La llegada al gobierno de Mauricio Macri fue suficiente para revitalizar al sector minero, tanto en nuevos proyectos como en la búsqueda de recuperar ganancias perdidas durante los años del kirchnerismo. A la pronta voz de aura del presidente, las corporaciones nucleadas en la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (Caem) no sólo rearmaron sus frentes de combate sino que lograron nuevas alianzas para aumentar la presión y quebrar el frente social que desde las asambleas viene batallando contra estas políticas desde 1993. La cámara espera que en el sector haya inversiones por unos 15.000 millones de dólares sólo en los próximos dos años.
En plena fiebre de decretos revisionistas, el 12 de febrero el presidente firmó el número 349/16, que elimina el pago de un canon del 5 por ciento a la explotación y exportación de minerales. Ese impuesto había sido fijado por el presidente de emergencia Eduardo Duhalde, en marzo de 2002, como forma de frenar la sangría económica y cosechar dólares en un país en bancarrota. En tiempos kirchneristas las cosas se mantuvieron con cierta estabilidad a favor de las empresas, aunque con matices propios de un gobierno ataviado con banderas políticas de centroizquierda.
A caballo de esas ventajas legales y con un lento pero persistente trabajo de acercamiento a funcionarios locales de todas las provincias con potencial minero, las empresas decidieron ahora pasar al ataque frontal. Barrick Gold, con sus reales asentados fundamentalmente en la provincia de San Juan, había sufrido el año pasado el repudio social cuando un escape de agua cianurada en la mina Veladero contaminó el río Jáchal y dejó sin agua potable a la ciudad del mismo nombre y a media docena de pueblos vecinos. El caso está en manos de la justicia federal, pero la trasnacional decidió que, como en el ajedrez, no hay mejor defensa que un buen ataque. El presidente de la compañía, Kelvin Dushnisky, anunció la semana pasada que abrirá un tajo en San Juan para retomar el proyecto argentino-chileno Pascua Lama, frenado por protestas sociales, fallos judiciales, leyes chilenas y quita de fondos financieros canadienses en 2013.
Barrick Gold no es la única en recuperar la iniciativa. Empresas chinas y japonesas asociadas a capitales nacionales han presentado nuevos proyectos, algunos de ellos abiertamente violatorios de legislaciones provinciales que prohíben la minería a cielo abierto. Es el caso del proyecto Constelación, considerado el más grande de la historia en América del Sur, superior a Pascua Lama porque abarca la región chilena de Atacama y las provincias argentinas de San Juan y La Rioja, con los yacimientos de José María –así llamados en honor al fundador del Opus Dei, José María Escrivá de Balaguer– y Filo del Sol. “Este proyecto es pan caliente para los inversores chinos y japoneses, que quieren algo seguro”, señaló Ricardo Martínez, el geólogo descubridor de la mina Veladero y los yacimientos argentinos que integran Constelación.
La canadiense Ngex se asoció a su vez con las japonesas Pan Pacific Cooper y Jogmec para trabajar en los tres yacimientos binacionales de ese proyecto, que tendrían, según estudios preliminares, una vida útil de 50 años. La inversión inicial sería de 3.000 millones de dólares, para explotar cobre del lado chileno y oro y plata en Argentina.
Las asociaciones opuestas a la megaminería saben que las condiciones regionales no las favorecen. Su apoyo reside básicamente en sectores de la universidad opuestos al “saqueo minero”. La permanente inversión de las empresas en publicidad y difusión fue dirigida en la última década a las poblaciones cordilleranas y patagónicas, tanto como a los funcionarios provinciales, y estuvo centrada en destacar las bondades del sector como generador de empleo.
San Juan y Santa Cruz son las dos provincias con mayor cantidad de cuencas mineras activas. Ambas están en manos de gobernadores de la oposición ex kirchnerista y ahora peronista a secas, pero ninguno de ellos se opone a los planes de las mineras. En Chubut, donde la ley prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de sustancias como el cianuro, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ignacio Agulleiro, le resta importancia a esa norma porque considera que el Estado carece de la estructura necesaria para monitorear la actividad. Agulleiro ya dividió el territorio en cuatro zonas y definió a la meseta central, casi deshabitada y rica en oro, plata y uranio, como “zona de sacrificio ambiental”. En las vecinas provincias de Neuquén y Mendoza, 11 proyectos mineros apuntan a reactivarse a partir de la nueva eliminación de los impuestos a esta actividad.
El gabinete de Macri está plagado de ejecutivos de grandes empresas. Alfonso Prat Gay, ministro de Hacienda, viene de la actividad financiera y fue hombre de la cementera Loma Negra, al tiempo que Juan José Aranguren, ministro de Energía, sigue vinculado a la trasnacional petrolera Shell, de la que fue ejecutivo principal hasta saltar al ministerio en diciembre. Ambos están demostrando una inmejorable predisposición favorable a los grandes empresarios. No sólo promovieron la eliminación de las tasas a la minería sino normativas que permiten la repatriación sin restricciones de las ganancias obtenidas en Argentina y créditos sumamente generosos. Quien en el gabinete de Macri debería limitar los perjuicios ambientales de estas empresas es el rabino Sergio Bergman, designado ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, pero no se conoce hasta el momento que desde su cartera haya emanado una sola multa o apercibimiento contra las mineras por violaciones a las normas ambientales.
