie de 1995 a 2023.
Hasta 2020, la victimización en Uruguay era algo menor al promedio de América Latina, luego eso cambió para mal en los últimos relevamientos. Si tomamos como fuente las encuestas del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP, por sus siglas en inglés), que hacen preguntas sobre victimización individual, tendremos una serie temporal que abarca desde 2007 hasta 2016, y en todos los casos se verifica una clara estabilidad. Mientras que en 2007 la victimización llegó al 22 por ciento, durante 2012 alcanzó el 23 por ciento y en 2016 llegó al 23,5 por ciento. Dentro de un conjunto de 21 países de América Latina y el Caribe, la victimización individual de Uruguay en 2016 se halla exactamente en el promedio. A su vez, la cantidad de personas que sufrió un delito y no lo denunció está próxima al 40 por ciento, cifra consistente con estudios anteriores.
En esa línea, la encuesta del INE, publicada en 2017, señala que las personas victimizadas durante 2016 fueron el 24 por ciento. Este valor es idéntico al ofrecido por la encuesta del LAPOP (2017). Por su parte, ese estudio releva 562.504 eventos delictivos ocurridos en un año, con 28 por ciento de denuncias. Aquí las denuncias declaradas por encuesta tienen un valor promedio más próximo a la cantidad de denuncias asentadas en los reportes del MI.
En términos redondos, dos de cada diez personas y tres de cada diez hogares ha sufrido un delito en Uruguay (medido con una referencia temporal de un año). El efecto acumulado muestra una tasa general de victimización relativamente alta. El delito puede alcanzar en algún momento a una porción importante de personas. Las encuestas de victimización nos indican que las víctimas del delito prevalecen en Montevideo y el área metropolitana, y afectan en proporción semejante a hombres y mujeres. Sobre la geografía socioeconómica de las víctimas, los niveles de concentración y fenómenos como la victimización repetida, es muy poco lo que se puede saber a partir de los estudios realizados. Es necesario explorar otras fuentes de información y sumergirse en la especificidad de algunos tipos de violencia delictiva para obtener algunos contornos más precisos sobre las víctimas.
Este puñado de preguntas que el INE inserta ahora en su ECH no permite sacar conclusiones definitivas, pero deja sobrevolando unos indicios muy preocupantes, en línea con lo que varios actores vienen señalando en los últimos años. Promover durante todo un período de gobierno un discurso sobre bases irreales y luego dejar servidos sobre la mesa algunos datos nuevos para después irse es el reflejo de cierto cinismo político, algo que el nuevo gobierno tiene la obligación de neutralizar por completo.
