El lunes 15 de setiembre, en el marco del Mes de la Diversidad, se realizó en el anexo de la Torre Ejecutiva la jornada Territorios Diversos en Diálogo. Al cierre, la artista drag Negrashka Fox protagonizó una breve performance que generó rechazo público. El senador nacionalista Sebastián Da Silva se preguntó mediante un posteo en X: «¿Es necesario hacer este tipo de actos en Presidencia de la República?», y afirmó que «los límites de la cordura y de la investidura desaparecieron». El cabildante Guido Manini Ríos se sumó: «¿Es Presidencia el ámbito apropiado para este tipo de “espectáculos”? ¿Y con menores presentes? ¿Realmente debemos bancar esto? Lamentable…», expresó.
La jornada, organizada por la Secretaría de Derechos Humanos, se desarrolló como parte de una agenda técnica, que incluyó un amplio programa con intervenciones institucionales, voces de la sociedad civil, presentaciones académicas y la exposición de un informe sobre trayectorias laborales de personas trans. Pese a la variedad de mesas y a las más de cuatro horas de duración de los contenidos, la atención pública se concentró en los tres minutos finales y quedó reducida a las críticas sobre la breve presentación de la artista, que desplazaron el contenido sustantivo del resto de la jornada.1
En su discurso del lunes, Collette Spinetti, quien encabeza la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, reivindicó el valor de las políticas públicas frente a una coyuntura internacional retrógrada y calificó a Uruguay como «una isla» en materia de derechos. Además, presentó una batería de medidas orientadas a territorializar y descentralizar las políticas de diversidad: anunció que las intendencias dispondrán de oficinas específicas de derechos humanos y diversidad, explicó cómo el programa EnCada Territorio, Más Derechos genera espacios de diálogo y confirmó el respaldo del Congreso de Intendentes para instalar esas oficinas en las comunas.
Además, comprometió la colaboración de la Secretaría en la implementación del Plan Nacional deDerechos Humanos como hoja de ruta estatal, en coordinación con la Oficina Nacional del Servicio Civil, para avanzar en cupos laborales destinados a poblaciones vulnerabilizadas, y remarcó el apoyo a políticas educativas, así como la necesidad de atender el acoso escolar y el acceso a la salud y la vivienda. Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Social, Federico Graña, expresó que el camino es «escuchar y ser claros con el rumbo y las prioridades para evitar que desaparezca lo consolidado». Afirmó también que se revisará la Ley Integral para Personas Trans y reconoció que el mayor déficit está en la cuota laboral.
De manera que hubo anuncios relevantes, a pesar de que la efectividad de estos programas dependerá de los recursos efectivamente asignados. Pero nada se ha dicho al respecto. El debate se centró en la pertinencia o no de un show drag en el edificio de Presidencia (¡tiemblan la moral y las buenas costumbres!).
Frente a las críticas, Spinetti –quien por estos días enfrenta cuestionamientos de su sector a la interna del Frente Amplio (FA)– explicó que la performance buscó romper estereotipos y que la idea de la jornada era escuchar y promover acciones concretas. No deja de llamar la atención la velocidad con la que la polémica artística fue utilizada de manera política. Aparentemente, dentro del propio FA existían cuestionamientos previos hacia Spinetti, relacionados con temas de gestión. En una carta que Miguel Sejas, secretario general de PAIS (Participación, Acción e Integración Social), dirigió al presidente del FA, Fernando Pereira, y al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el sector frenteamplista informó que le retiró su «apoyo y confianza política» a Spinetti. A pesar de que esta sanción partidaria fue anterior a lo ocurrido el lunes, su alcance se ve ahora distorsionado y empañado por el cúmulo de señalamientos y el ruido mediático que rodea el caso. La expulsión tiene, además, un efecto simbólico preocupante: va contra la trayectoria de una activista –la primera mujer trans en ocupar un cargo dentro del Ejecutivo– y abre la puerta a lecturas de persecución o discriminación.
La pregunta legítima detrás del tuit de Da Silva –¿qué actos corresponden en un edificio público y cuáles no?– fue sustituida pronto por una reacción moralizante sobre las formas artísticas. Las burlas hacia los estereotipos y la «calidad artística» del espectáculo no tardaron en llegar. En redes sociales y en programas de radio se llegó a decir: «Hubieran puesto una grabación de un espectáculo y no generaban lo que generó».
¿Una grabación de una performance drag? ¿Qué es lo que genera rechazo? ¿El cuerpo drag? ¿Un cuerpo no binario? ¿Molesta que la artista muestre caderas y senos a la vez que lleva barba? Una vez más, el «cuerpo monstruoso» amenaza los modelos heteronormativos de lo binario. Los edificios públicos no son espacios privados donde solo cabe cierto «gusto institucional». Convertir la crítica en una acusación de «falta de investidura» equivale a confundir la forma (una performance) con el fondo (políticas de protección y acciones estatales).
Es de perogrullo, pero conviene recordarlo: la libertad de expresión y la libertad artística no son caprichos, sino herramientas democráticas de participación y de visibilización. Las artes performativas –incluida la cultura drag– funcionan socialmente como dispositivos para mostrar identidades, desarmar prejuicios y generar empatía a través de una experiencia estética. Prohibir o censurar esas formas cuando están insertas en acciones públicas relacionadas con derechos sería incompatible con la libertad de expresión protegida en una democracia plena. La performance no es un fin en sí mismo: es una forma de comunicación que en este caso cerraba una jornada de trabajo sobre derechos humanos. Como sostiene Judith Butler, el género no es una esencia, sino algo que se crea mediante acciones repetidas; por eso una performance en un acto oficial puede funcionar como gesto político: desarma expectativas, cuestiona normas y abre espacios de visibilidad.
El hecho también puede leerse en clave biopolítica: las intervenciones sobre el cuerpo (hormonas, prácticas performativas y gestos públicos) funcionan como tácticas políticas frente a regímenes que gestionan y norman la sexualidad y el género. Leer la performance solo como «provocación» omite que ese gesto corporal es también una intervención contra modos institucionales de control. Es una demostración de que el cuerpo puede convertirse en herramienta de demanda política y en una reivindicación del derecho a existir.
La visibilidad forma parte de la política pública. Es importante que el Estado dé señales y salga al encuentro de grupos relegados. En ese sentido, la visibilidad no es un show vacío: tiene efectos medibles en inclusión social, en reducción del estigma y en acceso a derechos. Que una persona trans o una performer participe de un acto institucional es un acto político porque se reconocen a esas identidades como sujetos de derechos.
En contextos en los que las personas LGBTIQ+ sufren discriminación real, su presencia institucional tiene un valor político y simbólico. Decir que algo «rompe la investidura» es apelar al pudor y a un ideal abstracto de solemnidad, algo que cambia según el observador. Si la investidura se entiende como respeto a la institución, cabe preguntarse dónde está el respeto: en excluir sistemáticamente a minorías o en abrir canales de diálogo que busquen reducir desigualdades. Además, la crítica por la forma artística evita discutir las políticas concretas presentadas en la jornada; un desplazamiento retórico típico que convierte una opinión estética en épica política.
Está claro que no podemos decir que, en nombre de la diversidad, en la esfera pública vale todo; sería ingenuo afirmarlo. Pero tampoco se puede confundir la demanda de criterios con una condena a la presencia de identidades diversas. Quienes critican, ¿qué alternativa plantean para garantizar derechos y visibilidad sin ofender a nadie? Si no hay propuestas, la crítica se reduce a una queja estética. La consistencia del debate exige acciones, no indignación performativa. Lo razonable sería discutir medidas, presupuestos, criterios de programación y alcances de las posibles políticas públicas. Acusar sin ofrecer alternativas es, en la práctica, un veto a la discusión y a la participación. La vía democrática debería ser la deliberación basada en argumentos, no el espectáculo moralizante que suelen despertar las redes sociales.
La discusión sobre la performance en Presidencia no es solo una pelea por el decoro: es una prueba de qué se entiende por democracia y presencia en el escenario público. Un Estado que pretende garantizar derechos no puede renunciar al uso creativo de la comunicación política ni a la visibilidad de quienes han sido marginados. Si la pregunta es «¿es necesario?», la respuesta democrática es una: sí.
- Se puede ver en YouTube como «Hacia el fortalecimiento de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+». ↩︎