Después de cinco años en blanco, las organizaciones sociales recibieron con beneplácito que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) convocara a la Comisión Asesora de Vivienda (COAVI) para participar en la elaboración del Plan Quinquenal de Vivienda (PQV) 2026-2030, que determinará las políticas a impulsar en el próximo quinquenio y, particularmente, los recursos que se invertirán.1
No era un hecho menor ni burocrático, porque la COAVI es un espacio multiactoral, creado en la propia Ley Nacional de Vivienda (LNV) 13.728, de 1968, en el que confluyen con las autoridades nacionales, representantes del «Congreso de Intendentes, Universidad de la República, Banco de Previsión Social, Comisión Honoraria de Erradicación de Vivienda Rural Insalubre, gremiales de destinatarios, empresarios, trabajadores y profesionales afines al sistema de producción de viviendas, organizaciones no gubernamentales e institutos de asistencia técnica cooperativa» (artículo 76 de la LNV, en la versión del artículo 349 de la ley 17.930, de 2005).
Se trata, por consiguiente, de un espacio privilegiado para recoger diagnósticos, propuestas y opiniones diferentes de los actores del sector, dialogando, discutiendo, acordando (por cierto, más de lo que podría esperarse) y también discrepando. Su existencia sintoniza perfectamente con la filosofía de la LNV, una de las mejores leyes aprobadas por el Parlamento uruguayo y un canto del cisne del Estado de bienestar, nacido en tiempos en que ya se incubaba el huevo de serpiente de la dictadura.
En políticas sociales, siempre se llega a mejores y más atinadas decisiones cuando se trabaja en colectivo. Y los aportes más trascendentes vienen de la gente organizada, que ha hecho ese proceso previamente, en sus tiempos y con sus metodologías.
Quizá por todo eso, sin embargo, la COAVI fue dejada de lado en dictadura y por los siguientes gobiernos de entonación neoliberal y debió esperarse hasta la llegada del Frente Amplio (FA) al gobierno, en 2005, para que fuera integrada, organizada y convocada, y participara activamente en la elaboración del PQV de ese período y, sobre todo, de los fuertes cambios normativos culminados en 2008 con la aprobación de un reglamento de subsidios, préstamos y productos para la vivienda social y otro específico para las cooperativas de vivienda.
La actual convocatoria de la COAVI no era un hecho inesperado, teniendo en cuenta que había sido convocada en los tres gobiernos anteriores del FA (y desconvocada en el de la coalición multicolor, con la excusa insostenible de la pandemia) y que los gobernantes actuales habían explicitado sus compromisos al respecto antes de asumir.
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La primera reunión de esta COAVI versión 2025 se llevó a cabo en Durazno; iba a ser el 26 de abril, pero el duelo decretado para ese día obligó a llevarla al 29. A esa altura, y con un cambio de ministra poco antes, era impensable que el MVOT tuviera del PQV algo más que un borrador de la introducción, lo cual hacía pensar que, contrariamente a las oportunidades anteriores (en que la COAVI trabajó en junio-julio a partir de un diagnóstico firme y un borrador del plan presentados por el MVOT), esta vez, el temprano comienzo obedecía a que se empezaría por discutir el diagnóstico de situación.
Sin embargo, el anuncio dejaba otras incertidumbres: la principal, cómo se seguiría el trabajo luego de esa primera reunión de lanzamiento. Lo que se sabía –y se sabe– al respecto es que, según el MVOT, «hasta el 28 de mayo se recibirán aportes en torno a los temas de emergencia habitacional, cartera de tierras, primera vivienda, política territorial transversal, cooperativismo y participación del sector privado en el acceso a la vivienda. Los aportes que surjan […] serán utilizados como insumos para la elaboración del PQV 2025-2030 y el diseño de líneas de acción para la implementación de una política territorial transversal».
El programa de la reunión de Durazno preveía, en las primeras casi dos horas, alocuciones de la ministra Tamara Paseyro, el intendente del departamento, Carmelo Vidalín, el director de Vivienda, Milton Machado, y la directora de Ordenamiento Territorial, Paola Florio. Luego, un trabajo en seis grupos sobre los temas antes citados, de 25 minutos, y, finalmente, la devolución de las conclusiones al pleno de la reunión y el cierre.
En la ocasión se informó que habría dos reuniones más, una en el interior (luego se supo que sería en Canelones, el 21 de mayo) y una última en Montevideo, todavía sin fecha, y que en el interín se recibirían en una plataforma de internet aportes «ya sea a título personal o en representación de organizaciones públicas y privadas, organizaciones civiles, federaciones, gremiales, instituciones de la academia, inversores, empresas privadas, organismos internacionales, entre otros».
¿Debates, discusiones, intercambios (necesariamente presenciales o, por lo menos, virtuales)? ¿Posibilidad de conocer la propuesta de PQV y opinar sobre ella antes de su envío al Parlamento? ¿Posibilidad de recoger las opiniones vertidas? ¿Posibilidades de introducir otros temas, como arrendamientos, servicios y, especialmente, saneamiento, que no figuran entre los seis establecidos? Muchas de las organizaciones plantearon estas inquietudes en los únicos 25 minutos en que pudieron participar, pero no hubo noticia de que fueran recogidas, aunque se planteó la firme voluntad oficial de continuar manteniendo intercambios luego del 28 de mayo, que no se sabe cómo serán.
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La reunión de Canelones no cambió demasiado las cosas. Convocada sin orden del día (y nuevamente con poca antelación, lo que es una dificultad para todos los participantes no institucionales), volvió a tener una introducción con intervenciones de las autoridades y luego se volvió a trabajar en grupos sobre los mismos seis temas y con una representación muy parecida a la de Durazno.
La buena noticia fue que esta vez hubo casi tres horas para la discusión grupal, en la que se repitieron muchas cosas ya dichas en Durazno, pero más explicitadas y con intercambios entre los participantes y representantes gubernamentales. Varias organizaciones (incluidas las de cooperativas) volvieron a remarcar las dificultades de un trabajo organizado de esta manera y a solicitar que se ajuste, y se volvió a tomar nota de ello.
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¿Qué tendría que hacer el MVOT que no está haciendo? Las organizaciones sociales señalaron algunas cosas:
-repasar las experiencias anteriores para ver qué mejora y qué empeora la nueva metodología;
-agregar grupos de trabajo para temas importantes que no están siendo tratados;
-definir un cronograma de trabajo concreto, con las fechas de entrega de las conclusiones de los grupos y del informe final de la COAVI, que deberán reunir al MVOT;
-facilitar al máximo la participación de las organizaciones en ámbitos físicos adecuados para el trabajo del plenario y de los grupos, la antelación de las citaciones, el lugar; prever la eventualidad de cambios y garantizar los tiempos suficientes para posibilitar el aporte de las organizaciones, que necesita discusión y elaboración interna;
-partir de un documento elaborado por el MVOT con un sintético diagnóstico de la situación de la vivienda en el país; los lineamientos del PQV a aplicar en 2021-2025 y sus parámetros fundamentales: recursos, líneas de acción, metas, mecanismos de seguimiento y evaluación, participación de los destinatarios y relaciones transversales con otras políticas sociales;
-mantener ámbitos virtuales para intercambios generales de información y las actividades presenciales como espacios de discusión y construcción de consensos;
-al estar las temáticas de los grupos fuertemente entrelazadas, en cada caso deben poder participar no solo los interesados directos, sino toda organización que quiera o pueda aportar algo;
-las leyes que la crearon cometieron a la COAVI formular al MVOT evaluaciones y recomendaciones, consensuadas y no consensuadas, a considerar en la elaboración del PQV a enviar al Parlamento e incluidas en él, para que puedan ser conocidas también por los legisladores que aprobarán el plan.
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¿Estamos siendo demasiado impacientes con un gobierno que acaba de empezar? Quizá, pero es mejor correr ese riesgo y no el de no advertir a tiempo al emperador que, como en el cuento de Andersen, está desnudo y nadie se atreve a decirlo en voz alta. Porque los gobiernos necesitan que les aplaudan lo que están haciendo bien, pero también, y de repente más, que les señalen lo que pueden estar haciendo mal.
- El PQV se elabora en el primer año de cada gobierno, se aprueba en el Parlamento junto con el presupuesto, sobre el final de ese año, y rige para los cuatro años restantes y el primero del siguiente, cuando se elabora el nuevo plan. En este caso, el período de vigencia será 2026-2030. ↩︎