Los cincuenta países que negocian el pacto secreto Tisa mantienen el rumbo para abrir las puertas de los servicios públicos al sector privado. La Comisión Europea ha fijado su posición en las conversaciones del acuerdo que afectará a prácticamente todos los servicios, desde los postales hasta los transportes, a pesar de la exigencia del Europarlamento de que el Trade in Services Agreement (Tisa, en inglés) deje fuera los servicios públicos. Y todo ello tiene lugar en una atmósfera de secretismo aun más densa que la que envuelve al Ttip, el acuerdo en negociación entre Europa y Estados Unidos.
Una nueva filtración de Wikileaks muestra que las negociaciones han mantenido, e incluso endurecido en algunos aspectos, la línea hecha pública entre junio y julio de 2015. Uno de los documentos filtrados recoge la obligación de los estados de informar al resto de los países –y por tanto a sus empresas– antes de aprobar normativas que puedan afectar a sus intereses comerciales. Y, mientras algunos de los estados negociadores piden acotar esta imposición, Estados Unidos, Canadá y otros exigen que se mantenga ante prácticamente cualquier escenario. Esto afectaría incluso a las medidas adoptadas de urgencia por los respectivos gobiernos, ya que incumplirían la cláusula que obliga a dar una “oportunidad razonable” al resto de los estados firmantes para hacer comentarios con base en sus intereses o los de sus empresas. Si Estados Unidos logra imponer su posición, la obligación de dar cuentas al resto de estados se aplicaría a las regulaciones “a cualquier nivel de gobierno”, por lo que, según los expertos de Wikileaks, esto obligaría hasta al más pequeño de los ayuntamientos a informar sobre las normativas que planee aprobar por su posible impacto en los intereses económicos y financieros de los inversores extranjeros.
Por otro lado, el documento establece restricciones a las tasas que cada uno de los países pueda imponer al resto por los procedimientos para prestar servicios a lo “razonable”, y la UE respalda que la cantidad fijada no pueda superar el coste administrativo. El análisis de la organización que dirige Julian Assange advierte que el texto en cuestión “lleva las negociaciones mucho más allá de los aspectos legítimamente vinculados al comercio hasta el territorio de una agenda política profundamente liberalizadora”. Advierte que, tal y como está contemplado hoy, el Tisa “obstruye” la capacidad normativa de los estados para imponer la desregulación que los lobbies corporativos están exigiendo a los negociadores.
El referido documento es el borrador del anexo sobre regulación nacional de la ronda de reuniones del 10 de octubre de 2015, una versión actualizada del escrito fechado en febrero de ese mismo año. También recoge la propuesta alternativa de Estados Unidos en esta materia, fechada en 2014, y sorprende cómo parte de sus postulados han sido incluidos de forma casi literal en la versión del acuerdo filtrada.
En marzo de 2013, prácticamente en el momento en que se lanzaron las negociaciones, el entonces vicepresidente de la Coalición de Industrias de Servicios, Samuel di Piazza, llegó a afirmar ante el Congreso que el Tisa debe “modificar o eliminar regulaciones”, como recuerdan desde la organización de Assange. En el mismo año, la National Retail Federation estadounidense llegó a pedir que el acuerdo suavice las regulaciones en lo que respecta a los tamaños de los locales y a las horas de apertura y cierre para lograr “eficiencias operativas” y trabajar “relativamente libres de regulación gubernativa”.
“Los borradores filtrados y los documentos estratégicos de los negociadores revelan que los lobistas corporativos están en lo cierto al pensar que podrán comenzar su causa desreguladora”, sentencia el análisis de Wikileaks.
El marco de actuación del acuerdo es enorme –desde las normativas sobre la expedición de licencias para prestar servicios hasta, posiblemente, los estándares técnicos–, y en función de qué propuesta tenga un mayor apoyo, más duro será el acuerdo final. Una de ellas es impedir que las regulaciones sean “más gravosas de lo necesario para asegurar la calidad del servicio”; otra que estén basadas en “criterios objetivos y transparentes” relacionados con su prestación, lo que situaría en un segundo plano los objetivos ambientales o sociales.
El acuerdo también pretende acelerar los tiempos a la hora de tomar decisiones normativas en las que haya que contar con las opiniones de estos estados. Los acota a “períodos de tiempo razonable”, sin “retrasos injustificados”. Los expertos de Wikileaks cuestionan si dentro de lo “razonable” entraría un estudio de impacto ambiental sobre una nueva normativa, pero la respuesta de nuevo depende de la propuesta que finalmente se imponga, o del nivel de inconcreción del lenguaje que plantee este texto.
(Tomado de público.es, por convenio).
