Desde que se proyectó una estrategia de contención de los flujos migratorios en 1986, por causa de la creación de un espacio económico común, materializado por el Acta Única (1986), el Tratado de Maastricht (1991) y los Acuerdos de Schengen (1993), seguidos por el Convenio de Dublín (2003), la UE siempre tuvo una visión de la demanda migratoria instrumental y cortoplacista. Esquemáticamente definido, el lema era: primero favorecer la libre circulación de los comunitarios (adopción de la libertad de circulación y establecimiento en el Tratado de Maastricht), segundo, los extracomunitarios sólo pueden ser aceptados cuando se los necesita.
Se instauraron varias medidas: el cierre de la libertad de inmigración laboral para los no comunitarios a cambio de un aumento de la reagrupación familiar para aquellos instalados legalmente en Europa; la reducción drástica de la concesión del estatuto de refugiado y, por tanto, del derecho de asilo; la gestión policíaca del control de fronteras, y, por fin, la adopción, en 2003, del principio por el cual el solicitante de asilo no puede interponer su solicitud en el país final de destino sino que debe hacerlo en el de llegada a Europa. Esta última decisión, impuesta por los países del primer círculo europeo (principalmente Alemania y Francia) obligaba a los demás a volverse gendarmes de la estrategia migratoria europea. De ahí la creación de barreras en las fronteras externas europeas para contener a los inmigrantes (campos de internamientos y Frontex).
Esta estrategia ha funcionado con un éxito relativo hasta 2008. Pero la crisis económica, el aumento de las desigualdades entre Europa y África del norte y África subsahariana, el empobrecimiento súbito de los países del Este sometidos a políticas despiadadas de ajuste estructural, la extensión incontrolable del caos en Oriente Medio con la destrucción del Estado iraquí en 2003 y la descomposición de Siria desde 2011 provocan la huida de millones de personas hacia Europa. Frente a esa enorme demanda de socorro, la muralla de los Acuerdos de Schengen y Dublín se ha derribado. Y más grave aun, la UE ha sido incapaz de reaccionar colectivamente.
La tendencia actual de renacionalización de las políticas migratorias, que se perfilaba desde el año 2010, lo demuestra con creces.
En realidad, si las políticas de contención de estos últimos treinta años saltan hoy es, por un lado, porque han llevado a la acumulación de una enorme demanda migratoria insatisfecha de las poblaciones migrantes y, por otro, porque la UE no tenía una política común de gestión de esa demanda en su entorno geoeconómico.
BOOM DEMOGRÁFICO. Era una ilusión irresponsable considerar que se podía construir un espacio económico europeo rico e integrador sin tener en cuenta la situación económica y política del contexto regional extraeuropeo: la población de la orilla sur del Mediterráneo va a superar los 356,9 millones de habitantes para mediados de 2030 sin que se pueda prever una mejora en la capacidad integradora de los mercados de trabajo en estos países. En el África subsahariana, la población está creciendo rápidamente y va a alcanzar los 1.369 millones de habitantes para mediados de 2030, con un aumento estimado, según proyecciones de la Onu, de 200 millones de personas por década. A eso hay que añadir que el África subsahariana no ha reducido su tasa de pobreza estos últimos 25 años. Según un informe del Banco Mundial, “sólo consiguió sacar a un 28 por ciento de la población de la penuria, porcentaje que chirría frente al del norte de África (81 por ciento), el sudeste asiático (84 por ciento) y América Latina y el Caribe (66 por ciento)”. En consecuencia, la demanda migratoria será incontenible.
Por otra parte, si bien los países del Este no sufren el mismo auge demográfico, sí que afrontan una importante demanda de empleo pues sus condiciones de vida y poder adquisitivo están cada vez más condicionados por el euro y el mercado único europeo. De ahí la irreprensible necesidad de emigración hacia la zona euro. Y si desde Afganistán, Irak y Siria la demanda migratoria es de peticionarios de asilo, en el fondo también se trata de una emigración económica. Igual desde Eritrea, Somalia, Níger, Libia.
Hoy en día, de hecho, es muy difícil diferenciar entre los solicitantes de asilo y los inmigrantes económicos, puesto que todos padecen la misma condición económica y social.
IMPARABLE. Frente a esta situación, los países europeos están divididos: unos necesitan inmigrantes (Alemania), otros no. Y cada uno va a lo suyo. La única manera de salir de este círculo vicioso es replantear radicalmente la estrategia europea en materia de inmigración. Por ello es preciso tener claro una visión de largo alcance.
En primer lugar, se debe admitir claramente, y explicárselo a la opinión pública, que los flujos migratorios seguirán: es verdad, por varias razones, que es imposible abrir las fronteras para volver a la libre circulación e instalación que prevaleció casi hasta 1980, pero la gestión policíaca imperante hoy en día no basta. El aumento de la inmigración ilegal, las dificultades de integración vinculadas a la reagrupación familiar y la proliferación de las mafias de trata de seres humanos atestiguan la complejidad del fenómeno migratorio.
En cuanto a la crisis actual de los refugiados, se necesitarán años para resolverla, si se resuelve, pues no se puede descartar el derrumbe definitivo de algunos estados actuales y el surgimiento de un nuevo mapa geopolítico, tal y como lo pretende hoy en día el supuesto Estado Islámico. Es decir nuevas olas de refugiados.
QUÉ HACER. La UE debe tomar en cuenta este contexto, y por ello reorientar su política migratoria con unas medidas imprescindibles:
- Para los refugiados:
- Proponer a los socios europeos una cumbre para elaborar un balance de los Acuerdos Schengen y revisar el Reglamento de Dublín. Es muy peligroso aceptar la metodología impuesta por Alemania, que modificó su ley de asilo sin consultar al resto de los países europeos.
- Reexaminar los criterios de definición actualizando la noción de países seguros y también adaptar la vinculación al primer país de llegada a territorio europeo con el procedimiento de solicitud de asilo.
- Incrementar la implementación de vías legales para la solicitud de asilo, y en particular garantizar la posibilidad de pedir asilo en embajadas y consulados en los países de origen, limítrofes y de tránsito.
- Incrementar las oficinas europeas de examen de solicitudes de asilo, que debieran multiplicarse, y asegurar en ellas la presencia de representantes de Acnur, sobre todo en los países limítrofes con aquellos en los que existen situaciones de conflicto que generan desplazamientos de refugiados. Es imposible hacerlo en Siria, Afganistán y Eritrea, pero se puede conseguir en Jordania, Líbano, Irak y Turquía, por referirse sólo a ejemplos que afectan a los refugiados sirios.
- Activar específicamente y de forma flexible los visados humanitarios.
- Flexibilizar la exigencia del visado de tránsito para aquellas personas que proceden de países en conflicto.
- Hacer realidad la directiva europea de protección temporal activando el mecanismo contemplado para hacer frente a emergencias humanitarias.
- Reforzar e incrementar los programas de reasentamiento en coherencia con el número de refugiados existente, asumiendo un reparto equitativo y solidario entre todos los estados, a partir de un sistema común europeo de asilo. Es decir, aceptar las cuotas obligatorias.
- Para los inmigrantes estrictamente económicos:
- Flexibilizar las entradas, y no sólo para los cualificados. En realidad, son las capas populares quienes necesitan de la emigración para poder enviar remesas a su país de origen.
- Crear, junto a los permisos de residencia ya existentes en todos los países de la zona euro, documentos de residencia “movilidad” de los trabajadores, de acuerdo con los países de origen y en función de las necesidades de los países de acogida. Hay que establecer una política de visados más democrática, aumentar significativamente su número para la entrada de trabajadores con permisos de residencia temporal y renovable en aquellos sectores en que sean necesarios. Esos permisos pueden dar lugar, al término de un período determinado y en condiciones específicas, a un permiso de residencia permanente.
- Incentivar una política europea común de codesarrollo vinculada a los flujos migratorios. Ésta debe ser articulada con las políticas nacionales de cooperación, del mismo modo que se debe aumentar el presupuesto europeo consagrado a la ayuda al desarrollo para financiar proyectos empresariales (comerciales e industriales), ambientales y agrícolas en los países de origen.
- Desde el Consejo Europeo de Tampere (1999) se ha aceptado la vinculación de los flujos migratorios no comunitarios con una política de codesarrollo, es decir, de ayuda al desarrollo de los países de origen utilizando el vector migratorio. Hay que aplicar esta decisión, instaurando una gestión de ida y vuelta de la inmigración, ayudando a quienes quieran volver a sus países con proyectos económicos factibles y sin quitarles el derecho de regresar a Europa para implementar sus actividades.
- Elaborar una estrategia común con los países fronterizos para luchar contra las mafias y, bajo mandato de la Onu, para actuar en mar y en tierra ayudando a los estados fallidos.
Es, por lo tanto, crucial que las instituciones europeas inicien juntas una reflexión que elabore una estrategia solidaria de gestión a largo plazo de las migraciones. Que sean de trabajo o de asilo, las migraciones serán uno de los grandes desafíos del siglo XXI, así como el ambiente o la pobreza. Es un reto no sólo social y económico, sino también cultural e identitario. A la hora de la acogida los países europeos no deben vacilar en dejar claro a los recién llegados las condiciones de ésta: respeto de los valores, normas y adhesión a la identidad común. Cada colectividad tiene el derecho a defender su identidad. Pero eso no significa aceptar el repliegue nacionalista y xenófobo. Hoy en día, en el contexto de crisis del empleo, en todos los países europeos se están desarrollando comportamientos de rechazo a la inmigración, de desprecio a los refugiados. Y, por ende, de restricción drástica de los derechos de los extranjeros, ya sean inmigrantes o refugiados. Es imprescindible luchar contra esta corriente y afirmar, con la máxima determinación, que la defensa a la libertad de emigrar es una causa profundamente justa y humana. No hay que dejarse impresionar por el contexto de hostilidad actualmente dominante.
El continente europeo, el espacio más rico y desarrollado del planeta, debe apostar por relaciones cooperativas y solidarias con su flanco mediterráneo, zona con las más peligrosas fracturas del mundo.
* Sami Nair. Catedrático de ciencia política, director del Foro Mediterráneo de la Universidad Internacional de Andalucía y autor, entre otros libros, de La inmigración explicada a mi hija (Editorial Debolsillo, 2001) y Las migraciones en tiempos hostiles (Editorial Del Bronce, 2006).