La muerte del fiscal Alberto Nisman disparó las alarmas en el plano interno y externo de la política argentina. A poco más de diez días de los atentados a la revista Charlie Hebdo, en pleno centro de París, se abrió un nuevo paradigma en cuestiones de terrorismo internacional. Algo similar a la respuesta tras los atentados del 11 de setiembre de 2001 en Nueva York. La cruzada contra el terror apunta ahora con nuevos mecanismos basados no sólo en la guerra sino en un reacomodamiento de la diplomacia, que sigue sin recurrir al multilateralismo de la Onu. Con ese marco de referencia, Argentina y otros países de la región no alineados con Washington empiezan a padecer las presiones por un alineamiento explícito y una condena a los países musulmanes poco dóciles a Occidente. La ausencia del canciller argentino Héctor Timerman en la marcha de repudio al asesinato de los periodistas de Charlie Hebdo fue tomada por medios de prensa locales como un desvío en ese alineamiento pretendido por las potencias. Irán, en ese sentido, es el ejemplo más claro del terror para esos sectores. Y Argentina, con su “memorándum de entendimiento” con Irán para lograr la colaboración del gobierno de la república islámica en el caso Amia, pasó a ser un caso testigo de las nuevas políticas para lograr la adhesión a Estados Unidos en su cruzada. Nisman, como jefe de una unidad fiscal antiterrorista, estaba al tanto de este nuevo esquema por sus relaciones con los servicios de inteligencia internacionales. En especial con la embajada de Estados Unidos, según consignaron cables del Departamento de Estado ventilados en su momento por Wikileaks.
LA INTERNA. El disparo en la sien del fiscal Alberto Nisman volvió a tensar la relación entre el gobierno y las diferentes oposiciones en pleno año electoral. Y el caso volvió a abonar teorías conspirativas que llevaron a nuevas protestas callejeras contra el gobierno en la noche del lunes 19, en los mismos puntos que suelen ocupar los caceroleos: Plaza de Mayo, la esquina de las avenidas Cabildo y Juramento y otros varios puntos de la ciudad y del país.
Iba a presentarse a las tres de la tarde del lunes 19 ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados para aclarar las denuncias que hizo públicas el miércoles 14 contra el gobierno nacional de dejar impune el atentado a la Amia. En su escrito, hecho público finalmente el martes 20, Nisman acusa a Cristina Fernández, al canciller Timerman, al ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, al diputado de La Cámpora Andrés Larroque y a los dirigentes sindicales Luis D’Elía y Fernando Esteche, de urdir un plan para excluir a Irán como responsable del atentado y dejar sin efecto los pedidos de captura de cinco funcionarios y ex funcionarios de ese país involucrados presumiblemente en el atentado. El fiscal responsabilizaba a Irán por la voladura de la Amia, el 18 de julio de 1994.
El domingo a la noche los medios dieron la noticia de la muerte de Nisman, que se habría disparado un tiro en el baño de su lujoso piso en el exclusivo barrio de Puerto Madero, y las especulaciones empezaron a rodar desde los medios acusando al gobierno nacional. Nisman estaba amenazado, según confirmó la diputada Patricia Bullrich, titular de la comisión ante la que al día siguiente iba a hablar el fiscal para aportar pruebas de su tesis. La legisladora macrista Laura Alonso había apoyado la moción de que la sesión fuera secreta y no trascendiera nada de lo conversado en el Congreso. Medios como Clarín y La Nación se hicieron eco de la denuncia del fiscal sin tomar en cuenta la endeblez de las pruebas. El gobierno, seguro de que el fiscal poco tenía, quería que la sesión parlamentaria fuera pública. La noche del miércoles 14 Nisman se había presentado en el programa televisivo A dos voces, del canal Todo Noticias, del grupo Clarín, para explicar sus acusaciones y por qué había pedido la apertura de la feria judicial a la jueza María Servini de Cubría, que se la negó “por inconsistencia en la prueba” aportada.
Resultó sorpresiva la decisión de Nisman de suspender sus vacaciones en Holanda, donde se encontraba con su hija de 15 años, al punto de haberla dejado sola durante algunas horas en el gigantesco aeropuerto madrileño de Barajas, a la espera de que su madre pasara a recogerla. Él se tomó un avión y aterrizó en Ezeiza poco después del atentado en París contra Charlie Hebdo. La hija de Nisman se reunió poco después con su madre, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, de la que el fiscal se encuentra divorciado desde 2009, según informaron fuentes judiciales a Brecha.
“A Nisman alguien lo hizo volver”, aseguró el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández. Su vinculación con un ex agente de la Side que trabajó codo a codo con él en la causa Amia abre un abanico de oscuras posibilidades.
Antonio Stiuso era el jefe de operaciones de la Secretaría de Inteligencia (SI) hasta que fue removido a mediados de diciembre pasado. Condujo toda la operación de seguimiento del caso Amia desde que se produjo el atentado hasta su expulsión de la SI. En los últimos años Stiuso y Nisman trabajaron juntos, y juntos aparecieron mencionados en los cables de Wikileaks por sus reuniones en la embajada estadounidense en Buenos Aires, donde obtenían información sobre Irán y algunos personajes catalogados como terroristas por la Cia.
UNA COMUNIDAD DIVIDIDA. La consternación de la comunidad judía –especialmente de los presidentes de la Amia, Leonardo Jmlenitsky, y de la Daia, Julio Schlosser– por la muerte de Nisman fue expresada inmediatamente en términos de apoyo o repudio a la tarea realizada por el fiscal. Quizá sea la Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la Amia –una de las tres en agrupaciones que están divididos los familiares de las víctimas, encabezada por Laura Ginsberg– la que con más ecuanimidad reflejó la situación por la muerte de Nisman. “Su muerte queda definitivamente vinculada a la investigación de la responsabilidad del Estado en el atentado impune de la Amia”, sostuvo en un comunicado, en el que insiste en un tema central: la desclasificación de los archivos de la Secretaría de Inteligencia en el caso Amia. Esa es una cuestión que los organismos de derechos humanos plantearon a diferentes gobiernos electos desde 1983, pero, se sabe, la información secreta es vital para la preservación de ciertas zonas oscuras del poder. “Este es el gobierno que más transparencia exhibió en materia de actos de gobierno”, repitió la presidenta Cristina Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso en 2013 y 2014. Pero no alcanza.
Sergio Burnstein, presidente de la agrupación 18-J, que nuclea a otro sector de los familiares de los 85 muertos en el atentado, reconoció sus diferencias con Nisman, pero consideró “invalorable su trabajo al frente del equipo de fiscales que investigan”. La Asociación de Familiares de Víctimas del atentado se mostró sorprendida tanto por la muerte de Nisman como antes por su denuncia contra el gobierno. Olga Degtiar, referente del grupo, consideró el mismo miércoles 14 que Nisman quería abandonar la causa y que por eso “salió con una denuncia tan delirante”. La Asociación Civil Memoria Activa había pedido ya en 2013 la remoción de Nisman al frente de la unidad fiscal especial, “porque es público y notorio que ha utilizado los enormes recursos que ha tenido su fiscalía para fines que nada tienen que ver con el esclarecimiento del atentado en busca de la verdad y la justicia”.
Nisman integró el equipo de fiscales que intervinieron desde el comienzo en la causa Amia, hasta que en julio de 2004 su cuestionado colega Eamon Müllen renunció al cargo. En ese momento, a pocos días de un nuevo aniversario del atentado, el presidente Néstor Kirchner quiso dar una señal a la sociedad y decidió que el entonces procurador general Esteban Righi, jefe de los fiscales, conformara una fiscalía especial para el caso Amia, integrada por un equipo de funcionarios especializados. Righi ofreció la titularidad de ese equipo a Alberto Nisman, que aceptó de inmediato. Righi pretendía no sólo aclarar el atentado a la mutual judía sino dejar conformado un equipo para trabajar en temas de terrorismo, teniendo en cuenta la situación internacional tras los atentados del 11 de setiembre de 2001 en Nueva York y la seguidilla de casos en Madrid, Londres y ciudades africanas, donde fueron atacadas las embajadas de Estados Unidos.
La designación de Nisman contó con el apoyo de Néstor Kirchner, quien pretendía, según fuentes de la Casa Rosada, avanzar en los primeros meses de su gobierno sobre tres o cuatro planos: “frenar el avance de los grupos económicos externos sobre la economía, construir una Corte Suprema independiente con juristas insospechados, llevar a juicio a los militares acusados por delitos de lesa humanidad y esclarecer el atentado a la Amia. Esos cuatro puntos no eran negociables para Néstor”, aseguró a Brecha un ex ministro K.
LA SIDE METE LA COLA. El 16 de diciembre pasado Oscar Parrilli, un kirchnerista de paladar negro, asumió como nuevo secretario de Inteligencia. Llevó como su segundo a Juan Martín Mena, un abogado de bajo perfil que responde al secretario de Justicia, Julián Álvarez, hombre de la agrupación La Cámpora, dirigida por Máximo Kirchner. Parrilli vino a remplazar a otro kirchnerista histórico, Héctor Icazuriaga, importado de Santa Cruz, la provincia feudo de los Kirchner, pero cuyo poder dentro de la Secretaría de Inteligencia estaba esmerilado por un histórico líder entre los espías: Antonio “Jaime” Stiuso, jefe de Operaciones dentro de la SI. Stiuso participó desde el principio en la causa Amia, pero el fin del ciclo kirchnerista y el asesinato de su segundo, Pedro Viale, apodado el “Lanchón”, en julio de 2013 en su casa de Moreno a manos de la Policía Bonaerense en un confuso episodio vinculado a operativos antinarcóticos, royó su poder. Desde ese momento la suerte de Stiuso, que revistaba en la Side desde 1972, cambió definitivamente. En puja permanente con los servicios de inteligencia montados por el actual jefe del Ejército, César Milani, protegido de Cristina Fernández, Stiuso sabía que el final de su historia como espía llegaría cuando el kirchnerismo decidiera que era el momento de guardar las espaldas frente a la retirada del poder. “Siempre pasan estas cosas un poco antes de que termine un período de gobierno”, apuntó alguna vez el ex ministro del Interior menemista Carlos Corach con cierta ironía. Cristina confiaba más en Milani que en la SI, pero con las denuncias en contra que sigue acumulando el jefe del Ejército por su papel en la represión de 1976 en La Rioja y Tucumán, resulta una ficha endeble en el tablero K. Era necesario recuperar el bastión de la calle 25 de Mayo, a metros de la Casa Rosada. Parrilli apareció como el hombre indicado, pero le pasa lo mismo que le pasó al ex presidente Fernando de la Rúa cuando envió al banquero Fernando de Santibáñez a limpiar la Side de menemistas: los agentes expulsados armaron un aparato de inteligencia paralelo y sus miembros aún hoy recorren los despachos judiciales acusados de operaciones ilegales. Entre ellos están también el ex jefe de la Side menemista Juan Bautista Yofre y el columnista del diario La Nación Carlos Pagni, procesados en 2012.
Con Parrilli, Stiuso quedó sin trabajo. ¿Qué puede hacer un agente de inteligencia con 42 años de servicio cuando pierde el trabajo? Vinculado desde el comienzo con la investigación de la causa Amia, Stiuso era el nexo desde fines de los noventa entre la ex Side y los servicios del Mossad israelí y la Cia estadounidense. Cuando Nisman se hizo cargo plenamente del expediente Amia a través de la Unidad Fiscal de Investigación, su relación con Stiuso fue permanente. Una pista indica que la suerte de ambos transcurrió en paralelo a partir del 16 de diciembre.
Algunos rumores corrían sobre que la nueva jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, lo removería de su cargo, y esa versión fue creciendo en los pasillos interesados de Tribunales desde fines de noviembre. El enfrentamiento del gobierno con sectores de la justicia tuvo su correlato en un encontronazo de Gils Carbó con fiscales a quienes tenía pensado remover, algo que la oposición veía como una injerencia del poder político en la justicia. Entre la última semana de diciembre y la primera de enero el enfrentamiento creció y Nisman pudo haberse sentido amenazado en su cargo.
Los informes de inteligencia que manejaban Nisman y Stiuso habían sido cuestionados por el juez a cargo de la causa Amia, Rodolfo Canicoba Corral, la semana pasada cuando el fiscal hizo la denuncia. “No todas las escuchas telefónicas fueron autorizadas y no siempre el informe de inteligencia es una prueba para la justicia”, dijo a la prensa Canicoba, desautorizando así a Nisman. El 5 de junio la Cámara de Apelaciones debería tratar un pedido de las querellas para avanzar sobre la acusación a Carlos Menem y sus ministros Carlos Corach y Carlos Ruckauf como encubridores del atentado a la mutual judía. El nuevo fiscal del caso, Alberto Gentili, remplazante de Nisman, debiera cesar en su función el 31 de enero, pero como integrante del equipo especial de fiscales tiene posibilidades de quedarse con el caso.
El mundo de los servicios era cotidiano para Nisman desde un primer momento. Para él y para su ex esposa. Por la oficina de Sandra Arroyo Salgado pasaron causas de narcotráfico, las escuchas ilegales de los ex agentes de la Side y el caso de los presuntos hijos apropiados por la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble. Ahora, de vuelta de sus vacaciones, Arroyo pidió constituirse en querellante y no cree en la hipótesis del suicidio de su ex pareja. Una trama confusa para un año duro. n
Los medios y su guerra
Todos los canales de televisión de aire y de cable se abocaron a una cobertura primero policial de la muerte de Alberto Nisman y luego de las consecuencias que esta muerte puede tener en la causa Amia. La excepción fueron Todo Noticias y el Trece, del grupo Clarín. El lunes pasado ambos generaron un desfile de candidatos políticos para exponer sus posiciones frente al hecho, en una típica jornada de campaña electoral.
Las portadas de los diarios Clarín y La Nación han empujado desde el inicio la teoría del “suicidio inducido”, cuando no el asesinato. “Crecen las dudas por la muerte del fiscal Nisman. No se probó aún si fue un suicidio”, sostuvo Clarín en su tapa del miércoles 21. La Nación destacaba a su vez la existencia de “un pasadizo al departamento (de Nisman)” y el hecho de que se habrían hallado “pisadas, huellas y nuevas pistas”. Las protestas callejeras de la noche del lunes fueron cubiertas por Todo Noticias y puestas en portada por Clarín y La Nación.
Página 12 y Tiempo Argentino, ligados al gobierno, apuntaron a las falencias e inconsistencias de la denuncia de Nisman y a la falta de pruebas para sostener un pedido de procesamiento de la presidenta. El punto de vista más equidistante fue aportado por el periodista económico Roberto Navarro. “En este momento hay que leer a los dos sectores del periodismo para tratar de entender quée está pasando”, dijo en su programa de televisión Economía política.
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Agua para el molino electoral
Todos se preparaban para cerrar acuerdos y mostrar sus fórmulas presidenciales de cara a las internas abiertas de agosto para competir en las elecciones de octubre. Pero el caso Nisman los reacomodó. El alcalde porteño, Mauricio Macri, los primerió a todos y a las nueve de la mañana del lunes 19 dio una conferencia de prensa en la que reclamaba al gobierno respuestas por lo sucedido al fiscal. Nada dijo en cambio sobre el pedido de procesamiento que hizo Nisman contra él por haber espiado a través de agentes de inteligencia, como Ciro James y el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge Palacios, también acusado en la causa Amia.
Sergio Massa, candidato del Frente Renovador, reclamó por la tarde urgentes medidas al gobierno y la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso. Y dejó flotando la sospecha de que se tratara de un atentado. “Esto nos deja muy mal parados ante el mundo”, sentenció. Desde el radicalismo, en plena crisis dentro de la alianza electoral Unen, sus referentes y presidenciables Ernesto Sanz y Julio Cobos dispararon directamente al gobierno, dando por ciertas sin más pruebas las acusaciones de Nisman, y se sumaron al coro de los dolientes.
Para Elisa Carrió, por ahora sin partido después del portazo dado en noviembre en Unen, la muerte de Nisman fue un nuevo caso de conspiración del gobierno para evitar el esclarecimiento del atentado a la Amia. El fiscal, dijo “Lilita”, fue inducido al suicidio, lo que demostraría la trama mafiosa de las relaciones internacionales del gobierno K.
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El agente Stiuso
Antonio Stiuso ingresó a la Side en tiempos del gobierno militar del general Alejandro Lanusse y pasó toda la siguiente dictadura, nacida del golpe del 24 de marzo de 1976, en esos servicios. Sin pertenecer a la jerarquía en un primer momento, supo de todas las operaciones de seguimiento, rastreo y secuestro de exiliados políticos en Buenos Aires entre 1976 y 1983. Con la vuelta de la democracia escaló posiciones en el gobierno de Raúl Alfonsín, que estaba concentrado en terminar con los elementos más duros de los años de la represión, como por ejemplo la banda de Aníbal Gordon y los agentes vinculados con el Batallón 601 de inteligencia del Ejército, donde revistaba Raúl Guglielminetti, hombre cercano al paramilitar Gordon. A Stiuso le tocó vigilar de cerca a Guglielminetti en España. La vieja guardia de la Side no se lo perdonó. Después de Alfonsín, Stiuso trabajó para el menemismo. Fue jefe de operaciones y llevó, para integrar los equipos de investigación por el atentado a la Amia, a algunos ex torturadores de Automotores Orletti que el menemismo había reincorporado al staff de inteligencia. En 2004 su cara fue expuesta ante las cámaras de televisión por el ex ministro de Justicia Gustavo Beliz, quien desde ese momento quedó fuera del gobierno K. Néstor Kirchner apreciaba los servicios de Stiuso sólo porque podía proporcionarle información sobre sus enemigos políticos. Stiuso fue, de hecho, el jefe en la sombra de los servicios de inteligencia, más allá de quien ocupara su dirección formal. Hasta que a su frente fuera colocado Oscar Parrilli y surgiera la necesidad de pavimentar un posible fin del ciclo K fuera del poder.
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