Este artículo es la segunda parte de un recorrido por algunos hechos de tratos crueles e inhumanos ocurridos en la cárcel de adolescentes de Miguelete a inicios de la década de 1990. El cometido es continuar aportando elementos en favor de la creación de una comisión de la verdad sobre violencia estatal contra niñeces y adolescencias en el Uruguay de la posdictadura, propuesta por Luis Pedernera recientemente. En esta oportunidad, voy a abordar un levantamiento de los adolescentes ocurrido en Miguelete en el año 1993, sus derivas políticas y las consecuencias de la represión desatada por la policía.
Ya en aquel momento, la alarma mediática ponía a los adolescentes como chivos expiatorios de una supuesta «ola del delito». En rigor, durante fines de los ochenta y principios de los noventa, el fenómeno nunca superó los 100 adolescentes, que, sin embargo, eran presentados en la prensa como hordas masivas de infantojuveniles. La doctora Elsa Viña del Priegue (jueza letrada de menores de Primer Turno en Montevideo) elaboró un destacado informe en 1986 en el que caracterizaba el perfil de los menores infractores peligrosos, que no eran más de 60, fundamentalmente varones, de entre 14 y 17 años. Se trataba de jóvenes marginados en todos los aspectos que cometían principalmente ilícitos contra la propiedad y se fugaban habitualmente de los hogares de internación. Ocho años después, la cifra apenas alcanzaba los 70 adolescentes internados en dependencias de la división de Alta Seguridad, de acuerdo con un informe del Servicio Paz y Justicia Uruguay (Serpaj) del año 1994. Sin embargo, en Uruguay en 1990 existían tres establecimientos de reclusión de alta seguridad para adolescentes de entre 15 a 18 años.
En este contexto, Miguelete –con algunas reformas edilicias, pero con las características del viejo penal para adultos– se transformó en una cárcel para los adolescentes más peligrosos. «Se puede decir con total certeza que el INAME [Instituto Nacional del Menor] no está interesado en la rehabilitación de los menores de Miguelete. Lo que quieren es hacer un establecimiento de contención, que en su lenguaje significa una cárcel como las peores del país» (Brecha, 14-II-92), afirmaba entonces, de manera anónima, un grupo de funcionarios del establecimiento. Según los funcionarios, las autoridades preferían que los chiquilines se suicidaran antes de que se fugaran, pues «una muerte en Miguelete no le quita votos a ningún partido político, pero sí las fugas».
Los vejámenes sufridos por los adolescentes en Miguelete iban desde la suspensión de un recreo hasta aislamientos por 14 meses. El Pelado, Marcelo Roldán, el mejor chivito al plato que sirvió la prensa en el restaurante de los noventa venía de un encierro de 120 días en 1993, por resistencia a la autoridad y fugas. Anteriormente, en abril de 1992, les habían construido a él y a su colega, el Chino-Pato, celdas especialmente aisladas con severa censura del régimen de visitas y patio por tres meses.
El 14 de marzo de 1993, el escapista les hizo una visita a sus campañeris saltando por los techos del penal y recalando ileso entre los presos que disfrutaban del sol en el patio. El botija que no veía al astro rey hacía rato no quiso negociar con sus verdugos. Regresar al buzón no era opción. Otra vez se resistió y hubo más represión. Él y sus cumpas comenzaron a golpear las puertas; «fue un golpeteo unánime» y espontáneo reclamando la presencia de Poncio, el director del área de alta contención del INAME, y de Silvia Ferreira, la directora. Querían denunciar el régimen de terror implantado por la directora de Miguelete, María Eline Ramos, y de los funcionarios. «Sabíamos que la directora lo primero que hace es hacer entrar a la guardia. Si entraba la guardia, estábamos decididos a quemar colchones» (Brecha, 26-III-93).
Esa madrugada, la directora de la cárcel de Miguelete ordenó el ingreso del Grupo Especial de Operaciones (GEO). La escena era de cascos, humo y escudos en la oscuridad, además de gritos, llantos de bronca y una carabina que arrojaba cartuchos con gases lacrimógenos. «Los menores la vieron venir», escribía Ernesto González Bermejo para Brecha. «Como sabíamos que, cuando ellos entran, nos pegan, empezamos a prender fuego unos colchones, yo y otro botija […]. El colchón mío se incendió enseguida y me empecé a quemar y pedía que apagaran el fuego. Oí que los GEO decían: “Dejá que se tueste un poco”.»
A bastonazos, piñazos y puntapiés, hicieron subir corriendo a los muchachos al piso de hormigón del patio. «El cuadro es el siguiente: 26 muchachos arrodillados en el suelo, desnudos, golpeados por los hombres especialmente entrenados para hacerlo», narraba González Bermejo. Con el agregado de que un despiadado oficial les hacía gritar: «Viva la guardia».
—Un oficial me preguntó si era guapo y le dije que yo era de carne y hueso, como todo el mundo, y si no pensaba que mañana él podía tener un hijo que podría estar allí, en mi lugar. Me puso una 9 milímetros en la oreja y después en la boca –el Pelado le contaba al semanario entonces. Y luego–: Oí una explosión y picazón en todo el cuerpo. Era una granada lacrimógena que habían tirado. Corrí por el patio porque no podía respirar. Me volvieron a tirar al piso y me estuvieron dándome patadas por el culo durante media hora. El oficial me dio una Biblia y me dijo que tenía que estudiarla toda.
—Las veces que ya no gritaba «viva la guardia» me daban palos en todo el cuerpo, incluso en las quemaduras. Me tuvieron un rato así, después me llevaron a la Enfermería y cuando me traían de vuelta me pegaron y me sacaron a palos unas vendas que tenía en la nuca –contaban, en tanto, los gurises que habían empezado a quemar los colchones como respuesta al malón del GEO.
—Cuando yo estaba en el piso, desnudo, boca abajo, me hicieron abrir las piernas y uno de ellos, que no le vi la cara porque no nos dejaba mirar para atrás, me metió el palo en la cola y cuando quiso penetrármelo yo saqué el cuerpo y él me pegó un puntapié en las costillas –decía otro.
Los últimos palos los recibieron al entrar a las celdas. Un shock de sadismo, golpizas, intentos de empalamiento, aislamiento y gases tóxicos a las 3.30 de la mañana puso a los internos en estado de desesperación. De 18 muchachos examinados por el forense, 14 presentaban lesiones y tres debieron ser internados en el Hospital de Clínicas por heridas graves. La directora y Héctor Ferreira, jefe del grupo GEO que actuó en la represión, fueron procesados con prisión, junto con cuatros efectivos policiales (Juan Carlos Budes, Altamir Soria, Leonardo Rodríguez y Danni Vázquez). La directora declaró que no vio nada porque se retiró diciendo que no quería ver a los chicos desnudos. Se quedó a escasos metros y quizás haya escuchado los desesperados gritos de los gurises. Algunos funcionarios del INAME la respaldaron, mientras que el sindicato manifestó su repudio. Quien fuera profesor grado 5 de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y entonces ministro del interior, Juan Andrés Ramírez, argumentaba a favor de la actuación policial. «Cuando un policía tiene que enfrentarse a un motín, va de suyo que no lo arregla conversando y el policía está habilitado para la violencia, para algo tiene la vara policial», sentenciaba (Brecha, 26-III-93).
Luego de las torturas recibidas, la directora del INAME se reunió con los adolescentes y les prometió televisión, radio, deportes en el patio, mejor comida y les deseó «una vida mejor», y se fue. A fines de abril de 1993 renunció alegando motivos «estrictamente personales» (Búsqueda, 28-IV-93). La cárcel de Miguelete fue inhabilitada para menores «por constituir una afrenta al ser humano» luego de la represión del 14 de marzo de 1993, pero fue rehabilitada inmediatamente en los siguientes meses para satisfacer la demanda del encarcelamiento.
En junio de 1993, Marcelo Roldán junto con otros internos enfrentaron a enfermeros con cortes carcelarios. «El Pelado y otros tres infractores se fugaron del establecimiento de Miguelete tras herir a dos funcionarios que tomaron de rehenes», titulaba La República (15-VI-93). Uno de ellos fue detenido y los otros tres robaron un auto en la intersección de las calles Justicia y Nicaragua; en la calle San Martín bajaron y robaron un taxi. Ese mismo día, cientos de efectivos rastrillaron Casavalle, el Borro y el Cerro Norte, pero no los encontraron sino hasta al día siguiente en una pensión de Ciudad Vieja. El diario El País, que había olvidado dar cuenta de las torturas a los recluidos en el módulo 5B en el Penal de Libertad1 y de las situaciones degradantes en la cárcel de Miguelete, publicaba el 15 de julio en tapa «Toda la policía tras la pista de “el Pelado”: fugó otra vez». Y al día siguiente: «Incruento: “El Pelado” cayó anoche en la Ciudad Vieja». Luego de un paso por Cárcel Central, a Roldán, que ya tenía 19 años, lo ingresaron al Penal de Libertad.
A inicios de febrero de 1994, Miguelete funcionaría a pleno luego de nuevos levantamientos en la cárcel de La Tablada, lo que obligó a trasladar otra vez a menores al viejo penal. Para fines de ese año, la cárcel ya contaba con 77 internos. Representantes de Serpaj sentenciaban entonces que los adolescentes allí internados padecían «las mismas condiciones edilicias e higiénicas que determinaron una clausura que por negligencia se posterga».
- En 1993 casi 100 presos con patologías mentales y enfermos de VIH fueron recluidos en un pabellón del Penal de Libertad y torturados sistemáticamente, todas las noches, durante tres meses. Véase Atrapado en Libertad: cárcel y criminalización de la pobreza y la juventud. Uruguay 1985-2002. Alter Ediciones, 2024. ↩︎
