Sociólogos de ocho universidades nacionales argentinas, de la Udelar de Uruguay, de la Veracruzana de México, de las chilenas Diego Portales, Católica y la Universidad de Chile, y de la Universidad de Barcelona, España, analizaron los cambios sociales vinculados a la inclusión durante la última década en América Latina. Brecha dialogó con Eduardo Chávez Molina, sociólogo de la Uba y del Instituto Gino Germani de Buenos Aires, y con Leticia Muñiz Terra, de la Universidad de La Plata, organizadores del encuentro.
—¿Cuáles fueron las principales conclusiones de este seminario?
—Podríamos señalar la existencia de una heterogeneidad de situaciones en relación con la desigualdad y movilidad social de los países latinoamericanos. Esta heterogeneidad se advierte y analiza fundamentalmente centrando la mirada en los distintos modelos de acumulación implementados en los países en los últimos quince años y en las transformaciones o no que dichos modelos trajeron consigo.
Mientras algunos destacan un creciente proceso de inclusión social, señalando a las clases populares como las principales protagonistas de esa inclusión, otros dicen que el proceso de recuperación económica que tuvo lugar no significa un cambio sustantivo en la conformación de la estructura social y de clases. La impronta estatal ha tenido un rol preponderante, a través de transferencias directas e indirectas.
—¿Se puede definir y delimitar conceptualmente a las clases sociales en América Latina?
—Es un debate enorme para las ciencias sociales de la región. Los comienzos de esa conceptualización se dieron en la década de 1950, cuando los ejes de discusión giraban en torno a cuáles serían los potenciales actores que podían encarnar y dirigir un proceso de cambio social transformador y las políticas de sustitución de importaciones parecían llegar a su apogeo.
La revolución cubana marcó un antes y un después de época en el debate sobre las clases sociales. Sobre todo cuando se intentaba visualizar a los actores con capacidad de dirigir el cambio social: los obreros, las clases medias administrativas y militares, los pobladores de barrios pobres y periféricos, los campesinos. Por otro lado, el sociólogo brasileño Florestán Fernández insistía en los diferenciales en el funcionamiento de las clases sociales en América Latina en relación con el contexto europeo.
—¿Cuál es la relación entre desigualdad y movilidad social?
—Los estudios sobre desigualdad social y movilidad están fuertemente vinculados, porque ambos permiten analizar las transformaciones que pueden desarrollarse en la estructura social de un país, o de un conjunto de países. Si la desigualdad permite descubrir esferas donde se produce una distribución diferencial de bienes, servicios, accesos y responsabilidades, que originan grados de libertad, autonomía, posiciones y posibilidades de realización personales distintas, resulta inevitable su vinculación con los estudios de movilidad, porque son los que permiten ver si se produce un ascenso o descenso de un actor en la estructura social y comprender cómo ocurren.
—Los gobiernos progresistas de la región, ¿incidieron sobre las estructuras de clase en las respectivas sociedades?
—Hay polémicas y controversias sobre los mismos procesos políticos y sus impactos económicos y sociales. Así funciona el mundo académico, digamos. Pero también hay algunos acuerdos que apuntan a reconocer una ampliación de derechos de la población, por vía de leyes de reconocimiento para pueblos originarios, mayores libertades de orientación sexual, reconocimiento de tratados de derechos humanos internacionales, y mayor capacidad regulatoria del Estado sobre aspectos de la relación entre capital y trabajo. Y tal vez ese es el punto nodal de la experiencia de los gobiernos progresistas de América latina, y su punto distintivo respecto a otros contextos y a períodos anteriores. Esa mayor regulación va acompañada de un fuerte proceso de desmercantilización de ciertos aspectos de la vida social, que mejora la protección social de la población. Por ejemplo, las transferencias de ingresos, la mayor oferta educativa pública tanto en sus niveles iniciales como terciarios, principalmente en el caso argentino y venezolano, las transferencias hacia pensionistas y jubilados que no hicieron aportes contributivos directos en su vida activa (sobre todo en Bolivia y Argentina, con casi el 100 por ciento de la población mayor de 65 años protegida).
—¿Y lo negativo?
—Hay deudas innegables, como la proliferación y cierto nivel de desafectación de derechos del cuentapropismo informal y marginal, y las condiciones de hábitat inadecuadas para pobladores de las grandes ciudades principalmente, donde la calidad y el acceso a servicios siguen siendo una deuda social.
—¿Se modificaron los patrones de distribución de recursos entre las clases sociales?
—Por la información existente, se da una paradoja muy peculiar. La matriz de la estructura social no se ha modificado sustantivamente. Esa estructura social, como expresión de los espacios sociolaborales existentes, se ha ampliado. Y la forma de redistribución se ha alterado internamente, en mayor beneficio de los trabajadores asalariados, principalmente sindicalizados, y con mayor protección estatal, producto de pertenecer a actividades reguladas. Es allí además donde se concentra el núcleo de la puja distributiva, de alto alcance particularmente en Brasil, Argentina y Uruguay.
—¿Cómo inciden los procesos de movilidad social en el futuro de las democracias regionales?
—En general las expectativas de movilidad social son amplias, pero en muchos casos van acompañadas de expectativas de consumo, que en el marco de políticas inclusivas y redistributivas pueden llevar a tensiones en el marco de las regulaciones públicas. Hay que admitir que las expectativas son diferentes de acuerdo a la posibilidad concreta de ascenso social en cada país. Son procesos amplios, y dependen tanto de capacidades individuales como estructurales.
Existen varios formatos de posibilidades de movilidad social ascendente. En la actualidad es la educación superior, y en menor medida la capacidad de asumir riesgos económicos productivos por parte de las personas, lo cual requiere condiciones estructurales que estabilicen esas aspiraciones, y condiciones institucionales que lo habiliten, cuyo mecanismo democrático es imprescindible.
—¿Disminuyó la desigualdad en los últimos diez años en la región?
—Sí. Pero hay un llamado de atención sobre la incapacidad de medir los ingresos de las clases altas, principalmente. Y también es cierto que los procesos de concentración económica siguen existiendo, e incluso algunos investigadores plantean que se han acentuado.
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El “Wall Street Journal”, Venezuela y Estados Unidos
Por José Manuel Martín Medem
El gobierno de Venezuela debería agradecer la torpeza del supuestamente magnífico Wall Street Journal. Dispara por la culata, uno de los autodenominados “medios de comunicación más influyentes”.
El diario de los negocios ha intentado convertir en noticia de repercusión internacional los murmullos procedentes de los servicios secretos de Estados Unidos. Los periódicos, las radios y las televisiones de todo el mundo que han reproducido lo publicado por el Wall Street Journal anuncian que los tribunales estadounidenses están a punto de procesar por complicidad con el narcotráfico a funcionarios y militares del gobierno venezolano. Pero no es eso lo que cuenta el periódico utilizado como campana para convocar al desprestigio de la democracia de Venezuela. No es lo mismo el ruido envenenado que depositan sobre la superficie de la denuncia que la información detallada en la profundidad de la crónica.
El gobierno de Venezuela debería recomendar la lectura atenta y reposada de lo publicado por el diario. Lo siguiente es lo que en esa crónica se reconoce.
• Que toda la información utilizada procede de funcionarios del gobierno de Estados Unidos y de sus servicios secretos. A lo largo del texto se admite ¡15 veces! que las versiones utilizadas son municiones facilitadas por los responsables de organizar y aplicar la política estadounidense contra el gobierno de Venezuela. Es poco creíble una información que sólo se basa en filtraciones interesadas.
• Que en Estados Unidos intentan desde hace diez años fabricar procesamientos por narcotráfico contra el gobierno venezolano sin haberlo conseguido, por no contar con pruebas incuestionables.
• Que la operación en marcha consiste en provocar deserciones de funcionarios y militares para convertirlos en “testigos” a cambio de compensaciones que incluyen la residencia en Estados Unidos. “Los servicios secretos estadounidenses –reconoce el Wall Street Journal– han acelerado en los últimos dos años el reclutamiento de desertores que ofrezcan información útil.” Agentes de esos servicios explican al diario que “exiliados venezolanos ayudan a contactar con funcionarios gubernamentales para proponerles que se conviertan en desertores y se refugien en Estados Unidos”.
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