El reciente encuentro en Sevilla, en el marco de la Cumbre de las Naciones Unidas, ha reactivado un interrogante cuya vigencia resulta cada vez más insoportable: ¿para qué existen las Naciones Unidas? La pregunta, formulada con una lucidez rabiosa por Fidel Castro ante la Asamblea General en 1979, sigue flotando como un eco incómodo en medio del naufragio ético del orden internacional. «¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? ¿Para qué sirve el mundo?», inquiría Fidel con la vehemencia de quien entendía que aquella institución, nacida del trauma de la Segunda Guerra Mundial, no había sido concebida para democratizar el poder, sino para administrarlo.
Han pasado más de cuatro décadas y los hechos han respondido con crudeza. La ONU no ha sido capaz de frenar los crímenes de guerra, ni de proteger a los pueblos, ni de garantizar un mínimo de justicia internacional. En cambio, ha funcionado como coartada institucional del poder imperial. Su estructura, lejos de ser neutral o humanitaria, está diseñada para blindar a las potencias hegemónicas frente a cualquier rendición de cuentas. El Consejo de Seguridad, órgano central de decisiones, consagra el derecho al veto como herramienta de dominación: cinco Estados deciden qué guerra es legítima, qué crimen es tolerable y qué pueblo merece ser escuchado o ignorado.
No es una disfunción, es una arquitectura. La ONU, tal como está concebida, no ha sido derrotada por sus limitaciones: ha sido fiel a sus verdaderos propósitos. Como señaló demoledoramente Castro en una de sus últimas reflexiones, en el año 2010: «La ONU ya está agotada, mientras siga siendo un feudo de los poderosos y del poder imperial». Y, sin embargo, eso es exactamente lo que ha llegado a ser. En Gaza, la maquinaria del genocidio actúa con impunidad, amparada por el veto de Estados Unidos, mientras hospitales, universidades y refugios son reducidos a escombros. El mundo observa, documenta, denuncia, pero nada se detiene. El escudo del veto neutraliza cualquier intento de legalidad.
El secretario general, António Guterres, ha manifestado su «profunda preocupación» y ha llamado a un alto el fuego, pero ha evitado cuidadosamente nombrar el crimen por su nombre: genocidio. No por ignorancia, sino por cálculo. No por falta de pruebas, sino por exceso de presiones. En este contexto, su figura no encarna una conciencia moral global, sino una prudencia diplomática incapaz de enfrentarse al poder real. Su silencio no es neutral: es funcional. La ONU no calla por impotencia, sino por conveniencia.
Mientras se negocia el lenguaje de resoluciones ambiguas, niños mueren bajo los escombros; mientras se celebran conferencias para explorar salidas sostenibles, poblaciones enteras son borradas del mapa. El aparato multilateral se ha convertido en una escenografía cínica, en la que la diplomacia opera como simulacro y el derecho internacional se aplica selectivamente, según convenga a los intereses de los poderosos.
La historia reciente lo confirma: la ONU no ha detenido la invasión de Irak ni la ocupación de Afganistán. No evitó el colapso de Libia ni la catástrofe humanitaria en Siria. No ha puesto fin a los bloqueos ilegales contra Cuba, Venezuela o Gaza. No ha impedido el saqueo sistemático del África subsahariana ni la expansión sin freno de la OTAN. Su papel, más que garantizar la paz, ha sido administrar la impunidad.
Ya en 1964, en su histórico discurso ante la propia Asamblea General, Ernesto Che Guevara lo advertía con crudeza: «Esta gran entidad que es la ONU ha fracasado en su intento de llevar la paz al mundo».
La reforma de las Naciones Unidas no puede reducirse a un simple ajuste de procedimientos ni a una redistribución cosmética de escaños. Implica desmantelar el derecho de veto, democratizar el sistema de toma de decisiones y someter a todas las naciones, grandes o pequeñas, al amparo de una legalidad internacional justa. Para que haya paz, debe haber justicia y para que haya justicia, debe existir equidad y verdad. Esa verdad –incómoda y evidente– es que el actual sistema multilateral no representa a los pueblos del mundo, sino a las élites que gobiernan sobre ellos.
Repensar el sistema internacional exige imaginar una arquitectura de justicia global que no esté al servicio de intereses económicos ni militares, sino de la vida y la dignidad humanas.
María Teresa Felipe Sosa es Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de La Habana. Nota tomada de Diario Red, España. Brecha reproduce fragmentos.
