Muchos estaban saliendo de vacaciones de Pascuas, otros mirando el cielo abierto que mostró la luna llena rosa de abril. Diana Iris García estaba prendida a las noticias que venían desde Ginebra cuando la sorprendió leer el documento con carácter de urgente que confirmó la voluntad del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por su sigla en inglés) de intervenir en la crisis de desapariciones que vive México.1 «Fue una respuesta al clamor que llevamos varios años gritando al mundo. Pero la alegría nos duró hasta que llegó la respuesta del Estado, lamentable, muy decepcionante», contó a Brecha Diana, una madre experimentada y clave en este proceso, originaria de la frontera norte, en el estado de Coahuila.
Una lectura fina puede hacer sospechar que el texto del comunicado oficial ya estaba escrito y que, más allá de lo que efectivamente dijera el CED en 27 páginas de un informe que discutió durante un año (véase «El sol y el dedo», Brecha,16-IV-25), la postura gubernamental ya estaba tomada: acusar al organismo de perseguir «otros intereses», tal como lo hizo en su momento Andrés Manuel López Obrador cuando ocupaba la silla presidencial. ¿Quiénes encarnarían esos «otros intereses»? Pues, las familias de los desaparecidos…
Desde 2012 el CED ha emitido un récord de 819 acciones de búsqueda de personas desaparecidas que responden a solicitudes individuales. Huelga decir que la mayoría de la información con la que el CED trabaja proviene de los familiares de las víctimas.
A sus 69 años y con los últimos 19 dedicados a la búsqueda de su hijo Daniel Cantú Iris –ciclista desaparecido en Coahuila a los 23 años, mientras estaba trabajando–, Diana ha sido cabeza del movimiento de familiares iniciado en Coahuila.
Parte de la línea trazada desde ese estado implicó entender el peso que tenía apelar a los organismos internacionales para que intercedieran, respaldando la voz de las familias, sus investigaciones y su necesidad de saber dónde están los suyos y que se castigue a los responsables. Diana insiste en señalar que esto fue gracias al trabajo de una compañera recientemente fallecida, Blanca Martínez, exdirectora del centro de derechos humanos Fray Juan de Larios. «Ella decía que había que mirar más allá y, desafortunadamente, no le tocó ver esto, que es parte de esa iniciativa y visión que siempre tuvo», lamentó.
Cuando la presidenta Sheinbaum acusa al CED de tergiversar el asunto para «golpear a su gobierno», está deslegitimando el dedicado trabajo de base que logró la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y que las familias reconocen como propio, apunta Diana. «Saludamos y reconocemos la valentía del comité. Cualquiera pudo haberse amedrentado. Pero también sabemos que le llegó tanta información de las familias que no podía más que dar la cara. Fue gracias a muchas cosas que nosotros hicimos que ellos decidieran esto», concluyó.
- Unas 130 mil personas han desaparecido en México en 20 años. ↩︎