Hace unos cuantos años, dialogando con Brecha a propósito del centenario del historiador Juan Pivel Devoto, el también historiador Carlos Demasi afirmó que, en el relato de Pivel, «la memoria social sobre la guerra (asesinatos, degüellos, robos, secuestros, etcétera) no existe». Demasi ironizaba que, vaciada de todo esto, la guerra se convertía en un hecho folclórico, un paseo por el campo y muchas declaraciones y tratados (véase «Versiones pivelianas», Brecha, 19-III-10).
Aquella conversación era acerca de las guerras civiles en que los orientales se entreveraron hasta 1904, pero seguramente el sayo les caiga perfectamente a unas cuantas historias de las guerras de independencia.
«La historiografía militar uruguaya, que podríamos denominar clásica o tradicional, concentró buena parte de sus esfuerzos en explicar el proceso militar de la independencia como una sucesión de batallas-acontecimiento», una «sucesión de efemérides en las que no habría relación con el contexto político y, menos aún, social», consideran –por ejemplo– Ana Frega y Nicolás Duffau en su reciente Independencia o unión. La formación del Uruguay (2025, Prometeo, Buenos Aires).
Y si en el caso de las guerras civiles esa ausencia de una historia social distorsiona el entendimiento de lo que sucedió, en el de las guerras de independencia –las del período artiguista y la que inició el desembarco de 1825– el involucramiento de la población en los combates fue bastante mayor que en las guerras de los tiempos revueltos que vinieron después.
Frega y Duffau citan una estimación reciente de las fuerzas que se disputaron el territorio oriental entre 1825 y 1828. El ejército rioplatense –más la ristra de chinas y pulperos que lo seguían incansablemente– sumarían 9.180 personas. Por su parte, las tropas brasileñas que lo combatían sumarían 6.600. Y puesto que la población total de la provincia andaba por las 74 mil personas,1 puede conjeturarse que uno de cada cinco habitantes pasó aquellos años en el frente de batalla.
Una comparación al solo efecto de calibrar la masividad de esa experiencia: según las cifras oficiales, Ucrania tiene 800 mil militares en servicio activo. Si sumamos los 700 mil soldados que Vladímir Putin dijo haber desplegado, el total de gente involucrada en los combates significa solamente el 4 por ciento de los 38 millones que aún permanecerían en el país invadido, es decir, uno de cada 25 habitantes.
En las estepas ucranianas del presente la guerra es una cuestión fundamentalmente de soldados profesionales. En las praderas orientales de aquellos años sus actores eran campesinos, trabajadores zafrales de la campaña o que venían de cumplir los oficios de la llamada plebe urbana. Pocos sabían escribir. Casi siempre los autores deben rescatar sus vicisitudes de las memorias, las órdenes generales y las proclamas redactadas por oficiales que sí escribían.
Una excepción es la carta que el 10 de diciembre de 1825 diez «morenos y pardos» remitieron al general Juan Antonio Lavalleja en representación de otros 400, solicitando incorporarse a las tropas orientales para liberar Montevideo –en manos todavía de los brasileños– y «romper las cadenas de nuestra esclavitud».
Pero finalizada la guerra, la libertad solo fue concedida a los que habían cumplido tres años de servicio y siempre que el Estado ya hubiese abonado a sus amos una indemnización fijada entre 250 y 300 pesos. En abril de 1830 el diario El Tribuno seguía reclamando por «la desgraciada suerte de una multitud de morenos» del «antiguo batallón de Libertos Orientales» que continuaban sirviendo como esclavos.
Los «indios infieles» parecen haber sido menos confiados. Los autores explican que, en general, no marchaban con los ejércitos, sino que se movilizaban en paralelo a cambio de una «ración diaria de carne», como los 50 charrúas que acordaron con el coronel Julián Laguna cubrir los límites en los montes y dar aviso con sus tambores en caso de que se aproximara el enemigo. José Brito del Pino, asistente del Estado Mayor del general Fructuoso Rivera, dejó constancia en su diario del encuentro en el que don Frutos pactó con el cacique Vaimaca Perú que sus charrúas asolaran ciertas estancias de Río Grande.
Y si los «indios infieles» marchan en paralelo, detrás de los batallones marchan las «chinas». Una estimación fijó su número en más de 500. Cumplían diversas funciones en los campamentos militares. Podían ser compañeras sentimentales de los soldados, cuidar a los animales de la tropa, desarrollar tareas de enfermería, «carchear» entre los cadáveres de los caídos. También combatir.
Las órdenes generales de los Estados Mayores dan cuenta de su presencia, pero las señalan como un problema, porque a causa de ellas «algunos soldados se separan de la marcha de sus cuerpos» para ir «a los ranchos que están a la vista». El porteño Martín Rodríguez comandaba las fuerzas de observación situadas en la ribera de Uruguay y sus instrucciones exigían evitar «la permanencia en el ejército de mujeres corrompidas», en especial, «de las chinas de Misiones, pues es sabido por la experiencia los estragos que aquellas hacen en los ejércitos».
Las memorias del coronel Tomás de Iriarte, otro porteño que participó de aquella guerra, también tratan mal «a aquella especie de animales indómitos». Pero dejaron dicho que «el mayor número ceñía el sable y cabalgaba como los hombres», «soportan las privaciones, las fatigas de la marcha, y hasta los peligros del combate con ánimo tan esforzado como los mismos soldados».
Frega y Duffau explican que –obsesionados por disciplinar a aquellos paisanos– los oficiales llenaban cada hueco en el tiempo haciéndoles cumplir interminables series de ejercicios militares. Pero también reconstruyen –hasta donde las fuentes se lo permiten– el ocio, los encuentros de pulpería, los bailes, los fogones. Y la fuente en general es el oficial explicando el castigo impuesto a un soldado por entregar su armamento para pagar las deudas contraídas en la timba.
Hay alguna otra, como los textos de los cielitos patrióticos que se cantaban en esos fogones, de los que los autores incluyen algún ejemplo. Pero Frega y Duffau subrayan que buena parte de aquellos soldados no estaba allí por voluntad propia. Los ejércitos se alimentaban en buena medida mediante «levas». Unos cuantos estaban por orden del juez, imputados por «vagancia», por ejemplo.
Los autores refieren que el alférez salteño José María Todd dejó unos Recuerdos del ejército de operaciones contra el emperador del Brasil, en los que contó cómo fueron la leva en el norte argentino, las resistencias que se le opusieron y cómo, a medida que las fuerzas provinciales se iban acercando al territorio oriental, se sucedían las indisciplinas, las deserciones y hasta algunos amotinamientos.
Hablando de aquel ejército, el comandante Rodríguez le escribió a Lavalleja que «el gobierno sabía muy bien que la fuerza que lo compone es por la mayor parte de reclutas, hombres forzados y por consiguiente descontentos».
Una orden general del 9 de setiembre de 1826 dispuso que se fusilara «irremisiblemente» a todo desertor hallado con armas o sin ellas, y que se premiara con 50 pesos a quien capturase un desertor y con 25 al que delatara la ubicación de personas fugadas.
Pero incluso para los soldados que no desistían las normas fueron muy duras. Una disposición firmada por Lavalleja el 2 de marzo de 1828 listaba una treintena de delitos, entre los que incluyó la blasfemia contra «el santo nombre de Dios, o su adorable Madre», que era penada con «cuatro horas de mordaza atado a un palo por término de ocho días». En el caso de que el malhablado reincidiera, «será atravesada su lengua con un hierro ardiendo», ordenaba también. Era amplia la gama de penas para quien murmurara contra la autoridad por la falta de pago o de víveres, «o decir cualquier especie contra la subordinación y disciplina». Podían ir desde «una carrera de baqueta» hasta «la pena de muerte si [la queja] es frente al enemigo».
Debe haber sido la falta más común. Fue frecuente que faltaran los recursos más elementales, la paga, la yerba y el tabaco; hasta la carne quedó corta alguna vez. Carlos María de Alvear estuvo al mando de las fuerzas rioplatenses desde mediados de 1826. Todd cuenta en sus proclamas que solía decir a sus hombres «que nuestra madre patria está muy pobre, que ya no tenía recursos para pagar nuestros sueldos y vestirnos, ni aún para darnos de comer», pero «que ya éramos mayores de edad y debíamos aliviar a nuestra madre, proveyendo a nuestro propio sustento», por ejemplo, invadiendo Río Grande, provincia «atestada de ganados» de la que «sacaríamos lo necesario para pagar nuestros sueldos y vestirnos de oro».
Por eso, los jefes que eran capaces de sostener sus propias fuerzas obtenían un grado de autonomía que hacía imposible el funcionamiento centralizado. En 1827, John Ponsomby, el diplomático británico enviado para buscar un acuerdo de paz, decía que Lavalleja «manda independientemente de Alvear» y se podía mostrar «públicamente hostil a la autoridad de Buenos Aires», porque había logrado unificar un ejército capaz de pelear contra las fuerzas de las Provincias Unidas «como ahora pelea contra los brasileños». El lugar que jefes como Lavalleja o Rivera lograron ocupar gracias a las redes locales que los abastecían de suministros y préstamos es otra característica de este ejército, subrayan Frega y Duffau.
Pero incluso los recursos de esos jefes locales tocaban fondo cada tanto. En mayo de 1826 Manuel Oribe le hizo saber a Lavalleja que «la carencia de abrigo» y de «raciones de yerba y tabaco», así como «la demora de socorros pecuniarios», lo obligaban a «reclamar con energía».
Los recursos que faltaban podían obtenerse a las malas. Todd contó que, cuando las fuerzas provinciales que integraba se reunieron con las orientales, «se recibió un oficio del coronel Oribe, en el que avisaba al general que, por un bombero de toda su confianza, sabía que en una aldea llamada Caraguatá existían una invernada de cuatro mil caballos del enemigo en regular estado de gordura y pedía tomarlos pronto». El salteño comentó también que, en ocasiones, ante el pasaje de aquellos centauros de la patria, solía oír gritos como «gauchos cobardes, ladrones de ganado».
Sin embargo, no era lo mismo el saqueo ordenado por el general que el cometido fuera de línea de mando. Los autores citan un relato anónimo sobre la marcha de Ituzaingó que cuenta que el alférez Pedro Taresma fue puesto en el cepo por haber permitido que sus hombres robaran «varias prendas a las familias portuguesas» y que, a la mañana siguiente, los autores materiales del robo fueran fusilados.
El mensaje de los jefes en ese aspecto habría sido unánime: la guerra para ser ganada debería ser capaz de mantener el orden, el orden que una década atrás la revolución artiguista parecía haber puesto en cuestión.
Para qué había que ganar la guerra es otro asunto, del que también trata en abundancia Independencia o unión. La aproximación a una historia social de la guerra, de la que las líneas precedentes quisieron mostrar algunas imágenes, es solo uno de los planos en que se movió la investigación de Frega y Duffau.
Otros tantos planos son la reconstrucción de la historia política de la circunstancia, la de su economía, la reposición de las discusiones de entonces, pero también aquellas que se prolongaron durante un siglo más acerca de la creación del Estado oriental en que desembocó la contienda.
En todos ellos hay sorpresas, nuevos enfoques y razones por las que quedarse pensando. Puede ser que la sorpresa principal sea advertir cuánto ha acumulado la historiografía uruguaya acerca de la cuestión de la formación de Uruguay desde aquella embestida contra la versión piveliana que significó la publicación de Los orígenes de la nacionalidad uruguaya, de Carlos Real de Azúa. Por eso el libro de Frega y Duffau también es una síntesis imprescindible.
- Es el número que recogía Adela Pellegrino en La población de Uruguay: breve caracterización demográfica, UNFPA, Montevideo, 2010. ↩︎