El paro por tiempo indeterminado, sin guardia gremial, aprobado el lunes 27 por la Asociación de Empleados de Teledoce (ADET) tuvo su impacto en la pantalla del canal: menos móviles en vivo, largas entrevistas en el informativo central, conductores del noticiero que aparecían en múltiples horarios, tapes armados con imágenes cedidas por otros canales privados, notas por Zoom. Fue la constatación de la alta adhesión que tuvo la medida, algo inédito en la televisión privada nacional.
La huelga respondió a la «reestructura» impulsada por Canal 12 (Sociedad Televisora Larrañaga SA), que se sustenta –básicamente– en el despido de más de una veintena de trabajadores y que se entrecruza con el impulso de la robotización para la transmisión de programas y con un intento de reducir los aportes patronales a la seguridad social. Fue también una reacción a la actitud intempestiva de las autoridades del canal, que notificaron los despidos antes de fijar una mesa de diálogo con el sindicato. Los dirigentes de ADET y de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) concurrieron a la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de Diputados para informar sobre el conflicto en un sector que, pese a todo, amasa millones de dólares y amplía sus líneas de negocios. Como telón de fondo, la empresa, por orden directa del gerente general Mateo Cardoso, se niega a negociar con los trabajadores; este jueves, faltaron a la tripartita en la Dirección Nacional de Trabajo.
Mientras la programación habitual estaba al aire, decenas de trabajadores recibieron una notificación en su celular en la que los llamaban a presentarse en Recursos Humanos. Así, uno a uno, recibieron el despido, mientras el nerviosismo se apoderaba de los pasillos del edificio de Enriqueta Compte y Riqué 1276. Fueron desvinculados 20 trabajadores y cuatro integrantes del personal de confianza; a dos empleados se les anunció una rebaja salarial.
En asamblea, ADET aprobó el paro y, como respuesta, la empresa denunció el convenio colectivo, que tiene beneficios importantes para el personal, como la cooperativa de consumo (un acuerdo emblemático en el que los trabajadores aportan el 9 por ciento del salario) y el pago de viáticos.
La alta adhesión al paro se explica también por un antecedente: en diciembre, las autoridades informaron sobre la mala situación económica que –en su versión– atraviesa la empresa, y el sindicato aceptó no cobrar el incremento salarial fijado en los consejos de salarios a cambio del compromiso de que no hubiera despidos. Pero, seis meses después, ese acuerdo fue letra muerta: los trabajadores despedidos tienen la propuesta de cobrar el despido en cuotas, con cheques y con un vale de 25 mil pesos para compras en Macromercado.
Otros desencadenantes son el uso de tecnología para sustituir empleos y el abuso de mecanismos de precarización laboral, todo enmarcado en una supuesta crisis económica del sector. En Canal 12, «la reestructura» supone el uso de robótica: cámaras con sistemas motorizados PTZ (pan, tilt, zoom), manejadas desde una sala de control, que permiten cubrir ángulos difíciles para un camarógrafo en el set, pero –sobre todo– reducir los costos operativos. Una sola persona puede hacer el trabajo de seis. Otro aspecto es la incorporación de pantallas led como escenografía. Entre los trabajadores despedidos está buena parte de los técnicos dedicados a estas tareas. El uso de cámaras operadas de modo remoto ya había tenido impacto en 15 trabajadores jornaleros que dejaron de ser convocados (es decir, se quedaron sin trabajo sin ser despedidos). Eso se enzarza con la precariedad: cada vez más, los trabajadores se contratan como unipersonales que venden un servicio. El canal ahorra aportes a la seguridad social, los trabajadores pierden derechos. Es una modalidad extendida en Saeta (Canal 10) y Monte Carlo (Canal 4), que también ocurre en los canales públicos (Canal 5 y TV Ciudad).
El presidente de APU, Rody Olivera, precisamente, remarcó a Brecha la extensión de este problema: «Esto comenzó hace años, y acá se ve claro: están despidiendo trabajadores en planilla, no contratados. La tecnología nos va comiendo y los empresarios van encontrando maneras de evadir las responsabilidades salariales y de cobertura a la seguridad social. Van ahorrando».
En rueda de prensa, el presidente de ADET, Rubén Hernández, explicó: «Hay una precarización galopante, con gente que trabaja dos horas de mañana, dos horas de noche, unipersonales o subcontratados por productoras». Relató que los canales armaron estructuras paralelas, con «gente que gana dos mangos», y que es momento de que los trabajadores dejen los prejuicios de lado y comiencen a unirse: «Es una cuestión de vida o muerte. O nos juntamos o nos quedamos sin laburo». Según la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones,1 entre 2020 y 2025 se perdieron unos 1.000 puestos de trabajo en las telecomunicaciones: de 7.637 trabajadores se pasó a 6.677.
SOLIDARIDAD
Con el paro activo, la transmisión quedó en manos del personal de confianza, de jefes de área y de algunos conductores que optaron por salir al aire, algunos varias veces al día. Incluso, se viralizó la foto del jefe de Operaciones sosteniendo el micrófono para un móvil callejero. También quedó a cargo de trabajadores contratados, que no integran el sindicato –no pueden adherirse–, sobre quienes pesa una amenaza velada: o van a trabajar o dejan de ser convocados.
Pero también por la solidaridad de los otros canales privados. El informativo logró cubrir la agenda con tapes cedidos por Subrayado, que entregó –incluso– notas exclusivas hechas por sus periodistas. La entrega del material fue una orden del gerente de Informativos del noticiero, Nelson Fernández. La cesión de contenidos entre informativos es hoy algo habitual, que permite minimizar la falta de equipos para coberturas de calle –por la reducción de personal–, pero, en general, comprende ruedas de prensa y no notas exclusivas.
La solidaridad entre los canales privados también se percibió en la pantalla. El conflicto no tuvo ni un segundo de aire en Subrayado ni en Telenoche. Es que, más allá de la competencia comercial, los canales privados tienen vínculos cercanos: son socios en Equital SA –cableoperadora del interior–, actúan en forma consorciada para la venta de internet al hogar en Montevideo –que les aventura ingresos millonarios en poco tiempo– y actuaron en forma monolítica para criticar el cobro de licencia y de canon por uso de frecuencia creado en la ley de servicios de comunicación audiovisual derogado durante el gobierno pasado.