Martina tiene 9 años. Sus padres se separaron por primera vez meses antes de que naciera, y por segunda vez a sus pocos meses de vida. En un control pediátrico –a los dos meses–, el padre ejerció violencia psicológica hacia la madre delante del pediatra y ello motivó una derivación al servicio de violencia del prestador de salud.
Lo que vino después fue un sinnúmero de situaciones de violencia, denuncias y medidas de protección. Martina lloraba cada vez que tenía que irse con su padre, quien literalmente la arrancaba de los brazos de la madre –a quien la niña se aferraba– y se la llevaba mientras la pequeña lloraba. Varios episodios motivaron la suspensión del régimen de visitas, pero, una vez terminadas las medidas cautelares, la sede de Familia volvía a decretar que se retomaran las visitas. El padre estuvo un año con tobillera, pero cuando las medidas finalizaban se volvía a obligar a la niña a visitarlo. Ella siempre se iba llorando.
Luego empezó otro calvario: las terapias de revinculación. Martina –que tenía entonces 8 años– explicó a su psicóloga tratante, a la psicóloga forense, a las distintas psiquiatras pediátricas que la atendieron y a su abogada defensora que no quería ver más a su padre, que este la encerraba, le pegaba, se acostaba desnudo a dormir con ella y eso a ella no le gustaba.
Hoy tiene 9 años y nadie la escucha. No está en contacto con su padre, pero está siendo sometida a terapias de revinculación en las que la psicóloga le reprocha que se comporta como una niña de 5 años, le dice que tiene que perdonar a su padre, que no sea caprichosa y que sí o sí tiene que verlo porque la jueza así lo dispone. La madre está aterrorizada porque, según la jueza, si la niña no logra revincularse con el padre, le van a quitar la tenencia y se la entregarán a él.
Martina ya dijo varias veces que si la obligan, se va a matar.
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El caso real de Martina –nombre ficticio– es uno de muchísimos que se tramitan en la Justicia uruguaya hoy.
Según datos de 2025 de Unicef, uno de cada cinco niños, niñas o adolescentes uruguayos vive en un hogar donde su madre u otra mujer a cargo de su cuidado ha sufrido violencia de su pareja o expareja en los últimos 12 meses. Siete de cada diez denuncias de delitos sexuales tienen como víctimas a niños, niñas y adolescentes, según el Ministerio del Interior. El Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia reporta que 13 niños fueron asesinados por violencia vicaria en los últimos tres años.
La violencia vicaria es una forma de violencia contra las mujeres en la que el agresor utiliza a terceras personas para provocar daño, sufrimiento y perpetuar el control sobre su expareja. La psicóloga Sonia Vaccaro plantea que una de las formas más extremas es la del asesinato de los hijos e hijas. La autora señala que el hombre quiere dañar a la mujer y el daño se hace a través de terceros, por interpósita persona. El maltratador sabe que dañar o asesinar a los hijos/as es asegurarse de que la mujer no se recuperará jamás.
Otra forma, más cotidiana y poco identificada como tal, ocurre cuando los agresores se presentan al sistema de justicia como buenos padres a solicitar visitas, tenencias compartidas y, en algunos casos, la tenencia exclusiva. Aducen que las denuncias de las mujeres son falsas, que los relatos que hacen sus hijos e hijas son implantados por sus madres, y utilizan conceptos como alienación parental, obstrucción del vínculo, inoculación materna, manipulación, entre otros.
En los últimos años, la Justicia ha sido permeada con más fuerza por ideas sin bases científicas, como el concepto de alienación materna, que tiene sus orígenes en el falso síndrome de alienación parental, inventado por el psiquiatra norteamericano Richard Gardner, que, además, sostenía discursos a favor de la pedofilia.
A pesar de que hay evidencia científica sólida sobre la prevalencia de la violencia de género y generacional, se ha instalado un discurso que pone en cuestión las denuncias. Este discurso se ha convertido en un fenómeno global, a través del cual movimientos antiderechos desarrollan estrategias para poner un freno al avance en el reconocimiento, la protección y la sanción de las violencias hacia las mujeres, los niños, niñas y adolescentes.
En 2023, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer alertó sobre la tendencia a pasar por alto los antecedentes de violencia doméstica y malos tratos en los litigios por la custodia de los hijos. Señaló que, en varios países, los tribunales de familia han tendido a considerar tales denuncias como un intento deliberado de la madre de manipular a sus hijos y separarlos del padre. Asimismo, planteó que, cuando existe violencia, los tribunales tienen la obligación de escuchar la opinión de los niños, validar sus relatos y experiencias y promover respuestas que les brinden protección. Sin embargo, se constata que estas opiniones se toman de forma selectiva, dependiendo de si concuerdan o no con la tendencia predominante a «favorecer el contacto» con ambos progenitores.
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Uruguay fragiliza la protección hacia las infancias y las adolescencias víctimas de violencia al contar con una legislación regresiva que los expone a visitas y tenencias a pesar de que existen denuncias de violencia y de que en muchos casos se hayan tomado previamente medidas de protección. Coloca a las infancias en riesgo, al permitir que ideas sin bases científicas sean utilizadas para obligar a niños y niñas a revinculaciones forzadas aduciendo que los niños están manipulados y/o alienados por su progenitora. Los expone a un sufrimiento extremo cuando los separa de sus madres protectoras y sus familias, y entrega la tenencia al progenitor violento.
Los agresores logran así continuar ejerciendo el poder y el dominio sobre sus hijos e hijas, a los que someten a un enorme sufrimiento. Muchos de los casos de niños asesinados por sus padres por violencia vicaria fueron cometidos durante las visitas o en el marco de la tenencia compartida.
Es necesario fortalecer las leyes de protección a las infancias víctimas de violencia. Eso supone derogar la ley de corresponsabilidad en la crianza, prohibir la revinculación forzada y prohibir también que se decreten terapias de revinculación y/o coordinación parental en caso de que haya antecedentes de violencia. Además, se requiere dotar de mayores recursos al Poder Judicial para equipos técnicos de alta especialización que puedan realizar con la celeridad necesaria las valoraciones de riesgo y los diagnósticos en cada caso. Equipos que podrán detectar, si existiera, una falsa denuncia; que son excepcionales, pero es importante poder dilucidar.
Las infancias necesitan respuestas que comprendan la gravedad que implica crecer en un hogar donde existe violencia basada en género, que privilegien la protección, aún frente a la duda, y que entiendan que un violento nunca puede ser un buen progenitor.