Quienes se oponen al cierre de El Molino se aferran a dos palabras, las más esperanzadoras que han logrado oír de las autoridades: “es provisorio”, terminaron por prometer desde el Instituto Nacional de Rehabilitación (Inr). El traslado de las reclusas de El Molino o Unidad número 9, un pequeño centro que contrasta con las grandes instalaciones carcelarias y donde las mujeres privadas de libertad conviven con sus hijos, es inminente. Las organizaciones vinculadas al sistema penitenciario manejan que se haría entre junio y julio, aunque las autoridades del Inr dijeron a Brecha que todavía no tienen siquiera una fecha tentativa. Lo concreto es que ocurrirá antes o después según el tiempo que lleven las obras de un sector de la Cárcel de Mujeres, comenzadas en febrero en el ala oeste del primer piso, donde empezará a funcionar la Unidad número 9. Lo cierto también es que el traslado comenzó a hacerse desde hace meses, cuando se dejó de enviar a las madres y los niños a El Molino y se los empezó a recluir en la Cárcel de Mujeres. Hoy ya son 12 madres, 13 niños y cinco embarazadas las que habitan allí, mientras que en El Molino quedan menos de diez mamás y sus hijos.
Si no se conoce la fecha exacta del traslado formal, mucho menos se sabe hasta cuándo se utilizarán esas instalaciones que han sido anunciadas como temporales. Vecinos de El Molino, integrantes de la Mesa de Trabajo sobre Mujeres Privadas de Libertad, y hasta el propio comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, conscientes de que en Uruguay lo provisorio tiene tendencia a transformarse en definitivo, ya están golpeando puertas para buscar otras posibles locaciones, y reflexionando sobre las condiciones que debe cumplir un centro habitado por mujeres y sus hijos. Porque no es el edificio de El Molino lo que defienden sino la idea que contiene. La intención es revivir cuanto antes la experiencia que se está extinguiendo, la de una cárcel que no luce como tal, donde las madres pueden convivir con sus niños en un ambiente sin trancas, sin gritos, sin motines.
“Si no podemos frenar la mudanza”, dijo a Brecha Valeria Caggiano, integrante de la Mesa de Trabajo y del programa sociolaboral de El Abrojo, “por lo menos queremos condicionarla en el tiempo, volver la transitoriedad un valor para que no se convierta en una transitoriedad permanente”. “Estamos tratando de afirmarnos en la transitoriedad y procurando alternativas locativas”, sostuvo a su vez Susana Regent, vecina de El Molino y educadora popular, quien agregó que pese a la poca información con la que se cuenta, “sabemos que las mujeres que pasaron por El Molino no han vuelto a la cárcel, lo cual ya es un dato, y eso podría indicar que al revincularse de otra manera con sus hijos, se revinculan de otra manera también con la sociedad”.
ADENTRO. Los que construyen la “nueva” cárcel son poco menos de 20 presos que trabajan en el Polo Industrial del Comcar como forma de redimir parte de su pena. Son quienes, además, han tenido que modificar los planos originales sin la supervisión de un arquitecto, al encontrar que las instalaciones no permitían cumplir lo que se prometía en el papel. Brecha supo, por ejemplo, que la ausencia de abastecimiento de agua donde estaban previstos los baños hizo que se tuviera que cambiarlos de lugar, y la mala previsión del espacio ocasionó que tuvieran que reducirse las plazas y achicarse las habitaciones.
La versión coincide con el contenido de un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) basado en una visita del 14 de abril, donde se relata que “la reubicación de los baños trajo aparejados cambios sustanciales en los planos originales, que de acuerdo a las manifestaciones de quienes intervienen en la obra, fueron realizados por ellos mismos y autorizado por la dirección del Polo Industrial. Esta situación lleva a que la definición de los distintos espacios de la nueva Unidad sea delimitada progresivamente y en forma simultánea a la realización de la obra”, por lo que “existen al menos cuatro planos diferentes de la construcción. Consultados por la supervisión de un arquitecto, el personal no pudo dar cuenta de que exista una supervisión directa realizada por profesionales”.
Además, la Inddhh señala que el espacio previsto permitirá alojar a entre 36 y 40 mamás con sus hijos, pese a que originalmente estaba previsto que hubiese 50 plazas, y que las habitaciones compartidas, que no poseen baño privado y en el mejor de los casos darán a cada mamá y su niño un lugar de ocho metros cuadrados, tienen un “espacio vital” que “limita considerablemente las necesidades de intimidad y de los procesos que permiten el desarrollo del vínculo, como son la lactancia y el descanso. Lo expresado da a entender que no se tuvo en cuenta los aspectos psicológicos para el diseño de estos espacios”. En el mismo informe se consigna que no se previó la necesidad de al menos una habitación individual para casos de enfermedad, y se concluye que “las reformas proyectadas no dan cuenta de un análisis general de las necesidades reales”.
Las madres que están en la Cárcel de Mujeres ven de cerca la improvisación de la obra. Una de ellas dijo a Brecha que están preocupadas por cómo será “la convivencia, y por los niños. Las habitaciones no tienen ventanas y son muy pequeñas, no hay espacio para el ropero, para los andadores, para nada”, al punto que ya les anunciaron que “quieren que pongamos la ropa de los niños en una caja abajo de la cama”. El sector donde estará la Unidad número 9 es además donde hay mayor presencia de plagas. “Antes teníamos que trancar las puertas y poner cosas debajo para que de noche no entraran las ratas. Vinieron a fumigar pero sigue habiendo muchas ratas. Nosotras ta, pero no es el lugar correcto para ponerlos a ellos, sin un espacio para jugar y con los bichos”, cuenta esta madre. Frente a ese panorama hay mamás que están pensando en pedirles a sus familias que se haga cargo de sus hijos, “pero es difícil, porque son bebés chicos que todavía toman la teta, y desde que nacieron están con nosotras. No queremos que se vayan, pero tampoco queremos que los niños tengan un cambio de un día para el otro y que sea para peor, porque ellos no tienen la culpa de nada. La situación es preocupante”, dice, “porque además la mayoría de las madres no tiene familia afuera que cuide a los niños”.
AFUERA. Para argumentar el traslado las autoridades dijeron que el edificio de El Molino no era el ideal, aunque en los hechos no están construyendo uno que tome en cuenta las necesidades de las madres y los niños. Algo similar ocurre con el segundo anuncio. Las autoridades también adelantaron que piensan enviar al Parlamento un proyecto para modificar la ley 14.470, con la intención de que los niños permanezcan con sus madres hasta los 2 años y no hasta los 4, como sucede ahora. El argumento es que los niños no deberían estar en la cárcel, pero al mismo tiempo ya prevén que podrían ser institucionalizados en el Inau en caso de no contar con una familia que pueda hacerse cargo.
Ya en los hechos, como nunca se reglamentó la ley, la interpretación que hace el Ministerio del Interior ha ido cambiando, y hace tiempo que a las mujeres no se les permite ingresar hijos de más de 2 años, confirmaron a este semanario numerosas fuentes. En este momento en la Cárcel de Mujeres no hay ningún niño mayor de esa edad, y si ha ocurrido alguna excepción a esa “norma” es porque el niño ingresó cuando era un bebé. En este sentido, Natalia Laino, docente de la Facultad de Psicología e integrante de la Mesa de Trabajo sobre Mujeres Privadas de Libertad, relató que se habilita que el hijo esté con la madre cuando “las mujeres quedan embarazadas en prisión o porque en el momento de la detención estaban con el bebé en brazos y no dejaron que se lo sacaran”.
Eso es así al punto de que la mamá con la que habló Brecha asegura que dentro de la cárcel les explican que “había una ley que decía que hasta los 4 años podías tener a los nenes acá, pero ahora parece que salió otra ley y es hasta los 2 años. Las que cayeron dentro de esa ley nueva, les rige hasta los 2 años, las que cayeron con la otra ley pueden tenerlos hasta los 4”. Esta madre incluso cuenta que ya les adelantaron que la forma de sancionarlas en el futuro será quitándoles los niños: “Como antes, cuando estaba El Molino, la sanción era que te trajeran para acá, ahora dicen que la sanción va a ser que te saquen al niño y te trasladen al quinto piso (el sector destinado a las sancionadas). Y al niño, si tiene un familiar afuera se lo entregan al familiar, y si no se lo dan al Inau”.
Lo que se concluye desde las organizaciones es que las dos políticas van en la línea de reducir al mínimo la cantidad de niños de los que debe hacerse cargo el Inr. Y a todo esto “falta presencia del Inau. El Ministerio del Interior tiene que encargarse de cumplir las medidas que dispone el Poder Judicial, hay una mirada sobre la seguridad pero falta una mirada específica sobre los niños”, resume Laino. Y también falta, como dijo el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, durante un seminario organizado por la Mesa de Trabajo en diciembre, una mirada de género que atraviese las cárceles. Porque lo que no parece que se esté considerando con la nueva política son “los efectos terribles que tiene en los niños y en las madres esa separación, un evento extremadamente traumático que sigue siéndolo a lo largo de la vida. El vínculo de esas madres con sus hijos es muy fuerte, porque es lo único que tienen. Según los estudios que hicimos, hay un índice de depresión muy alto entre esas mujeres; eso sumado a la separación puede generar suicidios o trastornos psiquiátricos”, dijo a Brecha Annabel Ferreira, bióloga y docente de la Facultad de Ciencias que realizó junto a otros colegas un estudio sobre las mujeres privadas de libertad que conviven con sus hijos. Además, Ferreira sostuvo que “sólo el 15 por ciento de ellas recibe visita, es decir que no tienen familia, y hay que evaluar en cada caso qué es mejor: que el niño esté con su madre y esté contenido, o que esté institucionalizado en el Inau, o con familias completamente disfuncionales. La gran preocupación de estas madres son justamente sus hijos que están afuera”.
No se trata de una defensa de las cárceles, subrayaron las especialistas, “nos preocupa que el proyecto de la baja de la edad (de los niños que pueden permanecer con sus madres) esté ligado a la política del traslado”, dijo Laino, porque al construir un centro donde no están dadas las condiciones mínimas se genera “el terreno propicio para fundamentar que haya menos niños con sus madres”.
Voces en contra
Desde el año pasado diversas voces se manifestaron en contra del cierre de El Molino. Inicialmente se pronunciaron distintas organizaciones sociales, docentes de varias facultades de la Universidad de la República, vecinos de Paso Molino –donde está ubicada la cárcel–, las propias madres que están presas y las dos instituciones que monitorean al sistema carcelario: el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario y la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh).
La semana pasada se sumó a ese planteo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, quien, según publicó La Diaria, cree que “todos los parámetros internacionales y nacionales indican que no es conveniente que los niños estén en prisiones donde rige la regla del encierro”. Pérez Manrique señaló que “el primer piso, si bien es el nivel de mínima seguridad, también es el que recibe todas las manifestaciones de protesta y violencia que hay en el sistema penitenciario”, en la misma línea que lo hicieron otros actores, cuando el Ministerio del Interior comunicó que pese a estar en el mismo edificio, la Unidad número 5 y la Unidad número 9 estarían aisladas. En este sentido, fuentes de Brecha explicaron que el patio al que tendrán acceso las madres y sus niños está debajo de las ventanas del edificio de la Cárcel de Mujeres, por lo que no habrá forma de que se impida el contacto.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo además a La Diaria que las “opciones” para dar respuesta a las madres que tienen derecho a estar con sus hijos son “generar establecimientos especiales, como El Molino, o pensar en medidas alternativas, como el arresto domiciliario”. En este sentido, el último informe de la Inddhh señala que durante la visita se consultó a las embarazadas si habían solicitado la prisión domiciliaria, un mecanismo que en “algunos casos se desconoce si se realizó o no y en los casos en los que se habría realizado se desconoce la respuesta”. Sin embargo, “al revisar las carpetas de las cinco mujeres (…) no se registra trámite de solicitud en ningún caso, a pesar que al menos tres de ellas se encontrarían dentro de los plazos reglamentarios para presentarla”, lo que quiere decir que los pedidos nunca salieron de la cárcel.
La institución recuerda en ese mismo informe que el Ministerio del Interior continuó con la idea “a pesar de las recomendaciones contrarias al traslado”, y reafirmó “su posición contraria a que las personas privadas de libertad sean concentradas en grandes establecimientos penitenciarios”, medidas que “suelen ser aplicadas con mayor frecuencia en casos de mujeres”.
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Sin clases
Las obras en la Cárcel de Mujeres no sólo distorsionaron la vida de las madres, también la de las presas que no tienen niños. En su último informe, la Institución Nacional de Derechos Humanos hace especial hincapié en el desmantelamiento de los talleres y la desarticulación de la educación formal. “El funcionamiento del área educativa se habría dispersado en cada sector, donde se habría habilitado un salón de clase improvisado. Asimismo, se constató la desarticulación completa del área de talleres”, lo que afecta “aproximadamente a cien mujeres”, se señala en el informe, y se apunta que en el caso del taller de patchwork, vinculado a una actividad productiva, “es especialmente preocupante”, porque “a pesar de la inactividad las internas deben seguir afrontando los costos de mantener su empresa”.
La suspensión de las clases, se concluye en el informe, “afecta sobremanera el beneficio penitenciario que gozaban las mujeres que tenían actividades educativas o de taller. La imposibilidad de seguir redimiendo pena es una regresión en el sistema progresivo carcelario y se contradice con una política pública tendiente a la inclusión social de estas personas y, en el futuro, con el objetivo en reducir la población y el hacinamiento carcelario”.
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