Las diferencias fueron muchas. Interpretaciones reglamentarias y estatutarias de uno y otro lado, creación de nuevas instituciones que se atribuyeron el derecho de negociar, pero que no obtuvieron el reconocimiento legal dentro del mundo del fútbol para actuar. El vínculo entre la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y Tenfield se deterioró a lo largo de los 27 años que los unieron en materia de derechos de televisación. El interés de la dirigencia del ente rector del fútbol por obtener mayores beneficios económicos de los contratos asociados al deporte agudizó las diferencias. También el intento de mermar el poder de la empresa de la T en el fútbol, materializado en un grupo de clubes que en muchos casos dependen económicamente de Tenfield, producto de los constantes adelantos de dinero por conceptos de derechos de televisión desembolsados para sanear sus mermadas arcas. Ese factor fue uno de los que el Ejecutivo de la AUF quiso atacar, para que los proventos económicos recibidos no influyeran en la definición de la venta de los derechos. En definitiva, además de obtener un mejor contrato, resentir el poder de Francisco Paco Casal, propietario de Tenfield, en el fútbol.
La noche del viernes 4 de julio, cuando finalizaron las negociaciones «de buena fe» para renovar la concesión de los derechos, marcó un nuevo mojón en esta historia. En un comunicado, Tenfield aseguró que hizo una oferta de 30 millones de dólares por año y acusó a la AUF de no haber negociado de buena fe. La suspensión unilateral de un encuentro entre las partes y el tardío envío de las pretensiones económicas de la asociación son los motivos que esgrime la empresa. Antes de ese mensaje, la AUF le había comunicado al Consejo de Fútbol Profesional que Tenfield había ofrecido 25 millones de dólares anuales y que luego se había incluido en la oferta una serie de «condicionantes» que «vulneran derechos reglamentarios y estatutarios». Aunque el comunicado no lo explicita, esas condicionantes parecerían ser los 5 millones de dólares variables en marketing propuestos por Tenfield, que completarían los 30 millones de dólares anuales de su oferta. En cualquier caso, esa cifra dista bastante de los 45 millones que la AUF pretendía obtener del contrato. La falta de buena fe en la negociación esgrimida por Tenfield puede complementarse con algo que no se manifiesta en los comunicados: era de público conocimiento que los integrantes del Consejo Ejecutivo de la asociación tenían intenciones de que los derechos se resuelvan en una licitación abierta. Al menos en el imaginario, y al amparo de estudios de mercado, ese camino le daría a la AUF mejores condiciones para la venta del producto y permitiría la competencia entre distintos oferentes, aunque no se sabe exactamente cuáles serían ni su grado de interés, porque sus nombres siempre se han manejado extraoficialmente (véase «En los descuentos», Brecha, 30-V-25).
Más allá de las anécdotas y las responsabilidades para el infructuoso acuerdo, lo cierto es que la AUF deberá elaborar los pliegos para licitar los derechos de transmisión del fútbol uruguayo. Esto incluye definir si se venden todos juntos, como hasta ahora, o de forma separada. Si se segmenta el producto, deberá definirse cómo, en qué fases se divide –producción, transmisión por TV, por streaming, en Uruguay, en el exterior, por región– y si se venden en exclusividad o no. Surgen también otras dudas respecto de la licitación que deberán aclararse: ¿cuál será el precio base, los 30 millones que ofreció Tenfield o los 45 que dijo la AUF que pretende?, ¿qué rol tendrán los clubes en la elaboración del pliego y en la definición del resultado? Estas incógnitas deberán despejarse para iniciar el proceso y adjudicar los derechos de transmisión a partir del 1 de enero de 2026. A pesar de que no estén claras estas condiciones, hay un actor que manifiesta cierto interés en transmitir el fútbol uruguayo en streaming: ANTEL. La voluntad de retomar el impulso de los contenidos se dejó entrever en algunas entrevistas al presidente de la empresa, Alejandro Paz, pero se cristalizó en una entrevista al vicepresidente, Pablo Álvarez, en la que este aseguró, palabras más, palabras menos, que el fútbol uruguayo es un contenido premium y que a ANTEL le interesa tenerlo (El Observador, 5-VII-25).
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Las declaraciones de Álvarez movieron el avispero y generaron cierta división, o al menos opiniones encontradas en el gobierno. Por un lado, la vicepresidenta y expresidenta de ANTEL, Carolina Cosse, vio con buenos ojos la idea de que la empresa pública pueda transmitir el fútbol en su plataforma, mientras que, desde Río de Janeiro, el presidente Yamandú Orsi, con cierta ambigüedad, matizó la situación advirtiendo que el de los derechos del fútbol «es un asunto que deben resolver los privados» y que el Estado debe asegurar «transparencia y accesibilidad». El diferendo fue aprovechado por dirigentes de la oposición que señalaron en redes sociales que Orsi debía «volver y poner orden». Lo cierto es que el oficialismo en el directorio de ANTEL entiende que tener el fútbol uruguayo, en algún formato posible, es una necesidad para competir en el mercado.
Durante los anteriores gobiernos del Frente Amplio (FA), ANTEL tuvo un lugar relevante en la creación y la transmisión de contenidos, principalmente deportivos, a través de su plataforma de streaming. Juegos Olímpicos, mundiales, partidos clasificatorios de la selección uruguaya e incluso la NBA estuvieron presentes en la pantalla que hoy tiene el nombre comercial ANTEL TV. Durante el mandato de Luis Lacalle Pou, esa generación de contenidos propios se vio reducida: ANTEL renunció a la transmisión de los Juegos Olímpicos de Tokio, dejó de transmitir el básquetbol y no negoció para adquirir los derechos del mundial de fútbol de 2026, al tiempo que las transmisiones de los partidos de la selección en las eliminatorias, por las que se abonaron 750.000 dólares, dejaron de ser casteables, es decir que solo pueden ser vistas en teléfonos celulares («Fútbol vivo», Brecha, 22-IX-23). Esta política empresarial de productos que no pueden transmitirse para ver en televisiones u otras pantallas no tiene una evaluación positiva por parte del nuevo directorio del ente y no continuará.
En un escenario de competencia en el mercado de las telecomunicaciones, tanto en la telefonía móvil –que se ve sacudido por el ingreso de la empresa Tigo, propietaria de los derechos del fútbol en Paraguay, a Uruguay– como en la venta de servicios de internet, en el que desde hace unos años ANTEL compite con los cableoperadores, resulta necesario tener estrategias para captar y retener clientes. Una de ellas es ofrecer contenidos para los suscriptores y el fútbol, uno de los productos más consumidos en el país, parecería ser un buen negocio. En todo caso, ANTEL deberá resolver si lo ofrece mediante su propia plataforma o si facilita el acceso a través de terceros, como hace con el acuerdo vigente para acceder con descuentos al servicio de Disney+, que tiene los derechos de transmisión por streaming y cuenta con una buena evaluación por parte de las autoridades. En el marco de esa sociedad comercial, el domingo pasado el clásico fue transmitido por ANTEL TV, de manera gratuita, pero en un formato distinto: a «pantalla partida»: en la mitad del cuadro se podía ver la transmisión del partido y en la otra, a dos streamers que reaccionaban (hubo 21.800 usuarios que se logearon y unos 8 mil fue el pico de espectadores en simultáneo, según pudo saber Brecha). Una contra para este modelo de acceso tercerizado con otras empresas es la existencia de cierta dependencia para la disponibilización de contenidos que no son propios.
ANTEL tiene intenciones de retomar la línea de «creación de contenidos para competir», señaló al semanarioJavier Umpiérrez, diputado del FA e integrante de la Comisión de Industria de la Cámara Baja. Esa es la intención que le transmitió el presidente del directorio, aseguró, y añadió que la empresa buscará recuperar la competitividad que «perdió en el período pasado» producto de la retracción en esta área: «ANTEL no puede quedar fuera de la competencia», sentenció, y dijo que, desde su perspectiva, se debería «explorar el camino» de que el fútbol uruguayo esté disponible en ANTEL TV. A su entender, el formato debería ser pago, «pero hay que ver qué idea tiene la empresa».
La idea de que la generación de contenidos es una necesidad para estar en competencia es compartida por Laura Raffo, integrante del directorio de ANTEL en representación de la oposición. La dirigente nacionalista advirtió, en diálogo con el semanario, que este asunto no fue analizado por el directorio, en parte porque aún no se sabe cómo serán las condiciones para competir. De todos modos, aseguró que cree que «no hay que dejarse llevar por ideas que nos hagan tomar decisiones apresuradas. Cualquier negocio debe analizarse en función del beneficio para la empresa y basarse en estadísticas».
UN ACTOR FUERTE EN EL NEGOCIO
Como empresa pública de telecomunicaciones, ANTEL es la más importante de la región, lo que hace que en Uruguay «este negocio, que es el más importante, esté en manos estatales», le explicó a Brecha el investigador argentino Iván Schuliaquer, quien ha trabajado durante años en estudios sobre políticas y medios de comunicación en Uruguay. Este lugar de privilegio, destacó, fue construido con base en una «política no escrita de los gobiernos del FA de fortalecer ANTEL», por ejemplo, impidiendo que los tres grandes grupos económicos nacionales de la comunicación (propietarios de los canales 4, 10 y 12 y de las cableoperadoras que brindan servicios en Montevideo) ingresaran al negocio de las telecomunicaciones, algo que finalmente ocurrió en 2024 a partir de una reforma legislativa.
Schuliaquer entiende que el posible ingreso de ANTEL a las transmisiones del fútbol uruguayo está justificado por su posición en un mercado de competencia y por el momento actual que viven las comunicaciones, caracterizadas por la «hibridación», que permite coexistir a los medios tradicionales con los de las telecomunicaciones, «que no solo se dedican a vender servicios de conexión, sino que tienen en la venta de contenidos un negocio fundamental». Contar con un activo como el fútbol, tan importante en estas latitudes, podría ser un diferencial para la empresa: «La posibilidad de que un producto que estuvo durante años en manos de una misma empresa pueda volverse un contenido para ANTEL tiene sin duda mucho sentido. Desde el punto de vista empresarial puramente no hay forma de que no dé dinero», complementó.
Esta política de ANTEL podría leerse en dos vías. Por un lado, «como empresa tendría el contenido más valorado en la región, el fútbol, para competir en el mercado contra otras proveedoras de servicios de telecomunicaciones, como Claro y Tigo, con aparente interés en los mismos derechos de transmisión que ANTEL». Schuliaquer graficó, además, que si las empresas privadas tuvieran el servicio, podrían venderlo en un pack exclusivo, por ejemplo, y este sería un buen incentivo para que los usuarios de ANTEL, que tiene la mayor parte del mercado, cambiaran de prestador. En ese escenario, «si ANTEL decide no participar en esa competencia y limitarse, también en algún sentido va a ser algo que puede dañar la economía de la compañía».
Por otro lado está el derecho al acceso a la cultura: «Esta política podría generar una estrategia para que el acceso a ese producto pueda ser más barato, accesible o gratis. Hay que pensar si dentro del acceso a la cultura no debería estar el acceso a poder ver los partidos de fútbol», analizó. En principio, el modelo de participación de ANTEL como parte de las transmisiones del fútbol uruguayo no tiene punto de comparación con el llevado adelante por el gobierno argentino mediante Fútbol para Todos (FPT) entre 2009 y 2016, en el marco del enfrentamiento entre el gobierno kirchnerista y el Grupo Clarín, que poseía los derechos de transmisión del fútbol. Esto no es óbice para resaltar algunas similitudes y posibles aprendizajes de aquella experiencia, en caso de que ANTEL finalmente participe y adquiera los derechos de televisación.
Schuliaquer destaca que FPT logró posicionar el canal de la televisión pública entre los tres más vistos de Argentina, «algo sin precedentes en el siglo XXI», lo que permite pensar en que este puede ser un activo importante para reflotar la plataforma ANTEL TV. Una gran diferencia que el politólogo argentino destaca entre lo que fue FPT y lo que podría hacer ANTEL en Uruguay está en la lógica de la propuesta. Una mirada retrospectiva permite concluir que, a diferencia de la posibilidad planteada, en Argentina «no fue un recurso del Estado que se ejecutó a través de una empresa, sino que directamente se compraron los derechos de transmisión y se decidió financiarlos a partir de publicidad oficial», lo que en algunos momentos repercutió en el uso del recurso para desarrollar propaganda política, con cuestionamientos de la oposición. Pero la evaluación general de FPT era buena y Schuliaquer recordó que incluso «el gobierno de Mauricio Macri, que lo desarticuló, dijo que no lo iba a hacer». En Uruguay, la situación sería bien diferente y se desarrollaría «dentro de una empresa consolidada, con una lógica de funcionamiento basada en la eficiencia y en estructuras en las que se miden permanentemente costos y gastos», señaló. Sobre las declaraciones de Orsi al respecto, Schuliaquer consideró que “la transparencia y la accesibilidad pueden ir de la mano con un Estado activo que a la vez garantice el acceso a partir de la compra de los derechos. Entiendo que es una frase que es más bien para no tomar posición, para decir cosas que se puedan interpretar de manera amplia”. Respecto a las posibilidades de que exista un cortocircuito entre las decisiones de la empresa y el Poder Ejecutivo, analizó que “sería difícil pensar que Antel avance sin escuchar al presidente”, aunque por sus características, “debería tener cierta libertad para moverse” en la toma de decisiones empresariales.
