Sotyropouloy es asistente social y trabaja como voluntaria en este centro de atención médica y suministro de remedios para personas que perdieron o nunca tuvieron acceso al servicio de salud pública. Son en total 3,3 millones, según datos oficiales.
La iniciativa surgió de la comunidad de Patisia, con la colaboración de padres y maestros de la escuela más importante del barrio.
“Prestamos ayuda a unas 950 personas. Para eso contamos con una red de médicos que atienden gratuitamente y un estoc de medicamentos que son donados por los propios vecinos”, dice Sotyropouloy. En medio de la crisis, los atenienses e inmigrantes más golpeados, madres solteras, desempleados y jubilados, encuentran aquí asistencia médica, pero también un espacio donde informarse, conversar y dar una mano.
“Muchas personas no sabían cómo lidiar con su situación. Eso tenía que ver en parte con la bonanza de los ochenta, que nos hizo perder humanidad. En estos últimos tiempos la gente abrió las puertas de su casa, salió a la calle y vio lo que le pasaba al vecino”, subraya. Hoy son 40 los centros de salud solidarios en toda Grecia abocados a paliar la reestructura del sistema sanitario público ordenada por la troika, que la Ong Solidaridad para Todos define directamente como una “liquidación del sistema de bienestar social”.
Hoy los millones de griegos y los cientos de miles de inmigrantes excluidos del sistema sólo pueden acudir al hospital en caso de emergencia, pero no consultar a especialistas o recibir tratamiento a largo plazo. Esto ocurre cuando el estrés causado por el rápido deterioro de la economía arroja altos niveles de suicidio y depresión. Entre 2007 y 2013 los suicidios aumentaron 43 por ciento, la mayoría entre personas que perdieron el trabajo, profesionales independientes y jubilados, según la Ong Klimaka. “El gobierno de Syriza intentó tomar medidas para reducir el impacto de la crisis, pero no podrán ser aplicadas si se impone el nuevo plan. Tenemos 1,5 millones de desempleados, por lo menos 250 mil jóvenes que emigran. Si la economía griega era dependiente antes, ahora lo es mucho más”, dice Christos Giovanoupolus, de Solidaridad para Todos.
La asociación apoya logística y administrativamente a una red compuesta por 400 grupos u organizaciones sociales formados en los últimos años, pero especialmente entre 2011 y 2012, cuando las consecuencias de las medidas de austeridad fueron más terribles. En las distintas regiones de Grecia, y en especial en Atenas, donde vive la mitad de la población, hoy funcionan farmacias solidarias, puntos de asistencia legal, centros culturales, de apoyo a inmigrantes, o locales que suministran alimentos y otros productos de la canasta básica a un precio significativamente menor al de los supermercados.
En otro barrio más alejado del centro de Atenas está Abariza Solidarity, un centro social que coordina mensualmente la entrega sin costo de una bolsa de alimentos para 150 familias, así como una feria barrial en la que decenas de pequeños productores ofrecen frutas y verduras a mitad de precio. El agricultor se saltea los intermediarios y 1.300 familias pueden acceder a menor costo a una variedad de alimentos que provienen directamente de la tierra. “En 2011 sufrimos el impacto más duro. Comenzaron a llegar familias con hasta siete hijos, padres sin trabajo, muchos de ellos inmigrantes, sin ningún tipo de protección social. Cuando pusimos en marcha este centro, el gobierno derechista de Nueva Democracia intentó desmantelarnos, pero no lo consiguió. Este gobierno tiene otra actitud y esperamos no pasar por la misma experiencia a pesar de las nuevas medidas de austeridad”, dice a Brecha Aris Papadokostopoulos, voluntario en Abariza.
El 44 por ciento de la población tiene un ingreso mensual que lo sitúa por debajo de la línea de pobreza, según estimaciones de 2013 del Grupo de Análisis de Políticas Públicas de la Universidad de Atenas. Sin embargo, el costo de vida es, proporcionalmente, el más alto de los países de la Unión Europea. En este contexto, los movimientos sociales de solidaridad son una de las formas de resistencia más sobresalientes en la defensa y garantía de los derechos básicos fundamentales, como la alimentación y la vivienda.
“Se ha producido una implosión del sistema, que ha colapsado sobre los hombros de los ciudadanos. En este sentido, la experiencia de la crisis es muy dura no sólo en términos de costos sociales sino también porque cuestiona lo que la gente creyó, lo que la gente piensa de sí misma y de su país, su ideología o partido. Es una crisis estructural del sistema”, dice Giovanoupolus. “Debemos crear espacios en los que la gente pueda organizarse para que sea el verdadero agente de cambio. Sin eso no habrá gobierno que nos dé una solución, ningún acuerdo será válido, y el sistema seguirá dictando e imponiendo”, concluye.
