Como señala el corresponsal Eduardo Febbro en la sección Mundo, la medida ha generado revuelo tanto en la Liga de los Derechos Humanos como en el Colectivo Contra la Islamofobia en Francia, que sostienen que es llanamente ilegal. Y es que la justicia francesa confirmó el pasado sábado el veto al “burkini”, traje de baño femenino de poliéster que utilizan ciertas mujeres musulmanas que tapa su cuerpo y su cabello. En las playas de Cannes ya han sido multadas tres mujeres por hacer uso de esa vestimenta, y otras seis fueron “advertidas” y obligadas a abandonar el lugar, según informa El País de Madrid. Por su parte, recientemente los alcaldes de Villeneuve-Loubet y de Sisco también anunciaron sumarse a la medida.
La alcaldía de Cannes justifica el veto enarbolando los principios de laicidad, así como por motivos de higiene y para evitar altercados, argumentos por demás endebles: el primero es muy discutible, ya que el ataque a la laicidad supone, según la Constitución francesa, la imposición de una creencia religiosa “sobre el respeto de reglas comunes que rigen las relaciones entre colectividades públicas y particulares”, y no parece posible que una mujer pueda imponer su religión simplemente por su forma de vestir. El segundo de los argumentos es llanamente absurdo ya que no existe razón para fundamentar que un burkini pueda ser menos higiénico que un traje de surfista, por ejemplo. El tercer motivo, el que plantea la prohibición en carácter preventivo para evitar posibles “altercados”, supone que paguen justos por pecadores, ya que castiga a una persona por lo que es, en consideración de una eventual intolerancia ajena.
El texto de la orden municipal es sin embargo bastante elocuente acerca de los verdaderos motivos de la prohibición, ya que refiere a cualquier prenda que manifieste “de forma ostentosa una pertenencia religiosa” en un contexto en el que “Francia y los lugares de culto son objetivos de ataques terroristas”, refiriéndose concretamente al atentado de Niza y al de la iglesia de Normandía, y cayendo en el extendido error de vincular a cualquier expresión de la religión musulmana con terrorismo.
El primer ministro francés, el socialista Manuel Valls, ha manifestado su apoyo a los alcaldes que decidieron prohibir el burkini. En una entrevista publicada este miércoles en el diario La Provence declaró: “Las playas, como todo espacio público, tienen que preservarse de toda reivindicación religiosa”, y “el burkini no es una nueva gama de bañadores, una moda. Es la traducción de un proyecto de contrasociedad, fundado entre otros en el sometimiento de la mujer”. Afirmación por lo menos temeraria, el señalar como proyecto de contrasociedad a las creencias de centenares de millones de personas…
En definitiva, la justicia de ese país continuó en los últimos días con su gran despliegue de intolerancia e islamofobia que la viene caracterizando desde hace años (la burka está prohibida en la vía pública desde 2011), y a partir del cual las personas pierden el derecho de vestir como se les canta y como les dicten sus más íntimas convicciones
