El gobierno destinará 96 millones de pesos a la implementación efectiva de la ley 20.375 sobre la canasta higiénica menstrual, un proyecto presentado en 2020 por la entonces parlamentaria del Partido Colorado María Eugenia Roselló y aprobado en 2024. El artículo 417 del proyecto de presupuesto, que por estas horas está siendo votado en la Cámara de Senadores –con ese número salió de la Comisión de Hacienda, pero el plenario puede cambiarlo–, asigna una partida anual de 1.200 pesos adicionales para los hogares con personas menstruantes beneficiarios de la Tarjeta Uruguay Social (TUS) del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). De esta forma, se espera llegar a unas 80 mil personas de entre 12 y 50 años en situación de precariedad económica, que recibirán el dinero fraccionado en los 12 meses del año. La asignación presupuestal aumentará gradualmente a 98 millones en 2027, 100 millones en 2028 y 181 millones en 2029.
Según explicó Roselló en el programa Arriba gente (3-IX-25), la prestación estará dirigida en exclusivo a la compra de toallas higiénicas menstruales, dado que otros productos como tampones o copas menstruales «encarecen el valor mensual» y «requieren de cierta educación para su utilización». El monto fue definido según el consumo mensual promedio de toallas y su costo en comercios de barrio. La posibilidad de entregar el producto en forma directa, sin intermediación a través de la TUS –como se había planteado en un inicio–, se descartó por complejidades logísticas y por considerar que «sería descortés con el comerciante de barrio que lo está vendiendo», indicó Roselló.
POR FUERA DEL SISTEMA
Para la referente del colectivo feminista Menstruar en Calle, Andrea Vallejo, el proyecto es «un primer paso» que logra que la temática gane relevancia; sin embargo, «aún deja a mucha población por fuera», según dijo a Brecha. Por ejemplo, a las miles de mujeres y disidencias sexuales que viven su menstruación en la calle. En 2024, un total de 1.144 mujeres fueron acogidas por el Programa Calle del MIDES, que dentro de sus cometidos canaliza el acceso a la TUS. En 2021 la cifra fue de 831.
Consultado por el semanario, el director de Transferencias y Análisis de Datos del MIDES, Juan Martín Fernández, explicó que la cobertura de 80 mil personas proyectada no incluye a personas en situación de calle porque estas reciben TUS con monto simple. Y, por el momento, la canasta higiénica menstrual comenzará a funcionar con destino a quienes reciben TUS con monto duplicado –modalidad de la tarjeta correspondiente a hogares considerados de extrema vulnerabilidad socioeconómica–. La elegibilidad de los hogares beneficiarios en una u otra categoría se determina a través del Índice de Carencias Críticas, herramienta elaborada por el MIDES y la Universidad de la República en 2008 con el fin de focalizar los programas de transferencias.
Estas inconsistencias operativas se evidencian a medida que la problemática del sinhogarismo crece de manera sostenida. En la actualidad, dijo Fernández, casi 7 mil personas en situación de calle son beneficiarias de la TUS, lo que hizo que la prestación, pensada en un inicio para hogares, se convirtiera en un «programa presupuestalmente significativo con un protocolo básico que comete muchas inequidades». A su vez, el jerarca contó que la alerta roja por frío extremo develó que alrededor de 700 personas del interior y 300 de Montevideo que se acercaron a centros de evacuación no están en la órbita del programa.
El director confirmó que el MIDES trabaja hacia una «reoperativización» de las prestaciones para dar respuesta a quienes quedan desatendidos. «Una de las preguntas que nos hacemos es por qué la población en situación de calle recibe TUS simple», señaló. En el ministerio se está revisando el acceso al beneficio de las personas que permanecen a la intemperie sin acudir a centros de atención y de las que viven en el interior, a las que «no se les permite tener TUS», lo que configura «una inequidad territorial que no tiene ningún tipo de justificación».
En cualquier caso, para Vallejo, el acceso efectivo a la canasta higiénica menstrual de esta población «está lejísimo»: «Nuestras mujeres en calle están siendo muy violentadas y están cruzadas por muchas variables, como adicciones, problemas de salud mental y violencia de género». Quienes acceden a la tarjeta «no lo pueden sostener en el tiempo» debido a que «no están atentas» a las fechas de cobro ni a los trámites pertinentes, y es probable que el dinero «no llegue al uso menstrual», consideró.
DEL LADO DEL MERCADO
Menstruar en Calle, que desde 2019 recorre calles de la capital entregando toallas menstruales, milita la gratuidad de los productos como política de salud pública. «Estamos muy solas en esto y, mientras la menstruación esté mercantilizada, se van a seguir perpetuando muchas vulneraciones», planteó Vallejo. Además, cuestionó que el monto destinado a la canasta –de 100 pesos mensuales para cada beneficiaria– refleja «una política pobre para pobres» basada en números «de un mercado casi que informal». El documento técnico que respaldó el proyecto establecía un consumo promedio de entre 20 y 30 toallas menstruales al mes por persona. Teniendo en cuenta que el valor de la presentación clásica de 8 unidades oscila entre 35 y 130 pesos, según el punto de venta y la calidad del producto, la evaluación de la militante parece acertada.
El esfuerzo por garantizar una cobertura más eficaz se repite entre parlamentarias de diferentes veredas políticas. En 2023, la entonces senadora Amanda della Ventura presentó una iniciativa similar a la aprobada, que incluía la entrega directa de productos de gestión menstrual a personas en situación de calle, estudiantes de educación primaria y media públicas, usuarias de la salud pública y mujeres privadas de libertad. Su proyecto pasó a estudio de la Comisión de Salud Pública de la Cámara, en la que no llegó a aprobarse. Ese mismo año, Diputados votó de forma unánime un proyecto impulsado por Roselló que exhortaba al Poder Ejecutivo a eliminar o reducir el IVA que se les asigna a toallas y tampones menstruales (22 por ciento), y que convierte a Uruguay en el país con el impuesto más alto a estos artículos del continente. Pero el Ministerio de Economía y Finanzas del anterior gobierno desestimó la recomendación.
En diálogo con Brecha, Roselló adelantó que volverá a insistir con el tema. Esta vez, a través de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, con la que conversó para que los productos de gestión menstrual se incorporen a la propuesta del Ministerio de Salud Pública de reducir el IVA a productos de higiene bucal. La modificación de esta carga impositiva que grava artículos «de primera necesidad con un IVA de perfumería», sin dudas, «es el paso siguiente» para acortar esta brecha de género en el país, concluyó la exlegisladora.
EL NEGOCIO
A través de un pedido de acceso a la información pública a la Dirección Nacional de Aduanas, Brecha obtuvo cifras de importaciones bajo la partida que agrupa toallas menstruales, protectores, tampones y también pañales. Los datos, construidos en torno a valores CIF –Cost Insurance and Fright, el precio del producto pagado en origen más flete y seguro– y a cantidades físicas declaradas, muestran que este tipo de productos ingresan al país a costos mínimos.
La mayoría de las importaciones declaran valores de entre 0,017 y 0,026 dólares por unidad, es decir, aproximadamente un peso uruguayo por cada toalla, tampón o unidad del producto correspondiente. A partir de estos valores, un paquete de toallas menstruales estándar de ocho unidades tendría un costo de importación de alrededor de ocho pesos. Entre impuestos y márgenes de ganancia, los precios se multiplican, en el caso más barato, por cuatro, y en el más caro, por 16, al llegar a las góndolas.