Desde el inicio era evidente que el decreto de esencialidad no sólo era intempestivo, sin antecedentes en el período democrático posdictadura, sino inaplicable. Su puesta en práctica hubiera llevado al inicio de sumarios con separación de los cargos, y aun previendo un escaso acatamiento a las medidas de paro y huelga de los docentes, sancionar a algunos centenares de ellos (cuando en Secundaria antes de las medidas gremiales no se completaron todas las horas de enseñanza por falta de profesores) no habría hecho otra cosa que agravar más la situación y perjudicar a los alumnos.
Tabaré Vázquez jugó muy fuerte, sin medir los posibles escenarios que el decreto provocaría. Para comenzar, si bien ordenó a todos sus ministros, éstos no tenían el pleno convencimiento del que sí hizo gala el presidente. Un primer traspié revelador fue que dentro del propio oficialismo se sucedieron –con la salvedad del Frente Liber Seregni y la mayoría renovadora del Partido Socialista, que fueron los defensores más entusiastas de la esencialidad– distintos pronunciamientos críticos sobre el decreto, considerándolo “un error político”.
Pero otra variante que el Ejecutivo no previó fue la masiva respuesta de rechazo que sucedió a la emisión del decreto. Las acciones fueron desde un paro general parcial del Pit-Cnt hasta una multitudinaria manifestación de maestros, docentes y estudiantes, que superó las 50 mil personas, el jueves 27 de agosto. A su vez se ocuparon decenas de liceos y centros de la Utu en el interior del país, y la participación en las asambleas de los sindicatos de la educación se multiplicó.
Es decir, el efecto fue contrario al buscado y la esencialidad no pudo aplicarse. Una vez que se la quitó de la mesa y que la ley presupuestal llegó al Parlamento, las aguas tendieron a aquietarse y los sindicatos de la enseñanza levantaron sus medidas, aunque mantienen sus demandas y por consiguiente el conflicto.
Nada pasa sin dejar huella, y Vázquez hirió la sensibilidad de amplios sectores de la izquierda, de sus votantes, con un decreto que en muchos disparó la idea de un gesto autoritario (“Gobierno progresista, decreto pachequista”, gritaban los manifestantes). Los frenteamplistas participaron de las movilizaciones contra su gobierno.
Es que el ser de izquierda conlleva anclajes, en especial con los trabajadores y demás sectores vulnerables de la población, pero también pensamiento crítico. Y este último se expresó nítidamente en estos días que pasaron, lesionando la identificación con el gobierno progresista.
Hoy hasta los propios defensores del decreto lo reconocen como un error táctico. Pero la táctica nace siempre de una estrategia, que para el caso parecería ser la de quebrar a los sindicatos de la educación, más que el diálogo y la negociación.
Desde hace tiempo el discurso de importantes sectores del Frente Amplio incorporó el término “corporativismo” para calificar las demandas del movimiento sindical. Término que, curiosamente, no se utiliza ante los reclamos de las cámaras empresariales. Esos sectores ya no ven, como en el pasado, a los trabajadores organizados como su base social más importante. Por el contrario, perciben al movimiento sindical como un vecino molesto que cuestiona la “neutralidad”, el gobernar para todos y sin conflictos. También es cierto que el radicalismo de algunos sindicatos, dirigidos por sectores extrafrenteamplistas, proporciona motivos para esa suerte de divorcio. No obstante, son minoritarios, aunque la educación constituya uno de sus enclaves. La lógica de estos sindicalistas no es la de “avanzar en los cambios”, como pregona el Pit-Cnt, sino desestabilizar a un gobierno que consideran neoliberal.
Hecha esa salvedad, la percepción de que el gobierno y parte del Frente Amplio se mueven con otros parámetros a la hora de considerar los movimientos sociales tiene asidero.
Algunos han defendido la actitud de Vázquez con el argumento de que ya había anunciado en la campaña electoral que podía declarar la esencialidad en la educación pública. Entonces sostienen que es coherente, como si la coherencia fuese un valor supremo en sí mismo. También fue consecuente con el tema del aborto. Esos argumentos en su defensa ocultan lo sustantivo: la izquierda en el gobierno no puede actuar con base en el autoritarismo, debe convencer, hacer que los militantes de la fuerza política se embarquen en la batalla político ideológica, y crear hegemonía en defensa de sus planteos.
Fruto de sus propios logros en el gobierno, Vázquez debe entender que hoy la sociedad es otra, que tiene nuevas demandas. Que ya se ha ensayado transformar la educación sin la participación de los educadores y la experiencia fracasó. No es con el “despotismo ilustrado” que se cambiará el “Adn” de la enseñanza pública.
