A fines de enero Kristine McDivitt, viuda del multimillonario ambientalista Douglas Tompkins, atravesó los pasillos del Palacio de la Moneda, sede del gobierno chileno, para reunirse con la presidenta Michelle Bachelet con el objetivo de cumplir la última voluntad de su esposo, un ex empresario de la moda de la California hippie y psicodélica de los años sesenta.
Tompkins, ex propietario de las reconocidas firmas The North Face y Esprit, falleció a los 72 años por un cuadro de hipotermia tras caer de un kayak en Coyahique, al sur de Chile. Allí nomás, en la Patagonia chilena y argentina, había comprado varios terrenos con fines conservacionistas, en los que vivía una vida llamativamente austera.
Estos “pequeños” terrenos se extienden nada menos que por 420 mil hectáreas y cuentan además con grandes inversiones en infraestructura en el Valle Chacabuco; parte de un proyecto personal iniciado en la década del 80 cuando, alejado del mundo empresarial y con millones de dólares de respaldo, Tompkins se dedicó a una misión ecologista y empezó a comprar tierras para establecer zonas de conservación de la naturaleza. El objetivo de la compra, además de la preservación, era que en algún momento esas tierras fuesen donadas para uso público. Según dijo, la tarea de conservación debía ser “grande, salvaje y conectada”.
Siguiendo la voluntad de su esposo, luciendo el luto de forma elegante y rodeada por la prensa local, McDivitt –quien también es presidenta de la fundación Conservación Patagónica– ofreció al Estado chileno lo que ella misma definió como “la donación privada más grande de la humanidad”, cediéndole las tierras al Estado con la condición de que éste construya una red de parques en torno al Parque Nacional Patagonia.
Representantes estatales ven con buenos ojos la intención, pero existe otra condición que podría dificultar la negociación: por cada hectárea que reciba, el Estado chileno debe aportar el doble de su valor para su preservación, por lo que supone una gran inversión en tierras y ampliar algunos parques existentes, además de reclasificar cuatro reservas nacionales entre las regiones de Los Lagos y Magallanes. Otro detalle que se debe tomar en cuenta es el de las propiedades privadas linderas a esas tierras y la revisión de que no existan pobladores en el territorio en discusión, a fin de no afectar a terceros.
“El Estado no coloca las tierras a disposición de la familia Tompkins. Todo lo contrario: la propuesta es que estas hectáreas, que son propiedad privada de los Tompkins, pasen a ser propiedad del fisco, pero bajo un uso determinado, el de un parque nacional de propiedad fiscal”, declaró Víctor Osorio, ministro de Bienes Nacionales, a Bbc Mundo. Y “esto no es un paquete que se le dice al Estado ‘tómalo o déjalo’, es una proposición que puede tener modificaciones. La fundación ha expresado toda la voluntad del mundo de conversar. Hay una posibilidad de que todo sea conservado, así como hay una opción de que la donación no se ejecute toda en forma simultánea, sino progresivamente”, aclaró.
El barullo que generó la reu-nión removió la polémica que se había generado con la llegada del matrimonio al sur de Latinoamérica, cuando fueron acusados de apropiarse a un muy bajo precio de grandes extensiones de tierras ricas en diversidad natural. Los trabajadores de la zona acusaban a Tompkins de ser un obstáculo para el desarrollo de la economía regional, y a los políticos no les terminaba de cerrar que un extranjero se apoderara de tierras de ambos lados de la frontera. El diario argentino Clarín recuerda: “En el año 2006, en Argentina, el entonces secretario de Tierra y Vivienda del kirchnerismo, Luis Delía, lo señaló como ‘dueño del agua de los argentinos y del Acuífero Guaraní’, y pidió que fuera expulsado”.
