Mañana sábado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Oea deja México ante la negativa del gobierno a otorgarle un nuevo plazo para la investigación del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Sin embargo, a pesar del dolor que invade tanto a padres como a los propios abogados del grupo –este miércoles 27 protagonizaron una emotiva despedida en la Escuela Normal de Ayotzinapa–, la labor de los expertos fue clave para desmontar la “verdad histórica” orquestada por el gobierno y el Ministerio Público.
En su segundo y último informe antes de dejar el país, el Giei presentó pruebas de que Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, y peritos de esa dependencia, hicieron un recorrido por el entorno del río San Juan un día antes de que en esa zona se hallaran los restos que dieron positivo en la identificación de uno de los 43 muchachos secuestrados, Alexander Mora Venancio. Lo grave es que ese “recorrido previo” nunca fue reportado en el expediente oficial del caso.
Además constataron que 17 de las personas detenidas, señaladas como testigos presenciales o perpetradores de la masacre –y fundamentales para la “verdad histórica”–, fueron torturadas, “poniendo en entredicho la verosimilitud de esta versión”.
El resto ya lo habían dicho en su primer informe, el 26 de setiembre pasado, a un año de la masacre: la agresión fue una sofisticada operación represiva coordinada desde el Centro de Control y Monitoreo estatal llamado C4 –que siguió a los estudiantes que iban a apropiarse de ómnibus para trasladarse días más tarde a la Ciudad de México para participar en una marcha en memoria de la represión del 2 de octubre de 1968–, y de la que participaron fuerzas policiales y también el Ejército, afincado en el 27º Batallón de Iguala.
Hasta el momento la hipótesis más fuerte para explicar el ataque es que los estudiantes tomaron en Iguala uno de los autobuses utilizados por narcos para el tráfico ilegal de estupefacientes. En su informe, presentado el domingo pasado, el Giei volvió a poner el ojo sobre el quinto autobús, que no forma parte de ninguna de las investigaciones oficiales.
Recientemente también se abrió otra línea de búsqueda a partir del testimonio –cosechado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos– de un testigo que vio cómo algunos estudiantes eran bajados de un autobús en el Puente del Chipotle y llevados en dirección a la ciudad de Huitzuco.
En una marcha realizada el martes 26, a 19 meses del secuestro colectivo, el reclamo de los padres se escuchó claro. Sus demandas apuntan directo al presidente: “Enrique Peña Nieto debe dar la cara y decirnos qué hicieron con nuestros hijos. Ya no nos conforman con mentiras. Una vez más los campesinos tuvimos razón en señalar al Estado como responsable del crimen”.