Un día es Donald Trump quien califica a la mandataria mexicana de «temerosa» frente al poder de los cárteles y amenaza con mandar a sus tropas para exterminar narcotraficantes; otro es su vicepresidente, J. D. Vance, quien advierte que Estados Unidos se reserva el derecho a una intervención militar; uno más es el diario The New York Times –reconvertido en campeón del periodismo de fuentes anónimas sin verificar–, que disemina las filtraciones de los aparatos de la «comunidad de inteligencia» estadounidense sobre el virtual colaboracionismo de funcionarios gubernamentales, legisladores y políticos del partido oficial Morena, que presuntamente se ofrecen como soplones del FBI, la DEA (Administración de Control de Drogas) y la CIA, para tratar de escapar al largo brazo extraterritorial de la justicia imperial. En México, el quintacolumnismo local actúa como vocería de las directrices del secretario de Estado, Marco Rubio, justificadora de la injerencia extranjera para terminar con lo que denominan gobierno ultraizquierdista de México.
Hasta el mundial de futbol sirvió de caja de resonancia para deslizar los presuntos nexos con el narcotráfico del antecesor de Sheinbaum en el Palacio Nacional, cuando el periodista argentino Eduardo Feinmann, ligado a la red Atlas Network, dio pie para que el magnate y traficante de influencias mexicano Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas y TV Azteca, compartiera en su cuenta de X un video del conductor de Radio Mitre de Buenos Aires acompañado del siguiente mensaje: «¡Wow! ¿Será que ahora el narcorrégimen amenaza jugadores de fútbol para que la gente en México se olvide de [Rubén] Rocha Moya, Adán Augusto [López], Enrique Inzunza y Andrés Manuel López Obrador?».
En esa dinámica de presión febril –desatada a raíz del CIAgate, el caso que exhibió las acciones encubiertas de cuatro oficiales de la Agencia Central de Inteligencia en la sierra Tarahumara, Chihuahua, y que, para crear una cortina de humo, llevó a la Justicia estadounidense a solicitar la extradición del gobernador de Sinaloa y nueve funcionarios de su administración acusados de vínculos con el narcotráfico (véase «Trump acosa a Sheinbaum», Brecha,29-V-26)–, no podía faltar la intervención de un diplomático del país que ha desempeñado un papel central en la definición de los márgenes de la soberanía de México desde el siglo XIX: Estados Unidos.
De allí que no pareció nada casual, ahora, que en el adelanto de un libro del exembajador en México Ken Salazar (2021-2025), filtrada a Reforma, principal diario opositor mexicano, se seleccionara un párrafo en el que «un prominente empresario mexicano» (del cual no dio el nombre), quien habría sido «confidente de López Obrador», le dijo en privado que la captura de Ismael el Mayo Zambada tendría «muy preocupado» al entonces presidente de México. En sus memorias, Salazar «identifica» a su fuente como «el susurrador», pues era alguien que, asegura, «le susurraba al oído a AMLO [Andrés Manuel López Obrador]». Y, según el diplomático retirado, López Obrador estaría «muy preocupado» por la aprehensión del Mayo, como si «el poderoso y arraigado capo del narcotráfico pudiera “soltar la sopa” sobre cualquier cantidad de funcionarios públicos mexicanos».
La anécdota, tomada así, parece apenas un rumor: un susurro anónimo convertido en memoria diplomática. Eso no constituye prueba de nada. Pero lo relevante es el contexto en que surge y los efectos políticos que puede producir. En la era de la sociedad del espectáculo, de la polarización y del «narcoterrorismo» decretado desde Washington, una insinuación puede convertirse rápido en herramienta de presión e injerencia. Si el testimonio de Zambada llegara a ser utilizado para vincular directamente a López Obrador con el crimen organizado, el impacto político sería enorme. México sería colocado, entonces, en el terreno más peligroso: el de un narcoestado asociado al terrorismo. Máxime, hoy, cuando figuras adversas a México, como Rubio, su subsecretario, Christopher Landau, y el actual embajador de Estados Unidos Ronald Johnson, parecen ser la punta de lanza de esa estrategia intervencionista.
EL MAYO Y LOS NARCOPACTOS
En ese concierto de operaciones de guerra psicológica, noticias falsas y medias verdades, surgen las contradicciones propias de una relación signada por la vieja fábula del tiburón y la sardina, que alude al título del libro del expresidente de Guatemala Juan José Arévalo, aparecido después del derrocamiento orquestado por la CIA de su sucesor, Jacobo Árbenz. Entonces, como ahora, Estados Unidos recurre a los trucos sucios y las operaciones clandestinas para erigirse en el principal Estado canalla (rogue state), caracterización aplicada (Noam Chomsky dixit) a aquellos países que no se consideran obligados a actuar de acuerdo con las normas del derecho internacional; verbigracia, los regímenes encabezados por Trump y su socio de aventuras genocidas, Benjamin Netanyahu.
La fábula puede aplicarse ahora a la relación entre Estados Unidos y México. En ese sentido, el martes 7, Sheinbaum subió el tono sobre el ilegal secuestro en territorio mexicano –y su traslado a Estados Unidos– de Ismael Zambada por agentes del FBI, el 25 de julio de 2024. La jefa de Estado se vio impelida a exhibir la trama en su habitual conferencia matutina, después de que el 2 de julio el periodista mexicano Luis Chaparro –el mismo que desnudara la acción clandestina de los agentes de la CIA en Chihuahua– diera a conocer fotos inéditas en el portal Pie de Nota en las que se puede ver cómo el Mayo, vestido con jeans, zapatillas y camiseta azul, baja las escalinatas de una avioneta en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, a donde llegó tras ser engañado por Joaquín Guzmán López, hijo delChapo Guzmán, el exlíder del cártel de Sinaloa que cumple pena a cadena perpetua en Estados Unidos.
Varios medios reportaron que la aeronave fue donada por el FBI al Museo del Aire War Eagles, en Santa Teresa. Según la versión presentada por la fiscalía estadunidense y respaldada por el propio Zambada en una carta difundida por su defensa, el capo fue engañado y llevado por la fuerza desde Culiacán hasta territorio estadounidense por Guzmán López, quien también fue detenido. No obstante, todo indica que Guzmán López fue «extraído» por un comando de élite como parte de una negociación que hizo su hermano Ovidio para recibir beneficios del sistema de justicia de Estados Unidos (protección a testigos cooperantes). En la víspera, Ovidio había sido sacado de la prisión y llevado a una casa de seguridad. Datos difundidos por el FBI con motivo de la exhibición señalaban que la avioneta presentaba alteraciones en sus números de serie y utilizaba una matrícula que correspondía originalmente a otra, por lo que no puede volver a operar ni comercializarse en Estados Unidos, motivo por el cual fue donada al museo.
Sheinbaum, quien alegó que el FBI exhibió como un «triunfo» el avión que utilizó en el operativo, hizo un fuerte reclamo a Washington y repitió varias veces que, dada la declaración oficial del entonces embajador Salazar del 9 de agosto de 2024 en el sentido de que ninguna agencia estadunidense había participado en la extracción de Zambada, «alguien mintió». Mencionó, también, que el 9 de mayo de 2025 fueron recibidos por el gobierno de Trump 17 familiares de Ovidio Guzmán. «¿Por qué esto es relevante?», cuestionó. Porque «las versiones son contradictorias. Alguien mintió». Dijo que, de confirmarse la participación del FBI sin informar al gobierno de México, representaría una violación a las Cartas de la ONU y la Organización de los Estados Americanos, y a la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional de México. «Pero lo más relevante es: ¿quién hace pactos con la delincuencia organizada? Debe quedar claro que el gobierno de México no hace pactos criminales con nadie.»
DE NIXON A TRUMP
Desde el gobierno de Richard Nixon a comienzos de los años setenta la carnada siempre es la misma: el combate a las drogas como caballo de Troya para erosionar la independencia limitada de México y los demás países de la región, Brasil incluido. El viejo disfraz que reaparece ahora, remozado y en clave de Escudo de las Américas (o del engendro del pinochetista José Antonio Kast denominado Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional), es desplegado a través de una intensa narrativa tóxica militarizada, utilizada por la diplomacia de guerra de Washington como instrumento de desestabilización, disciplinamiento y penetración en su intento de domeñar la casi diaria resistencia verbal de Sheinbaum.
La hibridación y la mezcla de la «narcoguerra» y su sucedáneo, el «narcoterrorismo» –como sustitutos de la guerra al comunismo, de la era de la guerra fría y de la llamada guerra contra el terror, a raíz de los atentados contra las torres gemelas de Nueva York en 2001–, son las etiquetas cambiantes e instrumentales de la necropolítica aplicada a mansalva por Trump, Rubio y el secretario de Guerra, Pete Hegseth («nosotros negociamos con bombas»). Hegseth se ha hecho famoso como defenestrador de generales disidentes y eufórico difusor de los asesinatos de pescadores y presuntos narcotraficantes en aguas del Caribe y el Pacífico a golpe de misilazos, incluidas como nociones básicas en la recién difundida Estrategia Nacional de Control de Drogas (ENCD). En ella, la «nación bajo Dios», como se autodefine Estados Unidos en el documento de la ENCD, promete usar «todos los instrumentos del poder americano» en contra de las organizaciones terroristas extranjeras (u organizaciones criminales transnacionales) como justificación para la intervención económica/militar sobre naciones que busquen apartarse de la hegemonía del dólar y no acaten los designios imperiales.
Sheinbaum ubica a los consorcios de la economía criminal en la categoría de crimen organizado y rechaza su clasificación como terroristas. Igual posición a la adoptada por Brasil el 1 de julio, tras conocerse la decisión de Estados Unidos de incluir al Primer Comando de la Capital (PCC) y al Comando Rojo (Comando Vermelho [CV]) en la lista de organizaciones terroristas. Según un documento firmado por el ministro de Asuntos Exteriores brasileño, Mauro Vieira, esa denominación podría crear una oportunidad para que Washington tome medidas extraterritoriales contra su país, incluido, en un escenario extremo, el uso de la fuerza militar. La evaluación figura en un documento enviado a la Cámara de Diputados en respuesta a una solicitud de información. Allí, Vieira afirma que clasificar al PCC y al CV como organizaciones terroristas es un «acto unilateral» de Estados Unidos y subraya que el gobierno brasileño ya ha expresado su oposición a la medida y ha considerado que podría producir impactos significativos a la soberanía y la economía del país. En ese escenario podrían verse afectadas también las transacciones que involucren a miembros del Mercosur con países fuera del área del dólar, y aumentar la presión sobre los gobiernos de la región para que adopten políticas alineadas con las directrices de Washington en su falsa lucha contra el «narcoterrorismo».
