¿Puede compararse la aplicación de la pena de muerte por un Estado con las ejecuciones de un grupo insurgente que utiliza el terror para controlar a la población civil?
Muchos países, cada vez menos, cuentan con la pena capital en su sistema de justicia. ¿En qué se distingue Arabia Saudita? En primer lugar, por la forma de aplicar las sentencias. La decapitación por espada en un lugar público es el sistema elegido. La realiza un verdugo profesional, lo que no siempre garantiza la muerte por un solo tajo. El EI –y también en algunas ocasiones el Frente Al Nusra– emplea el mismo método. Su estilo es más bárbaro, pero la intención es la misma que en Arabia Saudita: cortar de raíz cualquier desviación de las conductas sociales impuestas y de su interpretación del islam. También se lleva a cabo en un lugar público para que sirva de aviso terrorífico al resto de la población.
¿Qué delitos se castigan con la muerte? En la justicia saudita, por ejemplo, el adulterio, la traición, las relaciones sexuales entre homosexuales, el tráfico de drogas, la apostasía o la “brujería” (sic) pueden acabar con el reo en el patíbulo. Todas esas transgresiones suponen el mismo destino en el territorio controlado por el EI.
Un Estado siempre garantiza más derechos a un acusado que un grupo terrorista. Pero en el sistema saudita las organizaciones de derechos humanos han denunciado en numerosas ocasiones que los enjuiciados carecen de los derechos más elementales tanto en la investigación del delito como en la celebración de la vista. Tienen limitado el derecho a presentar testigos en su favor, y el tribunal tiende a suscribir por defecto el criterio del fiscal. Cuando el acusado es un trabajador inmigrante, sus esperanzas de salir indemne son escasas, en especial si no habla árabe y no le traducen los procedimientos judiciales.
El aumento del número de ejecuciones en Arabia Saudita ha originado algunos titulares, según los cuales en ese reino los ajusticiamientos han doblado este año a los realizados por el EI en Siria e Irak. Eso es improbable, entre otras cosas porque no conocemos todos los que se producen en zonas controladas por los yihadistas.
Pero los datos saudíes son estremecedores por sí solos. Este año han sido ejecutadas 151 personas, la mayor cifra de los últimos 20 años. Esto ocurre poco después del relevo en la corona, lo que se interpreta como un intento de la monarquía de reforzar sus credenciales ante el establishment religioso en este tiempo de transición.
En los últimos días Amnistía Internacional ha dado la voz de alarma ante la posibilidad de que sean ejecutadas muy pronto más de 50 personas por delitos supuestamente relacionados con el terrorismo. El dato no está confirmado debido al secretismo habitual en Arabia Saudita en estos temas, y porque es habitual que los medios sólo informen de las sentencias cuando son aplicadas. Amnistía teme que muchos de estos reos sean activistas políticos chiitas de la región de Awamiya.
Entre ellos está el poeta palestino Ashraf Fayad, condenado a muerte por apostasía a raíz de la denuncia de un vecino que en un primer juicio fue rechazada. La acusación consiguió que otro juez reanudara el caso [véase contratapa de Roberto López Belloso en Brecha, 27-XI-15].
La principal diferencia entre la visión religiosa saudita y la yihadista del EI y otros grupos similares viene simplemente del contexto de cada país o conflicto. Los yihadistas del EI pretenden derrocar a gobiernos para instaurar su “califato”, los religiosos wahabíes están aliados con la dinastía saudita desde los orígenes del Estado para imponer su visión de la religión en ese país. Obviamente, los wahabíes nunca aceptarían un califato extranjero, que supone un liderazgo religioso sobre el Estado saudita.
Al igual que otros grupos insurgentes y que el Ejército sirio, el EI ha cometido múltiples crímenes de guerra en Siria, así como en Irak. Centenares de prisioneros iraquíes han sido fusilados. Los soldados sirios capturados han sufrido el mismo destino.
En Yemen, la Fuerza Aérea saudita ha cometido otros crímenes de guerra, según las organizaciones de derechos humanos, en la campaña de bombardeos sobre Yemen. La ofensiva sobre las milicias chiitas huzíes –no contra Al Qaeda, que controla buena parte de la deshabitada zona oriental del país– no ha conseguido eliminar a estos grupos y ha terminado convirtiéndose en una sucesión de bombardeos indiscriminados sobre zonas civiles.
Las agencias de la Onu calculan que 5.700 personas han muerto desde que esta guerra comenzó hace ocho meses. De ellos, 2.577 son civiles, y de estos últimos 637 son niños. Las milicias huzíes son responsables de centenares de estas muertes, pero la mayoría ha caído en los bombardeos de los saudíes y sus aliados.
La Oficina de Asuntos Humanitarios de la Onu afirmó en setiembre que el 60 por ciento de las bajas civiles se produjo en ataques aéreos. Otro informe del Acnur elevó ese porcentaje a dos tercios.
Los saudíes mantienen además un bloqueo de las costas de Yemen para impedir la llegada de suministros, lo que ha dejado sin alimentos a la mayor parte de la población del país más pobre de Oriente Medio.
La gran diferencia entre Arabia Saudita y el EI proviene de las relaciones radicalmente diferentes que mantienen con Occidente. La monarquía feudal de Riad es aliada estratégica de Estados Unidos desde los años cuarenta, como también de Europa occidental. Los contratos de armamento y las obras civiles en el país saudí son fuente de innumerables beneficios comerciales para norteamericanos y europeos.
Recientemente, Washington autorizó al Pentágono a exportar munición avanzada por valor de 1.200 millones de dólares, con la que Arabia Saudita repondrá la utilizada en Yemen. Al mismo tiempo entrega a los saudíes información en la que se valora el alcance y progresos de los bombardeos. Ni Estados Unidos ni Arabia Saudita han firmado el tratado internacional de 2008 contra las bombas de racimo, por lo que hay que suponer que esos proyectiles han formado parte de los envíos.
El apoyo militar británico a los saudíes, incluida la venta de 200 misiles Paveway IV, ha alcanzado tal nivel que los consejeros legales del Ministerio de Relaciones Exteriores no descartan que algún día el país deba enfrentarse a una acusación ante el Tribunal Penal Internacional por el suministro de estas armas para su destino en ataques deliberados contra la población civil.
Pero al final, para los gobiernos occidentales Arabia Saudita es un aliado político, estratégico y económico en Oriente Medio, el EI un grupo terrorista que pretende formar un gobierno en Siria e Irak que será, si no lo es ya, una amenaza directa para muchos gobiernos de la zona y occidentales. La ideología que inspira al Estado saudita es tan destructiva como la de los grupos yihadistas, pero con los primeros hacemos negocios.
