No es común que organizaciones sociales, la academia, vecinos, instituciones que promueven el respeto de los derechos humanos en el sistema penitenciario y las propias personas privadas de libertad, todos, se resistan al cierre de una cárcel. Lo habitual sería escuchar a esos mismos grupos alertando a las autoridades por condiciones de encierro que rozan o directamente se zambullen en la tortura. Pero este caso es distinto y, si bien hay falencias que no dejan de señalar, creen que El Molino, una cárcel atípica que hoy habitan 14 mujeres y 16 niños, es una experiencia a defender. Del otro lado, las autoridades comunican que ya es una decisión tomada: sólo es cuestión de tiempo para que las madres y sus niños sean trasladados a la Unidad N° 5, la Cárcel de Mujeres, una gran instalación donde antes funcionaba el Hospital Musto y donde hoy conviven alrededor de cuatrocientas presas.1
Las madres ya mandaron dos cartas a las autoridades, una primera dirigida a Luis Mendoza, director del Instituto Nacional de Rehabilitación (Inr), y una segunda redactada con una abogada y destinada al ministro del Interior, Eduardo Bonomi.
En ambas, las madres reivindican que gracias a ese centro sus hijos pueden “llevar una vida lo más parecida posible a la de los niños que viven fuera de sus muros”, y agregan que “El Molino es un centro ejemplar, cuyo modelo debería ser copiado en otros establecimientos, y no ser destruido, como se pretende hacer en este momento”. En similares términos lo expresa a Brecha Andrea, una mamá que se encuentra en El Molino y que conoce el paño, porque antes de tener a su hija estuvo más de un año en la Cárcel de Mujeres: “Acá no se ve un motín; allá, en el sector donde nos quieren meter, está lleno de ratas, está lleno de rejas. Acá ahora nadie se corta”, cuenta, y aclara que “estamos peleando por un lugar que es más sano y más cómodo no por nosotras, estoy hablando por el derecho de mi hija y de los hijos de mis compañeras”.
LOS PORQUÉS. La respuesta de las autoridades no llegó, pero la presencia del subdirector técnico del Inr, Gustavo Belarra, durante la jornada “Mujeres en situación de privación de libertad. La maternidad en contextos de encierro”, aportó algunas respuestas: los argumentos de las autoridades tienen que ver con lo logístico y con el deterioro del edificio de El Molino. Belarra reconoció que hay “una estrategia deliberada de agrupar a todas las mujeres en una unidad”, porque “tenemos posibilidad de desarrollar los servicios técnicos en una unidad, y esa es la Unidad N° 5”. Sin embargo, en el mismo ámbito varios integrantes de la Mesa de Trabajo sobre Mujeres Privadas de Libertad, organizadora de la actividad, sostuvieron que algunos motivos suenan a excusa, como el estado del edificio, y otros no deberían ser priorizados sobre el bienestar de madres y niños, como los operativos. Incluso, según supo Brecha, puede haber otro motivo en el apuro para la mudanza, aun más secundario: luego de sucesivos atrasos en el pago del alquiler que debía realizar el Ministerio del Interior (MI), los dueños del establecimiento iniciaron un pedido de desalojo.
Sea como fuera, para el nuevo comisionado parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit, “transferir una institución a la otra no le haría bien a ninguna de las dos. Esa es nuestra sugerencia: que no se realice ese traslado, que se suspenda y se piensen alternativas”, dijo, y despertó los aplausos de quienes asistieron a la jornada. “El Molino es una experiencia muy interesante, que tiene sus carencias de recursos técnicos y humanos, además de problemas de mantenimiento, pero una cosa es la situación de El Molino y otra es el lugar de destino. Que El Molino tenga problemas no justifica que vayan a otro lugar”, indicó el comisionado. Para Petit hay que “preservar la experiencia de El Molino, una unidad de pequeña escala personalizada, que permitió la intervención de programas públicos, Ong, vecinos”.
En torno a El Molino se ha generado una sinergia entre diferentes organizaciones, la Universidad de la República y los vecinos, que no se dio de un día para el otro y la mudanza desmantelaría. De hecho, el traslado de las madres presas y sus hijos a este centro fue parte de un plan para descongestionar el sistema carcelario, y se concretó durante la anterior administración de Eduardo Bonomi al frente del MI. Atendía, además, las sugerencias del relator especial contra la tortura de la Onu, Juan Méndez, quien luego de ver en funcionamiento la experiencia la calificó como una “buena práctica”. Y si en 2010, cuando se supo que se trasladarían madres presas en Cabildo a la nueva cárcel de Paso Molino, el barrio juntó firmas para evitarlo porque creyó ver en ellas una fuente de inseguridad, ahora las mujeres de El Molino apelan a los vecinos para que firmen en pos de su permanencia. Eso porque hoy existe un núcleo duro de vecinos que se reúnen periódicamente a pensar cómo apoyar a las mamás de El Molino y que, si bien es reducido, tiene como contrapartida una aceptación amplia del barrio, contó a Brecha Susana Regent, vecina de Paso Molino y educadora popular. Además trabajan allí instituciones como El Abrojo, las facultades de Psicología y de Ciencias, Uruguay Crece Contigo.
“Hace unos dos años en Buenos Aires la presentamos (ante la Asociación para Prevenir la Tortura) como una buena práctica y fue muy aplaudida. No sabría ahora cómo explicar lo que se piensa hacer con El Molino”, dijo Mirtha Guianze en representación de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), durante la misma actividad y en consonancia con Petit. “Yo sé que es bueno que haya apertura del Inr”, dijo Guianze en relación a la presencia de Belarra, “pero si el diálogo se transforma en un monólogo, si nosotros decimos cosas y del otro lado nos contestan que ya está decidido, eso no es una apertura”. Tanto el comisionado como la Inddhh han elevado recomendaciones al MI y el Inr, pero la resolución se mantiene. “Si no es El Molino puede buscarse otro lugar en el barrio, pero no nos pueden dar la excusa de que el edificio está en malas condiciones, porque hay un terreno lindero que se puede utilizar, hay miles de cosas que se podrían hacer, pero no hay un enfoque de derechos, no hay fundamento técnico para que tomen esa decisión”, argumentó Guianze.
Tan firme está la decisión, que ya hace meses que no llegan nuevas madres a El Molino, y en la Unidad N° 5 están viviendo diez mujeres con niños. Que haga tiempo que no llega ninguna madre “nos hace la cabeza. Hay un cuarto vacío”, y en habitaciones pensadas para dos mujeres, “estamos todas de a una, salvo dos que están juntas porque quieren”, ejemplificó Andrea, la mamá de El Molino.
BAJAR LA EDAD. La preocupación de las madres es por sus hijos. Los argumentos que esgrimen las autoridades también. Gustavo Belarra sostuvo que “hay una preocupación en el Ministerio del Interior sobre la primera socialización en el encierro”. Y agregó que hay una “discusión que se quiere dar respecto a la edad de los niños autorizados para que estén con sus madres en contexto de encierro. Es nuestro deber disminuir al máximo las consecuencias del encierro, que todos sabemos que existen”. Según un informe de octubre de este año de la Inddhh, “durante el diálogo con las autoridades y dado el planteo realizado por una de las internas, se nos expresa que la política es que ingresen la menor cantidad de niños posible. Sólo ingresan cuando no hay familiares que puedan hacerse cargo de ellos y/o por ser muy pequeños”. Y es que otra de las discusiones instaladas en el MI a instancias de la asesora en asuntos penitenciarios Rosario Burghi, con quien Brecha intentó dialogar sin suerte, es que los bebés puedan permanecer con sus madres sólo durante la lactancia, mientras que la ley establece hoy que sea hasta los cuatro años. Si el amamantamiento como medida de tiempo suena vaga, además, según señalan los especialistas, generaría más daño del que se busca evitar.
Annabel Ferreira, bióloga y docente de la Facultad de Ciencias, presentó algunas conclusiones de un estudio realizado con madres privadas de libertad y sus niños, y, en ese marco, explicó que el vínculo madre-hijo “es clave para el desarrollo neural, físico, emocional, afectivo, para la formación de la identidad y para que esos niños se integren a la sociedad. Los efectos de la separación son dramáticos y se dan en circuitos del cerebro que tienen que ver con el estrés, la emoción, la cognición y la parentalidad. Interrumpir el víncu-lo en etapas tempranas tiene efectos duraderos a largo plazo, provocando trastornos psiquiátricos”, como aumento de la ansiedad y la depresión, “trastornos cognitivos”, como fallas en el aprendizaje, alteraciones de la memoria y el lenguaje, y “la capacidad de los niños de cuidar a otros en la etapa adulta”.
La especialista comentó además que “la maternidad es un período que implica una gran satisfacción y placer pero también estrés”, en este caso potenciado por el contexto de encierro. La misma privación de libertad limita a las madres en el desarrollo de su rol, en su capacidad para poner límites y para orientar la crianza de sus niños. Pero por otro lado también las anima a superarse, se presenta como una ventana de oportunidades para trabajar sobre el proyecto a futuro. Según Ferreira, “la maternidad puede ser la experiencia más gratificante y transformadora pero la más devastadora ante la pérdida o separación”. En la charla con Andrea surgen las mismas ideas: “Para mí fue empezar una nueva vida como mamá y como mujer. Hacía cinco años que me drogaba y tenerla me hizo recuperar a mis otros hijos, con los que el abrazo no era el mismo. Recuperé la confianza de mis hijos, de mi mamá, la confianza en mí misma como madre. No me importó el lugar, me olvidé hasta de que iba a tenerla acá adentro, me olvidé de que iba a privarla de cosas, porque yo sé que la estoy privando. Ella sale todas las semanas pero no conoce la playa. Ahora que estoy con salidas transitorias, la próxima vez que salga nos vamos a ir a la playa”. Y mientras cuenta, su hija la reclama, le habla, de tanto en tanto escucha una palabra conocida, “guardería, sí, vos vas a la guardería”, le dice su madre. “Ella va a la guardería y después de que salgo de trabajar en la cocina dormimos juntas la siesta. Ahora recién nos levantamos y ella se queda jugando conmigo, nos bañamos y nos vamos un rato al patio”.
En la encrucijada de que los niños no deberían sufrir el encierro pero separarlos de sus madres tiene efectos aun más brutales, la salida parece ser la justicia, y varios son los que plantean que es necesaria una mayor sensibilidad en fiscales y jueces para avanzar, particularmente en estos casos, hacia medidas alternativas a la privación de libertad. El propio Belarra sostuvo que “lo mejor sería que todas las mujeres con niños estuvieran fuera de la cárcel. Tenemos que aumentar el número de mujeres que puedan tener una medida de ejecución penal a través del sistema de tobilleras, por ejemplo, que da certezas a los magistrados actuantes. Vamos a dar la discusión para ver si llegamos a campo fértil”.
Pero si bien las autoridades, y pese al desacuerdo, parecen firmes cuando hablan de trasladar a las madres y reducir la edad de los niños que con ellas conviven, el trabajo para sensibilizar al sistema judicial parece estar muy atrasado. Lo puso en evidencia la jueza penal, María Helena Mainard: “Hace poco, menos de dos meses, me tocó procesar a cuatro mujeres y un hombre por comercialización de estupefacientes”. Tres de ellas eran jóvenes, una tenía un embarazo a término y las otras dos estaban amamantando a sus bebés. Además, dos eran primarias, sólo una tenía un antecedente penal. Entonces, “cuando la defensa presenta la solicitud de prisión domiciliaria, le doy vista al Ministerio Público, que responde que no, sin más. Hecha la ley, hecha la trampa, derivo el caso a médico forense para que establezca la situación de lactancia y el embarazo a término. La Suprema Corte de Justicia les otorgó directamente el arresto domiciliario”.
Pero de momento la discusión es otra. Probablemente sin conocer aún la intención del ministerio de reducir el tiempo que pueden criar a sus hijos mientras cumplen su pena, las mujeres esperan, cada vez con menos esperanza, que el traslado se suspenda. Guianze resumió el escenario, sin interlocutor de parte del MI o el Inr y minutos antes de que terminara la actividad de la Mesa de Trabajo sobre Mujeres Privadas de Libertad: “Me voy de acá con la misma interrogante con la que vine. Porque después de la intervención del Inr me quedó la sensación de que esa decisión no se mueve y que esas mamás y sus hijos van a ir a dar a la cárcel. ¿Qué vamos a hacer para parar esto? Tenemos que oponernos a la decisión tomada”.
Mujeres presas en todo el país
Con o sin hijos
Las mujeres presas, poco más de un 6 por ciento de la población carcelaria, sufren la discriminación de un sistema pensado para hombres. No sólo hay presas en la Cárcel de Mujeres o en El Molino, las hay en todo el país, donde las cárceles están diseñadas para su principal ocupante. Sólo a manera de ejemplo, Belarra sostuvo que “hay construcciones nuevas en el Interior que fueron pensadas únicamente para varones” y que “hay cárceles del Interior que son una preocupación, como en Rocha y Tacuarembó. En Rocha hay tres o cuatro mujeres que es imposible que sigan viviendo así”.
También están las madres, las embarazadas, los niños. De 56 niños que había en octubre en centros de reclusión de todo el país, 27 estaban en la zona metropolitana y 29 en unidades del Interior, según Belarra. Y si la situación en el Interior es más dramática, en la Cárcel de Mujeres, durante la visita de la Inddhh en julio de este año, se constató que las madres “están alojadas en el mismo sector que otras internas, en algunos casos no cuentan con cunas, pueden salir al patio dos veces a la semana por una hora, no acceden a espacios de esparcimiento o juego adecuados, las condiciones sanitarias y de higiene son deficitarias”.
Por estos y otros motivos es que el comisionado, en su último informe del 2 de diciembre, recomienda al Inr crear “un área técnica especialmente dedicada a la gestión, con una perspectiva de género, de los establecimientos donde se encuentran mujeres privadas de libertad”.
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1. En julio de este año eran 398 mujeres según un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos.