Estoy de acuerdo con los planteos de Luis Pedernera y de Diego Silva Balerio sobre la necesidad de establecer una comisión de la verdad que esclarezca los casos de violencia institucional contra niños, niñas y adolescentes del sistema de protección en Uruguay.1
Como aporte, aquí presentaré casos ocurridos en 1987 y en la década del 90 que sirven para documentar violaciones de los derechos cometidos en el marco de la institucionalización.2
Pedernera, que cita el antecedente de una comisión de la verdad creada en Chile en 2022, habla de trabajar en Uruguay bajo un marco temporal que abarque desde la creación del Instituto Nacional del Menor (INAME), en 1989, hasta 2005, cuando se crea el INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay).
Entiendo que este marco se puede ampliar y abarcar la etapa del Consejo del Niño durante la dictadura y los primeros años de la democracia, cuando ocurrieron hechos de enorme gravedad.
RAFAEL BERÓN Y LOS SUICIDADOS DE MIGUELETE
La excárcel de Miguelete había cerrado en 1986, cuando los 117 presos fueron trasladados al Comcar y a la cárcel de Punta Carretas. Sin embargo, la cárcel tuvo que reabrirse a finales de 1990, cuando un motín en La Tablada obligó a trasladar a los adolescentes. A partir del 1 de enero de 1991, Miguelete se convirtió en uno de los mayores centros de reclusión de adolescentes de la época.
Rafael Berón fue derivado a Miguelete en el mismo momento. Lo ingresaron un domingo por la tarde en un calabozo putrefacto que emanaba agua de las paredes, y el lunes por la mañana lo hicieron bañarse junto a los otros presos. Era una medida inoportuna en el caso de un menor, cuyo juicio estaba en trámite y ni siquiera se había comprobado la veracidad de la acusación de violación que pesaba sobre él. Berón terminó en el hospital Maciel, donde agonizó por 72 días luego de que supuestamente intentara ahorcarse con la manga de una remera, el 11 de febrero de 1991.
A los gurises asignados para la paliza no les importó el derecho que tenía Rafael a un proceso justo y a las garantías procesales. Entre esas paredes, el Estado convirtió y depositó a un violador al que «había que dársela». Así lo entendían los «educadores», que dijeron: «Lo primero que pensamos es “este botija mañana sale a la calle y me viola a un hijo o viola al hijo de otro; hay que darle”» (Brecha, 14-VI-91).
Lo golpearon en el baño con cachiporras entregadas por los funcionarios e intentaron violarlo. Luego lo trasladaron a su celda en el tercer piso. Esa mañana estaban presentes el presidente interino del INAME, el psicólogo Pablo Robaina, y el director de Miguelete, Ricardo Camello Figueroa. Los dos dijeron a la prensa no haber «visto ni escuchado nada». El funcionario Savia, que acompañó a Rafael, tampoco vio «nada». De los otros dos que estaban en el piso, Gustavo Carrizo no vio «nada» y Diego Vallejo declaró que escuchó que «los otros menores amenazaban con pegarle».3 Mientras Rafael lloraba de dolor por la primera paliza sufrida, dos funcionarios entraron a su celda y le suministraron, según los testimonios narrados a Brecha entonces, «una paliza histórica, a golpes de puños y puntapiés». Después, uno de ellos comentaría: «Cuando subimos a darle la tercera, ya se había colgado» (Brecha, 14-VI-91).
Cuando María Angélica Charquero –su madre, quien lo denunció por agresión sexual en el núcleo familiar– vio a Rafael en el Maciel, denunció que el adolescente estaba en un estado deplorable, con hematomas múltiples y un collar del ahorcamiento en el cuello.
Los testimonios señalan que Berón ató su remera a las rejas de la ventana y se colgó de la manga. Sin embargo, las pericias constataron «lesiones graves y tortura». Tardío e ineficaz, el informe de la pericia forense que investigaba la presunta agresión sexual del joven contra su hermana no constató evidencias de violación.
A mitad de 1991, la directora del Miguelete, Graciela Silva, decía que la situación estaba desbordada y que no podían aplicar las medidas rehabilitadoras porque se pasaban «bajando muchachitos colgados y resolviendo descompensaciones». El director de la División de Alta Contención, Juan Carlos Poncio, sostenía por su parte: «No tengo lineamiento de trabajo, no entiendo nada de esto, estoy en carácter temporal» (Brecha, 21-VI-91).
El suicidio del Marcos Tony Amorín ocurrió en esa época. Fue el 15 de mayo y descontroló a los gurises. Hubo golpeteos de puertas, y una angustia enorme atravesó la cárcel. Los dos enfermeros de guardia que acudieron en ayuda de Tony dejaron la farmacia abierta y varios gurises que estaban afuera de las celdas –en un centro de alta contención– lograron abastecerse de psicofármacos. Un destacamento de la unidad GEO (Grupo Especial de Operaciones) aguardaba en las inmediaciones a la espera de la orden para reprimir. No fue el único caso. Para agosto, se habían registrado 31 intentos de autoeliminación desde la reapertura de la cárcel.
Tony tenía 15 años y provenía de una localidad rural cerca de Lascano. Cometió una veintena de delitos contra la propiedad y se fugó numerosas veces de hogares del INAME. Fue enviado a Miguelete por un juez de Maldonado –medida aplicada en perjuicio del menor y de la familia, según el Servicio de Paz y Justicia–, donde solo aguantó dos semanas.
«Veinte minutos antes estaba jugando tranquilamente al fútbol», relató Figueroa, el director renunciante de Miguelete, y contó que, acto seguido, el joven entró a su celda y se suicidó. «Era un fugado compulsivo y al no poder fugarse materialmente de la celda se fugó a través de la muerte», dijo (Brecha, 24-V-91). El botija había atado una sábana a la mirilla de la celda, por lo que su cuerpo quedó semisuspendido y agonizó por varios minutos.
El miércoles 22, mismo día de la muerte de Berón, se fugaron de manera sospechosa cuatro gurises, apodados el Pelado, el Chino Pato, el Urco y el Copador. Lo hicieron durante un traslado a la cárcel de La Tablada para una revisión odontológica en la que redujeron a los funcionarios del INAME y al conductor de la camioneta. Fueron capturados un mes después. El día 23, ante la Comisión de Minoridad de la Cámara de Representantes, el psicólogo Robaina señaló: «Si no me correspondiese responsabilidad penal, no sé si no abría las puertas de Miguelete como una forma de reaccionar frente a una situación que es necesario asumir» (Brecha, 21-VI-91).
La directora del INAME, la herrerista Silvia Ferreira, reconocía por su parte: «Es evidente que en Miguelete existe una superpoblación perjudicial de menores, ya que la capacidad es para 60 y el número de internos alcanza a 80» (La República, 16-V-91). Ferreira había sido designada por el entonces presidente, Luis Alberto Lacalle, junto con el también herrerista Juan Robaina y la pachequista –exjueza de menores– María Pombo de Cantón. Todos eran cargos políticos asociados a planteos punitivos. Los diputados frentistas Carmen Beramendi, Carlos Pita y Rafael Sanseverino se hicieron presentes en Miguelete por esos días y pudieron comprobar el «agudo nerviosismo» de los adolescentes, las condiciones edilicias deplorables (con celdas y patios anegados por aguas servidas) y la presencia de adolescentes procesados por cargos ridículos como el robo de un caballo, una garrafa, una herramienta o un par de championes. Los jóvenes vivían encerrados en sus celdas individuales 22 horas al día; primarios y reincidentes, personalidades depresivas y psicópatas graves, todos bajo un mismo patrón. Pita declaró airosamente: «Una persona normal que ingrese a Miguelete tiene que terminar suicidándose».
«Si yo fuera director, les daría vida a todos los gurises, por ejemplo, les daría colchones limpios, están sucios, tienen pulgas, las sábanas están sucias», reflexionaba uno de los menores entrevistados por el escaso equipo multidisciplinario conformado de un psicólogo, una estudiante de Derecho y una socióloga, en un trabajo que buscó darles la palabra a los internos.4 Otro señalaba: «Acá te pasan todo el día en la pieza, sin poder conversar con nadie. Acá no nos enseñan nada, estamos presos, sí, pero no somos perros para pasar en una cucha, que nos enseñen trabajo». Y otro agregaba: «Si yo fuera director, les daría talleres, trabajo para los menores, un oficio, por ejemplo, plomería, carpintería».
El régimen no cambió y los suicidios en Miguelete no cesaron. En abril de 1992 se ahorcó Héctor Acosta luego de que se le negara el pase a un hogar de «media abierta», modelo alternativo a la prisión propuesto por el cuerpo técnico del INAME como fórmula para paliar el hacinamiento, ya implementado por Leonardo Clausen en la Colonia Berro, Centro Martirené y Las Brujas (Brecha, 3-I-92).
LAS NIÑAS DEL YAGUARÓN Y EL CASO DE TREINTA Y TRES
Por esos años, en otras dependencias del INAME, como el exhogar Yaguarón, las adolescentes recluidas se amotinaban constantemente exigiendo salidas y traslados. «Al Yaguarón van chicas con trastornos graves de conducta, por prostitución, por delincuencia, y otras a las que aún no se encontró destino en las demás dependencias del Consejo.» La espera podía demorar años. El espacio constaba de dos plantas. En la planta alta del edificio funcionó entrado los ochenta una cárcel de niñas y adolescentes gestionada por el Consejo del Niño. Al subir las escaleras había un pasillo rectangular donde se abría una línea de dormitorios que oficiaban como celdas. El pasillo angosto estaba bordeado por una baranda que daba al vacío de la planta baja. Para las chicas, daba al vacío. «Son incontables (¿50, 100?) los casos de muchachas que al fin de una crisis de soledad o de histeria se han arrojado baranda abajo. “Frustrado intento de suicidio”, dirá el parte» (Brecha, 14-VIII-87).
En 1987 se sucedió uno de los hechos más insoportables y lamentables de la represión contra las menores en Uruguay: por «portarse mal», cuatro chicas murieron carbonizadas y otras ocho resultaron con quemaduras graves mientras se incendiaba el cuarto en el que fueron encerradas como medida de castigo. Ninguna autoridad fue responsabilizada por el hecho (Brecha, 29-VII-22).
En 1992, seis menores internadas en el Yaguarón denunciaron que habían recibido malos tratos. Una investigación lo confirmó y se descubrió también que una de ellas había sido violada por un funcionario.5
En 1987 también fue denunciado otro episodio grave de castigo estatal contra niños, niñas y adolescentes. En este caso, en dependencias del Consejo del Niño de Treinta y Tres, donde durante dos años y medio fueron torturados 23 niños y adolescentes abandonados por sus padres o con patologías psiquiátricas. El testimonio de una adolescente de 15 años, «en un susurro, tapándose la boca con las dos manos», es ilustrativo.
«A los más chicos les metían la cabeza en un barril con agua, que se llama sumergidero. A los que se hacían pichí de noche les pinchaban los testículos con alfileres y les pegaban con toallas mojadas. Para que los grandes no viéramos, nos encerraban en una pieza. Pero yo igual vi varias veces. La señora Violeta lo hacía, y si no, mandaba a algún otro. A mí me pegaron dos veces, mucho. A veces encerraban a los chiquilines en una heladera. Una heladera seca que no funcionaba. Si nos iba mal en la escuela o el liceo, nos obligaban a hacer los deberes de rodillas en el piso. Es muy duro trabajar así. A los grandes nos amenazaban y nos decían que si decíamos algo, nos iban a castigar más» (Brecha, 30-X-87).
El viernes 23 de octubre de 1987 estalló la desesperación cuando los niños se enteraron de que la directora había sido citada al juzgado. Cinco funcionarios del Consejo del Niño, entre ellos la directora departamental, fueron procesados por la jueza de Instrucción de Primer Turno de Treinta y Tres, luego de que en la investigación administrativa se conociera el testimonio de algunos jóvenes que denunciaban penitencias de encierro en una pieza sin camas y sin frazadas durante más de un mes y con un balde para hacer las necesidades, submarinos, plantones, escasez de comida, golpes con objetos contundentes y amenazas.
Ese día, se produjo una explosión de «terror»: algunos niños subieron a los techos y reclamaron por la directora. Otros se escaparon. «Varios sufrieron crisis de excitación sicomotriz, llantos histéricos.» Acudieron autoridades, médicos, policías. Durante casi seis horas fue imposible calmarlos, señalaba un médico a Brecha. «Estaban horrorizados, algunos se nos aferraban a las piernas preguntando por la directora, como desesperados. Todos demostraban un estado de inseguridad profundo. Parecía que temían algo horrible. A nosotros mismos nos era difícil entender por qué. La interpretación que yo puedo hacer es que la dependencia psíquica de la directora era tal que su ausencia les produjo un terror de lo desconocido, de algo peor que todo lo anterior» (Brecha, 30-X-87).
- Véanse Brecha, 23-I-26 y 6-II-26, respectivamente. ↩︎
- Casos tratados en mi libro Atrapado en libertad. Cárcel y criminalización de la pobreza y la juventud Uruguay 1985-2002, Alter Ediciones, 2024. ↩︎
- Ernesto González Bermejo, Nacidos para perder, Ediciones de la Banda Oriental, 1992. ↩︎
- Mónica Rodríguez Morencio y Nelson Alzaradel Dueñas, «Miguelete: los menores tienen la palabra», en Anales de las Segundas Jornadas Uruguayas de Criminología, 1991. ↩︎
- Informe anual del Servicio de Paz y Justicia, 1992. ↩︎
