El silencio, la ambigüedad y los no dichos han marcado la historia de Jihad Diyab desde que el 6 de diciembre de 2014, junto a otros cinco ex prisioneros de Guantánamo, engrillado y esposado, desembarcara en el Aeropuerto de Carrasco transportado por un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Así ha sido desde el comienzo, y así sigue hasta hoy mismo, cuando Diyab ya no está en Montevideo sino en Caracas, detenido al cuidado del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). O por lo menos eso se dice.
Ya hace más de tres semanas –exactamente 24 días– que el ex guantanamero sirio se presentó en el consulado uruguayo en Venezuela pidiendo –según trascendió– ayuda para ser trasladado a Turquía para encontrarse con su esposa y sus hijos. Pidió para hablar telefónicamente con su familia y su abogado, se le habría concedido –Jon B Eisenberg, el abogado acreditado del refugiado sirio, dijo sin embargo a Brecha que no recibió llamada alguna–, y se marchó. Fueron los últimos momentos en que alguien, fuera del personal carcelario, lo vio. Una decena de policías y tres agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela –¿alertados por personal del consulado uruguayo?– lo estaban esperando a la salida del consulado y lo trasladaron al Helicoide, una dependencia del Sebin. Hasta ahí lo que se sabe, con cierto grado de seguridad, sobre lo sucedido con Jihad Diyab desde que decidió, tras una acumulación de promesas incumplidas, destratos y malentendidos, a tomar la resolución de abandonar este país.
Después, otra vez el silencio, la ambigüedad, las contradicciones, el tomalo vos, no me lo des a mí, que ha sido la norma en la vida del sirio a partir de aquel día de diciembre de 2014 en que pasó a ser un refugiado a cargo del Estado uruguayo.
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¿En qué condición está actualmente Diyab? ¿Cuál es su estado de salud? ¿De qué se lo acusa formalmente en Venezuela? ¿Está o no incomunicado? ¿Hizo o hace huelga de hambre? ¿Qué gestiones ha llevado a cabo el gobierno uruguayo para informarse de su situación? ¿Por qué nadie ha podido verlo hasta ahora? ¿Qué va a pasar con él? ¿Por qué todo este silencio? O la pregunta más simple y básica: ¿hay pruebas de que esté vivo? Todas esas interrogantes Brecha se las ha trasladado repetidamente a lo largo de las últimas semanas a las diversas instituciones, uruguayas y venezolanas, involucradas en algún grado en el caso, desde la cancillería oriental hasta la representación bolivariana en Montevideo y otras instancias del Estado venezolano. La respuesta ha sido invariablemente la misma: no podemos decir nada. O no sabemos nada. O la variante algo menos violenta del silencio de radio: te digo esto pero no lo publiques. Hasta ayer esa había sido la conducta unánime de las numerosas fuentes consultadas. Un ejemplo: en la oficina del subsecretario de Relaciones Exteriores, José Luis Cancela, encargado oficialmente del seguimiento del caso Diyab, según se precisó, tras numerosas consultas de Brecha a lo largo de estas tres semanas, finalmente llegó la respuesta: el subsecretario no va a emitir ninguna declaración.
El silencio se combinó, en ocasiones, con chambonadas, entre las cuales la más notoria fue la afirmación inicial, luego corregida, de la cancillería uruguaya de que nada podía hacer por el sirio desde el momento en que había abandonado el país. Hubo que recordarle al Ministerio de Relaciones Exteriores –se lo tuvieron que recordar expertos en el tema– que la ley 18.076 estipula que el refugiado no pierde su condición fuera del país y que por ende el Estado uruguayo es responsable de lo que suceda con él incluso en el extranjero, para que esa dependencia corrigiera el tiro en un brevísimo comunicado informativo que ha sido hasta ahora su única expresión oficial sobre el tema. Fue el 27 de julio. No obstante, en un comentario revelador del interés que el gobierno uruguayo le presta a la situación del sirio, el propio Nin Novoa volvió a desconocer su responsabilidad al declarar a la radio Universal (970 AM) el 9 de agosto: “Al irse de Uruguay, el Uruguay ya no tiene responsabilidad sobre su seguridad”.
Ayer jueves, por primera vez en estas tres semanas, un organismo del Estado uruguayo alertó sobre la situación de Diyab. En una resolución que lleva el número 410 y la firma de sus cinco integrantes, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) “recomienda” al Ministerio de Relaciones Exteriores varias acciones: que requiera al gobierno venezolano que informe “públicamente y de inmediato” sobre “el lugar de detención, el estado de salud física y mental, los fundamentos jurídicos para mantenerlo privado de libertad y la autoridad competente que dictó la orden de detención” de Jihad Diyab; que también de manera inmediata se permita al refugiado sirio recibir visitas; y “que se informe, en el plazo más breve posible, sobre las medidas que han de adoptarse para definir la situación” de Diyab “en cuanto al país donde residirá y a los resguardos establecidos por las normas vigentes para proteger sus derechos como persona con estatus de refugiado otorgado por el Estado uruguayo”. El comunicado culmina señalando que la Inddhh “dará seguimiento al cumplimiento” de estas recomendaciones por parte de la cancillería, que dispone de 48 horas para concretarlas.
EN SECRETO. No sólo Uruguay está omiso. También, por supuesto, Venezuela. A la república bolivariana, el “caso Diyab” le ha caído, es verdad, como peludo de regalo, en un momento político interno particularmente convulsionado y en un contexto regional en el que, casualmente, Uruguay figura, como pocas veces en los últimos años, como el único sostén de Caracas en el Mercosur (véase página 5 de la sección Mundo en la edición pasada de Brecha). Este contexto explicaría, según varias fuentes del semanario, algunas de las actitudes de las autoridades venezolanas, que estarían esperando que Uruguay defina de una vez por todas lo que pretende hacer con respecto al sirio para poder actuar. Caracas habría querido en un primer momento deportar rápidamente a Diyab hacia Montevideo, pero la negativa del sirio a regresar a Uruguay, y declaraciones del canciller Rodolfo Nin Novoa llamando “malagradecido” al sirio, habrían llevado a los bolivarianos a descartar esa opción. (Particularmente espantosa hubiera sido, tanto para venezolanos como para uruguayos, la imagen de un Diyab volviendo a Montevideo de manera forzada, en un avión militar y esposado, tal como había llegado en 2014 desde Guantánamo.) Después de ese descarte, que tampoco ha sido definitivo, las señales provenientes de Montevideo no habrían sido precisamente claras o coincidentes.
Pero lo cierto es que por cada día que pasa la privación de libertad de Jihad Diyab resulta más arbitraria y contraria a todo principio jurídico de garantía del debido proceso. El 3 de agosto, el inspector Marcos Alberto Maestre, del Sebin, había admitido al activista de derechos humanos Andrés Conteris y a la agencia de noticias Sputnik que Diyab estaba bajo custodia de ese organismo, luego de haberlo negado durante días. Maestre lo reconoció sólo después de que Conteris, integrante de Testigos contra la Tortura (Wat), una Ong estadou-
nidense creada para denunciar la situación de los detenidos en Guantánamo, pudiera mostrar una foto que consiguió de Diyab detenido. Maestre alegó que el sirio se encontraba en “resguardo humanitario”, a la espera de ser deportado.
Hasta el momento las autoridades venezolanas no han informado oficialmente sobre las razones por las cuales Diyab permanece detenido. Ninguna autoridad uruguaya con la que se comunicó Brecha ha querido siquiera comentar si dispone de información de este tipo. Consultadas por Brecha extraoficialmente, fuentes venezolanas señalan también que el sirio se encuentra en situación de “resguardo humanitario”.
De acuerdo a abogados venezolanos consultados por Brecha, no existe ley que contemple esa figura en la república bolivariana. El “resguardo humanitario” ha sido sin embargo invocado por las autoridades venezolanas para detener arbitrariamente a personas y mantenerlas incomunicadas en otros casos. Así ha sucedido, por ejemplo, con dos ciudadanos chinos, Liang Peiting y Feng Youqiang, que en 2013 fueron “privados de libertad en forma ilegítima” en un calabozo e incomunicados, durante más de dos meses, según un fallo de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Las autoridades migratorias que los mantuvieron detenidos esgrimían que los chinos se encontraban en “resguardo humanitario”, pero el juez de la Corte de Apelaciones Jimai Montiel Callese estableció en su fallo que esta figura carece de fundamento jurídico: “No explica el órgano administrativo la figura de ‘resguardo humanitario’, o en qué norma legal venezolana se encuentra, siendo imprescindible conocerlo, más aun cuando se ha utilizado para sustentar la retención de estas personas”, escribió el magistrado.
“La Constitución venezolana señala que una persona sólo puede estar detenida si existe una orden judicial, es decir una orden expedida por un tribunal competente. Si no existe una orden judicial entonces la única posibilidad de que una persona sea detenida es si es sorprendida en flagrancia. La Constitución dice que esa detención que se hace por vía de flagrancia puede durar 48 horas y en ese caso la fiscalía del Ministerio Público tiene que justificar la detención”, explicó a Brecha el abogado venezolano y doctor en derecho José Luis Malaguera Rojas, del Centro de Investigaciones Penales y Criminológicas de la Universidad de Los Andes. “El Código Procesal Penal exige que cualquier decisión que implique una restricción de la libertad personal o declare una prisión preventiva tiene que ser motivada, fundamentada.”
El artículo 44 de la Constitución de la república bolivariana dispone por su parte que “toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada, o persona de su confianza; y éstos o éstas, a su vez, tienen el derecho a ser informados o informadas sobre el lugar donde se encuentra la persona detenida; a ser notificados o notificadas inmediatamente de los motivos de la detención y a que dejen constancia escrita en el expediente sobre el estado físico y psíquico de la persona detenida”. Sin embargo, las autoridades venezolanas han negado al menos en dos ocasiones a Andrés Conteris, que se desplazó expresamente a Caracas con ese fin y allí permaneció varios días, la posibilidad de comunicarse con Jihad Diyab. El activista de Wat estuvo en varias oportunidades en contacto con el sirio en Montevideo y es una de las personas de su confianza. En Caracas, Conteris se reunió con autoridades venezolanas, incluso con el vicecanciller, de quien depende el Sebin, que le prometió permitirle el acceso al sirio. El fin de semana que la visita se iba a concretar, las autoridades carcelarias no lo dejaron pasar, presuntamente porque Conteris estaba acompañado de periodistas. Tampoco pudo ver a Diyab en una segunda ocasión, según contó a Brecha.
El abogado estadounidense de Jihad, Jon B Eisenberg, aseguró a Brecha varias veces (la última, ayer jueves) que tampoco ha mantenido contacto con su cliente, ni tiene noticia alguna sobre su situación, a pesar de que pidió a las autoridades uruguayas y venezolanas que le facilitaran contacto, incluso telefónico, con el sirio. Fuentes venezolanas dijeron a Brecha que no les consta que Eisenberg sea efectivamente el abogado del sirio. Lo es desde hace mucho tiempo, y es notorio, aduce el estadounidense. El lunes 15 el defensor presentó una carta en nombre de Diyab ante una Corte de Apelaciones en Washington, por ejemplo. Según Eisenberg, “todo indica que Jihad Diyab está incomunicado de facto desde el 26 de julio”.
Fuentes venezolanas han justificado a Brecha extraoficialmente que Diyab se encuentra privado de libertad por haber ingresado ilegalmente en territorio nacional, al no contar con el visado exigido a los ciudadanos sirios.
Sin embargo, el hecho de estar en Venezuela sin visa no constituye un delito, sino, tal cual lo explicó a Brecha el abogado Malaguera Rojas, meramente “una falta administrativa” que está regulada por la ley de extranjería y migración, una norma administrativa, no penal. Esta ley dispone que en el caso de que una persona ingrese sin visado al país, será deportada o (en ciertos casos) expulsada, un procedimiento que “también es administrativo”, según indicó el abogado.
La ley de extranjería y migración dispone igualmente que una persona no puede ser privada de su libertad por el hecho de encontrarse en Venezuela sin visado. El artículo 46, numeral 5, de la norma establece que se pueden imponer medidas cautelares a una persona que será deportada o expulsada, “siempre que dicha medida no implique una privación o restricción del derecho a la libertad personal”. La ley también dispone el derecho de un detenido por ese motivo a ser informado en su idioma y a ser asistido por un abogado de su confianza y un intérprete. Fuentes venezolanas han sugerido extraoficialmente a Brecha que Diyab cuenta con un defensor de oficio, pero no han sabido identificarlo.
En ese limbo están las cosas. Hasta hoy.
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Avatares de un malagradecido
Cuando en mayo de 2015, tras una acampada de varios días en las afueras de la embajada de Estados Unidos, en la rambla montevideana, sus cinco compañeros de Guantánamo firmaron con el Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana (Sedhu), el organismo encargado por contrato con el Estado de brindarles asistencia, un acuerdo para recibir una ayuda económica que vence a comienzos de febrero próximo, Jihad Diyab se negó a imitarlos. “No estoy de acuerdo con las condiciones del convenio”, dijo entonces a Brecha. Jihad era el único de los seis con hijos y esposa, y el monto de la ayuda no le permitía recibirlos, máxime estando imposibilitado físicamente de trabajar (aún hoy usa muletas como resultado de las torturas que padeció en Guantánamo). Al negarse a firmar el acuerdo, el sirio quedó dependiendo de tiques de alimentación otorgados por el Mides y de la asistencia de allegados.
Ya entonces, a seis meses de su llegada al Río de la Plata, Jihad se quejaba de que muchas de las promesas que le habían hecho las autoridades uruguayas no se habían cumplido. El incumplimiento que más le dolía era la ausencia de su familia, a la que no veía desde que había sido detenido en Afganistán y trasladado clandestinamente a Guantánamo, en 2002. Se le había dicho primero que lo esperarían en Montevideo a su llegada, luego a los tres meses, y así. Recién unos pocos días antes de que abandonara Uruguay rumbo a Venezuela parecía que todo estaba dispuesto para que finalmente se concretara el arribo de su mujer, su madre y sus hijos. Pero Jihad ya no creía en las promesas.
A minar su confianza había contribuido también la actitud del Sedhu. Jorge Voituret, uno de los uruguayos que más contacto han tenido con los seis ex de Guantánamo desde el inicio, dijo a Brecha que en el año y medio largo que llevan aquí nadie en el Sedhu se ha preocupado realmente de los refugiados. “Se limitan a darles la plata mensual, y además los maltratan.” Ex preso político (pasó 11 años detenido bajo la dictadura), cofundador del Museo de la Memoria, Voituret se ha solidarizado con “los seis” por razones humanitarias y porque respaldó, en su momento, la política del gobierno uruguayo de recibir a ex detenidos del campo de concentración de Guantánamo. A medida que fue viendo que no existía realmente un dispositivo estatal para ayudarlos o contenerlos, Voituret y un grupo reducido de particulares fueron acentuando su involucramiento con los refugiados, tratando de llenar baches; asistenciales y psicológicos. “Cuando nosotros salimos de prisión necesitábamos esa ayuda. Pero volvíamos a lo nuestro, teníamos nuestras familias, nuestras redes. Ellos no. Y la distancia cultural es enorme”, muy superior a la que pudieron haber padecido, por ejemplo, los refugiados uruguayos que llegaron a Europa en los setenta y primeros ochenta.
Los problemas de salud que tienen son grandes y nadie se ha preocupado, en el Sedhu, de que se los atendieran, dice Voituret. Varios de ellos han sido operados o precisan serlo, y han tenido que ser atendidos por problemas de salud que exigen hablar con diversos médicos, coordinar tratamientos, consultas, sacar número para especialistas y hacer diversas gestiones en Asse. Jihad era, de los seis, el que de lejos más atención médica precisaba. “En la medida en que han podido han intentado hacer las gestiones ellos mismos, pero obviamente no saben cómo funciona el sistema y no siempre tienen el conocimiento lingüístico necesario para poder hacer esas gestiones o las consultas médicas sin alguien que los asista”, señaló Voituret. Por eso todas las visitas médicas importantes, la coordinación y gestiones las han realizado particulares, por iniciativa propia.
Y el maltrato. El ninguneo. Uno de los ex de Guantánamo dijo que cuando pidió en el Sedhu que lo ayudaran a orientarlo en las visitas médicas le respondieron que estaban muy ocupados, o que se consiguiera a alguien que lo acompañara. Respuestas similares obtenían cuando requerían colaboración para buscar trabajo. “Que te ayude tu novia”, “Conseguítelo vos o pedile a algún amigo”, dice Voituret que le respondieron a otro de los seis. Jihad contó varias veces la pésima impresión que le causó un integrante del Sedhu el día que se enteró de que en la guerra siria había muerto uno de sus hijos. “El tipo ni se inmutó, y trató a Jihad, que estaba desesperado y quería romper todo, como a un loco.”
“En todos estos meses ha habido un vacío institucional enorme y sorprendente en todo lo que tiene que ver con la asistencia a esta gente”, afirma otra fuente del grupo de amigos más cercanos a los seis, en particular a Diyab. “El Sedhu contrató para ‘ayudarlos’ a un asistente social que no habla inglés y menos que menos árabe, y cuando van a verlos, cada muerte de obispo, lo hacen con un desgano que rompe los ojos, y no muestran la menor sensibilidad cultural o empatía en una función en la que esos requisitos son fundamentales.”
La misma fuente estuvo presente en una reunión que se realizó en casa de Jihad el último día en que se lo vio en Montevideo, el lunes 6 de junio. Representantes del Sedhu iban a comunicarle al sirio las condiciones en que llegarían finalmente sus familiares a Montevideo. Jihad quiso que en la reunión estuviera presente un marroquí residente hace tiempo en Uruguay. “No sólo le hacía de traductor sino que era uno de sus amigos más estrechos aquí. No parecía raro que, vista su experiencia, Jihad quisiera que esa persona de su confianza estuviera en la reunión. Pero la gente del Sedhu dijo que no, que las reglas marcaban que sólo estuvieran presentes ‘quienes debían estar’. Como Jihad no cedió, los del Sedhu se fueron, dejando en claro, una vez más, que la burocracia les importaba más que el tema de fondo.” Al día siguiente Jihad partió hacia Rivera a hacer el Ramadán, el mes de ayuno de los musulmanes. Fue la última vez que alguien lo vio en Montevideo.
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