Desde que asumiera el gobierno el 10 de diciembre, el presidente, Mauricio Macri, identifica a la agrupación Justicia Legítima, impulsora de las modificaciones fallidas a los códigos comercial y civil, como la usina de todos los males, y a cada uno de sus integrantes –abogados, jueces, fiscales– como parte de la escudería kirchnerista, en especial a su referente, la abogada María Laura Garrigós –integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal–, y a la procuradora general y jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó.
Pero son fundamentalmente los jueces que cuestionan las medidas del gobierno y aquellos que asumieron la tarea de investigar a Macri y a sus amigos en causas como los Panama Papers quienes obsesionan al presidente. Entre ellos figuran Luis Arias, juez de La Plata, quien frenó provisoriamente la anulación de la llamada “ley de medios”, y el fiscal federal Federico Delgado, que imputó a Macri por las offshore en Panamá y a quien el mandatario no tuvo empacho en definir como “un loquito”. Los jueces Daniel Rafecas y Martina Forns sufren a su vez los embates de sectores aliados al macrismo por diversos fallos que ponen palos en la rueda del gobierno. Rafecas desestimó en marzo la denuncia presentada poco antes de su muerte por el fiscal Alberto Nisman contra la entonces presidenta Cristina Fernández por la causa del atentado a la mutual judía Amia. El magistrado consideró que en la presentación del fiscal no había delitos imputables y menos aun pruebas de esos delitos. La corporación judicial se le fue encima y el jueves 8 una solicitada publicada en el diario La Nación por personajes ligados al antikirchnerismo sirvió de ariete a los magistrados y fiscales críticos de Rafecas: el texto exigía la destitución del juez federal, que también llevó adelante causas por delitos de lesa humanidad, como la de Automotores Orletti.
Martina Forns, jueza federal del departamento judicial de San Martín, pasó relativamente desaper-
cibida hasta que en agosto emitió un fallo que frenó el aumento de las tarifas de los servicios públicos de energía decretado por el gobierno. Fue el primer revés judicial para la administración de Macri, pero se tornó en un búmeran para la magistrada: pocos días después despidieron a su marido, Gabriel Macaggi, como abogado de la Inspección General de Justicia tras 26 años de trabajo y sin la indemnización correspondiente. Una semana más tarde fue encontrada una granada a metros de la casa de la jueza y, el jueves 15, desconocidos rompieron a pedradas una ventana de esa vivienda. Ese mismo día, un oscuro dirigente peronista correntino, Rodolfo Martínez Llanos, formalizó el pedido de juicio político a Forns ante el Consejo de la Magistratura.
Macri ha lamentado últimamente fallos del fuero laboral en favor de trabajadores “irresponsables que piden días de licencia y toman medidas de fuerza para perjudicar el trabajo de todos los argentinos”. También reclamó a la Corte Suprema de Justicia que demuestre “sintonía con las medidas del gobierno”, pedido que el máximo tribunal se ha encargado de satisfacer. Y su ministro de Justicia, Germán Garavano, apenas asumió reclamó la renuncia de la procuradora Gils Carbó precisamente por no estar “en sintonía con el gobierno”. Fue Gils Carbó quien recomendó a la Corte Suprema no convalidar los aumentos del 400 por ciento en las tarifas de gas natural incoados en el despacho del ministro de Energía, Juan José Aranguren, ex hombre fuerte de la empresa Shell en Argentina. La Corte falló contra el aumento y habilitó las audiencias públicas para el debate, pero terminó convalidando, el lunes 19, el incremento determinado por el Poder Ejecutivo, aunque escalonado. El mismo día decidió que la muerte de Nisman era una cuestión federal, desestimó el cierre de la causa decidido por Rafecas y resolvió entregar el expediente al juez Julián Ercolini, tras un sorteo electrónico fallido que le había adjudicado el caso a Sebastián Casanello, otro magistrado cuya suerte mediática está atada a la de Rafecas: los grandes medios de prensa suelen acusarlos de ser “jueces K” o en todo caso no adscritos al gobierno, todo un problema.