De los 110 pesos que cuesta una cajilla de cigarrillos en Uruguay, 72,06 son impuestos; redondeando, dos tercios del precio. El aumento del precio de venta legal es uno de los tres instrumentos aplicados para disuadir a la población de consumir tabaco. Los otros son la legislación construida hace una década en una sucesión de decretos y leyes que prohíben fumar en lugares públicos, y la publicidad contra los efectos negativos de fumar que principalmente se obliga a portar a las cajillas de cigarrillos.
Hecho esto, lo que queda es seguir aumentando el precio de venta, pero los resultados son equiparables a tirarle espinaca a Popeye. Más aumenta el precio, más se favorece el contrabando de cigarrillos. “La complicidad de la industria y su control de la cadena de abastecimiento, la corrupción y una represión laxa son los factores decisivos en el aumento del contrabando”, afirma Tobacconomics (http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_774.pdf).
Según la Organización Mundial de la Salud (Oms), el 10 por ciento del tabaco consumido en el mundo proviene del contrabando, pero en Uruguay ese porcentaje llega a 16, de acuerdo al Ministerio de Salud Pública.
Hay decenas de marcas hechas para el contrabando: Milenio, 51 y Eco serían las principales que vienen de Paraguay, a las que se agregan Malboro desde Brasil y Argentina, y la falsificación de Nevada desde Brasil. Puestas acá, esas cajillas valen de 35 a 50 pesos. Es decir, el precio mínimo del cigarrillo de contrabando es el mismo o mayor que el del tabaco legal sin impuestos.
A escala mundial, Paraguay tiene el 11 por ciento del mercado de cigarrillos de contrabando, según el instituto uruguayo Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo. Para hacerlo, destaca Foreign Affairs (5-II-16), Paraguay tiene “una corrupción penetrante y crimen organizado”. En 2012 Paraguay produjo 65.000 millones de cigarrillos (http://www.tobaccotactics.org/index.php/International_Tax_and_Investment_Center), pero consumió menos del 3 por ciento de esa cantidad. El contrabando tiene salida a través de las fronteras porosas de Argentina, Bolivia y Brasil, de donde se encamina tanto a Uruguay como a lugares del Caribe, Estados Unidos y México. “Las exportaciones de tabaco son, casi sin excepción, ilegales”, afirmó el presidente de la filial brasileña de British American Tobacco (Bat), la principal empresa del sector, Milton Cabral.
En el centro de la producción paraguaya, con 51 a 58,1 por ciento, están la firma Tabesa y su distribuidora Tabacos del Paraguay. Son parte del Grupo Cartes y su accionista mayoritario es el actual presidente de la república, aunque su hermana Sarah es quien las dirige hoy. El fundador del grupo fue el padre de ambos, Ramón T Cartes, “el lord del tabaco”, como lo bautizó la prensa brasileña. Los Cartes fabrican seis de las marcas vendidas de contrabando en México. La venta se ve favorecida, según el diario Excelsior (20-XI-13), porque la presión impositiva sobre el producto legal es del 70 por ciento. De acuerdo a una nota de Ernesto Méndez en The Journal of Political Risk (14-III-15), la ilegalidad permite que en los cigarrillos, además de tabaco, haya aserrín, pasto y hasta materia fecal, “porque es fibrosa”.
El Grupo Cartes se define a sí mismo, en su página web, como “una familia de empresas dedicadas a las familias paraguayas y al desarrollo del país a partir del trabajo, la pasión y la búsqueda constante de excelencia en todo lo que hacemos”.
CONTRABANDEÁNDOSE A SÍ MISMOS. La excelencia es también un rasgo particular del fluido negocio del contrabando. Paraguay es, por ejemplo, el principal proveedor de cigarrillos de contrabando de Brasil y su enorme mercado, según un artículo de Hana Roos en Tobacconomics. Las rutas y estructuras del contrabando fueron tomadas de las grandes tabacaleras internacionales (Aol, 31-X-13). “Hay abundante evidencia de que las trasnacionales del tabaco fueron cómplices en el contrabando de sus propios productos”, afirma. Y Foreign Affairs cita al respecto al actual ejecutivo de Tabesa José Ortiz: “Sólo llenamos el vacío dejado por Bat y Philip Morris”. Al parecer el modelo era que, a través de subsidiarias, los cigarrillos se exportaban a Paraguay y de allí se contrabandeaban para ser vendidos sin impuestos.
En los diez años de la primera década del siglo la industria del tabaco paraguaya creció 2.592 por ciento. Pese a la precisión de esta cifra, Foreign Affairs, que la da por exacta, señala que no hay información oficial sobre esta industria. Se sabe sí que las marcas registradas en Paraguay para cigarrillos superan las 2.600 y que los sitios de producción de éstos en el país se estiman en 30.
Paraguay no está solo en el negocio del contrabando: las Farc y los Urabeños (una organización paramilitar colombiana), junto a los cárteles mexicanos Los Zetas y el de Sinaloa (según la cadena Abc News del 22 de abril de 2013), lavan dinero a través del contrabando de cigarrillos; en Brasil están en el negocio al menos dos bandas criminales: el Primeiro Comando da Capital, y la tenida por la mayor organización de narcotráfico del país: el Comando Vermelho. Las ganancias que da ese rubro de actividad oscilan entre 179 y 231 por ciento, margen que supera en mucho al de otros bienes de contrabando, como productos electrónicos y vestimenta.
El formidable crecimiento de la industria tabacalera paraguaya tiene entre sus causas, explica Foreign Affairs, que la represión al contrabando en este rubro no es un objetivo primordial del gobierno. “En verdad hace la vista gorda por completo”, en nombre de perseguir el contrabando de armas y otras drogas. Paraguay es el segundo productor de marihuana del continente, después de México. Benoit Gomis y Natalia Botero informaron en World Politics Review que en 2008 Paraguay produjo 600 toneladas métricas de marihuana, 15 por ciento del total mundial, una información que es todo un logro. El gobierno de Cartes ha obstaculizado de modo tajante el periodismo investigativo y ya no hay investigación alguna sobre la industria local del cigarrillo. “Que les corten la mano a los oficiales corruptos”, había dicho en mayo el presidente Cartes, que se definió entonces como “jefe de la lucha contra la corrupción”, pero los resultados han sido escasos. Uno de los motivos: en Paraguay hay un solo juez que atiende casos de contrabando.