Desde que Thomas Piketty publicara El capital en el siglo XXI hasta ahora, el debate sobre la desigualdad ha ocupado un lugar central en la reflexión económica. Últimamente, la discusión sobre los gravámenes a los «superricos» –restringida a algunas iniciativas nacionales (Francia, España, Brasil)– alcanzó a los propios organismos internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), por ejemplo, impulsa un impuesto mínimo global a las ganancias de las multinacionales con el objetivo de que los países puedan gravar las utilidades allí donde se generan efectivamente. Esta propuesta busca frenar la competencia fiscal entre Estados para atraer inversiones. El poder de las grandes corporaciones –especialmente del sector financiero y tecnológico– supera ampliamente al de los propios Estados.
La conquista del gobierno por parte de un partido de izquierdas en Uruguay trae consigo nuevas expectativas de transformaciones. Muchas cosas se hicieron bien durante los 15 años de gobiernos frenteamplistas, pero la necesidad de una segunda generación de reformas se impone. Se impone en la salud, en la educación, en la política de vivienda y en las estrategias de combate a la pobreza. Se impone, también y con fuerza (el programa del Frente Amplio da cuenta de esto),la idea de una segunda generación de reformas tributarias.1
La pregunta sobre cómo financiar las políticas que el país necesita –en un contexto de déficit proyectado de 3.000 millones de dólares para 2025, equivalente al 4,1 por ciento del PBI– se vuelve ineludible. Hay que contemplar no solo los gastos actuales, sino también los compromisos futuros, en especial la erradicación de la pobreza infantil. Frente a este escenario, es urgente la búsqueda de recursos que no sean apenas un aumento de la deuda externa (ya nos vimos obligados a aumentar el tope de endeudamiento en 1.200.000 dólares) ni de inversiones extranjeras que crean poco empleo, tienen impactos ambientales negativos y derivan sus ganancias hacia el exterior. La idea de aplicar un gravamen del 1 por ciento al 1 por ciento más rico de la población, que daría un incremento de recursos del 1 por ciento del PBI, ha ido cobrando fuerza en el debate académico y ha sido tomada y multiplicada por el PIT-CNT.
Hoy sabemos mucho más de la riqueza de lo que sabíamos hace 20 años. En aquel entonces sabíamos mucho sobre la pobreza, el gasto público y la asignación de recursos de cada división del Estado, pero poco sobre la riqueza o la tasa de ganancia de las empresas. Lo que no se conoce, no se puede contar. Y, sobre todo, no se puede regular. Con la reforma tributaria empezamos a conocer mucho más sobre todo esto: se redujo la evasión, se transparentaron los flujos financieros y se formalizó la economía. Sin embargo, esta reforma no logró afectar significativamente el patrimonio del 1 por ciento más rico. Uruguay eligió un impuesto «dual» que grava diferencialmente al capital y al trabajo y redujo la participación del impuesto al patrimonio a sus mínimos históricos. Hoy, como bien mostró Piketty, sabemos que, cuando el rendimiento del capital es superior al crecimiento de la economía, la riqueza acumulada crece mucho más rápido que los ingresos por el trabajo o el producto total de la sociedad. Por eso los gravámenes a la riqueza acumulada (incluyendo la herencia) se consideran medidas no solo necesarias, sino profundamente justas.
Los estudios sistemáticos sobre la desigualdad y el capital en Uruguay muestran que la pobreza es un resultado de la desigualdad.2 De hecho, un país puede crecer económicamente y aumentar su pobreza porque no todos se apropian de esta riqueza en la misma proporción. En Uruguay, el 40 por ciento de la riqueza está en manos del 1 por ciento: es como si en una casa de 100 metros cuadrados una persona tuviera para sí 40 metros cuadrados y otras 50 personas se las tuvieran que arreglar con 5 metros cuadrados o estuvieran incluso afuera de la casa por su situación de endeudamiento. Si se viera así, resultaría escandaloso. Pero la riqueza se esconde, y uno de los lugares en los que se esconde es en el sistema financiero. Buena parte de la riqueza del Uruguay se concentra en bienes muebles, campos, pero muy especialmente en activos financieros.
¿Cómo es este 1 por ciento más rico de Uruguay? Concentra propiedades, empresas, acciones, bonos y dinero en cuentas bancarias. Suele ser de sexo masculino y sus ingresos provienen mayoritariamente de la concentración de capital, lo que los hace crecer más rápido que los ingresos del resto. Posee nada más y nada menos que el 40,6 por ciento del total de la riqueza. Es decir, casi la mitad de la riqueza del país les pertenece a menos de 40 mil personas.
Mientras tanto, según las últimas mediciones del Instituto Nacional de Estadística, el 17,3 por ciento de la población uruguaya se encuentra bajo la línea de pobreza y uno de cada tres niños o niñas es pobre. Sabemos también que la pobreza en Uruguay tiene rostro de mujer jefa de hogar, afecta más a las personas afrodescendientes y se concentra en las zonas urbanas periféricas. Todos los partidos políticos, y también la ciudadanía, concuerdan en que la situación no puede continuar así. La pobreza, y particularmente la pobreza infantil, fue uno de los principales temas de campaña en Uruguay. La propuesta de buscar recursos genuinos de nuestra propia riqueza nacional para abatir la pobreza infantil es intelectualmente honesta y profundamente justa.
En primer lugar, es intelectualmente honesta porque el gravamen al capital acumulado es condición indispensable para tener una política tributaria progresiva, frente a la obscena concentración de la riqueza en el capitalismo tardío de nuestros días. No es una ocurrencia del PIT-CNT. Es una propuesta documentada, analizada y puesta sobre la mesa por la ciencia económica.
En segundo lugar, esta propuesta también es profundamente justa, y esto es muy importante, porque no existiría desigualdad si no existiera consentimiento. De lo contrario, con los niveles de desigualdad que hay en el planeta sería impensable otra cosa que la guerra y, por cierto, sería impensable la democracia. Como bien señaló Rousseau en su Discurso sobre el origen de la desigualdad, los seres humanos, nacidos iguales en todo, no consentirían la desigualdad y el poder de unos sobre otros si no estuvieran sometidos a un pacto de dominación. Para este pacto son necesarias las creencias compartidas, los dogmas repetidos, el «sentido común» predominante. Y es por eso que la ciencia es esencialmente revolucionaria.
Como dice Mauricio de Rosa, necesitamos políticas basadas en evidencia y no en prejuicios disfrazados de sentido común. Que los empresarios producen la riqueza y los trabajadores solo la consumen es un dogma, no una verdad científica. Que los pobres son pobres porque no quieren trabajar es un prejuicio estúpido. Es tan estúpido como decir que las mujeres son menos inteligentes que los hombres o que los blancos valen más que los negros. Son dogmas de desigualdad que, de tanto repetirse, consolidan la idea de que riqueza y pobreza son merecidas, que la redistribución tiene sus límites y que es imposible un mundo de iguales. Por eso, una propuesta fiscal que apunte a la justicia redistributiva no es solo técnica: es profundamente política. Recupera el sentido de lo justo. Y nos recuerda que, sin una batalla cultural, no hay transformación posible.
- «Las modificaciones en la política tributaria tendrán como concepto que paguen más los que tienen más riqueza y más ingresos, aliviando la carga tributaria sobre los que menos tienen» (pág. 29). ↩︎
- Rafael Carranza, Mauricio de Rosa e Ignacio Flores, «Wealth inequality in Latin America (2000-2020): data, facts and conjectures», Oxford Open Economics, volumen 4 (suplemento 1), 2025, y Mauricio de Rosa, «Wealth Inequality in the South: Multi Source Evidence from Uruguay», Review of Income and Wealth, volumen 71(1), e12683, 2025. ↩︎