Las promesas de hace tres décadas son públicamente conocidas: más rendimiento, mejor producción, menos agrotóxicos. Lo que trajo la soja Roundup Ready (RR) de Monsanto y el maíz transgénico que la siguió fue, en cambio, un uso creciente de glifosato y otros agroquímicos que hoy corren por los cursos de agua y el cuerpo de las personas. Los extensos monocultivos desplazaron la rotación con pasturas, erosionaron los suelos, redujeron la biodiversidad y afectaron a las praderas naturales, el ecosistema más característico del país. También aparecieron las supermalezas, plantas que, sometidas durante años a la presión del glifosato, desarrollaron mayor resistencia a ese herbicida y, eliminada su competencia gracias al mismo veneno, se reprodujeron y pasaron a dominar el campo. Se generó, podría decirse, una selección artificial y masiva.
Todos estos efectos están documentados en el informe académico y multidisciplinario Cultivos transgénicos en Uruguay. Aportes para la comprensión de un tema complejo, publicado en 2017 por la Universidad de la República (Udelar).
¿QUIÉN ES QUIÉN? TRANSGÉNESIS Y EDICIÓN GÉNICA
Para entender la discusión actual hace falta dar unos pasos atrás. La transgénesis consiste en insertar en un organismo un gen de otra especie. En la soja RR, por ejemplo, se introdujo un gen de una bacteria para volverla tolerante al glifosato. La edición génica –también conocida como edición genómica o genética– es parte de la misma caja de herramientas, la ingeniería genética, pero, además de insertar ADN ajeno, permite cortar y modificar un gen propio del organismo.
La herramienta más usada es CRISPR-Cas9, una tijera molecular dirigida a un punto específico que corta las hebras del ADN y deja que la célula repare el corte. Cuando la hebra cortada es una sola,
esta se reconstruye utilizando la otra hebra del par como molde. Pero cuando se cortan las dos hebras, como suele hacerse en la edición génica, ese molde se pierde. Si no se le agrega ninguna secuencia extra, la reparación puede generar una mutación dirigida. Si, en cambio, se agrega una referencia de ADN, esa nueva información puede quedar integrada en el genoma. Si esa referencia viene de otra especie, el resultado será, otra vez, un transgénico.
Así lo explica el bioquímico Pablo Galeano, docente e investigador de la Facultad de Química de la Udelar e integrante de Redes-Amigos de la Tierra Uruguay: «La edición génica es ingeniería genética, hay intervención en un laboratorio, aunque no siempre haya transgénesis. Según el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, que regula a nivel internacional los organismos vivos modificados, lo que define a un organismo genéticamente modificado no es si recibió un gen ajeno, sino si su información genética fue alterada mediante una técnica de ingeniería genética». Bajo esa definición, editar un gen, por mínimo que sea el cambio, da como resultado un organismo genéticamente modificado.
Esa distinción no es un tecnicismo, es el corazón de la disputa regulatoria actual. Los promotores de la edición génica la clasifican en tres categorías, según el tipo de reparación que se induce, y sostienen que la primera, la que genera mutaciones sin insertar información nueva, debería excluirse de las normas sobre organismos genéticamente modificados porque produce cambios «equivalentes» a una mutación natural o a un cruzamiento convencional.
Pero el argumento tiene un problema, señala Galeano. «Una mutación natural se fija en la población a través de generaciones de interacción con el ambiente; una mutación por edición génica se produce en una célula de laboratorio y de ahí se multiplica en millones de semillas idénticas que se liberan de una sola vez y a gran escala. No es lo mismo una mutación que sobrevivió al filtro del ecosistema que una fabricada y lanzada masivamente al campo», explica el científico.
La promesa que hace que la edición génica sea «mejor» que la transgénesis, según sus defensores, es la precisión, además de su mayor accesibilidad económica. Pero ningún método está libre de errores: se han documentado cortes fuera del blanco previsto (los llamados efectos off-target) y reordenamientos genómicos imprevistos. Por eso la edición génica no es infalible, y esa incertidumbre debería traducirse en cautela regulatoria, no en flexibilización.
LA BATALLA NARRATIVA POR LAS SEMILLAS
«Salud para todos, hambre para nadie», dice el inicio de la web de Bayer, la empresa que compró Monsanto y es una de las cinco transnacionales que controlan el mercado mundial de las semillas y los agrotóxicos. Es el mismo argumento de siempre, pero con nuevo envase.
Según Silvia Ribeiro, investigadora y coordinadora del libro Edición génica en América Latina. Peligros, trampas y problemas, publicado este año por Alianza Biodiversidad, si bien los movimientos sociales no lograron frenar la expansión de los transgénicos en el continente, sí ganaron, al menos de manera parcial, la batalla narrativa. Para buena parte del público, lo transgénico está asociado a algo indeseable. La edición génica llega, entonces, con una ventaja: un nombre nuevo, sin ese estigma.
La publicación mencionada sostiene que la edición génica es, más que una tecnología, una estrategia para que quienes producen y consumen alimentos no sepan que están ante cultivos manipulados genéticamente. América Latina, dice el libro, es la principal «playa de desembarco» de estas técnicas aplicadas a cultivos que llegan directo a la mesa, como el arroz, el trigo o el maíz, que son la base de la alimentación de millones de personas, pueblos y culturas alrededor del mundo.
Al menos diez gobiernos de la región, incluido Uruguay, ya avanzaron en desregular la edición génica equiparándola al mejoramiento convencional y sacándola de los controles de bioseguridad pensados para los organismos modificados genéticamente.
Pablo Galeano lo describe con otra imagen: «Hay un “determinismo genético” instalado en buena parte del discurso que rodea a estas tecnologías, la idea de que todos los problemas del sistema agroalimentario se resuelven interviniendo genes, cuando en realidad los organismos no funcionan aislados de su entorno. Cómo se expresa un gen depende también del ambiente, de la epigenética, de la interacción constante entre las especies y sus ecosistemas, y reducir esa complejidad a “cortar y pegar” es una forma de arrogancia. Se apuesta a que se puede controlar el resultado de una intervención sobre sistemas vivos que, en los hechos, funcionan de manera probabilística y no determinista».
NORMATIVAS EDITADAS
En Uruguay, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria tiene abiertas líneas de investigación en edición génica de tomate, mandarina y soja. Junto con el Institut Pasteur de Montevideo también se investiga el uso de impulsores genéticos para atacar al gusano barrenador o mosca de la bichera, una plaga que afecta al ganado. Ninguno de estos desarrollos se liberó comercialmente aún, todos están en fase de investigación.
El marco regulatorio uruguayo vigente para el área es el decreto 353/008, que creó el Sistema Nacional de Bioseguridad (SNB) para vegetales genéticamente modificados. En 2024 se sumó el decreto 84/024, que estableció un mecanismo para decidir, caso por caso, si un organismo obtenido por las llamadas nuevas técnicas de mejoramiento genético (NBT, por su sigla en inglés), en las que se enmarca la edición génica, queda alcanzado por esa normativa o no. Si la respuesta es que no, el organismo editado se comercializa como si fuera un producto convencional, sin pasar por el SNB.
El proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida, recientemente aprobado en el Senado y que ahora es tratado por la Comisión de Hacienda de Diputados, introduce tres modificaciones directas al SNB, en sus artículos 33, 34 y 35.
El artículo 33 facilita el registro ante el SNB para empresas extranjeras: las que estén radicadas en países con acuerdos de cooperación en bioseguridad reconocidos por el Poder Ejecutivo podrán presentar y tramitar expedientes sin necesidad de tener representación legal en Uruguay durante la evaluación técnica, aunque sí deberán acreditarla antes de obtener la autorización comercial final. Esto habilita a que se pidan autorizaciones de semillas de laboratorio sin intenciones reales de producir, un mecanismo utilizado para engrosar el curriculum vitae de alguna semilla para facilitar su venta en otros países.
El artículo 34 apunta a «optimizar» los trámites digitales: permite que la administración dé por acreditada información ya presentada ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en gestiones anteriores de la misma empresa, para evitar que se repita el requerimiento de documentación idéntica.
El artículo 35 es, probablemente, el cambio de mayor alcance: incorpora al SNB «a los microorganismos y a los animales genéticamente modificados», que hasta ahora no estaban contemplados, dado que el SNB solo se dedicaba a evaluar vegetales genéticamente modificados. Además, encomienda al Poder Ejecutivo a reglamentar la disposición dentro de un plazo de 180 días luego de aprobada la ley. Pero el artículo fue suprimido del proyecto de ley (por solicitud de la senadora Constanza Moreira) antes de llegar a la discusión en la comisión de Diputados, que está recibiendo organizaciones y colectivos en estas semanas.
MISMA LÓGICA, MISMAS PROMESAS, MISMOS PELIGROS
El peligro de la edición génica quizás no sea un daño puntual y previsible, sino la posibilidad de mutaciones no deseadas, pérdida de material genético, reordenamientos imprevistos y efectos que solo se manifiestan después de interactuar, durante generaciones, con un ecosistema real. También hay incertidumbre por la falta de acceso a la información en los casos de técnicas que, eludiendo la condición transgénica de los organismos que intervienen, evitan la regulación.
La declaración que un centenar de organizaciones sociales, campesinas y académicas reunidas en el encuentro «La edición génica en América Latina, amenazas y estrategias» firmaron este año en Quito lo resume así: «La edición génica forma parte de un modelo que ignora los límites ecológicos, las escalas naturales y los derechos de quienes durante generaciones cuidaron y recrearon la biodiversidad».
La agricultura industrial y las nuevas biotecnologías se presentan como posibilidad de solución para la crisis alimentaria. Pero los números no cierran. Las implicancias son también éticas. Un modelo que desplaza nunca será justo. Treinta años después de la habilitación de la primera soja transgénica en Uruguay, las preguntas siguen siendo las mismas: ¿Quién se lleva los beneficios de los transgénicos? ¿quién padece los impactos negativos? Lo nuevo es que esta vez, si no hay regulación clara, puede que ni siquiera lleguemos a saber qué organismo genéticamente modificado se liberó, dónde, ni si lo estamos consumiendo.
