Nos dirigimos a ustedes como colectivo de profesionales del área social, jurídica y de la salud aludidos en el artículo «En el limbo», publicado en la edición 2070. Dicho artículo, al referirse al servicio de atención a víctimas de trata gestionado por Inmujeres, nos afecta directamente con afirmaciones agraviantes que dañan gravemente nuestra reputación profesional y ética.
DESLINDE INEQUÍVOCO DE RESPONSABILIDADES
El artículo en cuestión genera una perniciosa amalgama entre la gestión administrativa del convenio y la labor técnica de los profesionales. Por la presente, deslindamos de manera categórica y total nuestra responsabilidad en las fallas organizativas y de gestión que llevaron al servicio a un estado de «limbo» institucional.
Es crucial aclarar que nuestro colectivo, dotado de vasta formación y experiencia nacional e internacional en la materia, fue convocado y contratado de manera precaria bajo la modalidad de zafrales por la organización Agenda de Derechos. La sugerencia del artículo de que en el pasado «nadie tuvo la calificación» es, por tanto, una generalización falaz que no nos comprende y que busca sembrar confusión, pero sí se aclara que profesionales de la organización El Paso no se presentaron a dichos llamados, aclaración por demás llamativa.
Nuestra labor se circunscribió estricta y exclusivamente al ámbito técnico-asistencial. Cumplimos con nuestras funciones con la máxima diligencia y compromiso ético, a menudo en condiciones de extrema precariedad y sin los recursos mínimos indispensables para garantizar una atención de calidad. La responsabilidad por la provisión de infraestructura adecuada, equipamiento, recursos materiales, organización administrativa y supervisión contractual recae, por ley y por contrato, exclusivamente en la ONG contratista y en la entidad estatal supervisora, Inmujeres.
Denunciamos que fuimos obligados a trabajar en un vacío institucional, sin el soporte logístico y administrativo que el propio empleador tiene la obligación de proveer. Concretamente, la coordinación a cargo –rol ocupado por la única persona que accedió a su puesto por concurso, a la que se hace referencia en vuestro artículo– nos mantuvo deliberadamente sin herramientas de trabajo tan básicas como una computadora y nos restringió el acceso a información esencial.
De igual forma, los informes técnicos que realizábamos no eran elevados a la supervisión de Inmujeres, lo que obstaculizaba el seguimiento de los casos. Esta situación de precariedad fue agravada por un menoscabo a nuestra labor, que llegó al punto de que la tarea psicosocial fuese realizada por personal no calificado en salud o por la propia coordinadora, cuya profesión dista de alguna rama vinculada a la atención en ese campo tan sensible.
Estas y otras graves desavenencias, que lindan con la falta de ética y el incumplimiento de las obligaciones patronales, motivaron nuestro alejamiento de la mencionada organización. Es importante señalar que, antes de desvincularnos, ofrecimos formalmente realizar los cierres de proceso con las personas que atendíamos, para garantizar la continuidad de la asistencia, pero esta oportunidad nos fue negada tanto por la coordinadora del servicio como por la organización contratante. De todo lo ocurrido pusimos en conocimiento a autoridades de Inmujeres que supervisaban, quienes escucharon de manera solícita cada una de nuestras posturas, lo cual agradecemos.
EXPOSICIÓN DE IRREGULARIDADES SISTÉMICAS: UN PATRÓN QUE SE REPITE
La situación que padecimos no es un hecho aislado, sino el síntoma de una falla sistémica en la tercerización de servicios sociales en Uruguay. Cabe preguntarse si estas narrativas no surgen de un enojo por la pérdida de un lucrativo ingreso basado en la especulación con el sufrimiento y la vulnerabilidad ajena. El patrón parece repetirse: se externaliza un servicio crítico a una organización, se diluye el control estatal y los únicos que pagan las consecuencias reputacionales somos los trabajadores de primera línea y, fundamentalmente, las poblaciones vulnerables que deberían ser atendidas.
Este patrón de comportamiento pone de manifiesto un fenómeno más profundo y pernicioso: la mercantilización de la ayuda social y el monopolio que ciertas organizaciones pretenden arrogarse sobre temas y poblaciones vulnerables. La disputa por la pérdida de ingresos económicos no debe dirimirse desprestigiando a trabajadores serios, sino fiscalizando a las organizaciones que transforman la solidaridad en un mercado.