Francisco es atlético y atento. Tiene 20 años. Toma el micrófono y se para frente a la concurrencia. Habla alto, dice claro, piensa sin miedo. Es estudiante de segundo año de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, una escuela pública y gratuita para formar maestros rurales, en donde estudian, cultivan la tierra, crían animales y viven, en su mayoría, hijos de campesinos.
Una escuela que desde el 26 de setiembre pasado vive “el dolor más fuerte” de su historia casi centenaria. “Desde el comienzo nuestra escuela ha sido reprimida por el Estado”, dice Francisco.
En la tarde del 26 de setiembre de 2014 un grupo de estudiantes había ido a la ciudad de Huitzuco. Se colocaban al costado de la carretera a pedir un peso o dos a los conductores que circulaban para completar los magros 50 pesos que reciben del Estado para las comidas diarias. Desde la masacre, ese sustento también fue recortado.
“Cerca de las siete de la tarde terminó la actividad. Para regresar a la Normal teníamos que pasar por la ciudad de Iguala. Íbamos en mitad de la ciudad, cuando llegaron policías municipales disparando directamente hacia los tres autobuses en que viajábamos. Los compañeros se bajaron, preguntando a los municipales por qué disparaban. Se les dejó bien en claro que éramos de Ayotzinapa. Nos dejaron pasar, pero llegando al periférico norte, a la calle que nos lleva hacia nuestra escuela, había una patrulla municipal vacía atravesada a mitad de la calle.” Era una emboscada. “Algunos compañeros que iban en el primer autobús se bajaron para moverla y permitir el paso. Cuando llegaron a la patrulla aparecieron policías de distintos lados disparando. Le dieron a Aldo Gutiérrez, el compañero que hasta la fecha se encuentra en estado vegetativo. A otro compañero le dieron en el brazo.” ¡Somos estudiantes!¡No disparen! ¡No somos delincuentes! ¡Somos de Ayotzinapa!, gritaban los muchachos intentando detener la balacera. “Pero los municipales seguían disparando al primer autobús, mientras otros policías rodearon el tercero, encañonándolo. De ahí bajaron a nuestros 43 compañeros y los fueron subiendo a patadas a las patrullas. No podíamos hacer nada porque las balas seguían mientras se los llevaban.” Los municipales se acercaron luego al resto de los chiquilines, que rondan todos los 20 años, y pusieron la frutilla en la torta de la impunidad: “Dijeron que querían negociar para que no digamos que fueron ellos los que dispararon”. Entonces se fueron.
CACERÍA. Cerca de la medianoche, en la carretera en torno a los autobuses baleados y a la violencia desplegada, se acercó gente de la zona a solidarizarse y a acompañar a los muchachos en la espera por los abogados de derechos humanos de la Procuraduría General de la República (Pgr) para levantar un acta y explicar ante ellos lo que había sucedido. “A las dos y media de la mañana empezó la rueda de prensa para explicar lo sucedido. Entonces llegó una camioneta roja con gente vestida de civil y, atrás de ellos, patrullas municipales.
Llegaron disparando a donde estaban los compañeros de la rueda de prensa. Ahí le disparan a Julio César Ramírez, en la cabeza y el pecho. Quisimos recogerlo, pero no podíamos levantarnos del suelo porque seguían las balas.” Luego le dieron a Daniel Solís. Los dos murieron. Ambos habían ingresado ese año a la escuela.
“Corrimos para salvarnos. Nos seguían los municipales en la patrulla. Armaron una cacería humana brutal. Hirieron a otro compañero en la mandíbula. Lo cargamos mientras corríamos en la noche buscando un hospital. Llegamos a una clínica particular, pero el doctor nos dijo que no nos iba a abrir porque no iba a hacerse responsable si algo llegaba a suceder.” Finalmente abrió la puerta, pero anunció que llamaría a los militares del Batallón 27 de Iguala, que estaba a media hora del lugar de la masacre. “Los militares patearon la puerta y nos encañonaron.
‘¡Aguanten si son tan hombres! ¡Vándalos! ¡Revoltosos!’ Nos decían que nos lo teníamos bien merecido. Nosotros seguíamos pidiendo una ambulancia.” Los militares los mantuvieron cautivos durante otras tres horas, antes de irse y llamar finalmente a la ambulancia para el muchacho herido en la boca, que no podía hablar y pedía ayuda escribiendo en el celular. Cuando salieron de ese cautiverio, amanecía el 27 de setiembre. “Nos llevaron a la Pgr a declarar. Ahí nos dijeron que habían encontrado a un estudiante al que le habían sacado los ojos y tenía quemaduras en el cuerpo. Nos llevaron para reconocerlo. Era Julio César Mondragón. Estaba desfigurado.” Los sobrevivientes dan testimonio ante los abogados del Estado, que les piden que reconozcan a los policías que horas antes habían intentado acribillarlos. “Fui yo con otro compañero de segundo, más otros seis de primero. Pedimos cubrirnos el rostro y nos dieron pasamontañas. Señalamos a 22 policías. Cuando íbamos de regreso a la Procuraduría, quienes nos estaban haciendo de escolta eran los policías que habíamos señalado. Hasta la fecha no tenemos la certeza de si están detenidos o en libertad.”
Recién a las 10 de la noche del 27, extenuados, los sobrevivientes pudieron volver a la escuela, donde esperaban los padres para ver cuáles de sus hijos regresaban con vida.
DELINCUENCIA Y GOBIERNO, LO MISMO. “Manuel es una persona muy alegre y risueña. En nuestro pueblo la mayoría de la gente lo quiere, se gana a la gente, tiene un carisma muy bonito mi hijo. Es muy sociable. Él había trabajado con niños pequeños en comunidades alejadas. Vio mucha necesidad. Ahí fue que decidió ser maestro. Somos muy apegados a nuestros hijos. Es por eso que me da coraje recordar que él estaba tan contento por haber entrado a la Normal, que es muy difícil de lograr.” Hilda Hernández habla de su hijo de 19 años, Manuel González Hernández, desaparecido, en presente. Debajo de su cara cuelga un cartel con la cara del gurí, que revela la filiación en el parecido. A su izquierda, su marido, Mario, padre de Manuel. A su derecha, otra Hilda, la mamá de José Antonio Tizapa, desaparecido. “Tiene 20 años, ya son ocho meses y no tenemos noticias. El gobierno mexicano fue el que se lo llevó. El gobierno dice que fue la delincuencia organizada, pero allá en México, y sobre todo en Guerrero, delincuencia y gobierno son lo mismo. La delincuencia está dentro de los ayuntamientos, por eso denunciamos al gobierno. Fue el gobierno el que se llevó a nuestros hijos, la policía en complicidad con los militares. Hemos recorrido todo Iguala, buscado en cárceles, en iglesias abandonadas. Tenemos la fe de encontrarlos, por eso salimos a difundir, para que ustedes levanten la voz, que pidan por Ayotzinapa, que se le exija al gobierno mexicano que siga investigando.” “Hay muchas irregularidades en los expedientes –dice Hilda–. El 26 de enero el gobierno dio por cerrado el caso, algo que no puede hacer porque aún no han encontrado a los jóvenes. Desde un principio el gobierno nos dijo que nuestros hijos estaban muertos.” “A las pocas semanas nos dijeron que estaban en unas fosas. Solicitamos el apoyo de los peritos argentinos, que desmintieron la versión. Luego nos dijeron que los habían tirado al río San Juan. No hubo manera de comprobarlo. Así siguen diciendo que los jóvenes están muertos, pero no tienen manera de comprobarlo. Hay un grupo interdisciplinario de expertos estudiando los expedientes, pero el gobierno ha puesto muchos obstáculos, no ha permitido que se interrogue a los militares.”
El propósito de la visita al sur del continente1 es claro: rebatir la versión oficial, denunciar el terrorismo de Estado y, sobre todo, pedir que la causa siga abierta hasta que no aparezcan todos y cada uno de los muchachos. “Vamos a continuar buscando a nuestros hijos, por eso estamos acá. Les pedimos que difundan la realidad de lo que estamos pasando en México. El gobierno mexicano ha pisoteado los derechos de los indígenas, de la gente humilde, a quienes más daño les hace. Ya no estamos dispuestos a soportar todo esto. Queremos su ayuda. Queremos que se presente con vida a nuestros hijos.”
El cierre está a cargo de Francisco: “Venir aquí es para articular las luchas, de los organizados y no organizados, que el grito sea más fuerte, que se siga diciendo que hacen falta los 43. En México tenemos 30 mil desaparecidos, 200 mil muertos, ¿dónde queda la justicia? Son las autoridades las que nos están matando. El 26 de setiembre el gobierno no pudo ocultar la guerra de exterminio contra el pueblo”. n
1. Recorrerán siete ciudades entre Argentina, Brasil y Uruguay. Este mediodía, en Montevideo, marcharán desde la plaza Independencia hasta la embajada de México, y a las siete de la tarde habrá una charla abierta en el Paraninfo de la Universidad.
