El motivo más transparente es que ha entendido que los intereses de la educación van en contra de la producción cultural, y el derecho a estudiar necesariamente debe robar a los trabajadores del libro.
Es curioso que el Estado uruguayo desprecie el derecho de autor con una ligereza que no se permite con la propiedad intelectual de las semillas de Monsanto, de las patentes de los medicamentos, y de muchas otras áreas de la economía integradas a la vida productiva del país. Se trata de la industria del libro, fatal enemiga de los intereses de los estudiantes que necesitan educarse en los libros que la industria produce. Entre el huevo y la gallina, quedémonos con el huevo, han dicho los integrantes de la comisión, alentados por un proyecto de la Feuu, nada menos que originado en la Facultad de Derecho. Para formarse en derecho, los nuevos abogados deben desconocer el derecho de autor.
Aunque el proyecto de ley extendió su generosidad a todos los libros, es inocultable que intenta resolver el acceso a los textos de estudio y la situación generada en 2013, cuando se incautaron las fotocopiadoras de los muchos comercios que abastecían la necesidad de los estudiantes. Ya son muchas las generaciones de profesionales que se educaron con fotocopias. Desconozco si algún privilegiado cursó toda su carrera leyendo los libros completos integrados a los programas, en vez de capítulos desgajados bajo la obligación de cumplir, más con los exámenes que con su inteligencia. Pero el impulso regulador del Uruguay, que nunca descansa, se ha enredado los pies en este proyecto que pretende quitar el freno y traslada a la inocua industria del libro –no paraliza el país, no corta el tránsito, no desvela a nadie– un costo de la educación cuyo alivio, en caso de fomentarse, le corresponde claramente al Estado. ¿No predican en cada campaña electoral, diputados, senadores y candidatos presidenciales, que la educación es prioritaria? El tema no es tan complejo como se pretende. Lo que resulta complejo es eludir la competencia del Estado a la hora de facilitar el acceso de los estudiantes a los libros. Sólo se necesita la voluntad de pagar un canon a la editorial del libro que ingresa a las facultades como material de estudio, puesto que las editoriales ya deducen un porcentaje para los derechos de autor (nimio, pero eso es parte de otra guerra). En la era digital, la tecnología ya demostró que la capacidad de reproducción es infinita y creó una nueva piratería. Lo que a todas luces no puede aceptarse sin indignación ni vergüenza ajena, es que los legisladores se pongan un parche en el ojo y hagan política pública trasladando alegremente el problema del huevo a las gallinas.
